El 23 de febrero de 2021, 79 personas fallecieron en motines concertados dentro de cuatro cárceles del país. Pero no era un hecho aislado, sino la consecuencia de una serie de reformas legales, errores y recortes presupuestarios.
Eran casi las nueve de la mañana del martes 23 de febrero cuando se dio la alarma de motines en varias cárceles de Ecuador, pero pasarían varias horas para que el país entendiera que era en realidad la peor masacre carcelaria de la historia del Ecuador. En la tarde, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó que los motines, que fueron una acción concertada en cuatro centros carcelarios, dejaron 79 muertos. Ese mismo día, Edmundo Moncayo, director del SNAI, dijo que los motines simultáneos en las cárceles de Turi, en la provincia de Azuay al sur del país, de Latacunga en la Sierra central, y en dos cárceles de la provincia costera del Guayas, se habrían dado por disputas de poderes entre bandas dentro de las cárceles. La violencia inusitada fue producto de una crisis que empezó hace mucho tiempo.
En el Ecuador hay 38 mil personas en las cárceles. El sistema que los acoge “se ha venido deteriorando por años”, dice Daniela Oña, experta en derechos humanos y personas privadas de libertad. Oña dice que la crisis empezó alrededor del 2017 y se intensificó en 2018 cuando Ecuador alcanzó un índice de hacinamiento del 36% —el más alto en los últimos 4 años. Según la Policía Nacional, en 2018 hubo 15 muertes violentas dentro de los centros de rehabilitación social del país. En 2019, la cifra aumentó a 32 y en 2020, a 51. En 2019, la crisis fue tan grave que el presidente Lenín Moreno decretó un estado de excepción en las cárceles que se extendió por 90 días. A pesar de la medida, mientras el estado estaba vigente, 14 personas privadas de la libertad fallecieron en enfrentamientos entre bandas.
Sin embargo, la situación no se reduce a intentar controlar enfrentamientos de bandas, dicen los expertos. Daniela Oña dice que el sistema carcelario de Ecuador enfrentaba otras falencias “multidimensionales” que, desde 2017, ya alertaban sobre la necesidad de adoptar otras medidas correctivas dentro del sistema. Algunas son la falta de personal, de presupuesto, de una buena reforma carcelaria y el debilitamiento de la institucionalidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que antes controlaba el sistema penitenciario, y que ahora está a cargo del SNAI. Otros factores como las reformas del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de 2014, el aumento de la criminalidad en el país y la corrupción dentro de las cárceles, también aportaron a la debacle. La falta de entendimiento sobre los factores que han quebrantado el sistema carcelario además impactan la forma en que se comporta la sociedad. Tras las masacres en las cárceles, en redes sociales mucha gente intentaba justificar los hechos diciendo que eran “criminales” y que era una especie de autodepuración. Esta convicción podría ser la más peligrosa de todas las consecuencias de la debacle en la que se hunden las cárceles del país.
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Hay razones muy puntuales para la crisis en que se ahoga el sistema carcelario del Ecuador. Quizá la más importante a nivel conceptual es aceptar que es un problema de violación de derechos humanos. La Constitución del Ecuador dice que las personas privadas de libertad son un “grupo prioritario” porque están bajo la tutela del Estado. Pamela Juliana Aguirre Castro, directora del Observatorio Jurídico Social de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), dice que esto significa que el gobierno tiene un “deber reforzado” de cuidarlos y de proteger sus derechos humanos. Por eso, dice Aguirre Castro lo que pasó el 23 de febrero, “es responsabilidad del Estado”.
Pero también es responsabilidad de toda la sociedad. Según el analista militar Yaavok Gavriel Cedeno, “tenemos sangre en nuestras manos” porque si celebramos la muerte de otros ecuatorianos, los estamos volviendo a matar. Las personas privadas de libertad, independientemente del delito que hayan cometido, son sujetos de derechos, lo dice la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos. El problema es que no se los trata como tal. El antropólogo Jorge Nuñez, cofundador del Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos, dice que la población penitenciaria es tratada como objeto. Estas personas son deshumanizadas y, por ende, se llega a creer que no merecen la misma dignidad que el resto de la población.
