“Defender a las cooperativas y a sus trabajadores exige, ante todo, llamar a las cosas por su nombre: Los trabajadores que hoy reclaman no son responsables de la situación que padecen, son víctimas de políticas corruptas». «Efecto de la misma causa que lo engendró» ”. J.Y.
Una protesta de entre 150 y 200 manifestantes terminó con quema de neumáticos, rotura de vidrios y un incendio en una parte de la Municipalidad de La Plata, provincia de Buenos Aires-Argentina.
A partir de estos hechos, resulta pertinente reflexionar sobre las causas profundas que alimentan este tipo de estallidos sociales y sobre las enseñanzas que ofrece la historia argentina cuando los reclamos populares permanecen durante demasiado tiempo sin una respuesta efectiva.
El incendio registrado durante la protesta frente al Palacio Municipal de La Plata constituye una señal de alarma sobre el deterioro del diálogo social. Defender a los trabajadores cooperativos implica exigir respuestas a sus legítimos reclamos, pero también defender el auténtico cooperativismo frente a toda utilización que desnaturalice sus principios de autonomía, gestión democrática y ayuda mutua.
El recuerdo del Santiagueñazo como advertencia política
En ese contexto, la memoria histórica invita a una reflexión. El Santiagueñazo de diciembre de 1993 no surgió de un hecho aislado, sino de la acumulación de salarios atrasados, ajustes económicos, corrupción política y un profundo malestar social. Aquella pueblada terminó con el incendio de edificios públicos y marcó un punto de inflexión en la historia política argentina.
La enseñanza que deja la historia es tan sencilla como contundente: la paz social no se sostiene únicamente mediante dispositivos de seguridad, sino principalmente mediante justicia social, diálogo efectivo y políticas públicas capaces de garantizar condiciones de vida dignas para quienes trabajan y producen.
«No usarás en vano mi nombre.»
Como reza el antiguo mandamiento: «No usarás en vano mi nombre.» La enseñanza conserva plena vigencia cuando se la traslada al cooperativismo. No debe utilizarse el noble nombre de las cooperativas para encubrir prácticas ajenas a su doctrina, ni para convertirlas en instrumentos de dependencia política, clientelismo o administración de la pobreza.
Las auténticas cooperativas nacen de la libre asociación de sus integrantes, de la gestión democrática, de la ayuda mutua y de la autonomía. Cuando esos principios son sustituidos por relaciones de subordinación política o por mecanismos que desnaturalizan su finalidad, no es el cooperativismo el que fracasa: es su nombre el que ha sido utilizado en vano.
Defender a las cooperativas y a sus trabajadores exige, ante todo, llamar a las cosas por su nombre. Los trabajadores que hoy reclaman no son responsables de la situación que padecen; por el contrario, aparecen como las principales víctimas de mecanismos de organización y gestión que, cuando se apartan de los principios cooperativos, terminan desnaturalizando el verdadero sentido de la cooperación.
Del mismo modo, tampoco corresponde atribuir al cooperativismo las consecuencias derivadas de prácticas que le son ajenas. Una cooperativa auténtica se rige por la autonomía, la gestión democrática, la participación de sus asociados y la ayuda mutua. Cuando esas condiciones desaparecen y la organización queda subordinada a intereses políticos, administrativos o clientelares, ya no estamos frente al cooperativismo que proclaman sus principios, sino frente a una utilización indebida de su nombre.
Precisamente por respeto a los trabajadores y por respeto a la doctrina cooperativa, resulta indispensable diferenciar entre el auténtico cooperativismo y aquellas experiencias que lo invocan mientras vulneran su esencia. Solo sobre esa verdad será posible construir soluciones justas y duraderas.
¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo, carajo!
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