Este mes de agosto la multiplicación de la aberrante presencia militar norteamericana en Colombia dejó de ser un proyecto, un suceso en potencia, se trata ya de una realidad que añade renovada leña al fuego agresivo que los sectores de poder del Imperio desataron abiertamente en Honduras desde el pasado 28 de junio. Las siete […]
Este mes de agosto la multiplicación de la aberrante presencia militar norteamericana en Colombia dejó de ser un proyecto, un suceso en potencia, se trata ya de una realidad que añade renovada leña al fuego agresivo que los sectores de poder del Imperio desataron abiertamente en Honduras desde el pasado 28 de junio.
Las siete instalaciones, capaces de cercar a Venezuela y Ecuador y de poner en peligro la integridad de otras naciones de la región, constituyen un acuerdo oficial totalmente santificado entre la oligarquía guerrerista de Bogotá y los círculos no menos belicosos y ultraderechistas de Washington.
De esa manera responde la política exterior estadounidense a la solicitud de sus vecinos geográficos de establecer una «nueva relación» en el hemisferio; de olvidar el pasado y mirar hacia el futuro.
Y es que se confirma en toda su extensión aquel axioma que asegura que, en la hasta ahora primera potencia del orbe, el mazo no radica precisamente en la Oficina Oval.
Las nuevas bases no son un «aporte» a la lucha contra el narcotráfico ni al enfrentamiento al terrorismo, según rezan sus defensores. Con toda certeza resultarán ejes para la extensión del comercio de estupefacientes y el despliegue de acciones violentas y brutales contra los movimientos y Gobiernos populares latinoamericanos, cuyo ensayo general, vale reiterarlo, se puso en marcha hace unos dos meses con la asonada en Tegucigalpa
En la Bogotá oficial se conoce muy bien que desde las instalaciones gringas ya aposentadas hace años en Colombia, y en aviones de los ocupantes extranjeros, han sido despachados más de una vez cargamentos de drogas hacia el exterior.
Sonado fue el caso del mercenario y traficante norteamericano Michael Demmons, de la «empresa de seguridad» DynCorp, explayada después en Iraq, muerto en agosto de 2000 de una sobredosis de alucinógenos en la base militar de Tres Esquinas, donde presuntamente se ocupaba de combatir a los narcos, tal como recoge en su libro Con las manos en alto, el periodista local Germán Castro Caycedo, un experimentado cronista de la espiral de violencia en su país
El mencionado Demmons aparentemente trabajaba en el rociado de defoliantes sobre cultivos colombianos de coca, aunque testigos precisaron que no pocas veces movió cargas de sustancias prohibidas, de las que era contumaz consumidor, y piloteó helicópteros militares que bombardeaban y ametrallaban poblados civiles signados como simpatizantes de la guerrilla.
Y nada de eso es secreto, como tampoco que desde las instalaciones gringas se planifican operaciones encubiertas en la zona, que van desde la identificación y el control sobre áreas de riquezas naturales apetecidas por las transnacionales norteamericanas, hasta el seguimiento y acoso de las organizaciones insurgentes locales, y la fabricación de tensiones e incidentes explosivos en relación con los Estados fronterizos.
Los estudiosos aseguran que en los círculos reaccionarios de Washington prevalece hoy hacia nuestra región la política del titulado Smart Power, el «poder inteligente o hábil», que combina pragmáticamente, al más rancio estilo yanqui, todos los recursos de presión externa, desde la diplomacia hasta la guerra, herramientas que se ponen en juego a tono con la problemática que debe ser enfrentada, modificada o, sencillamente, borrada del mapa.
De manera que al parecer estamos de cara a unos «nuevos tiempos» que no demuestran ser muy diferentes a los anteriores. En todo caso lo único que exhiben son contados retoques externos, porque el núcleo, el pivote, no ha cambiado.
Lo saben y lo han denunciado a tiempo Fidel y Raúl, Chávez, Correa, Evo, gobiernos integrantes de UNASUR, y numerosas personalidades y organizaciones progresistas latinoamericanas y de otras latitudes, conscientes de que en terreno tan sensible y riesgoso no caben ingenuidades políticas, ardides formalistas, ni temerosos silencios.
El líder de la Revolución Cubana dedicó varias Reflexiones a analizar el tema, y calificó de «siete puñales en el corazón de América Latina» el incremento de la presencia bélica imperialista en Colombia, algo ajeno por completo al pensamiento y la ejecutoria de los próceres de la independencia regional.
Hoy 27 de agosto, en una reflexión titulada «Es la hora del recuento y de la marcha unida», advirtió que «la entrega de territorio para el establecimiento de siete bases militares de Estados Unidos en Colombia, amenaza directamente la soberanía y la integridad de los demás pueblos de Sur y Centroamérica con las que nuestros próceres soñaron crear la gran patria latinoamericana».
