La nueva Constitución no iba a desmantelar por sí misma el neoliberalismo, pero sin dudas generaba mejores condiciones para seguir dando la batalla. ¿Cómo explicar que una inmensa mayoría de las chilenas y los chilenos le dieran la espalda a esta propuesta constitucional, considerada por numerosas organizaciones sociales como un avance histórico?
Este domingo 4 de septiembre, las y los militantes del Comando de los movimientos sociales para el Apruebo estaban reunidos en la sede del sindicato Bata en el centro de Santiago, a pocos pasos de la emblemática Plaza Dignidad (punto neurálgico de la gran rebelión popular de octubre 2019). A partir de las 18 horas comenzaron a llegar los resultados del plebiscito nacional destinado a aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional, redactado durante un año por la Convención Constitucional, órgano electo por sufragio universal en mayo de 2021.
Rápidamente se entendió que ganaría el Rechazo, pero nadie había anticipado la contundencia de la derrota. Después de meses de movilización, había que afrontar y aceptar la victoria de los sectores conservadores y contrarios a la propuesta constitucional que buscaba nada menos que terminar con la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura de Pinochet.
Un rechazo contundente
El resultado fue aplastante: 61,88% a favor del Rechazo y 38,12% para el Apruebo, con una participación de más de 13 millones de electores (85,81% del padrón electoral), o sea, 4,5 millones más que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre 2021, alza que estuvo determinada principalmente por la instalación de un sistema de voto obligatorio con inscripción automática.
En la región de Magallanes, en el extremo sur, donde vive la familia del presidente Gabriel Boric, el rechazo logró el 60%: una derrota personal para el joven mandatario de izquierda. En el Norte, el Apruebo no alcanzó el 35% y en la región de la Araucanía, donde vive la mayoría de las comunidades Mapuche, el Rechazo rozó el 74%. Ni siquiera en el gran Santiago o en Valparaíso, zonas urbanas tradicionalmente más proclives a los cambios y donde recientemente fueron electos varios alcaldes de izquierda (incluso comunistas), se logró una mayoría a favor de la nueva Constitución: el Apruebo alcanzó mayoría en solo 8 de las 346 comunas del país.
La derecha y los sectores de «centro», opuestos al texto, aparecieron inmediatamente en los medios festejando su éxito en algunas calles y plazas de los barrios acomodados santiaguinos. La extrema derecha también mostró su felicidad. Varios dirigentes conservadores se mostraron asombrados por la amplitud de su victoria, un escenario improbable hace dos años, cuando Chile —«oasis» y «vitrina» del neoliberalismo— parecía tomar un nuevo camino histórico marcado por la Rebelión de Octubre.
Las enormes fisuras del modelo y la crisis de legitimidad del sistema político, que casi condujeron a la destitución del multimillonario presidente Sebastián Piñera, han sido objeto de varios intentos de sutura desde arriba por parte de las élites neoliberales. Fue así como el 15 de noviembre de 2019, la casi totalidad de los partidos del parlamento suscribieron «el Acuerdo por la paz social y una nueva constitución». Esto quebró al Frente Amplio (coalición de izquierda creada en 2017) entre quienes sostenían que el acuerdo implicaba el necesario encausamiento institucional de las luchas en curso y quienes lo vieron como una forma de desactivar estas luchas. Las propias franjas movilizadas describieron el acuerdo como producto de una nueva «cocina» de los partidos, entre otras razones porque se celebró mientras el movimiento popular enfrentaba una represión criminal proveniente del Estado chileno.
Lo concreto es que el 19 de diciembre de 2021, uno de los mentores del Acuerdo, el frenteamplista Gabriel Boric, fue electo presidente de Chile liderando una coalición de su sector con el Partido Comunista. Esto pareció confirmar en las urnas la voluntad social de cambio, aunque fuese en base a un programa muy moderado y enfrentando a Antonio Kast, un ultraderechista que tradujo una demanda «de orden» con acentos racistas y xenófobos de una importante franja ciudadana.
Las alarmas estaban ya encendidas, pero gran parte de las izquierdas parecieron no verlas. Anteriormente, las potentes cifras del plebiscito del 2020 habían indicado amplias posibilidades de transformación sociopolítica (78% de las y los electores aprobaron la idea de una nueva Carta Fundamental para sepultar la Constitución del 80), a pesar de los límites propios de una convención en parte «reglada» por los viejos partidos del Congreso constituido. En ese momento también se encendieron otras alarmas: casi la mitad de las y las chilenos no se movilizaron en las urnas, en particular en los barrios populares. Pero la fuerza de octubre parecía aún presente para poder imponerse parcialmente en la Convención Constituyente, con paridad, con escaños reservados para los pueblos indígenas, con listas de independientes y presencia del movimiento feminista y social.
