En días recientes, artículos de Omar Everleny Pérez,[1] Humberto Pérez,[2] Pedro Monreal y Joaquin Benavides[3] nos han recordado que lo urgente y coyuntural no nos pueden hacer perder de vista lo estratégico. Y es consenso, creo yo, que si hay una medida fundamental en lo estratégico para nuestra economía es el ordenamiento monetario. Desde esa óptica, considero importante apartar por un momento el debate en torno a la crisis por el coronavirus y analizar cuestiones de más largo plazo. Utilizaré los textos de los autores mencionados como referentes para enmarcar mi contribución a un debate que se encuentra ya en desarrollo en nuestro país.
1. Sobre el cálculo de la demanda posunificación en el sector de la población planteado por Omar Everleny Pérez
Es lógico suponer que uno de los primeros puntos a considerar tras la unificación monetaria sería el siguiente: al convertirse los saldos de CUC en manos de la población a una misma moneda, el CUP, ¿cómo quedarían los balances financieros en este sector y su correspondiente demanda agregada? Everleny argumenta en este sentido:
Humberto Pérez propone «orientar a todos los que tengan ahorros en CUC en cuentas bancarias y/o en sus domicilios que procedan a cambiarlos por CUP en los bancos y las Cadecas a la tasa vigente de 1 CUC=24 CUP, dando un plazo de 2–3 meses y una fecha final para concluir dicho proceso». Mi observación principal respecto a esa propuesta es la siguiente: ¿se ha calculado qué cantidad de mercancía haría falta para satisfacer el enorme incremento de demanda que se produciría en la masa monetaria existente en CUP en el corto plazo? La propuesta implicaría que a la masa existente hoy en CUP habría que sumarle la que se obtenga después del canje de los CUC en circulación a una tasa de 1 CUC = 24 CUP. (Everleny, 2020b)
Everleny lleva razón en cuanto a que la masa de circulante en CUP se incrementará de manera significativa tras la unificación monetaria, pero de ello no se deduce ninguna variación en la demanda agregada de la población. Si bien los saldos monetarios en CUP aumentan, y por consiguiente el volumen de compras en dicha moneda, su incremento —asumiendo precios en CUC convertidos a la tasa de cambio oficial de forma similar— será igual a la desaparición del poder de compra que antes se encontraba en los saldos en CUC. Dicho de otra manera, los ciudadanos tendrán una X cantidad mayor de poder de compra en CUP, pero habrán perdido esa misma X cantidad de poder de compra en CUC.
La unificación en el sector de la población no lleva aparejados un incremento o disminución del poder de compra. En términos funcionales, el sector de la población se encuentra ya de hecho unificado. La unificación en realidad importante no es la monetaria, sino las de las tasas de cambio; y en este sentido, aún con dos monedas, el sector de la población funciona bajo una misma tasa. Las distorsiones introducidas por la multiplicidad cambiaria no operan de forma exclusiva desde un sector de la economía—población o personas jurídicas —.
Las distorsiones de la multiplicidad cambiaria afloran por el hecho de que, aunque se puedan distinguir dos sectores, la economía sigue siendo un todo indivisible. Y en dicho «todo indivisible» la dinámica de operar con dos tasas de cambio tan dispares introduce un sinfín de distorsiones que entorpecen la medición y el manejo orgánico de la economía.
La respuesta a la pregunta de Omar Everleny «¿Qué cantidad de mercancía haría falta para satisfacer el enorme incremento de demanda que se produciría en la masa monetaria existente en CUP en el corto plazo?»sería: ninguna. La demanda no se incrementa, el mismo volumen de mercancías que existe ahora pasará a satisfacer dicha demanda, comercializadas en CUP. La conversión de una a otra moneda, no incrementa o disminuye el poder de compra de la población en general.
En resumen: El principal problema de la unificación cambiaria sobre el sector de la población no está, en rigor, en la transformación de saldos de CUC a CUP —unificación monetaria— pues este sector está de facto unificado, sino en los efectos que se transfieran de la devaluación en la tasa de cambio del sector empresarial, y que distorsionarán el vector de precios en los mercados minoristas.
