A una semana del referendo popular del Código de las Familias, iniciativas desde espacios de activismo y diálogo de la sociedad civil cubana, redes sociales e instituciones, llaman a ratificar el proyecto legislativo.
El llamado es a apoyar el documento que se llevará a las urnas el próximo domingo 25 de septiembre, en un ejercicio de respaldo a los derechos de todas las personas a formar sus familias sin discriminación y como apuesta por la dignidad y el amor.
Las acciones públicas de apoyo al texto, mensajes en medios de comunicación sobre los valores del proyecto, encuentros académicos y de activismo se han sucedido en los últimos días, en medio de debates entre defensores que reconocen su carácter avanzado e inclusivo y detractores de sectores fundamentalistas y conservadores.
El pasado 13 de septiembre la Conferencia de Obispos Católicos en Cuba publicó un comunicado que, si bien reconoce aspectos positivos del Código, se pronuncia en contra de derechos reflejados en la propuesta legislativa como el reconocimiento de la autonomía progresiva en los menores, el matrimonio igualitario, la adopción de parejas del mismo sexo y la gestación solidaria, aludiendo que son propuestas sustentadas en «los contenidos de la llamada ideología de género».
Las reacciones ante la carta de la institución religiosa en las redes sociales y en defensa del texto legislativo fueron muchas e incluyeron desde activistas, ciudadanos hasta otras instituciones de fe.
«El referendo es por mis amigos, por mis compañeros de trabajo, por mi familia. El voto es por sus derechos, ¡esos derechos que si mi solidaridad falla, ellos no tendrán!», escribió en su muro de Facebook Eduardo Rafael Ávila, trabajador de la Casa de Iberoamérica, en la provincia de Holguín.
«El referendo por el Código de la Familias es una oportunidad para decirles que pueden contar conmigo, no hasta uno o dos, como dijera el poeta. Es para decirles que pueden contar conmigo y allí estaré. Y no dejo de pensar, sin vulgarizarlo jamás que el evangelio y la doctrina social de la iglesia es sobre todo Amor», dijo refiriéndose el comunicado.
El historiador Julio Cesar González Pagés señaló que «conocer la historia y su traza de exclusión nos permitirá no cometer los mismos errores siglos después, como el pronunciamiento de los Obispos Católicos de Cuba (…) ¿Más de 200 años de atropellos, vejación y humillación en la propia familia y sociedad no es suficiente? ¡Todos los derechos para todas las personas!», escribió en Facebook.
Para el periodista y trabajador del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), Ariel Montenegro, «la familia vista como institución es una herejía, el matrimonio visto como un contrato es una vileza».
«Las instituciones, y sus voceros, que pretenden cercenar al amor porque atenta contra el dogma no saben lo que es amar al otro incondicionalmente. Amar es, ante todo, hacer lo preciso para que el otro sea feliz. Las instituciones religiosas y políticas están para acompañar, para dar sosiego, para que, en momentos de oscuridad y duda, aquellos en quienes influyen tengan un sitio a donde mirar y vean un camino que los acerque más a la felicidad», opinó.
A pocas horas de la publicación de la carta de los obispos católicos, el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), institución de inspiración cristiana de la sociedad civil cubana, hizo pública una declaración donde patenta que el Código -aprobado en el mes de julio por el Parlamento cubano- «da voz a sujetos que han estado silenciados por mucho tiempo, es una fórmula para rediseñar la vida de las cubanas y cubanos en la búsqueda del bien común».
El documento convoca a «buscar la esperanza en la utopía, vivir nuestra fe en la diversidad».
«No podemos permitir que la religión sea un lastre que obstruya la colaboración, la convivencia pacífica o el desarrollo y la cohesión social»; afirma la declaración que considera a la nueva norma «una apuesta afirmativa más allá de estar o no de acuerdo con el proceso revolucionario, es decir, de una u otra posición política».
«Hoy Cuba ha ido en camino de más participación democrática y se ha llevado este tema, a pesar de que los derechos no deben ser plebiscitados», apunta el texto.
La declaración de OAR, al igual que otras opiniones, alude a sectores que han politizado la legislación en medio de un contexto socioeconómico de crisis agudizada por la pandemia de covid-19 y el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña, y donde las medidas adoptadas aún no logran dinamizar la economía.
«Rechazamos cualquier tipo de coacción espiritual o política que presione la decisión de nuestra feligresía en su capacidad de votación», señaló una Carta abierta a iglesias y comunidades de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba (IPR-C).
«El Concilio General del Sínodo de la IPR-C reconoce la perspectiva liberadora de la que es portador el nuevo Código y, a la vez, confirma el derecho soberano de su feligresía de votar según su criterio personal», afirma el documento.
Lecciones de un proceso social
Para la psicóloga cubana Patricia Arés Muzio, «aunque con posiciones divergentes, sectores conservadores y opiniones encontradas, un ejercicio democrático de diálogo, análisis y reflexión es enriquecedor para la sociedad y permite alcanzar mayores niveles de comprensión y desarrollo social».
«Los debates nos ofrecieron una visión o retrato de la sociedad que muestra, en realidad, cuánto hemos dejado atrás el patriarcado. Aún falta mucho para cambiar visiones arcaicas y retrogradas sobre las familias y sus relaciones«, dijo a SEMlac la especialista en temas de familias.
