Se acaba de constituir en Francia un Comité por la derogación de las leyes antiterroristas (Calas ) en el que participan como miembros fundadores o como firmantes de su manifiesto algunos de los intelectuales más conocidos del pensamiento radical europeo: Giorgio Agamben, Alain Badiou, Slavoj Zizek, Jacques Rancière, Etienne Balibar, Daniel Bensaïd y otros. Este […]
Se acaba de constituir en Francia un Comité por la derogación de las leyes antiterroristas (Calas ) en el que participan como miembros fundadores o como firmantes de su manifiesto algunos de los intelectuales más conocidos del pensamiento radical europeo: Giorgio Agamben, Alain Badiou, Slavoj Zizek, Jacques Rancière, Etienne Balibar, Daniel Bensaïd y otros. Este manifiesto titulado » Acabemos con las derivas autoritarias » se publica poco después de la puesta en libertad condicional de Julien Coupat, joven pensador neosituacionista fundador de la revista Tiqqun acusado de » terrorismo » por haber saboteado junto con sus compañeros de la comuna de Tarnac algunas vías de tren de alta velocidad sin el menor riesgo efectivo para la integridad física de las personas. La única prueba de la participación de Julien Coupat en estos actos -reivindicados, por otra parte, por un grupo antincuclear alemán- son una serie de escritos entre los que destaca » La insurrección que viene » en los cuales el autor anónimo y colectivo hace una crítica de la frenética » movilidad » obligatoria propia de la fase actual del capitalismo y manifiesta su confianza en que una próxima insurrección frene estos flujos deletéreos. Se pasa así del terrorismo al delito de opinión. Este caso ha terminado por ser recogido por varios medios de prensa (Libération e incluso más recientemente Le Monde) que lo dieron a conocer haciendo patente el funcionamiento aberrante y liberticida de las leyes antiterroristas francesas. La campaña de prensa y la movilización de los comités de apoyo, que lograron desgastar considerablemente la imagen de la ministra de Justicia y de la fiscalía ha permitido que, por fin, Julien Coupat fuese puesto en libertad (condicional).
La legislación antiterrorista francesa tiene una tradición propia que entronca con la extensión de las medidas represivas coloniales de Argelia a la metrópoli en los años 50 y 60, medidas mantenidas en la legislación y reforzadas a finales de los 90 por una legislación antiterrorista de nuevo cuño. Posteriormente, una nueva oleada legislativa, tras los atentados del 11 de septiembre, condujo a la adopción a nivel de la UE de una directiva antiterrorista cuyas prescripciones han ido transcribiéndose en las legislaciones internas de los Estados miembros.
El antiterrorismo, tanto en Francia como en el resto de Europa se ha convertido en un aspecto más de la legislación, perdiéndose de vista su carácter intrínsecamente excepcional. Como sostienen los miembros del Calas, es hoy » un modo de gobierno «. Por un lado, la legislación antiterrorista abole las garantías del derecho penal: presunción de inocencia, prohibición de la analogía en la incriminación penal, necesidad de que exista una tipificación previa del delito para que este sea perseguible (nullum crimen sine lege). Por otra parte, con el antiterrorismo se configura un tipo específico de delito, el de » terrorismo «, cuya particularidad es la intencionalidad política, en torno a la cual puede ordenarse según un principio de analogía todo un conjunto de actos perfectamente dispares que incluyen desde los actos de violencia contra personas y bienes, o los asesinatos hasta los actos de sabotaje sin peligro para las personas y meros actos de apoyo ideológico o moral o incluso de » inspiración intelectual «. El poder dispone así de un enorme arsenal para acallar toda forma de disidencia en el marco de un sistema jurídico cuyos precedentes se encuentran en los regímenes totalitarios europeos.