El hecho de que la derecha y los sectores más conservadores se vieran arrinconados permitió obtener un texto constitucional progresista y muy avanzado en numerosos aspectos: se proponía poner fin al Estado subsidiario neoliberal y construir un Estado «social y democrático de derecho», solidario y paritario, reconociendo múltiples derechos fundamentales, incluyendo formas de democracia participativa, con un espacio real para los bienes comunes y formas de enfrentar la crisis climática. Con una fuerte presencia de las reivindicaciones feministas —como el reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados—, el texto reconocía además la instauración de un sistema de seguridad social público, la desprivatización del agua, el fin del senado para crear una cámara de regiones y la creación (por fin) de un Estado plurinacional, integrando parte de las demandas históricas del pueblo Mapuche.
El derecho laboral también lograba un notable avance en el texto con la negociación colectiva por rama, el derecho a huelga efectiva y la titularidad sindical, es decir, un giro copernicano respecto de la actual normativa chilena, generando descontento en el gran empresariado local y transnacional. La nueva Constitución, obviamente, no iba a desmantelar de por sí el neoliberalismo, pero podía abrir la cancha para disputar los nuevos partidos de las luchas de clases en Chile. Entonces, ¿cómo explicar que una inmensa mayoría de las chilenas y los chilenos le dieran la espalda a esta propuesta constitucional considerada por numerosas organizaciones sociales como un avance histórico?
Razones de una derrota
Primero hay que señalar la capacidad de las élites neoliberales para concentrar fuerza justo en el campo donde las luchas sociales parecían haber derrotado su modelo socioeconómico: los derechos sociales consagrados por el proyecto de nueva Constitución en áreas tales como salud, vivienda, acceso al agua, educación y trabajo.
Para ello, las fuerzas del Rechazo establecieron una gradiente comunicacional de mentiras que llegaron al descaro. Mediante una multimillonaria campaña en redes sociales y usando su casi monopolio mediático, hicieron avanzar majaderías del siguiente tenor: «la ciudadanía deberá atenderse obligatoriamente en un sistema público de salud colapsado», «se suprimirá la libertad de enseñanza», «se crearán bonos estatales que harán que los trabajadores opten por el desempleo», «se expropiarán viviendas y se prohibirá su propiedad privada», «se suprimirá el principio de igualdad ante la ley favoreciendo a indígenas y homosexuales entre otras “minorías”», «se suprimirá la libertad de culto y se perseguirá a las comunidades evangélicas», «se permitirá el aborto en cualquier momento de la gestación», «se levantarán todos los controles de ingreso al país», «se protegerá judicialmente a los delincuentes por encima de las víctimas», «se confiscarán los ahorros de los trabajadores impidiendo su herencia», «se cambiará el nombre del país y los emblemas nacionales»… por solo nombrar los enunciados que aparecieron en la franja electoral obligatoria para los canales de TV abierta.
Más que la variedad de las mentiras en la campaña del Rechazo importa remarcar la capacidad de ordenamiento estratégico de las derechas. Incluso se decidieron hábilmente por una campaña que afirmaba estar a favor de un cambio constitucional pero no de esta nueva constitución, encontrando así aliados en el centro del espectro político y en partidarios de la ex Concertación.
En este punto puede apreciarse una importante diferencia con las fuerzas políticas del Apruebo: aunque la izquierda parlamentaria y los movimientos sociales antineoliberales conquistaron la mayor parte de los escaños en la Convención Constitucional, desde el instante inaugural en que se eligió mesa directiva mostraron sus diferencias y algunos constituyentes parecieron seguir los rumbos y costumbres del desprestigiado congreso chileno. Las listas de independientes conocieron varios tropiezos y un escándalo que terminó con la renuncia de un constituyente. En paralelo, fuerzas de la centroizquierda se mostraron reacias a seguir las propuestas refundacionales de las y los constituyentes vinculados a las movilizaciones, un límite reforzado por la imposición de un quorum de dos tercios para aprobar cada artículo.
En muchos casos, y a pesar de las numerosas iniciativas de consulta y participación, la Convención ha parecido demasiado alejada de las preocupaciones inmediatas del mundo popular y de sus intereses, sin que esta tendencia se haya podido revertir en las últimas semanas. Al mismo tiempo, hay que subrayar que las múltiples asambleas, las reuniones territoriales y de jóvenes y los intentos de coordinación del trabajo barrial colectivo que habían brotado con fuerza durante el Octubre fueron desarticulándose progresivamente, tanto por el efecto de las políticas institucionales y electorales pero también producto de la represión continuada y, en un segundo momento, bajo el manto de la pandemia y de la crisis económica
Por otra parte, el gobierno de Gabriel Boric, pese a las promesas de reformas progresistas del programa, se vio rápidamente envuelto en el mismo juicio ciudadano. Cuando se precisaba decisión política para poner agua en el estanque del cambio constitucional, el gobierno inauguró un mandato vacilante buscando alianzas «pragmáticas» con la ex Concertación en el congreso —donde es minoritario— para poder gobernar. En muchos momentos se sintió el peso del verdadero jefe de gabinete del gobierno, su ministro de hacienda Mario Marcel, expresidente del Banco Central y antiguo militante del bloque social-liberal que ha conducido el país desde 1990. La gestión de la ministra del Interior, Izkia Siches, ha estado también en el foco de las críticas por iniciar su gestión buscando brevemente un diálogo con las comunidades Mapuche en conflicto para terminar avalando la militarización de la zona y la encarcelamiento del líder de la CAM, Héctor Llaitul. Lo mismo se podría decir de los presos políticos de la Rebelión de Octubre, ya que varios siguieron cumpliendo cárcel preventiva mientras el ejecutivo no ha tenido voluntad de avanzar en un indulto general. Hubo avances concretos en acceso a la salud pública, pero la falta de avances en temas centrales como la tímida reforma tributaria impiden confirmar el estatuto reformador del gobierno.
