Las protestas en Chile no se detienen. Por el contrario, se multiplican y se robustecen tanto en cantidad como en la calidad de sus demandas. Los estudiantes son un ejemplo de ello. No aceptan vetos de ningún tipo y hablan de lo que estiman pertinente: educación, modelo económico, condiciones laborales, constitución, entre otras tantas cuestiones. […]
Las protestas en Chile no se detienen. Por el contrario, se multiplican y se robustecen tanto en cantidad como en la calidad de sus demandas. Los estudiantes son un ejemplo de ello. No aceptan vetos de ningún tipo y hablan de lo que estiman pertinente: educación, modelo económico, condiciones laborales, constitución, entre otras tantas cuestiones.
Muchos ciudadanos comienzan a advertir que todos los problemas que enfrenta la sociedad chilena plantean uno de carácter fundamental: la Constitución que desde la dictadura consagró un orden político autoritario y un sistema económico que no ha hecho más que privarnos de derechos sociales. Frente a este diagnóstico cada vez más extendido, la demanda es clara: Asamblea Constituyente.
El diputado Marcelo Díaz (PS) presentó hace unas semanas un proyecto de reforma constitucional (al Art. 129) para convocar una. Entre quienes suscriben: Aldo Cornejo (DC), Pepe Auth (PPD), Marcos Espinosa (PRSD), Alfonso De Urresti (PS), Osvaldo Andrade (PS), Marcelo Schilling (PS), Guillermo Teillier (PC), Alejandra Sepúlveda (PRI) y Sergio Aguiló (?).
Conviene, de inmediato, sacar la lupa para hacer unas cuantas observaciones al proyecto de los diputados.
Primero, la iniciativa del diputado Díaz señala que «El ejercicio de la soberanía reside en la Nación y lo realiza el pueblo a través de los mecanismos que señala esta Constitución». Partimos mal, pues por mucho que Díaz reconozca que la soberanía reside en la nación y que la ejerce el pueblo, al supeditarla a los mecanismos establecidos en la Constitución de Pinochet la delega inmediatamente en los representantes de la ilegítima Carta Magna que se pretende modificar.
Lo anterior viene a relegitimar la concepción de soberanía de la Comisión Ortúzar (designada a dedo por la dictadura). Esta concibió la soberanía como divisible. Por una parte la soberanía política y por otra la social. La primera de ellas concebida como el poder de decisión del Gobierno del Estado y la segunda sólo como poder de representación de los cuerpos intermedios (gremialismo puro y duro). En último término, el pueblo aliena su soberanía para entregársela al todopoderoso cuerpo representativo establecido en la susodicha Constitución, el cual se encarga que esta nunca regrese al pueblo.
El diputado Marcelo Díaz agrega a continuación la novedad de su propuesta, señalando que «En ejercicio del poder constituyente originario puede convocar a una Asamblea Constituyente la que en forma autónoma, tendrá el mandato para la discusión y elaboración del nuevo orden constitucional». Lo anterior sería muy interesante si es que el diputado no supeditara todo al actual orden institucional. En efecto, señala que «La referida Asamblea podrá ser convocada mediante una ley aprobada por la mayoría de los Diputados y Senadores en ejercicio, la que determinará la forma de elección de los representantes » (las negritas son mías).
Más claro echarle agua. En medio de la creciente demanda por Asamblea Constituyente y del descrédito de la actual institucionalidad, los parlamentarios buscan mantener el toro por las astas y decidir ellos el método de elección (¿y requisitos?) de los constituyentes. ¿No sería más pertinente dotar de esa facultad a un actor que no sea juez y parte de la institucionalidad?
¿Se imagina usted? A los parlamentarios podría ocurrírsele, por ejemplo, la genial idea que los constituyentes representen el «amplio espectro político» (binominal) y tendríamos sentados como constituyentes a Camilo Escalona y a Jovino Novoa. Se me ocurren otras muchas posibilidades funestas, pero no quiero darle ideas a los creativos del progresismo.
Es claro que la institucionalidad y la élite política dejan en evidencia, una vez más, el gatopardismo que las caracteriza. Mientras más reformas se le hacen a la Constitución, más reafirma su espíritu antidemocrático original. Y mientras más aparentemente abiertos a la participación y a la democracia se muestran «los progresistas», más al descubierto queda lo cómodos que están con la institucionalidad heredada de la dictadura.
Y es que por mucha referencia que el Diputado Díaz haga al poder constituyente originario, su proyecto se enmarca dentro de una fórmula derivada que coloca al Parlamento como depositario último de nuestra soberanía. El pueblo, tal como en la redacción original de 1980, sigue siendo privado de su calidad de soberano. Aunque el proyecto de ley simule ser pertinente a las demandas del Chile ctual, no es más que un traje a la medida de la institucionalidad. Démosle, sin embargo, un mérito: evidencia que Sebastián Piñera no es el único que destaca en las malas artes de la letra chica.
Camilo Navarro Oyarzún, Sociólogo. Partido de Izquierda (PAIZ).
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