Con claridad meridiana, Fidel denunció que cuando analiza «los argumentos con que Estados Unidos pretende justificar la concesión de bases militares en territorio de Colombia, no puedo menos que calificar de cínicos tales pretextos. Afirma que necesita esas bases para cooperar en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas, la emigración ilegal, la posesión de armas de destrucción masiva, los desbordes nacionalistas y los desastres naturales».
Y añade: «Ese poderoso país es el mayor comprador y consumidor de drogas del planeta. Un análisis de los billetes que circulan en Washington, capital de Estados Unidos revela que el 95 por ciento pasaron por manos de personas que consumen drogas; es el mayor mercado y a la vez el mayor suministrador de armas para el crimen organizado en América Latina, con ellas están muriendo decenas de miles de personas cada año al Sur de su frontera; es el mayor estado terrorista que ha existido nunca. No solo lanzó las bombas contra ciudades civiles en Hiroshima y Nagasaki; en sus guerras imperiales como las promovidas en Vietnam, Iraq, Afganistán, Pakistán y otros países ubicados a miles de kilómetros de distancia en las que han muerto millones de personas; es el mayor productor y poseedor de armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares, las químicas y las biológicas».
También el presidente cubano Raúl Castro, al asistir a la toma de posesión de Rafael Correa, en Quito, significó que dichas bases apuntan esencialmente contra los Gobiernos progresistas del área y sus profundos programas de transformación económica, política y social, ajenos a los dictados de Washington.
De manera que es imposible congeniar con la más brutal amenaza a la vida y la integridad de todo un continente, con más razón cuando no se trata de prácticas enemigas inéditas, sino de insistentes vueltas de tuerca en un comportamiento que históricamente solo ha deparado al sur del hemisferio invasiones militares, golpes de Estado fascistas, dictaduras, y regímenes entreguistas, con toda su onerosa carga de asesinatos, represión, torturas, hambre, incultura y marginación para nuestros pueblos.
La concesión que ha hecho la Bogotá oficial a Washington se constituye además en una inconcebible agresión a la propia integridad y estabilidad nacionales. En efecto -lo recalcaba recientemente el presidente venezolano, Hugo Chávez- en lo adelante Colombia será una nación ocupada por fuerzas extranjeras, y estará a la absoluta merced de los caprichos imperiales.
En pocas palabras, las actuales autoridades colombianas no solo han comprometido el presente de la nación, sino también su futuro, porque el gran enemigo estará en casa, listo para golpear, si alguna vez un Gobierno progresista llega a instaurarse y pretende cambios no afines con los gustos de la Casa Blanca.
Esa es la amarga realidad que deberán «agradecerles» el pueblo y la nación a sus actuales gobernantes, entre otras amargas realidades que a escala hemisférica se derivan de tamaña actitud cómplice.
Tampoco puede olvidarse que entre las condicionantes exigidas por el Pentágono para sus inminentes instalaciones bélicas en Colombia están, entre otras, que los militares nacionales no tengan acceso alguno a los nuevos enclaves, y que las tropas norteamericanas gocen de entera inmunidad en sus correrías por el país.
Luego quienes intentan justificar tamaña prevaricación a cuenta de una pretendida colaboración castrense con EEUU en materia de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, no podrán traspasar las alambradas erigidas por los extranjeros en suelo patrio, ni conocer cómo y para qué operan en sus zonas de despliegue.
Por otro lado, los ocupantes podrán dedicarse a los desmanes que estimen conveniente, porque nunca las leyes colombianas podrán juzgarlos, ni las autoridades locales tendrán jurisdicción para exigirles cuentas.
Violaciones, asesinatos, tráfico de cuanto se les ocurra, estarán exentos del control y del fuero de las leyes nacionales, porque lo que sencillamente se ha cocinado en Bogotá es cercenar y anular toda soberanía nacional sobre las porciones del país requeridas y usurpadas por los gringos.
De manera que, gracias a un servilismo sin medida, las armas yanquis apuntan también, y con especial fuerza, contra el propio corazón de Colombia y su futuro independiente.
Y mientras se cumplen dos meses del golpe de Estado en Honduras y del inicio de la lucha popular por la restauración del orden constitucional, lo más significativo del panorama en aquella nación continúa siendo la valiente y ejemplar resistencia del pueblo al Gobierno espurio, pese al incremento de la ferocidad y la violencia del ejército y la policía, que hasta el momento segaron la vida de al menos nueve personas y causaron graves heridas a centenares.
Justamente para investigar estos hechos y un sinfín de denuncias que incluyen otras graves violaciones a las garantías fundamentales de los ciudadanos, laboró por varios días en suelo hondureño una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En sus improvisadas oficinas en un céntrico hotel capitalino, testificaron no solo simples pobladores, sino también médicos, periodistas, directivos de medios de información, diputados, ministros del gobernante legítimo Manuel Zelaya, y hasta el candidato presidencial Carlos Humberto Reyes.
