“Los ejércitos mercenarios y los auxiliares son inútiles y peligrosos”. –Nicolás Maquiavelo, El príncipe (1513)
La eliminación de la prohibición constitucional que impide el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador avanza. Luego de haber si aprobada esa posibilidad, cumpliendo lo que dispone la norma para enmiendas constitucionales parciales, es decir en dos debates, la Asamblea Nacional abrió la puerta para un referéndum. Así, convocando al pueblo a las urnas se puede echar por suelo dicha prohibición, a través de la que se cristalizó, el año 2009, la salida de la base norteamericana de Manta. En síntesis, con una sociedad agobiada por la violencia criminal se avanza con propuestas autoritarias, regresivas en derechos. Así, se quiere retroceder la rueda de la historia, permitiendo nuevamente el establecimiento de tropas extranjeras, incluyendo el accionar de mercenarios.
Recordemos que, entre los cinco primeros artículos aprobados en el pleno de la Asamblea Constituyente en Montecristi, el día viernes 29 de febrero del 2008, estaba el que hoy es el artículo 5, que establece que el Ecuador es un territorio de Paz y que prohíbe la presencia de tropas extranjeras.[2] Irónicamente, al día siguiente de su aprobación, en la madrugada del sábado 1 de marzo, se produjo el sorpresivo bombardeo de la fuerza aérea colombiana, con evidente apoyo militar norteamericano, en Angostura, territorio ecuatoriano. Entonces, violentando la soberanía nacional, se asesinó a un grupo de personas, que incluso no formaban parte de las fuerzas insurgentes de Colombia.
Esa ya fue una clara advertencia de lo difícil que es construir un territorio de paz, impulsado por el sentir pacifista de la sociedad ecuatoriana. No podemos olvidar que entonces, en la Constitución de Montecristi, se optó por visualizar un mundo que condene las pretensiones imperiales de cualquiera de las grandes potencias y que impulse la integración y la convivencia pacífica entre los pueblos, rechazando la presencia de bases militares extranjeras en el mundo. Algo por lo demás entendible, pues en Ecuador hay experiencia de lo que ha significado la presencia de tropas extranjeras, siendo las más notables las bases yanquis en Galápagos y en Manta; ambas motivadas por claros intereses geoestratégicos de Washington.
Recordemos el caso más reciente: la base norteamericana en Manta -Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, Forward Operating Location)-, establecida en el marco del Plan Colombia, el año 1999. Esta instalación militar no contribuyó a disminuir el flagelo del narco-tráfico, que era uno de los principales objetivos de dicho Plan. Durante los 10 años de la presencia de personal militar norteamericano en Ecuador los envíos de droga se triplicaron. La tasa de criminalidad se disparó. Decenas de personas, particularmente pescadores, denunciaron sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. Un punto adicional a considerar, las acciones de los aviones norteamericanos no se ciñeron a los términos del convenio pactado, pues en realidad estaban orientadas a la lucha contra la insurgencia en Colombia y a la interdicción de emigrantes ecuatorianos; muchas veces en acciones sin conocimiento de las autoridades ecuatorianas.
Hay otra experiencia que cabe traer a colación. Décadas atrás, ya se registró la presencia de tropas norteamericanas en territorio ecuatoriano. Esto aconteció en los años cuarenta, en plena guerra mundial. Pocos días después del ataque japonés en Pearl Harbor, en el mismo mes de diciembre de 1941, soldados yanquis desembarcaron en la isla de Baltra, en Galápagos, y en Salinas, en territorio continental, sin autorización expresa del Estado ecuatoriano. Entonces el Ecuador vivía momentos críticos, con la provincia de El Oro ocupada por tropas peruanas. Después de ese desembarco, recién el 24 de enero de 1942 se firmó el convenio para normalizar la presencia de tropas de los EEUU en Salinas y el 2 de febrero en Baltra. Entre estas dos fechas, como resultado de una enorme presión panamericana, el 29 de enero de 1942, se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Rio de Janeiro, que marginó definitivamente al Ecuador de las riberas del río Amazonas. En suma, la presencia de esas tropas extranjeras no sirvió para precautelar la soberanía nacional y el equilibro ecológico de ese paraíso, concretamente la isla de Baltra, fue devastada por las tropas yanquis. Para cerrar este breve recuento histórico, cabe anotar que Washington trató de negociar -chantajeando con lo que significaba la pesada deuda externa- la permanencia de sus tropas, pero el gobierno de José María Velasco Ibarra, en 1946, no aceptó tal pretensión.
