¿Cuánto vale la vida de un hombre cuando el uniforme ya decidió quién era antes de que hablara la justicia?
por Prensa Opal
Gabriel Eduardo Utrera Sanhueza tenía 37 años. En los registros policiales aparece asociado a antecedentes judiciales. En su barrio y en la comunidad del hip hop de Temuco, en cambio, quienes lo conocieron hablan de un padre de familia, un artista y un hombre que durante los últimos años había desarrollado un trabajo ligado a la música y a la comunidad.
Ambas imágenes existen. Y ninguna, por sí sola, responde la pregunta central: ¿qué ocurrió durante la madrugada del lunes 17 de agosto en Maquehue, cuando un procedimiento de Carabineros terminó con Gabriel muerto por un disparo policial?
La versión entregada por Carabineros sostiene que el vehículo en el que se desplazaba Utrera se dio a la fuga durante una fiscalización y que, posteriormente, habría intentado atropellar a uno de los funcionarios. Ante lo que el policía habría considerado un peligro inminente para su vida, efectuó dos disparos. Gabriel recibió un impacto en el tórax y murió.
La Fiscalía, de acuerdo con los antecedentes publicados hasta ahora, ha señalado que las primeras diligencias apuntarían a la hipótesis de legítima defensa. Pero la investigación continúa y la propia familia cuestiona que esa explicación se haya instalado antes de esclarecer completamente las circunstancias del procedimiento.
Hay un elemento especialmente relevante: el funcionario que utilizó su arma no contaba con cámara corporal. El general de la IX Zona de Carabineros reconoció que la institución no dispone actualmente de cámaras suficientes y que se encuentra en proceso de adquisición de nuevos equipos.
La ausencia de ese registro no demuestra por sí misma que la versión policial sea falsa. Pero sí deja una pregunta inevitable: cuando una actuación policial termina con una persona muerta, ¿Cómo se reconstruye el momento decisivo si precisamente no existe una grabación del funcionario que efectuó los disparos?
La familia de Gabriel exige respuestas y ha anunciado acciones judiciales. Sus cercanos cuestionan el procedimiento y sostienen que la imagen construida públicamente en torno a sus antecedentes judiciales no representa al hombre que ellos conocieron.
Gabriel detrás del expediente
En los testimonios de amigos y miembros de la comunidad que lo conocieron aparece otra dimensión de Gabriel Utrera.
No hablan de un expediente policial. Hablan de un hombre vinculado al hip hop, de un padre y de alguien que encontró en la música una forma de relacionarse con su comunidad y de trabajar con niños, adolescentes y jóvenes de distintos barrios.
Ese aspecto también forma parte de la historia.
Porque cuando una persona muere durante un procedimiento policial, sus antecedentes pueden convertirse rápidamente en la explicación de quién era. La etiqueta puede terminar reemplazando al individuo. Y eso es precisamente lo que sus amigos y cercanos rechazan: que Gabriel sea reducido a sus problemas anteriores con la justicia y que se ignore el proceso que, según ellos, había desarrollado durante los últimos años.
No se trata de negar sus antecedentes ni de convertir su vida en una biografía idealizada. Se trata de algo más elemental: los antecedentes de una persona no determinan por sí mismos las circunstancias de su muerte.
La Naín-Retamal y la pregunta por el uso de la fuerza
El caso también vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la Ley Naín-Retamal, promulgada durante el gobierno de Gabriel Boric, y las reglas que regulan la actuación de los funcionarios policiales frente a situaciones que ellos consideran amenazas para su integridad.
Pero aquí conviene detenerse.
La existencia de una normativa que establece determinadas condiciones de protección para funcionarios policiales no convierte automáticamente cada disparo efectuado por un agente en legítima defensa. Esa condición debe ser determinada a partir de las circunstancias concretas del hecho y de la evidencia disponible.
Por eso resulta relevante distinguir entre la hipótesis investigativa y una verdad judicialmente establecida.
En el caso de Gabriel Utrera, la primera ha sido planteada. La segunda todavía no existe.
Y esa diferencia es fundamental.
Una muerte y un segundo conflicto
Mientras la investigación intenta establecer qué ocurrió en Maquehue, la familia se encontró con otro problema: la despedida de Gabriel.
La Delegación Presidencial de La Araucanía calificó inicialmente su funeral como de “alto riesgo”, sobre la base de informes policiales. Carabineros explicó que para estas evaluaciones considera antecedentes como historial policial, reiteraciones y órdenes de detención, mientras que la decisión final corresponde a la autoridad política.
La familia cuestionó la medida y denunció que se les intentaba impedir un velorio normal.
Finalmente, la Delegación permitió que el cuerpo fuera velado durante 24 horas antes de su sepultura, aunque con presencia policial durante el proceso.
La situación resulta particularmente sensible porque vuelve a aparecer la misma pregunta desde otro ángulo: ¿hasta qué punto los antecedentes judiciales de una persona continúan definiendo su relación con el Estado incluso después de su muerte?
Para sus amigos y para la comunidad del hip hop, Gabriel no es simplemente el hombre que murió durante una persecución policial. Es también “Vejetal”, el artista, el vecino, el padre y el integrante de una comunidad que hoy intenta despedirlo.
La pregunta que permanece
Todavía faltan antecedentes fundamentales.
La investigación de la Brigada de Homicidios y la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió antes de los disparos, qué maniobras realizó el vehículo, cuál era la posición del funcionario, qué distancia existía entre este y el automóvil, cuáles fueron las trayectorias de los proyectiles y qué otros elementos objetivos existen para respaldar la versión policial.
También deberá determinarse por qué el funcionario que utilizó su arma no disponía de una cámara corporal y qué registros adicionales existen del procedimiento.
Mientras tanto, una familia llora a un hombre muerto por un disparo policial y una comunidad intenta defender la memoria de quien conoció como artista y compañero.
La legítima defensa es, hasta ahora, una hipótesis sostenida a partir de las primeras diligencias.
La verdad completa todavía está por escribirse.
Una persona murió durante un procedimiento policial. La policía sostiene que actuó en legítima defensa; la comunidad que conoció a Gabriel cuestiona esa versión y denuncia una forma de relación con los sectores populares marcada por la sospecha y la violencia. La investigación deberá establecer qué ocurrió. Pero mientras la verdad judicial llega, hay una pregunta que no puede quedar suspendida: ¿Cuánto vale la vida de un hombre cuando el uniforme ya decidió quién era antes de que hablara la justicia?
Esta nota es un primer acercamiento al caso y recoge los antecedentes disponibles hasta ahora. La investigación judicial deberá establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte.
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