Después de los amotinamientos simultáneos del martes 23 de febrero, empezaron a circular en redes sociales videos sangrientos. Cabezas decapitadas y cuerpos mutilados contaban la historia de una jornada que parecía haber sido sacada de una película de terror. En los noticieros de televisión, algunos familiares contaban entre lágrimas que habían reconocido a sus hijos, hermanos, y parejas en los videos que se compartían en Internet. Pero la respuesta social fue casi tan violenta como las propias imágenes. En redes sociales algunos usuarios decían: “79 problemas menos que mantener con nuestros impuestos”, “ojalá y fueran más”, “una purga necesaria”, “noticias que alegran”. La lista de comentarios con este tono es interminable. En algunos casos, eran incluso más violentos.
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¿Por qué hubo una reacción tan agresiva? El antropólogo Núñez explica que esta reacción se debe al argumento de que lo que pasó se limita a “una guerra entre bandas”. Según Núñez esto crea una “otredad artificial” que separa a la ciudadanía de las personas privadas de libertad porque los ciudadanos “no forman parte de una banda”. Pero los reclusos son parte de la misma sociedad en la que vivimos las personas que no estamos dentro del sistema penitenciario. “No podemos normalizar el discurso de que las bandas se están matando”, dice Cedeno. Núñez opina lo mismo, y cree además que es necesario cambiar la narrativa sobre las cárceles e incluir en la conversación a las personas privadas de libertad y a sus familias para que podamos entender sus perspectivas. Una vez que comprendamos que las personas en las cárceles tienen también derechos y que no podemos normalizar que sean víctimas de violencia, el Ecuador tendrá una mejor predisposición para resolver los problemas más tangibles que agobian al sistema penitenciario: recortes presupuestarios, falta de una verdadera reforma carcelaria, aumento de criminalidad, hacinamiento y corrupción.
Falta de presupuesto
Los recortes de financiamiento son un golpe crítico al sistema carcelario. En 2019, cuando el Ministerio de Justicia fue eliminado por el gobierno, el nuevo Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) recibió un presupuesto de 98 millones de dólares. En 2020, se redujo en 43%: solo se asignaron cerca de 55 millones de dólares. Para 2021, se aumentó el presupuesto en 8 millones de dólares pero, según Moncayo, ese incremento en realidad “no es nada”.
En 2018, Ernesto Pazmiño, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, dijo que se necesitaba por lo menos 292 millones de dólares al año para mantener el sistema carcelario. El presupuesto de 2021 de aproximadamente 63 millones de dólares es solo un poco más de la cuarta parte de lo que en realidad se necesita para que el sistema funcione. El presupuesto es tan escaso que ni siquiera hay dinero suficiente para contratar personal que proteja la seguridad de los reclusos. El propio director del SNAI, Edmundo Moncayo, dijo que hay un 70% de déficit de agentes penitenciarios para poder controlar efectivamente a las más de 38 mil personas que permanecen en las cárceles de Ecuador. Según Daniela Oña, se estima que debe existir al menos un guía penitenciario por cada 6 personas. Pero en el país, en algunos centros de rehabilitación social, “hay un guía por cada 20 o 30 personas”, dice. Controlar lo que sucede dentro de los centros de rehabilitación y garantizar la seguridad de la gente que ahí está —y que está bajo control estatal— parece imposible con esa brecha de personal.
El criminólogo Santiago Argüello dice que no solo no hay guías, tampoco hay personal en otras áreas que son indispensables para una verdadera rehabilitación social. Según Argüello “no hay educadores, médicos, psiquiatras, psicólogos” dentro del sistema penitenciario porque no hay dinero para pagarles. Oña dice que tampoco hay dinero para los uniformes de las personas privadas de libertad. Recuerda que en una ocasión que pudo entrevistar a reclusos, dijeron que “les dieron un solo uniforme cuando entraron al centro, después de eso nunca más les dieron una muda de ropa.” Oña asegura que el SNAI, con el presupuesto que tiene, solo puede pagar lo básico: alimentación y gastos del personal. Según Oña, incluso con eso, ha habido reclamos por sueldos atrasados y por la deficiencia del servicio de alimentación.