2. Sobre la propuesta de tasa de cambio y recolocación del poder de compra, de Humberto Pérez
En su artículo del 6 de marzo pasado, Humberto Pérez plantea un mecanismo por el cual se podría traspasar a los salarios una parte del poder adquisitivo que logran las remesas a una tasa de cambio 1×24, disminuyendo esa tasa a un nivel de 1×18:
A partir de la fecha que se determine, concluida la fase de conversión de los CUC en CUP para la población, la tasa de cambio a utilizar para cambiar divisas a los extranjeros y a la población residente se reducirá en un determinado por ciento. En esta relación el CUP se revaluará en lugar de devaluarse. Los extranjeros y residentes que reciben remesas y otros ingresos en divisas directamente de extranjeros: paladares, taxistas, rentadores (sic) de habitaciones, empleados de firmas extranjeras, los que reciben propinas, las jineteras, etc., recibirán una cantidad menor de CUP por cada USD o equivalente en otras divisas extranjeras que presenten en los bancos y Cadecas en lugar de los 24 CUP que venían recibiendo. Si la entrada de divisas directas al país a través de la población —remesas y otros ingresos— se convierte actualmente en aproximadamente 70–80 miles de millones anuales de CUP a la tasa de 1×24, el pasar a una tasa menor representará una reducción de la demanda solvente primaria procedente de esas fuentes exógenas. Si, por ejemplo, la tasa de cambio se reduce de 1×24 a 1×18 —en un 25 %—, esa entrada de divisas convertida a CUP resultaría de solo 50–60 miles de millones anuales, o sea, unos 20 miles de millones menos de circulante por esa vía en manos de la población.
Y esta será la fuente financiera principal para dar respuesta a los aumentos salariales y de las pensiones arriba mencionados. El monto de esta reducción se trasladaría como aumentos salariales y de las pensiones, desde la minoría de la población privilegiada que hoy los disfruta, hacia la mayoría de la población cuyos ingresos legales no les alcanzan para vivir, como está reconocido oficialmente.
Según los datos de la Onei, el total de salarios, pensiones y asistencia social que reciben los trabajadores y la población en general es de apenas unos 40 miles de millones de CUP.
Si se usa el equivalente a los 20 miles de millones de CUP disminuidos por la reducción de la tasa de cambio a 1×18 para cubrir los aumentos de salarios y pensiones, ello permitiría en un solo año aumentar estos en un 50 %, sin incrementar la masa monetaria total en circulación y sin crear, por tanto, inflación. (Pérez, 2020a)
En principio, el razonamiento de Humberto Pérez es correcto: es posible transferir mediante la devaluación de la moneda y un aumento nominal del salario una parte del poder de compra de las remesas y otros ingresos en divisas que operan en el sector de la población. Es una política realizable, pero en la práctica existen razones para no considerarla factible. Emplearé algunos argumentos para defender este punto:
a) La reducción de la tasa de cambio, una revaluación, afecta de manera directa la competitividad de la economía. Es cierto que puede reorientar poder de compra a lo interno, pero a costa de reducir la competitividad externa del sector turístico, tanto privado como estatal. En sentido amplio, hacer menos competitivo en el ámbito internacional el «Destino Cuba». La economía de nuestra Isla, tan dependiente de divisas, no puede darse el lujo de perder competitividad en un mercado tan volátil y con competidores regionales tan grandes como es el turismo.
b) El cálculo de la recomposición de poder de compra presentada por Humberto Pérez es un cálculo estático dentro de una economía dinámica. El propio tipo de cambio ante una revaluación, como propone el autor, puede tener serias influencias sobre las decisiones de los agentes económicos, en términos de ahorro, inversión privada y consumo del sector no estatal, sin adicionar las variaciones sobre el sector externo, vía demanda o expectativas. El cálculo propuesto obvia todas estas influencias para valorar solo las variaciones cuantitativas de flujos, sin saber si serán afectados por la política que propone, pues parte de asumir que la propia tasa de cambio no tiene influencias sobre aquello que calcula.