Una de las mayores lecciones que, a su juicio, ha dejado el debate alrededor de la propuesta legislativa es que, si bien se está de acuerdo con que la familia es un núcleo de relaciones afectivas, todavía existen muchas maneras opresivas y posesivas de amar, tanto a la pareja, como a los hijos.
Con estos criterios coincidió la jurista Ana María Álvarez Tabío, profesora de Derecho de Familia de la Universidad de La Habana, quien subrayó que este proceso ha ratificado la importancia que tiene, para la elaboración de las normas, contar con el criterio de todas las personas que, de una manera u otra, puedan aportar a la materia fundamental de la legislación que se construye. «Que haya participación popular, incluso desde la multidisciplinariedad, para emitir los criterios y que además se tengan en cuentan», dijo.
Álvarez Tabío refirió que uno de los aciertos de la norma jurídica es que en el núcleo que trabajó originalmente en ella hubiese personas especializadas en la materia, que pudieran contribuir a darle coherencia a través de todo el texto. Ese núcleo también contribuyó a que la participación de otros especialistas y de la población, durante las consultas especializadas, fluyera de manera coherente.
A su juicio, el debate en torno al Código ha demostrado la necesidad de elevar la cultura jurídica de cubanas y cubanos. «Nos percatamos, tristemente, de la escasa cultura aprehendida por la población acerca de los derechos de que somos tributarios y de las maneras de defenderlos. Si hay posibilidad de participar en la construcción de las normas jurídicas desde cada una de nuestras opiniones, posiciones, eso siempre va a colaborar en la elevación de la cultura jurídica», enfatizó.
A su vez, dijo, no se puede tener cultura jurídica si no se crean los espacios donde uno apropiarse de ella; donde medios de comunicación, juristas y otras disciplinas juegan un rol determinante en la comprensión de esos derechos.
En opinión de Eva María Guerra, de la sección de Crítica de la Asociación Hermanos Saíz, «el proceso de consulta popular del Código ha hecho que las personas se involucren en él de alguna forma, se acerquen a sus contenidos y al menos sepan que existe, lo cual no ocurre con otros documentos como el Programa para el Adelanto de la Mujer y el Programa contra el racismo, por ejemplo, los cuales a pesar de su importancia no se conocen».
«El Código ha sido una experiencia de participación única, que reconoció la pluralidad de ideologías, un ejercicio de democracia que nos sacudió en cuanto a la importancia de no hacer activismo de ocho de la mañana a cinco de la tarde, sino que esta es una lucha permanente. Nos llamó a revisitarnos, a llevarnos a un proceso de transformación», sostuvo.
Yuliet Teresa Villares Parejo, joven editora y activista, insistió en que este proceso de transformación no termina con una votación, «porque justamente el Código es una oportunidad de seguir evolucionando como seres humanos, como familia, como colectivo y como sociedad.
«Después, el día después del voto, tendremos que volvernos a reunir para pensar cómo seguimos caminando para que esa ley, para que ese Código, se encarne cotidianamente en nuestros espacios», consideró la activista durante la presentación del libro «Más allá de las familias: derecho, fe y política»; de Ariel Dacal Díaz, el 15 de septiembre en una acción pública desarrollada por el Centro Martin Luther King Jr. en apoyo al texto legislativo.
Dacal Díaz opinó que el Código de las Familias tiene el mérito de haber puesto en el debate la fotografía de país que tenemos, sus signos y pluralidad. Ya eso en sí mismo es un éxito, dijo el autor, quien enfatizó en la importancia de saber por qué vota la ciudadanía el día 25.
«Tenemos que tener claridad, ser valientes y decir que el 25 no vamos a las urnas por el problema de la electricidad, del pan, por la gestión de la economía o la escasez; no vamos a eso… vamos a empujar una esquinita de un país, que quizás no lo podamos ver porque es muy abstracto en comparación con todo lo anterior», reflexionó Dacal.
«Dar sí al Código es empujar un país más justo, más digno. Después del 25, no se pueden apagar las luces. Este es un hecho político, jurídico, pero sobre todo es un hecho cultural y educativo», subrayó.
Para Patricia Ares, no basta con un nuevo ordenamiento jurídico, hay que trabajar por su implementación efectiva, y en ello está el reto de seguir como sociedad, de generar políticas sociales no asistencialistas y dispositivos educativos, para que las familias se acerquen a esas familias a las que aspira el Código.
«Hay grandes retos en torno a cómo vamos a despojarnos de esquemas mentales, de subjetividades, de maneras de hacer que ya tenemos entronizadas por años y años y años de práctica», opinó Álvarez Tabío.
«Ahora hay que estudiar mucho. Somos nosotros, las personas que vamos a estar de una manera u otra involucradas en su implementación, las que podemos garantizar que así sea. Este camino empieza después del día 25, porque a partir de la vigencia de la norma es que van a empezar a respirar todos esos derechos que estamos concediendo», refirió la jurista.
«Queremos dejarles a las nuevas generaciones un mundo donde las familias no sean espacios de opresión y sometimiento, sino el lugar por excelencia donde se garantice la dignidad plena, el desarrollo integral de sus integrantes y el bienestar», enfatizó Arés Muzio.