Se afirma a menudo que en un proceso de cambio, orientado al socialismo, el rol del Estado es esencial. Habida cuenta que el socialismo no se puede construir de un día para otro, sino a lo largo de un periodo histórico necesariamente largo (el socialismo en un solo país es imposible), la evolución progresiva de […]
Se afirma a menudo que en un proceso de cambio, orientado al socialismo, el rol del Estado es esencial. Habida cuenta que el socialismo no se puede construir de un día para otro, sino a lo largo de un periodo histórico necesariamente largo (el socialismo en un solo país es imposible), la evolución progresiva de la sociedad hacia ese ideal parece, en efecto, depender de que el Estado se mantenga firme y leal en la consecución de ese objetivo. Algo que, según la historia reciente, no aparece como ganado de antemano.
– ¿El Estado qué es?
El Estado es el conjunto de instituciones políticas y administrativas de un país: En general, las funciones políticas (Presidencia de la republica, parlamento, gobernadores, alcaldes, etc.) son ocupadas periódicamente por personas que han sido elegidas mediante el sistema de democracia representativa, basado en elecciones libres, a través de las cuales el pueblo delega en esas personas la soberanía, es decir, el poder. Este sistema representativo, imperante en las sociedades capitalistas, esta basado en la competición de partidos políticos.
En la concepción marxista, sin embargo, el Estado, desde su aparición en la historia de la humanidad, ha sido siempre un órgano de dominación de una clase sobre otras. En la sociedad capitalista, es la clase burguesa que ejerce esa dominación sobre el resto de la sociedad. En los procesos de construcción del socialismo, se supone que el Estado esta -o debe estar- en las manos, y al servicio de las clases explotadas por la burguesía. De esto se deduce que existe un verdadero proceso revolucionario cuando hay, efectivamente, una sustitución de clases en la conducción del Estado.
– El Estado y el Poder
El Estado encarna la soberanía, el poder total sobre el territorio y la comunidad de ciudadanos de un país. De este enunciado podría deducirse que el Jefe del Estado, el Presidente de la Republica, elegido por el pueblo, detiene también el poder total. Esta deducción es errónea. El Presidente y el partido gobernante ejercen el poder, en el cuadro estricto, y por consecuencia en los límites de la Constitución vigente. Y la Constitución no puede modificarse sin respetar los procedimientos legales establecidos para ello que, habitualmente, imponen al final que el pueblo sea consultado sobre esas modificaciones (que las acepte o las rechace) por la vía de un referéndum.
Es esto lo que explica las reticencias de algunas organizaciones de izquierda que menosprecian la «vía electoral» para llegar al gobierno pues ella no conduce a la toma del poder total de la sociedad. Después de una elección subsisten, en efecto, al lado del «poder político», otros poderes, como el económico, constituido por los grandes medios de producción (nacionales y/o extranjeros), el financiero, del sistema bancario, el de los grandes medios de comunicación (prensa, radio, televisión) y algunas instituciones de la Republica que gozan de autonomía con respecto al ejecutivo, como el poder judicial.
Como las constituciones de las sociedades capitalistas han sido concebidas para proteger, de diversas maneras, el sistema capitalista, en la América Latina de nuestros días, todas las organizaciones que postulan profundos cambios en la estructura y en el funcionamiento de esas sociedades reclaman -o efectúan si ya llegaron al gobierno- una «refundación» del país, mediante la realización de una Asamblea Constituyente. Esto ya ha ocurrido en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador.
– La obligacion de un Estado Revolucionario
Las reformas constitucionales llevadas a cabo por las organizaciones políticas de izquierda, que han llegado al gobierno por la vía electoral, no han cambiado radicalmente la naturaleza capitalista de esas sociedades. Lo que han hecho, es crear una nueva realidad donde el poder ya no esta enteramente en manos de la clase burguesa, abriendo así más amplias perspectivas a la profundización de los cambios. Paralelamente, la defensa enérgica de la soberanía nacional, la recuperación de los recursos naturales, la redistribución mas equitativa de la riqueza nacional, y la atención prioritaria a las necesidades básicas de las clases menos favorecidas de la población, le aseguran a esas organizaciones una larga adhesión del electorado y con ella, la posibilidad de continuar la obra transformadora por los caminos de la democracia.