Muchas cárceles, poca reforma carcelaria
Otra razón por la que Ecuador sufre una crisis en sus cárceles es la ausencia de una buena reforma carcelaria. En mayo de 2013, el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, planteó un nuevo modelo de gestión penitenciaria. Este se alineaba con el ejercicio de los derechos humanos, incluía la construcción de nuevas cárceles, la contratación de personal, el refuerzo de la seguridad, un nuevo régimen de visitas y una política integral conocida como “cero ocio” —que los reclusos siempre estuvieran ocupados, sin tiempo muerto. Oña dice que entre esas opciones se planteaba aprender un oficio, estudiar, trabajar en la panadería, o hacer deporte. Además, contemplaba su educación, salud física y mental, trabajo social, y la relación con sus familias. Pero, según Oña, aunque la idea en papel sonaba bien, en la práctica no se ejecutó con éxito.
De a poco, se fueron dejando de lado programas importantes como el de rehabilitación de drogas que, según la abogada Oña, permitió reducir el consumo de sustancias psicotrópicas dentro de los pabellones. Los programas de cero ocio dejaron de ser una prioridad con la reducción de personal. Los proyectos de educación y aprendizaje de oficios mermaron, y los programas de atención de salud física y mental, dejaron de implementarse como antes. Los planes de reforzar la seguridad y contratar más guías penitenciarios quedaron en el olvido, al igual que los reclusos.
Entre 2013 y 2017, en lugar de priorizar una verdadera rehabilitación social a través de programas integrales, se priorizó la construcción de cárceles. Se creía que al construir más se podría evitar volver a los altos índices de hacinamiento de cerca del 200% que se alcanzaron en 2008. Pero no fue así.
Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía
Construir más cárceles o cárceles más grandes no solucionan los problemas de fondo. “Tenía que haber un equilibrio con la aplicación de penas, la fuerza de seguridad penitenciaria, y las medidas de prevención”, dice el analista militar Yaakov Gavriel Cedeno. Pero no lo hubo: se destinó la mayor parte del presupuesto y de la atención a la construcción de más cárceles y se descuidó el sistema judicial.
En 2014, entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) —la legislación llamada a tipificar los delitos, establece el procedimiento para juzgarlos, y promueve la rehabilitación social de las personas sentenciadas. El COIP reemplazó a tres leyes bastante desgastadas: el Código Penal que regía desde 1971, el Código de Procedimiento Penal que estaba vigente desde el año 2000, y el Código de Ejecución de Penas que aplicaba desde 1982. El objetivo de este nuevo código era, explica Oña, tener un solo cuerpo normativo que contenga todas las penas y por ende, mejore el sistema penitenciario.
Pero el COIP y las tres reformas que se han hecho hasta febrero de 2021, más que mejorar el sistema, lo han empeorado. Las normas del Código y los cambios que se le han hecho significaron aumentos de penas y la tipificación de nuevos delitos. Y si bien tipificar nuevos delitos y endurecer las penas busca afianzar la seguridad de los ciudadanos y mantener el orden en la sociedad, hacerlo también tiene efectos contraproducentes.
El más grave de ellos es el crecimiento de la población carcelaria. “Deberíamos tratar de tener cada vez menos gente encarcelada”, dice Pamela Juliana Aguirre Castro. En países como Holanda, más de 20 prisiones han cerrado en los últimos diez años porque no hay prisioneros. Wiebe Alkema, portavoz del Ministerio de Justicia y Seguridad de Holanda, dice que el bajo número de reclusos se debe a un nuevo enfoque en la emisión de sentencias y en el entendimiento de cómo los delitos impactan a la sociedad. Sin embargo, en Ecuador los cambios que se han hecho en el sistema judicial no buscan precisamente reducir la población carcelaria, sino aumentarla. Mientras más delitos se sancionen con el COIP, más personas habrá en las cárceles. Y mientras más personas haya en las cárceles, menos espacio habrá para ellas. Hay tantas personas entrando al sistema carcelario que ni siquiera los tres megacentros de rehabilitación —las cárceles regionales de Latacunga, Turi y Guayaquil— construidos en el gobierno de Rafael Correa son suficientes.