c) La tercera razón está en el equilibrio del mercado cambiario de la población. Algunos podrían pensar que una tasa de cambio menor no tendría un efecto muy extremo sobre las remesas, pues estas se determinan por factores muchas veces llamados extra-económicos, aunque esta no sea una definición completamente rigurosa. Aun así, dicho efecto es del todo impredecible. Ahora bien, una menor tasa de cambio podría expandir la demanda de divisas en el sector de la población, al incrementarse el valor del CUP. Esto puede tener dos salidas posibles: o bien el gobierno interviene ampliando la oferta y por tanto vendiendo reservas; o, por el contrario, aplica mayores controles cambiarios, entendiendo por controles cambiarios en el sector de la población una restricción administrativa de la oferta de divisas. Cualquiera de ambas soluciones es negativa. La primera porque agrava la restricción de divisas de la economía. La segunda porque desequilibraría la tasa de cambio informal, al agregarle a este mercado toda la demanda no satisfecha en el mercado formal. Una depreciación de la tasa de cambio informal supone un aumento de los precios de todos los productos importados por los privados, y la consecuente disminución del poder de compra de la población de estos productos, que en muchas ocasiones no se encuentran en las tiendas estatales.
Asimismo, no hay garantía alguna que la tasa de cambio informal se ajuste a la baja en una revaluación del tipo de cambio formal. Es de esperar, por el contrario, que una mayor demanda de divisas insatisfecha en el mercado formal acelere una depreciación de la tasa de cambio informal. Esta política podría generar una brecha significativa entre la tasa de cambio formal e informal, creando un nuevo problema para las autoridades económicas del país, uno que no se ha visto en más de 20 años. Esto podría conllevar a crear incentivos a una mayor dolarización de la economía y alejaría —o complicaría— el objetivo final de la política de unificación.
d) Por otra parte, aun cuando se pudiera llevar adelante dicha política en un primer momento, no hay garantías de que un tipo de cambio menor, revaluado, permita sostener el esquema cambiario. El crecimiento de la demanda de divisas, así como un menor flujo de entrada de divisas obligaría a la larga a una corrección devaluatoria, o a aplicar controles cambiarios generalizados, lo cual es, justo, una de las cuestiones que el ordenamiento monetario trata de superar. Una devaluación forzosa de nuestra moneda sería una muy lamentable culminación del proceso de ordenamiento monetario. Sería catastrófico para los equilibrios macroeconómicos, porque habría un mayor volumen de salarios que no se podrían reducir, a la vez que se incrementa el poder adquisitivo de los flujos externos.
e) Para finalizar, queda un criterio fundamental de naturaleza política, pues esta es una medida de muy altos costos políticos. Humberto Pérez supone que las remesas solo llegan a un número muy pequeño de cubanos, y aunque no contamos con una medición exacta, podemos afirmar que el efecto real de las remesas no beneficia a una «minoría». El costo político de una medida tan impopular no es posible asumirlo en las condiciones actuales.
A lo anterior, es válido adicionar que existen dos problemas de fondo en la propuesta de Humberto Pérez, a mi juicio:
1) Se intenta resolver el problema de los salarios insuficientes en la economía cubana con medidas monetario-cambiarias. Aún cundo las medidas redistributivas de este tipo puedan tener un impacto de corto plazo, a la larga los «trucos de circulación o artificios cambiarios» no pueden resolver un problema asociado en lo fundamental a la eficiencia del sector productivo.
2) Le otorga a la devaluación del tipo de cambio dos objetivos de política económica que, en principio, pueden ser contradictorios entre sí. Una devaluación intentaría llevar el tipo de cambio del sector empresarial a un nivel coherente con los equilibrios macroeconómicos de la economía, a la vez que lo iguala al tipo de cambio de la población. Una revaluación del tipo de cambio de la población, persiguiendo un objetivo de política redistributivo, puede ir en contra del objetivo general de la devaluación y forzar a la economía a posteriores devaluaciones. Otorgar diferentes objetivos de política económica a un mismo instrumento, en este caso la tasa de cambio, puede llevar al incumplimiento de ambos objetivos. La devaluación no puede perseguir por sí misma objetivos salariales-redistributivos que atenten contra el éxito de la política de ordenamiento.