En el Estado español, el País Vasco ha sido el laboratorio privilegiado de las medidas de excepción, desde las leyes antiterroristas de Franco de los años 70 hasta las de la monarquía. La represión del independentismo radical vasco bajo el pretexto de su vinculación al terrorismo de ETA es uno de los elementos definitorios del actual régimen español. El tratamiento antiterrorista de la cuestión vasca es, efectivamente, central para la monarquía transfranquista en la medida en que, por un lado permite controlar un importante foco de disidencia que sigue cuestionando uno de los pilares fundamentales del régimen, la denominada » unidad de España » . Por otra parte, y tal vez ello sea aún más importante que la dimensión de control de la disidencia vasca, el antiterrorismo se ha convertido en un elemento que sirve de sostén de la muy precaria » identidad nacional » española. En los precisos términos de José María Aznar que afirmaba preferir la úlcera del terrorismo al cáncer del separatismo, el País Vasco es el síntoma que sostiene a España como enfermizo sujeto político. Esto mismo es lo que permitió a Aznar convertir el antiterrorismo en » producto de exportación «, made in Spain. El preciado trozo de la » patria española » que es el País Vasco para el españolismo constituye a la vez un objeto de odio a penas disimulado en el discurso del régimen. El País Vasco asociado con el terrorismo es el símbolo de un nuevo irredentismo español que ya tiene sus profetas en personajes como Fernando Savater o Rosa Díez. El conjunto de la clase política oficial, del PP a un importante sector de IU comulgan con este culto nacional del » antiterrorismo democrático «. No cabe minimizar la responsabilidad de ETA en este fenómeno, pues esta organización ha imitado especularmente al Estado español: del mismo modo que era indispensable al poder español disponer de un País Vasco asociado al terrorismo de ETA como legitimación de su » democracia antiterrorista » frente a cualquier rebelión vasca o de otro lugar del Estado, ETA necesitaba de la brutalidad franquista disfrazada de » defensa de la democracia » para justificar su perpetuidad como organización y polarizar a un sector significativo del independentismo radical vasco en torno a sus actos y decisiones. En ambos casos la legitimidad de la representación política se basa en la violencia tiránica del otro. En ambos casos, la población y sus luchas sociales y políticas se ven secuestradas por una representación hobbesiana basada en el terror.
La España franquista se convirtió gracias a la explotación de la » cuestión vasca » en » democracia antiterrorista «. Ello le permitió conservar y legitimar lo esencial de sus recursos represivos e incluso transformar el Tribunal de Orden Público de Franco en la actual Audiencia Nacional. Así se mantenía en lo fundamental el clima de excepción jurídica y política de la dictadura que quedó personificado en el jefe del Estado designado por Franco.
Esta perpetuación del franquismo es lo que ha permitido al Estado español estar en la vanguardia de la legislación antiterrorista europea: España a penas tuvo que introducir cambios en su legislación para aplicar la directiva antiterrorista y es sin duda -junto con Turquía- el país europeo donde se juzga y condena a más personas por supuestos delitos de terrorismo. En cierto modo, la adhesión de España a la Comunidad Europea en plena ofensiva neoliberal de los años 80, se vio facilitada por el hecho no de que el Estado español se hubiera hecho democrático, sino de que Europa se hubiera vuelto franquista.
La importancia de una campaña contra la legislación antiterrorista es en el Estado español aún mayor que en el resto de Europa. En España, el antiterrorismo no es una legislación de excepción sino uno de los pilares del régimen íntimamente asociado a la monarquía dentro del dispositivo de excepción que está en marcha ininterrumpidamente desde aquel lejano 18 de julio. Es este mismo dispositivo aún vigente el que impide juzgar hoy los crímenes de la dictadura. El autoritarismo no es una deriva sino una esencia. Sin perder de vista esta especificidad sería útil tomar ejemplo de la campaña francesa contra las leyes antiterroristas e introducir la temática de manera algo más enérgica dentro de lo que queda de campaña para las elecciones europeas y, desde luego, en el proceso de constitución del espacio político de la izquierda anticapitalista. Con el fin de estimular esta indispensable reflexión, se puede leer a continuación una traducción del manifiesto del Calas. El texto se puede también firmar en la URL que indicamos más abajo.
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Acabemos con las derivas autoritarias
Comité por la derogación de las leyes antiterroristas (Calas)
Desde 1986, año en que se estableció en Francia la legislación antiterrosista, una acumulación de leyes sucesivas ha edificado un sistema penal de excepción que resucita las » leyes canallescas » del siglo XIX y recuerda los períodos más sombríos de nuestra historia. La acusación de » asociación de malhechores con vistas a cometer una infracción terrorista » que se intodujo en el Código penal en 1996 es la piedra angular del nuevo régimen. Sus límites son particularmente imprecisos: bastan dos personas para constituir un » grupo terrorista » y basta un acto preparatorio para que exista infracción. Este acto preparatorio no se define en la ley, puede tratarse del mero hecho de tener depositadas octavillas en su propia casa. Sobre todo, cualquier tipo de relación, aunque sea tenue o lejana, de amor o de amistad, con uno de los miembros del » grupo » es suficiente para que estar a su vez implicado. Por este motivo, de diez personas encarceladas por infracciones » relacionadas con el terrorismo «, nueve lo han sido bajo esta calificación penal..