El antropólogo Jorge Núñez dice que la crisis que viven las cárceles del Ecuador es profunda y no se va a solucionar de un día al otro. Según él, tampoco se va a solucionar construyendo más cárceles o trasladando reos a otros lugares. Las acciones que está tomando el gobierno ahora tras los amotinamientos —hacer requisas, reforzar la seguridad, hacer traslados— son temporales y en algún momento dejarán de funcionar. Por eso expertos como Núñez y Oña coinciden en que se debe trabajar en políticas para prevenir los delitos y no solo para luchar contra el crimen. Núñez dice que esto implica trabajar desde varias áreas —salud, justicia, seguridad, educación, cultura— en políticas integrales que busquen lograr una verdadera rehabilitación social.
Aumento de la criminalidad
Pamela Aguirre Castro dice que en los últimos años, la criminalidad en Ecuador se ha complejizado. Ya no hay gente en las cárceles solo por cometer robos, asaltos u homicidios, que era lo común hace 20 años. Ahora, según datos del Ministerio de Gobierno, los delitos por los que hay más personas en el sistema carcelario son delitos relacionados con drogas.
El tráfico de drogas en Ecuador es uno de los factores agravantes de la criminalidad en el país, dice Aguirre Castro. Con el aumento de bandas dedicadas al narcotráfico y la lucha por territorios de distribución y rutas de exportación, los crímenes en Ecuador empezaron a aumentar. La banda de Los Choneros se ha enfrentado a otras organizaciones delictivas por el control de esta ilícita industria en el país. No es un problema nuevo: ya en 2006, la banda había cometido 120 asesinatos. Según Daniela Oña, el problema del narcotráfico se refleja en el incremento de casos de homicidio en el país y en la forma en la que se dan estos hechos de violencia.
Tras los acontecimientos violentos del 23 de febrero en las cárceles, el presidente Lenín Moreno y el director del SNAI, Edmundo Moncayo, dijeron que eran responsabilidad del narcotráfico. Moreno le echó la culpa al gobierno anterior por haber expulsado al ejército estadounidense que vigilaba el tráfico de drogas desde la base de Manta. Moncayo atribuyó los hechos a la disputa entre bandas delictivas tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, líder de Los Choneros, en diciembre de 2020.
Sin embargo, no se le puede atribuir la crisis carcelaria a un solo factor. Expertos como Yaakov Cedeno y Pamela Aguirre Castro aseguran que el gobierno tiene que dejar de buscar un culpable para un problema que es estructural. Según Cedeno, si el gobierno (sea cual fuere) no hace nada por resolver cada una de las falencias del sistema carcelario, matanzas como las del 23 de febrero van a seguir sucediendo “probablemente antes de lo que nos imaginamos”.
Hacinamiento
Con un catálogo de delitos tan amplio, las cárceles seguirán llenas, generando hacinamiento y sobrepoblación. La experta en el sistema penitenciario y derechos humanos, Daniela Oña, dice que ambas condiciones en los centros de rehabilitación social son severas. Según datos del SNAI, hasta diciembre de 2020 el índice de hacinamiento en las cárceles era de 31,01%. En el primer mes de 2021, se redujo a 29,42% —pero debería estar en 0.
Un familiar de una persona privada de libertad protesta contra la violencia en las cárceles. Fotografía de David Díaz para GK.
El hacinamiento ocurre cuando el espacio de un lugar no es suficiente para el número de personas en ese lugar. En el sistema carcelario, las Reglas Nelson Mandela —que establecen los estándares mínimos para el tratamiento de reclusos— dicen que el Estado debe asegurarse que las personas privadas de libertad tengan “un espacio personal suficiente”. Las reglas no detallan qué tan amplio debe ser ese espacio. Pero, según el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, en el caso de celdas compartidas, la superficie mínima debe ser de cuatro metros cuadrados por cada interno, y en el caso de una celda individual, debe ser de seis metros cuadrados.