En resumen, no se deben emplear artificios cambiarios para solucionar problemas estructurales de la economía.
El problema del poder de compra de la población tiene una dimensión redistributiva, pero es en esencia un problema de la producción.
El objetivo del ordenamiento monetario —en especial la devaluación del tipo de cambio de las empresas y la consecuente unificación cambiaria de ambos sectores— no puede perseguir objetivos salariales de corto plazo. Solo puede contribuir a ellos de forma indirecta, mediante las ganancias de eficiencia en el mediano plazo.
3. Sobre los ajustes de precios y subsidios posunificación propuestos por Humberto Pérez, Omar Everleny Pérez y Pedro Monreal
En el centro de las propuestas de Humberto Pérez y Omar Everleny se encuentran sus recomendaciones en torno a la variación de los precios, una vez realizada la unificación monetaria y cambiaria. Ambas propuestas se encuentran en sentidos totalmente opuestos y resulta interesante el análisis de las fortalezas y debilidades de cada una.
Recordemos que el proceso de ordenamiento monetario intenta superar, entre otras cosas, un escenario en donde existen dos tasas de cambio, una para el sector jurídico[4] —1CUP x 1CUC x 1 USD— y otra para el sector de la población —25CUP x 1CUC x 1USD—. Esto condiciona la presencia de un gran número de impuestos y subsidios implícitos en la tasa de cambio. Entiéndase por ello, subsidios que aumentan e impuestos que disminuyen el poder de compra en el sector empresarial, en sus actividades hacia el exterior y con el sector de la población. Al realizarse el ordenamiento y desaparecer dichos impuestos y subsidios, se obtendrá una evaluación más clara de la situación financiera de las empresas estatales. Muchas de ellas pasarían entonces a ser irrentables al dejar de ser subsidiadas de forma implícita por el tipo de cambio, mientras otras mejorarán sus finanzas al eliminarse los impuestos que pesaban sobre ellas por el tipo de cambio. Estas variaciones afectarían los niveles de precios minoristas, en lo fundamental aquellos que tenían dentro de sí un gran componente subsidiado por el tipo de cambio. Una de las grandes cuestiones a decidir en el momento de la unificación es cómo controlar o disminuir los efectos nocivos de esas variaciones en los precios.
Dicho esto, podemos comenzar con la propuesta de Humberto Pérez:
Sobre estas bases, los precios minoristas en los mercados regulados pueden y deben permanecer sin cambios y en los mercados de oferta y demanda continuar estableciéndose libremente como hasta ahora sin intentar influir artificialmente en ellos, de tal manera que a la población consumidora no llegue ningún efecto inmediato derivado de las simples modificaciones de tasa de cambio realizados en la esfera interempresarial.
Por ello no concuerdo con Everleny en que la devaluación del CUP traerá consigo una fuerte inflación y un aumento de los precios de venta minoristas de manera «dolorosa e inevitable».
Tampoco comparto la idea de Everleny que frente a ello la respuesta es producir como compensación fuertes incrementos de salarios los que deberían ascender hasta los 3000 CUP mensuales y en casos a 8000 CUP y más. (Pérez, 2020a)
Sobre este tema también se manifestó Pedro Monreal:
Ese nuevo nivel de precios minoristas —impactados por una devaluación— estaría reflejando condiciones económicas más realistas que las actuales. Por tanto, esos nuevos niveles de precios, lejos de ser obstaculizados, deberían ser favorecidos. También debe ser favorecido un sistema que ofrezca flexibilidad para hacer ajustes frecuentes de precios (Monreal, Benavides y Carranza, 2020).
La expresión «simples modificaciones de la tasa de cambio» que sostiene Humberto Pérez puede sonar engañosa, y de hecho lo es si se toma en cuenta que la tasa de cambio es justamente el precio relativo más determinante de una economía abierta y pequeña como la nuestra. Sumémosle a eso que después de varios años acumulando desequilibrios, la necesaria corrección de la tasa de cambio del sector estatal será significativa. De todas maneras, vale la pena seguir con detenimiento su razonamiento: subsidiar los saldos deficitarios de la actividad empresarial posunificación evitando así trasladar la carga de precios a la población.