También cabría traer a colación que, luego del desmantelamiento de la Base de Manta, los norteamericanos establecieron dos bases más en Colombia, en donde en la actualidad ya existen 7 bases, sin que se haya logrado parar el narco-tráfico. Es más, la producción de cocaína sigue en alza en el territorio colombiano. Algo similar acontece en el Perú, en donde ya funcionan 5 bases militares norteamericanas, a las que se suma la base para control espacial en Talara, que es una suerte de respuesta estadounidense a la construcción por parte de China del mega-puerto de Chancay. [3]
El pretexto de combatir el crimen organizado, especialmente el narco-tráfico, desplegado por el gobierno de Daniel Noboa, no se sostiene. Basta revisar las declaraciones de diplomáticos de Washington, que han afirmado públicamente que no son necesarias bases militares para esos fines. [4]
Es evidente, entonces, que una nueva base norteamericana en Galápagos y/o el regreso de una base a Manta estarían orientadas por los intereses geoestratégicos de Washington en medio de la disputa con las otras grandes potencias imperialistas, particularmente con China. Sus pretensiones imperiales son ampliamente conocidas, basta recordar las recientes y repetidas declaraciones de la Jefatura del Comando Sur de los EEUU, que ha manifestado categóricamente el interés del coloso del Norte por el control de zonas de influencia y fuentes de recursos naturales estratégicos para su seguridad geopolítica y energética.
Teniendo en cuenta esos elementos, hay que integrar en el análisis el acelerado proceso de militarización de la sociedad ecuatoriana, que coincide con el entreguismo a las pretensiones imperiales. Así, la apertura a tropas auxiliares extranjeras, incluyendo mercenarios, es un tema de mucho cuidado.
El presidente Noboa logró oficialmente un acuerdo con Erick Prince, uno de los mayores mercenarios en la actualidad, tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Inteligencia, que entró en vigor el 14 de julio del presente año y que permite desplegar acciones de espionaje total en la sociedad. Con esta ley, que conlleva claros vicios de inconstitucionalidad, se permite el uso discrecional de “fondos especiales” sin rendirle cuentas a nadie, entre otras perlas. La aproximación del gobierno a estos mercenarios es anterior. En el pasado mes de marzo, durante la primera visita de Prince al Ecuador, el presidente Noboa ya habló de una “alianza estratégica” para conseguir el apoyo de mercenarios en su confilcto interno armado. Incluso durante la reciente campaña electoral, Prince participó abiertamente en dos operativos antidelincuenciales en el suburbio de Guayaquil, junto a los ministros de Defensa y del Interior.
Prince, un operador y un negociante de la guerra, es uno de los mayores promotores de la soldadesca asalariada transnacional, con un espeluznante historial de muerte y violación de derechos en sus hombros, en más de 30 países: hoy un contratista de seguridad de Ecuador.[5] El, que fue fundador de la célebre empresa Blackwater -célebre por haber desplegado brutales acciones de violación de Derechos Humanos en varios países, como el Iraq- ha lucrado al servicio de gobiernos autoritarios y oligárquicos, muchas veces en abierto contubernio con el imperialismo norteamericano. Prince es, para tener claro de quien se trata, uno de los rostros más visibles del negocio privado de la guerra, que, en ningún caso, busca la paz. Ese punto no es menor.
En medio de la guerra interna contra el crimen organizado, decretada por el presidente Noboa, la contratación de mercenarios configura una “transacción por un servicio”, con “empresas que manejan la muerte como un negocio”.[6] Resulta preocupante, entonces, que, a través de este tipo de negociaciones con grupos mercenarios, se de paso a una suerte de neoliberalización de la lucha en contra del crimen organizado. Y dentro de esta perversa lógica mercantil, estos especuladores de la guerra, que eso son en esencia los mercenarios, a quienes en realidad no les interesa la paz porque no es negocio, bien pueden negociar con el mejor postor. De esta manera, su accionar en la mitad del mundo, puede ser un aliciente para el masivo establecimiento del paramilitarismo. Esto podría cristalizarse a través de alianzas de tropas mercenarias con grupos oligárquicos o, incluso, con bandas del crimen organizado, como ha sucedió en otros países.
De esta manera, con la presencia de mercenarios o con acciones vinculadas a sus prácticas, se abre aún más la puerta para respuestas represivas al margen de la institucionalidad estatal y de los Derechos Humanos. Así, en síntesis, Noboa se adhiere a la lógica represiva del “capitalismo mafioso” de Donald Trump y otros gobernantes de derecha extrema [7]. Todo como parte de una fallida e interminable guerra contra los cárteles de la droga, que concentran el grueso de sus lucrativos negocios en los países del Norte global, a la cabeza los propios Estados Unidos.