El progresismo gubernamental parecía no querer enfrentar los poderes económicos y fácticos de siempre, ni tampoco movilizar a su base social. Desde esa posición de clase, una parte importante de quienes habían votado por Boric pasaron a reprobarlo abiertamente. En paralelo, la derecha aprovechó su aceitada máquina mediática para poner en un mismo saco la impopularidad creciente del gobierno y el texto de la nueva constitución. El periodismo cubrió profusamente el crecimiento objetivo del crimen organizado y del narcotráfico, asociándolo a las dramáticas situaciones de los migrantes en el Norte del país. El nuevo electorado movido originalmente por el voto obligatorio empalmó directamente con la franja popular decepcionada y de este modo se consumó el amplio triunfo del Rechazo.
Como lo anota el historiador Igor Goicovich, el divorcio entre el mundo popular, el gobierno y el proceso constitucional es patente si se analizan los resultados del 4 de septiembre. Los numerosos temas instalados en la Convención por los movimientos sociales sobre feminismo, ambientalismo o plurinacionalidad no causaron mayor adhesión entre el electorado popular e incluso generaron dudas sobre la falta de fuerza social para recorrer el país «de abajo» y debatir estos temas:
«En todas las comunas que los ambientalistas denominaron «zonas de sacrificio» se impuso ampliamente la opción Rechazo […]. No muy distinto fue lo ocurrido en las comunas de la Región del Bio Bío y de La Araucanía (Macrozona Sur), orientadas preferentemente a la explotación forestal, en las cuales el conflicto entre las empresas madereras y las comunidades indígenas ha alcanzado dimensiones cada vez más radicales. […] Al observar el comportamiento electoral de las comunas de la Región Metropolitana encontramos una tendencia histórica: las comunas de más altos ingresos (Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura), votan de manera masiva por la opción Rechazo. Las comunas que nuclean preferentemente a sectores medios de la población, como La Reina, Providencia, Macul, Peñalolén y La Florida, también se suman al Rechazo, con las excepciones de las comunas de Maipú y Ñuñoa. Mientras que prácticamente la totalidad de las comunas obreras, entre ellas, Recoleta, El Bosque, La Pintana, La Granja, Lo Espejo, Cerro Navia, Renca e Independencia, que han sido baluartes históricos de la izquierda, también optaron por el Rechazo».
¿Y ahora qué?
La franja del mundo popular y trabajador que, pese a todo lo expuesto arriba, votó Apruebo tanto en el plebiscito del pasado domingo como en el de 2020, se debate hoy en una sensación de catástrofe tras la cual puede visualizarse un compromiso profundamente antagónico al modelo neoliberal chileno. Es claro que este antagonismo no contará para su despliegue con el apoyo del gobierno.
En su discurso del domingo Boric llamó a la unidad nacional y a dejar atrás «maximalismos, violencia e intolerancia» y anunció un pronto cambio de gabinete. Reordenará su gabinete en correspondencia con la trayectoria «hacia el centro» que ya hemos descrito, abriendo mas La Moneda a las fuerzas de la ex Concertación, lo que podría tensionar más aun a su aliado, el Partido Comunista. Este gabinete será diseñado para cerrar la reforma tributaria en la forma de en un pacto fiscal que previsiblemente responderá a las prioridades de sobrevivencia inmediata del gobierno, es decir, atraer capital acogiendo negocios de rentabilidad rápida y solicitándole adelantos para cubrir gasto público que ayuden a contener eventuales movilizaciones.
En el plano constitucional, el conjunto de los partidos confirmó que se seguirá trabajando en un nuevo itinerario constituyente pero que tendrá como centro el actual Congreso, vislumbrándose el regreso de la política de los consensos que tanto ha sido rechazada desde 2019 y sepultando la impronta transformacional de la nueva constitución. El 4 de septiembre, ante el resultado del plebiscito, la declaración del comando de Movimientos Sociales por el Apruebo concluía:
«Es imprescindible que los sectores que nos organizamos para hacer posible este proceso asumamos también la tarea que nos queda hoy planteada. Ya no hay vuelta atrás. Nuestro pueblo tomó una decisión incontestable y la tarea de echar abajo la Constitución de Pinochet y el modelo neoliberal siguen a la orden del día. En este proceso, los aprendizajes que hemos construido serán fundamentales, porque los movimientos sociales ya no somos lo que éramos antes de escribir esta Constitución».
Fuente: https://jacobinlat.com/2022/09/06/amplio-rechazo-a-la-nueva-constitucion/