Por otra parte, las posturas de Monreal y Everleny, con matices diferenciadores, se encuentran en la otra vertiente: dejar que la devaluación se exprese en los precios de forma automática y ajustar el poder de compra de la población vía incrementos nominales de los salarios.
Para desarrollar la argumentación, me basaré en esta posición de ambos autores considerándola en su forma «pura», es decir, obviando los matices añadidos. Contrastándola con la posición de Humberto Pérez, vemos en este debate lo que podría llamarse «soluciones de esquina». Y aunque algunas veces las soluciones de esquina pueden ser superiores a las intermedias, sostengo que no se cumple en este caso. Hay que determinar un punto intermedio donde, por un lado, se defina qué tanto puede subsidiar la economía —el presupuesto— sin caer en déficits extremadamente desestabilizadores, y por el otro, se adopte de manera previa un criterio de demarcación de la asignación de subsidios. Dicho criterio trasciende los límites de este trabajo, aunque pretendo desarrollarlos en otro lugar. Aun así, sostengo que el criterio de demarcación no puede estar asociado de manera única a la rentabilidad empresarial.
Es probable que muchas editoriales cubanas no sean rentables, ni ahora ni después de la unificación, pero el criterio no puede ser que la lectura sea una actividad rentable. Los derechos humanos no se rentabilizan. La cultura popular es un derecho humano, el deporte es un derecho humano, la protección de los más desfavorecidos es un derecho humano. Pero también concurren criterios de soberanía nacional en temas como la defensa, las telecomunicaciones, industrias estratégicas, o los derechos asociados a servicios públicos universales —además de la salud y la educación— tales como: el servicio de transportación de la población, el agua y la electricidad, que no pueden caer bajo una óptica rentabilizadora. Los subsidios son, como cualquier otra forma de redistribución secundaria, una manera de ubicar el excedente social en función de las necesidades sociales, y ese horizonte no se puede perder de vista.
La gran ventaja de la unificación, en cuanto al tema de los subsidios, es que permite poner de manifiesto las innumerables partidas cuasi fiscales presentes en nuestra economía. Transparenta nuestro presupuesto y posibilita que el poder público decida sobre una base firme a quién subsidiar y a quién no. Permite delimitar las funciones de los agentes de la economía: orientar a las empresas a producir ganancias y al gobierno a subsidiar aquellos rubros que sean de interés social. Esto refuerza el marco institucional y permite asignar roles y responsabilidades a cada eslabón de nuestra economía.
No defiendo en ningún caso que el ajuste posunificación se realice de manera exclusiva mediante subsidios. Existen ventajas claras en que las empresas puedan fijar precios coherentes a los determinados por la eficiencia mercantil y las condiciones de los mercados internos, puedan tomar señales de precios y costos para planificar sus producciones y responder a los estímulos del mercado. En gran medida para eso también se hace el ordenamiento monetario.
Pero estos traspasos de precios generan sus consecuencias, que no tienen por qué considerarse negativas, pero que a la larga necesitan correcciones de política económica. No se puede perder de vista que, mientras más se permita la modificación de precios mercantiles debido a la devaluación, será necesario realizar correcciones nominales a los salarios, para evitar la erosión del poder de compra de la población.
Un incremento de precios progresivo no sería descabellado. Sustituir subsidios por correcciones de precios, acompañado de un mecanismo de indexación progresiva de salarios, permitiría regular los desequilibrios macroeconómicos que surjan en el proceso. «Indexación progresiva de salarios» significa que se realicen ajustes nominales en los salarios de acuerdo al crecimiento del nivel de precios, con el fin de que el salario real — la cantidad de bienes y servicios a los que pueden acceder los asalariados — no se vea afectado por el aumento de precios.
Una gradualidad en las correcciones de precios a la par de una indexación progresiva de salarios puede dar mayor flexibilidad a la política económica posunificación.
Es un hecho que la combinación óptima para un proyecto de país como el nuestro no pueden ser las soluciones de esquina, sino una conjunción de las alternativas de política económica: una parte del ajuste debe venir en subsidios, otra parte por el aumento precios. La indexación de los salarios, aunque sea paulatina y no del 100 %, debe tender a la totalidad y, tras cerrarse un ciclo no mayor a 1 año, el poder de compra del salario debe ser —al menos— igual que antes de realizarse la política cambiaria.
