Armados de irracionalidad

A continuación, intentaré explicar a grosso modo por qué. No se trata por ende de un análisis “académico”, donde redundan las estadísticas y el curso de variables, sino de una urgente reflexión que advierte de sus riesgos. El reto será pasar el estándar de la lectura rápida y, sobre todo, llamar la atención en estos difíciles momentos de pandemia y desempleo.

La propuesta para comprar y portar armas de fuego con mayor apertura es:

1. Demagógica, porque intenta acomodarse a los tiempos de campaña y, sobre todo, a la desesperada pérdida de popularidad del candidato Guillermo Lasso. Sin embargo, la demagogia de esta propuesta radica fundamentalmente en lo falaz y manipulativo de su sustento, es decir, en creer que “armando al pueblo” se va resolver la creciente ola de inseguridad ciudadana. En el fondo, esta propuesta –armada de irracionalidad– oculta un problema estructural donde sus proponentes tienen relación. Para ello, hay que definir previamente: 1. ¿Qué se entiende por seguridad o inseguridad ciudadana?; y, 2. ¿Cuál es la relación entre los homicidios en general y las muertes por armas de fuego?

1. La seguridad ciudadana no debe ser definida desde la “inseguridad”, sino desde la generación de condiciones para tenerla. Es decir, no se puede definir desde lo que no se tiene, sino desde lo que el Estado ha hecho para alcanzar su premisa: la seguridad. Y es ahí donde el gobierno de Lenin Moreno –que ha seguido al pie de la letra las recetas neoliberales del Guillermo Lasso, Jaime Nebot y los economistas del mercado– tiene plena responsabilidad. No es ningún secreto para la economía, la política y la criminología que la generación de oportunidades sociales tiene implicancia o relación con la reducción de la violencia estructural, al menos en sociedades como la nuestra.

Y, precisamente, el fortalecimiento del Estado Social –como el principal instrumento para la estructura social de oportunidades– representa la antítesis ideológica de Guillermo Lasso, Jaime Nebot y Lenin Moreno. Ellos creen en el libre mercado y la reducción de la inversión social –la cual es denominada como “gasto”–. En plena pandemia el gobierno no ha construido un hospital público de las magnitudes para atender o “sobrellevar” la catástrofe. En su lugar, decidió pagar al Fondo Monetario Internacional mientras se adeudaron los salarios de los profesionales de la salud y magisterio, sin contar con la creciente ola de despidos en el sector público y los serios retrasos para el pago de los proveedores del Estado. La afinidad ideológica del gobierno y candidato es más próxima al desempleo y a la represión de quienes intentan sobrevivir a pesar de la pandemia, llamándolos como indisciplinados.

Adicionalmente, el gobierno eliminó los ministerios de justicia y coordinador de seguridad; mezclaron y confundieron las tareas policiales con las de la política dentro del horrible rol que ha desempeñado en todo esto el ministerio de gobierno. En definitiva, suprimieron todos estos presupuestos y desmontaron las políticas sociales, dejando a nuestros ciudadanos en la desesperanza y sin ningún apoyo real del Estado. Simplemente, puede decirse que abandonaron al Ecuador. Entonces, ¿qué política de seguridad ciudadana tenemos?

1. Se debe tener en cuenta la diferencia entre muertes violentas, homicidios (en general) y los producidos por armas de fuego. Pero, esta segunda categoría invisibiliza crudas formas de violencia y muerte que han crecido también exponencialmente este año: los femicidios. En Ecuador se están matando a las mujeres. De ahí que la propuesta del candidato Lasso contribuye a llevar las letales armas de fuego a los hogares, ante la vista de niñas y niños, a la pasión de cualquier arrebato para disparar a mansalva. Por este posible efecto, la iniciativa de comprar armas recorre un feedback criminal.

