La consulta popular puede ser una herramienta vigorosa para construir democráticamente una sociedad libre y empoderada. La participación popular es la base misma de la democracia. Por eso, saludamos la convocatoria del presidente Moreno, que se presenta como un intento por recuperar la esencia del proceso que nos llevó a la constituyente de Montecristi y […]
La consulta popular puede ser una herramienta vigorosa para construir democráticamente una sociedad libre y empoderada. La participación popular es la base misma de la democracia. Por eso, saludamos la convocatoria del presidente Moreno, que se presenta como un intento por recuperar la esencia del proceso que nos llevó a la constituyente de Montecristi y luego a elaborar participativamente la Constitución de 2008. Pero, al mismo tiempo, creemos que debemos dejar plasmada nuestra sensación de que la consulta es insuficiente.
El debate queda abierto con las preguntas propuestas. En lo práctico y concreto, la consulta busca derogar la reelección indefinida, que tenía la clara intención de perennizar en el poder al caudillo en funciones. Sin embargo, es penoso que no se proponga desmontar la totalidad de enmiendas inconstitucionales aprobadas en 2015. Entonces, se estableció que la comunicación es un servicio público, se restringió funciones a la Contraloría, se limitó el derecho ciudadano a impulsar consultas populares, se transformó a las FFAA en una suerte de policía represiva, se recortaron derechos a trabajadores y servidores del sector público, entre otras graves afectaciones a la Constitución. Si se deseaba recuperar el espíritu de Montecristi -y no solo evitar el retorno del caudillo- debía preguntarse al pueblo por todas estas enmiendas.
La reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana es urgente, pero el riesgo de que sea cooptado por el mandatario en funciones sigue latente; la elección por sufragio es insuficiente si no se crean los anticuerpos que superen los vicios de nuestra política. Las preguntas ambientales son tibias y hasta confusas, además que no profundizan la vigencia de los Derechos de la Naturaleza. Se mantiene una lógica similar al «1 por 1000» correísta en el Yasuní, mientras que en la minería ¿por qué no se hace mención de fuentes de agua, páramos, bosques protectores?, ¿por qué no se prohíbe el desplazamiento forzado de personas en la expansión extractivista? Aquellas preguntas para enfrentar la corrupción y los crímenes sexuales concitan, sin duda, un respaldo obvio, pues difícilmente tendrán detractores (que podrían ser tildados como patrocinadores de dichos delitos). La ley de plusvalía podía depurarse desde la Asamblea para eliminar contenidos perjudiciales a los sectores medios y populares, pero manteniendo el espíritu de castigo a la especulación de tierras.
La consulta solo resuelve una parte importante, aunque no decisiva, del problema. Nuestra sociedad requiere un rediseño democrático que vaya más allá de desmontar el correísmo. El correato aniquiló la ética y la institucionalidad pública. No la institucionalidad formal, sino aquella construida desde la costumbre, desde la cultura, desde los valores compartidos por una colectividad. La política, por lo tanto, tiene que volver al seno de la sociedad.
A pesar de los cuestionamientos, Montecristi Vive apoya esta consulta popular. Aunque tibio, es un primer paso -en un largo camino- para descorreizar el Estado. Y es, sobre todo, una oportunidad para repensar el país y rescatar los elementos más transformadores de la Constitución de Montecristi.
El debate está planteado. El pueblo tiene la palabra.
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