Como dijimos en el primer punto, la devaluación no persigue ni puede perseguir objetivos salariales, pero proteger el poder de compra de la población debe ser un principio de la política económica en un Estado socialista.
Que exista mercado, y que por su naturaleza la planificación de la economía solo pueda realizarse sobre el mercado mismo, no determina ni que los precios han de ser precios de «equilibrio» mercantil, ni que deban regirse en su totalidad por patrones de eficiencia. Aunque hay sectores que deben ser sometidos a las reglas de la competencia y la rentabilidad como norma de su existencia, otros deben quedar al margen de estas.
Poner de manifiesto los desequilibrios que quedaban antes implícitos en un esquema de dualidad cambiaria, es el primer paso para poder tomar decisiones efectivas de política económica. Pero de esto no se deduce que dichas decisiones tengan que ser puramente financieras, basadas en la rentabilidad y la operatividad de la ley del valor, pues esta no es omnipotente sobre la actividad consciente de los seres humanos.
Si son de interés social empresas que hoy son irrentables en materia económica y que mañana se volverán irrentables en términos contables, estas pueden y deben ser subsidiadas. Otra cosa es que esto sea deseable en un horizonte temporal determinado. Si se sostienen con los recursos del presupuesto esto debe quedar recogido de manera correcta y transparente, para que sea una decisión consciente y no un efecto de una tasa y esquema cambiario defectuosos, de ahí la importancia del proceso de unificación.
En resumen, para contrarrestar parte de los efectos nocivos de la devaluación a lo interno del sector empresarial se deberá ejecutar una combinación de ajuste vía subsidios y aumento de precios, que permita sostener las actividades de interés social aun cuando estas sean económicamente irrentables. A la par, debe permitirse la expresión de los nuevos costos en nuevos precios para aquellas actividades que se decida deban regirse en lo fundamental por criterios de rentabilidad. Transparentar el destino de los subsidios del presupuesto es uno de los objetivos primordiales del ordenamiento monetario, así como fortalecer el marco institucional y delimitar las responsabilidades de los diferentes actores: el gobierno subsidia, las empresas producen riqueza.
Notas:
[1] Pérez, Omar Everleny (2020a): «Las tiendas recaudadoras de divisas en Cuba y sus aspiraciones». Recuperado de IPSCUBAm https://www.ipscuba.net/espacios/por-su-propio-peso/con-lupa/las-tiendas-recaudadoras-de-divisas-en-cuba-y-sus-aspiraciones/ Véase también Pérez, Omar Everleny (2020b): «Unificación monetaria en Cuba o adaptaciones en el funcionamiento de las TRD: ¿son excluyentes ambos procesos?» Recuperado de El estado como tal, https://elestadocomotal.com/2020/04/14/omar-everleny-perez-unificacion-monetaria-en-cuba-o-adaptaciones-en-el-funcionamiento-de-las-trd-son-excluyentes-ambos-procesos/
[2] Pérez Humberto (2020a): «Comentando los artículos de Omar Everleny Pérez sobre las tiendas en divisas y la unificación monetaria y cambiaria en Cuba». Recuperado de El Estado como tal, https://elestadocomotal.com/2020/03/08/3890
[3] Benavides, Joaquín; Carranza, Julio; Monreal, Pedro (2020): «Observaciones estimuladas por los comentarios de Humberto Pérez a los artículos de Omar Everleny Pérez acerca de la devaluación y los precios en Cuba». Recuperado de El Estado como tal, https://elestadocomotal.com/2020/03/09/joaquin-benavides-julio-carranza-y-pedro-monreal-observaciones-estimuladas-por-los-comentarios-de-humberto-perez-a-los-articulos-de-omar-everleny-perez-acerca-de-la-devaluacion-y-los-precios-en-cuba/
[4] Por «sector jurídico» se entiende el conjunto de entidades con personalidad jurídica de carácter estatal. Dicho sector comprende en lo fundamental a las empresas estatales y las unidades presupuestadas.