Las muertes violentas provienen además de circunstancias como accidentes de tránsito. Por su parte, los homicidios en general pueden a su vez reportar la cifra de personas que fallecieron por una culposa mala práctica médica. Sin embargo, como se mencionó, dentro de esta definición se mimetiza la cifra de mujeres estranguladas, envenenadas o asesinadas con cuchillos, objetos contundentes y las propias armas de fuego. No lejos también están los casos de las personas que murieron en las manifestaciones como consecuencia de proyectiles. Todos estos casos deben ser investigados y sancionados. Merecen justicia.

La cifra de personas asesinadas por armas de fuego debe ser explicada no sólo desde sus móviles, sino desde sus medios. Los móviles son importantes para fijar una política criminal –que, como se dijo, Ecuador adolece–. Ahí la importancia y el rol de la justicia para determinar quiénes mismo son los homicidas. Pero, ¡cuidado! En muchas ocasiones se niega el derecho a la justicia mediante precipitados titulares de prensa que señalan que el asesinado murió por “ajuste de cuentas”, que contaba “con antecedentes” o que “estaba tatuado”. Y, ¿acaso no tienen derecho a la justicia sus familiares y la sociedad?, ¿a saber sobre todo cuáles fueron los verdaderos móviles? Sin esta información no se hará más que elucubrar, porque además depende de los tiempos procesales. Para saber si un homicidio con arma de fuego fue producto de una “mala repartición” del botín, hay que llegar hasta el final del proceso penal (“la verdad hará libres”).

Sin embargo, existe la intuición de que muchas de las muertes por arma de fuego están asociadas a la existencia de organizaciones criminales. De ser así hay que replantear el trabajo y la inteligencia en materia de seguridad, pues esta intuición ha sido casi un denominador común de muchos diagnósticos compartidos también en Colombia, Perú y otros países. Es decir, cada vez que aumenta la tasa de homicidios por armas de fuego se vuelve al mismo diagnóstico. No obstante, a dónde fue a parar toda la cooperación militar, las donaciones, el aumento de personal en materia de seguridad y ¿no se ha podido desarticular a las organizaciones criminales? La respuesta pasa porque se necesita un trabajo sagaz que parta de buena información e inteligencia. No hay que caer entonces en las típicas frases acomodaticias que redundan en recetar lo “integral”, “articulado” o “mancomunado”. Es decir, la nada. Por el contrario, se necesita perseguir con resultados político criminales. Esto es, con métodos sagaces y contundentes (“menos es más”), más aún en momentos de contracción de la economía a causa de la pandemia. En especial, debe partirse de la calidad de la información y no de la elucubración. Existen para ello las controversiales herramientas legales, pues el Código Orgánico Integral Penal (COIP) permite interceptaciones electrónicas, agentes encubiertos, etc. Entonces, ¿qué pasó? Al final, ¿se presionó tanto para legislar en su favor que hacen poco uso de ellas?

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Reporte de la tasa mundial de homicidios 2019 y avances informativos a la construcción del Reporte 2020), el aumentado de la tasa de homicidios en Ecuador despierta las alertas internacionales que pueden dejar entrever al país como un “territorio inseguro”. Sin embargo, existe un dato adicional. Hay una gran cantidad de asesinatos producidos sobre la humanidad de mujeres y hombres jóvenes de estratos económicos bajos. En consecuencia, la mayoría de las víctimas pertenecen al grupo de personas al cual los políticos inescrupulosos no toman en cuenta en sus planes económicos: hombres y mujeres pobres. Esta es la relación de los homicidios con las armas de fuego que se puede estar negando, porque ahí radica el desmoronamiento del Estado Social y abandono en que caído la población.