Un punto en extremo grave. La fuerza pública: Fuerzas Armadas y Policía, que se encuentra embarcada en una suerte de guerra civil, compartirá sus funciones específicas con tropas auxiliares de mercenarios o no. Una fuerza pública que vuelve a asumir tareas de gestor político de primera línea, como es el manejo de algunos hospitales públicos. Es más, la fuerza pública, que controla las cárceles sin lograr pacificarlas, toma de forma creciente funciones de guardia pretoriana de los intereses mineros y petroleros, al reprimir a las comunidades que defienden sus territorios, contribuyendo a expandir los extractivismos (quizás este es otro punto de encuentro con la estrategia de Washington: “minerales–por–seguridad”, que se registra en varias latitudes). Y en este contexto, la fuerza pública, a más de ser el brazo represor contra la resistencia popular y de no estar preparada para este tipo de guerra interna (sobre todo urbana), atropella cada vez más la ley: torturas, abusos, asesinatos, desapariciones, persecuciones… y cada vez más corrupción, son materia de reiteradas denuncias. [8]
De hecho, se camina por un sendero de difícil retorno, que golpea más y más la frágil institucionalidad democrática, seriamente amenazada por las pretensiones de Noboa de controlar todas las funciones del Estado, incluyendo la Corte Constitucional. Por igual, se abofetea la institucionalidad del derecho internacional ratificada por el Ecuador, que prohíbe la presencia de mercenarios. [9]
En suma, este espiral represivo, condenado al fracaso, puede devenir una suerte de tonel sin fondo, como se ha registrado en México y Colombia. Los resultados de este accionar en Ecuador ya son decidores. En el primer semestre del año 2025, el número de asesinatos por cada 100 mil habitantes superó todos los registros anteriores, colocando al país en el primer puesto de esta macabra lista de violencia a nivel regional. Y con la mercantilización de esta lucha, las perspectivas se complican aún más.
El reto es complejo. Lo constatamos a diario. A pesar de que la militarización y el populismo penal naufragan, el gobierno sigue forzando la represión en la sociedad, tanto como la neoliberalización en la economía, que también fracasa. Y, en este entorno, cuando la búsqueda de la seguridad deviene en la gran palanca que articula todo, se termina por sacrificar libertades y justicias, consolidando perversamente las inseguridades e incertidumbres para las grandes mayorías. Así podemos constatar que, en realidad, este discurso y la práctica de “guerra a las drogas” se convierte en un mecanismo para controlar a la sociedad en función de las demandas de acumulación de los capitales nacionales y extranjeros.
Entonces, en esta hora tan aciaga para la vida nacional, con el fin de impedir este retroceso histórico y enfrentar el creciente autoritarismo en marcha, es indispensable construir una amplia unidad democrática nacional.
Notas:
[1] Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008).
[2] Art. 5.- “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.”
Constitución de la República del Ecuador: https://www.lexis.com.ec/biblioteca/constitucion-republica-ecuador
[3] Sobre lo que ha significado la presencia de tropas norteamericanas en Ecuador y las perspectivas del entreguimo de los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa se puede consultar el libro de varios autores y autoras (2025); La mirada Imperial puesta en Galápagos.
https://www.accionecologica.org/wp-content/uploads/LA-MIRADA-IMPERIAL-PUESTA-EN-GALAPAGOS.pdf
[4] Ver Revista Vistazo, 10 de junio del 2019: “No se requiere una base militar (americana) en Ecuador”. https://www.vistazo.com/actualidad/no-se-requiere-una-base-militar-americana-en-ecuador-IEVI139331
[5] Ecuador en Llamas: Observatorio Ecuatoriano de Conflictos (26.08.2025); “ERIK PRINCE: historia de un mercenario (1997 – 2025)”
https://storymaps.arcgis.com/stories/25c6b7b7df2745c385d30e918c6971ac
[6] INREDH (14 de abril del 2025); “Contratistas militares: ¿Garantía de seguridad o negocio de conflicto?”
[7] Un informe detallado de las amenazas que representa la presencia de Erick Prince se puede consultar en Ecuador en Llamas, Alerta Temprana Nº3, (agosto 2025); “Noboa contrata a Erik Prince y abraza el capitalismo mafioso que promueve Trump”.
https://www.llamasuce.com/_files/ugd/7c86d8_9aa533cb0754412abf2e30da4f343f5b.pdf
[8] Unidad de Investigación Tierra de Nadie y CONNECTAS: “Operación sin rumbo: una guerra improvisada hunde a Ecuador en abusos militares”.
[9] Incluso se afecta la institucionalidad del derechos internacional, pues la presencia de mercenario está en contra de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, del 2017.
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