Con lesiones en la cabeza y fracturas en la muñeca derecha inflingidas por los cuerpos represivos, Reyes dijo que duelen más que esos golpes los intentos de llevar a Honduras a la época de las dictaduras de los años 80, y que la violencia oficial no plegará el combate.
«Debemos seguir luchando contra esta barbarie y este grupo de asaltantes que usurpa el poder». Su sufrimiento personal es menor, agregó, ante los asesinatos, desapariciones y otros maltratos sufridos por miembros de la resistencia.
Todos exhibieron a los comisionados heridas y golpes recibidos por participar en las manifestaciones, marchas y otras movilizaciones que han seguido tapizando la actualidad hondureña. «Las acciones de resistencia pacífica para lograr la restitución del orden constitucional van a continuar», ratificó Juan Barahona, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores (FUTH) y coordinador general del Frente Nacional Contra el Golpe, justo al iniciar sus labores la CIDH. «Cincuenta días de resistencia y seguimos adelante» afirmó.
Por cierto, la ultima bravata de los uniformados, seguir a las marchas y desplegarse donde comienzan y terminan, no ha desmovilizado ni atemorizado. Al contrario, las organizaciones suman nuevas tácticas de lucha, como la caravanas de vehículos y los conciertos de protesta con participación de artistas nacionales y extranjeros, entre otras, y ratifican que mantendrán la resistencia pacífica hasta lograr la restitución del orden constitucional.
Entretanto, a la lista de organismos internacionales opuestos al golpe, los golpistas, y sus tutores norteños, se sumó el PARLASUR (Parlamento del Mercado Común del Sur) y el Foro de Sao Paulo (integrado por los partidos y las organizaciones políticas de izquierda de Latinoamérica) en el centro de cuyos últimos debates, efectuados en Ciudad de México, estuvieron el conflicto hondureño y el reclamo del retorno a la legalidad.
El presidente José Manuel Zelaya continuó en tanto el despliegue diplomático, en esta ocasión en Chile y Brasil, donde obtuvo nuevamente el respaldo de los gobernantes de esas naciones, Michelle Bachellet y Luiz Inacio Lula da Silva. Zelaya, llamó a boicotear las programadas elecciones del cercano noviembre en Honduras para evitar que los golpistas obtengan la legitimación de sus acciones y la impunidad, y denunció que el 28 de junio, antes de ser remitido a Costa Rica, fue llevado a la base aérea de Palmerola (conocida también por Soto Cano y que alberga a 600 militares gringos) y que la orden del golpe salió sin dudas de ese estratégico enclave estadounidense, versión negada de inmediato por Philip Crowley, portavoz del Departamento de Estado.
Los mandatarios de Venezuela, Hugo Chávez, y de Nicaragua, Daniel Ortega, se sumaron a esa denuncia. En su último programa Aló Presidente, el gobernante bolivariano instó a su homólogo norteño Barack Obama a que retire esa base así como la de Guantánamo, y lo invitó a «darse cuenta» de lo que el imperio pretende hacer en Latinoamérica. «Presidente Obama -dijo- desde Sudamérica no le estamos pidiendo que intervenga en Honduras, al contrario, le pedimos que el Imperio retire, de una vez por todas, sus manos de Honduras y de América Latina».
Por otra parte, en una significativa e inusual reacción, el diario estadounidense The New York Times aseguró en su editorial del pasado sábado 15, que la Casa Blanca debe ejercer mayor presión contra el gobierno de facto para que reinstale al presidente depuesto. «Si continúa rechazando el trato, Estados Unidos deberá estar preparado para ejercer mayor presión», enfatizó al referirse a la administración de facto.
El Gobierno de Micheletti -añadió- no ha permitido el regreso de Zelaya pese a su promesa de adelantar las elecciones para octubre y no modificar la Constitución para reelegirse. La estrategia de Micheletti ha sido posponer la reinstalación de Zelaya hasta que sucedan las elecciones y se vote por un nuevo presidente, pero tales comicios serían ilegítimos para muchos hondureños, expresó asimismo el diario, que además sustenta que el Gobierno de Zelaya es legítimo porque fue democráticamente electo.
En Nuestra América, amenazada por el más grande imperio que ha existido sobre la faz del planeta, los acontecimientos se siguen sucediendo a velocidades de vértigo: Sigue la resistencia en Honduras y en Bariloche comienzan las deliberaciones de la Cumbre de UNASUR.
Hoy pues y más que nunca, debemos estar gobiernos y pueblos, como quería José Martí, cuando en 1891 escribió en La revista ilustrada de Nueva York su inmortal ensayo Nuestra América: «¡Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas!» Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.
* Periodistas de la centenaria revista cubana Bohemia