Según confiesa uno de sus promotores, este derecho especial responde a un objetivo de prevención. A diferencia del derecho común que incrimina actos, la práctica antiterrorista se contenta con las intenciones, o con las meras relaciones. Según el juez Bruguière, citado por Human Rights Watch, » la particularidad de la ley es que nos permite perseguir a personas implicadas en una actividad terrorista sin tener que determinar un vínculo entre esta actividad y un proyecto terrorista en concreto «. En esta perspectiva ha podido considerarse la posesión de determinados libros como un elemento incriminatorio, pues constituirían indicios de opiniones y de la opinión a la intención sólo hay un paso. A este carácter borroso de la ley penal se asocia un procedimiento de extrema brutalidad. Basta que el ministerio fiscal opte de manera discrecional por incoar diligencias sobre una acusación de terrorismo para que la policía obtenga unos poderes de investigación exorbitantes: registros nocturnos, » sonorización » de los domicilios, escuchas telefónicas e interceptación del correo en todo tipo de soportes… Por su parte, el plazo de detención -período que precede a la presentación ante juez – pasa de 48 horas en derecho común a 144 en el procedimiento antiterrorista. La persona detenida debe esperar que hayan pasado 72 horas para ver a un abogado, limitándose la entrevista con éste a 30 minutos y sin que el abogado haya tenido acceso al sumario. Tras esta detención, a la espera de un posible juicio, el presunto inocente podrá pasar hasta dieciocho años en arresto provisional.
Por lo demás, la ley centraliza en París el tratamiento de los asuntos » terroristas «, que se confía a una sección de la fiscalía y a un equipo de jueces instructores que trabaja en estrecha relación con los servicios de información. Se han creado asimismo audiencias penales epeciales donde el jurado popular se sustituye por magistrados profesionales. Se ha establecido así un auténtico sistema paralelo con jueces de instrucción, fiscales, jueces de las libertades y de la detención, audiencias penales y pronto incluso presidentes de audiencia, jueces de aplicación de las penas, todos ellos con el marchamo de » antiterroristas «.
La aplicación cada vez más amplia de los procedimientos antiterroristas a asuntos de Estado muestra que el antiterrorismo es hoy ya una técnica de gobierno, un medio de control de las poblaciones. Además -y tal vez sea esto lo más grave- esta justicia exorbitante contamina el derecho común: la legislación antiterrorista ha servido de modelo en otros ámbitos para generalizar el concepto de » banda organizada «, ampliar los poderes de los servisios de investigación y centralizar el tratamiento de determinadas instrucciones.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto de las Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos, ambos ratificados por Francia garantizan que una sanción penal se base en una incriminación inteligible y previsible. Además, estos textos otorgan a todos el derecho a organizar equitativamente su defensa -lo que supone la rápida intervención de un abogado con acceso al sumario. El procedimiento » hermano gemelo de la libertad » debe ser controlado por un tercero imparcial, lo que es imposible cuando existe un sector especializado que funciona en circuito cerrado, en una lógica de combate ideológico incompatible con la serenidad de la justicia.
Es ilusorio pedir que este régimen procesal se aplique de manera menos amplia y brutal: precisamente está diseñado para aplicarse tal como se aplica. Por ello pedimos que las leyes antiterroristas se abroguen pura y simplemente y que Francia respete la letra y el espíritu del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto de las Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos. Invitamos a todos aquellos que se preocupan por las libertades a que se unan a nuestra campaña en este sentido.
El Calas está compuesto por : Giorgio Agamben, Esther Benbassa, Luc Boltanski, Saïd Bouamama, Antoine Comte, Eric Hazan, Gilles Manceron, Karine Parrot, Carlo Santulli, Agnès Tricoire.
Con las firmas de : Alain Badiou, filósofo; Etienne Balibar, filósofo; Jean-Christophe Barley, escritor; Daniel Bensaïd, filósofo; Alima Boumedienne, senadora; Rony Brauman, expresidente de Médicos sin Fronteras y docente; Raymond Depardon, fotógrafo y director de cince; Pascal Casanova, crítico literario; Jean-Marie Gleize, poeta; Nicolas Klotz, director de cine; François Maspero, escritor; Emmanuelle Perreux, presidenta del Sindicato de la Magistratura; Jacques Rancière, filósofo; Michel Tubiana, presidente honorario de la Liga de Derechos Humanos; Slavoj Zizek, filósofo.
Original francés:
http://www.liberation.fr/societe/0101570130-pour-en-finir-avec-les-derives-autoritaires
La petición puede firmarse en el sitio del Calas:
http://www.calas-fr.net/petition.2009-03-31.7555668522/Petition_signForm