Cuando no se cumplen esas condiciones, se considera que existe hacinamiento. “Hay 9 mil personas privadas de la libertad que no tienen cama para dormir”, dijo Moncayo en una comparecencia ante la Asamblea Nacional el 1 de marzo de 2021. Según la abogada Oña, el hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles del Ecuador son gravísimos no solo porque no tienen condiciones dignas de habitabilidad, sino porque mientras más personas haya en un espacio reducido, “más precarias se vuelven sus condiciones y más compleja la convivencia” entre ellas.
Corrupción
La corrupción en el sistema de justicia y en el sistema carcelario es otra de las razones por la que la convivencia entre las personas privadas de libertad se ha complicado, dice el criminólogo Santiago Argüello. Según Argüello, hay reclusos que en realidad quieren rehabilitarse e incluso están pensando en un proyecto de vida, que se frustran cuando ven las injusticias del sistema. “Imagínate que eres alguien que está empezando a rehacerse al interior de la cárcel y ves que uno de los pillos más grandes sale con prelibertad y tú no”, dice Argüello refiriéndose a la salida de alias Rasquiña.
Parte de la solución de la crisis en las cárceles del Ecuador implica ver qué pasa dentro y fuera de las cárceles, e identificar qué y quiénes están promoviendo la corrupción. Sin embargo, Daniela Oña no cree que se pueda eliminar la corrupción del sistema carcelario. “Siempre va a existir por la dinámica que hay dentro de ellas”, dice. Oña asegura que “siempre va a haber una persona dispuesta a cometer este tipo de actos [corruptos] por dinero”, por eso siempre hay armas y celulares dentro de los centros.
Abuso de la prisión preventiva
Pero la frustración que sienten los reclusos no es provocada solo por el hacinamiento y la corrupción en los centros penitenciarios. Hay reclusos cuya molestia se origina en el mismo hecho de ser reclusos. Ecuador tiene un problema con el abuso de la prisión preventiva. Según cifras del Ministerio de Gobierno actualizadas hasta el 10 de febrero de 2021, de las 38.693 personas privadas de libertad en todo el país, 14.377, casi el 40%, no tenían sentencia. Ellas cumplen órdenes de prisión preventiva dictadas por un juez mientras la Fiscalía reúne pruebas para determinar si son inocentes o culpables del delito por el que se los procesa.
La abogada Daniela Oña asegura que la prisión preventiva debe ser justificada. Cuando la Fiscalía solicita a un juez que le dicte prisión preventiva a alguien, debe hacerlo porque existe un alto riesgo de que la persona se fugue o no participe del proceso. Según Oña, debería ser siempre la última opción de medida cautelar. Sin embargo, se sigue abusando de ella y no hay claridad sobre cómo y cuándo debe usarse, y es “indignante”, asegura Oña. “Por ejemplo, tenemos el caso de la Secretaria de Salud de Quito que es una persona casi de la tercera edad a la que le dictaron prisión preventiva, y luego tienes a un funcionario en Puerto Quito que agredió sexualmente a tres niñas y le dieron medidas sustitutivas. Es absurdo”, dice molesta. Para solucionar este problema, Oña dice que es necesario que el Consejo de la Judicatura establezca una directriz clara que sirva para que los jueces “tomen las decisiones”. En otras palabras, que decidan no seguir colapsando el sistema carcelario del país.
Mientras no cambien estos puntos, la crisis carcelaria no se va a resolver. Sobre todo, no se va a solucionar si seguimos pensando en las personas privadas de libertad como excluidos sociales y no como lo que son: sujetos de derechos que forman parte de nuestras comunidades y cuya situación, lejos de volvernos violentos promotores de purgas indignas de nuestro tiempo, debería llevarnos a la reflexión sobre problemas estructurales más grandes como la relación entre la pobreza, la falta de oportunidades y el extenso catálogo de delitos que tiene nuestro país.
Fuente: https://gk.city/2021/03/02/crisis-carceles-razones-ecuador/