Además, la propuesta para comprar y portar armas de fuego con mayor apertura es:

1. Ineficaz, porque el país de donde parte este modelo es el mejor “mal ejemplo”. Se debe partir de la simple pregunta: ¿se han reducido los homicidios por armas de fuego en una sociedad armada como la norteamericana? No. Por el contrario, a través de la compra de armas de fuego han surgido peligrosas formas de expresión de violencia homicida, muchas de ellas inexplicables para la criminología. Basta con revisar los crecientes casos de portadores de armas que entran a un salón de clases y disparan contra sus compañeros; o, los “locos” que ingresan como rambo a un supermercado y asesinan a mansalva, exhibiéndose y mostrando previamente por video el arsenal de armas que disponen en sus casas. En serio, ¿se quiere esto para Ecuador? Cabe recordar que el “modelo” de pandillas vino precisamente del Norte. Las formas de criminalidad también se exportan.

A esto hay que añadir que ha sido durante las administraciones socialcristianas donde también creció la tasa de homicidios. Cuando Nebot fue alcalde de Guayaquil (El Universo, 21/10/2003), la tasa de homicidios también fue un tema central. Se produjeron las típicas recetas demagógicas socialcristianas de “mano dura” y populismo penal. Por ejemplo, se aumentó el histórico republicano del techo de la pena, esto es de 16 a 25 años de reclusión mayor extraordinaria; se reformó el código de procedimiento penal y no se puso límites a la prisión preventiva a través de la propuesta de Cinthya Viteri sobre la “detención en firme” –declarada más adelante como inconstitucional–; se construyó La Roca como la cárcel más grande y segura del Ecuador; se aumentó el número de policías; etc. Claro está, todo esto sin ninguna política social contundente ni ninguna estrategia sagaz contra el crimen.

Pero la propuesta para comprar y portar armas con mayor amplitud es ineficaz porque hace todo lo contrario a lo que debe hacer: quitar las pequeñas armas de fuego de la sociedad. Aquí la experiencia de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro. En la ciudad más grande de Colombia (¡Colombia!), se redujo significativamente la violencia homicida por armas de fuego, porque se hizo seguimiento e inteligencia a los lugares de abastecimiento y provisión. Es decir, se llegó a los mercados de armas de fuego. En ese sentido, hay que tomar la evidencia ecuatoriana. La tesis doctoral de Karla Álvarez (FLACSO) estudia con evidencia esta relación y señala que las pequeñas armas son las que producen más letalidad.

De ahí que, en lugar de sacar las armas de la sociedad, la propuesta de Jaime Nebot a través del candidato Guillermo Lasso consiste en poner más en las ciudades. No extraña en ese sentido si incluso se estaría pensando en potenciar el mercado de empresas que quieran importar y vender armas de fuego. Es decir, usar quizás el modelo del “banco del barrio” en una sucursal para el depósito de pertrechos.

Adicionalmente, ¿a dónde va a parar todo el trabajo realizado por la policía y fuerzas armas? No se trata simplemente de tener permisos administrativos y de rendir pruebas psicológicas –que de nada sirven porque no se puede predecir el comportamiento humano ni adelantarse al futuro–, sino de eliminar y reducir los instrumentos que hacen que la sociedad sea más violenta de lo que es: las pequeñas armas de fuego. Señoras y señores, no se trata de un permiso para camaretas o fuegos artificiales. Se trata de armas de fuego cuya característica es producir la muerte.

Finalmente, y aunque suene como síntesis, la propuesta para comprar y portar armas de fuego con mayor apertura es:

1. Peligrosamente irresponsable, porque le quita la responsabilidad que tiene el Estado para brindar seguridad a través del denominado monopolio de la fuerza o violencia. En un Estado de Derecho, la función de seguridad pública es atribución del Estado y no de los ciudadanos. Sin embargo, al delegar –o desprenderse– de esta tarea constitucional al Estado, el mensaje que se está dando es aquel que dice: “que cada cual se defienda como quiera y como pueda”. Ahí radica la peligrosa irresponsabilidad. En desmantelar de una vez por todas al Estado. En abandonar nuevamente a sus habitantes a su suerte que, para “mala suerte”, estará acompañada de letales y peligrosas armas de fuego.

Jorge Vicente Paladines: Profesor de la Universidad Central del Ecuador