Sin embargo, todo proceso de transformaciones orientadas a la construcción de una sociedad socialista implica necesariamente fuertes tensiones sociales y políticas internas e, inevitablemente, debido al carácter subdesarrollado y dependiente de nuestros países, también a nivel internacional, en particular con los Estados Unidos. El Estado revolucionario, en estos aspectos, tiene la obligación ineludible de asumir, por todos los medios necesarios, la defensa del país y la defensa del proceso de cambio.
– El Estado revolucionario y la burocracia estatal
Sin embargo, no hay que perder de vista que fundar el estimulo, la gestión y la garantía de las transformaciones de un país en el Estado implica, también, un enorme riesgo. Como se ha constatado en los países del llamado «socialismo real» el desarrollo del Estado hasta el punto de convertirlo en una maquinaria omnipresente et omnipotente favoreció la creación de una nueva clase social, la nomenklatura, que terminó privilegiando sus propios intereses, en lugar de los del pueblo, y creó así las condiciones para la restauración del capitalismo.
Por lo tanto, esta tendencia, compartida por todas las organizaciones de izquierda -salvo las anarquistas- de confiar ciegamente en el Estado, contradice la teoría marxista de la cual esas tendencias se reclaman. El marxismo, en efecto, afirma que el Estado, a un cierto nivel de la construcción de una sociedad socialista va a «extinguirse». Y esto es evidente, si el Estado es un órgano de dominación de clase, y el socialismo un proceso de abolición progresiva de las clases sociales, la consumación del socialismo implica necesariamente la desaparición del Estado. Al menos tal como lo conocemos hoy.
Las razones por las cuales la izquierda sigue confiando en el Estado, y por ende en la burocracia, son variadas y complejas. Sin embargo, una de las principales tiene que ver con el rol del Estado en la sociedad capitalista. Hasta hace algunas décadas, hasta la aparición y desarrollo vertiginoso del neoliberalismo, el Estado capitalista jugó un rol innegable en el desarrollo de las fuerzas productivas y, en algunos países, adquirió incluso la forma de un Estado «benefactor», con respecto a las clases populares. El Estado encarna así, a los ojos de mucha gente de todos los horizontes politicos, el «bien común», y el «servicio público», y limita objetivamente la voracidad de la propiedad privada.
– El Estado Revolucionario y el poder popular
En las experiencias del «socialismo real» las dirigencias se olvidaron de lo que fue y sigue siendo la consigna de lucha mas difundida de los partidos de izquierda: «el pueblo al poder». La burocracia sabe perfectamente que el pueblo, entendiendo por pueblo todos los habitantes de un país, tiene la capacidad de auto-gobernarse, a todos los niveles, es decir, de gestionar su propia vida, de elaborar y llevar a cabo proyectos de desarrollo, etc. etc., pero sabe también que el desarrollo del poder popular solo puede lograrse en detrimento del suyo propio, impidiéndole perpetuarse en los órganos de gobierno y seguir usufructuando de todas las ventajas y satisfacciones que estos cargos procuran.
La izquierda, si quiere de verdad construir el socialismo, no puede seguir confiando en la incorruptibilidad del Estado; por el contrario, tiene que poner en práctica, desde el comienzo, la extinción progresiva del Estado. Para ello debe transferir funciones estatales a las organizaciones populares y multiplicar los organismos de poder popular real que puedan participar en la gestión del país y en la fiscalización rigurosa de la conducta del Estado. El poder popular para configurar a término una sociedad socialista, debe ser integral, socio-económico, político y cultural.
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