La crisis financiera y económica ha situado el uso de software libre en el debate de las corporaciones privadas y administraciones públicas como factor de minimización del gasto y como muestra de voluntad de austeridad ante la opinión pública. Tal planteamiento, si bien positivo, es muy pobre ubicando este ámbito tecnológico en consideraciones residuales de […]
La crisis financiera y económica ha situado el uso de software libre en el debate de las corporaciones privadas y administraciones públicas como factor de minimización del gasto y como muestra de voluntad de austeridad ante la opinión pública. Tal planteamiento, si bien positivo, es muy pobre ubicando este ámbito tecnológico en consideraciones residuales de balances contables, no entendiendo, o no queriéndose interesadamente entender, el carácter estratégico de la tecnología. La realidad hoy en día en un contexto de tecnificación del proceso productivo es que el software y su control son elementos imprescindibles para la supervivencia empresarial y para la eficacia del sector público.
Las cuatro libertades que proporciona la adopción del software libre son: uso universal, estudio del diseño, modificación adaptada a necesidades y redistribución solidaria, opciones condicionadas, limitadas o simplemente prohibidas por el software privativo. Conforman la base para constituir un desarrollo tecnológico orientado al desarrollo social y la eficiencia productiva. En términos clásicos de economía política constituiría el desarrollo pleno de las fuerzas productivas, es decir, la socialización de la generación del producto o servicio y su uso asimismo socializado y libre.
Poco, muy poco, está haciendo la iniciativa privada en Europa en la migración tecnológica hacia sistemas abiertos y libres, incapaz ésta de desembarazarse de prejuicios y miedos a la innovación hacia las nuevas tipologías de licencias de uso liberalizadas. Pero lo realmente sorprendente, es que las instancias gubernamentales no han promulgado legislación para que el software libre sea potenciado e implantado en la administración, ni tan sólo vea amparado su desarrollo e implementación en la gestión pública frente al software privativo. De forma timorata, sin afectar los intereses de las multinacionales del sector, se genera por parte de entes autonómicos distribuciones de software libre de nomenclatura simpática compuesta por la contracción del sistema operativo libre Linux con la toponimia u otros elementos identitarios (Molinux, Linex, Guadalinex, Lliurex, Max, …). Dichas distribuciones inciden casi exclusivamente en aspectos ofimáticos de agilización de oficinas, entornos aunque iniciáticamente importantes, poco estratégicos en el basto universo del entramado productivo de bienes y servicios.
La dialéctica de confrontación entre ambos modelos, libre y privativo, no es ajena a la coyuntura mundial de crisis económica y de modelo civilizatorio global. El capitalismo neoliberal, y el social liberal también, han apostado por el paradigma de software propietario que cada vez más se ha ido concentrando en pocas multinacionales, la mayoría con sede en los USA. Este modelo asume apoquinar por cada programa instalado y estar supeditado a las políticas comerciales, oligopólicas cuando no monopolísticas, de dichas transnacionales, en las que la mejora de los programas, la definición tarifaria o simplemente la traducción a los idiomas de uso queda sujeta a su criterio empresarial crematístico por encima del interés social. El fenómeno de la piratería es una variante que toleran y que controlan perfectamente para frenar la decantación hacia opciones de software libre creando una dependencia de facto de sus productos y una sensación ilusoria de seudo libertad. Las plagas planificadas de virus informáticos y otras ciber pandemias, vendrían a completar el modelo de negocio apropiativo, en la esfera de la seguridad, que el capitalismo ha diseñado para el sector de la informática y las telecomunicaciones.
Si hablamos de la repercusión del uso del software privativo en el empleo, el panorama es descorazonador. Tenemos una legión de capacitados profesionales, dependientes de la publicación de las versiones del software estadounidense para simplemente poder realizar limitadas actuaciones y hacerlas dentro de lo posible operativas en los entornos productivos. Nada de diseño y patronaje tecnológico, nada de mejoras sensibles del producto software, todo se compra empaquetado y a despabilar para adecuarlo. Una apuesta decidida por el software libre generaría una floreciente industria local del diseño y construcción de software proporcionando una ingente fuente de puestos de trabajos cualificados. En tiempos recesivos esto debería sonar a música celestial.
La República Bolivariana de Venezuela RBV es puntera en lo que la asunción de soberanía tecnológica supone la promoción y el uso del software libre. La RBV ha creado una distribución propia, Canaima 2.0, de nivel estatal y con una legislación paralela que induce a su adopción en todos los ámbitos del sector público.
El caso venezolano es paradigmático. El sabotaje petrolero perpetrado en el 2002 por las antiguas gerencias empresariales que paralizó la producción de crudo de la empresa estatal PDVSA tuvo como arma esencial el software privativo diseñado y controlado desde Estados Unidos. El control sobre este valor estratégico de la economía venezolana hizo tomar una conciencia especialmente acentuada sobre lo que supone la soberanía tecnológica. La rápida, denodada y brillante actuación profesional de técnicos patriotas alineados en el proyecto socializador del gobierno del Presidente Hugo Chávez, logró neutralizar el sabotaje y recuperar el control de la producción conjuntamente con los capataces, cuadros operativos y trabajadores bolivarianos.
Desde entonces con más convicción si cabe, se ha ido articulando una política tendente a la soberanía tecnológica y en lo que a informática se refiere, en el camino del concepto avanzado de software socialista. El software socialista responde a una visión de herramienta tecnológica que está alineada totalmente con un proyecto emancipador y progresista y consecuentemente en confrontación con el imperialismo de determinados gobiernos y multinacionales. En ese sentido la RBV transita en la migración a software libre desde el privativo para todos aquellos usos en los que no se afecta la soberanía nacional, en cuyos supuestos el software no es privatizado, sino custodiado fuera del alcance del espionaje hostil.
Ilustrativa resultó la respuesta que la dirigente venezolana, coordinadora del proyecto espacial, dio con ocasión del lanzamiento el 29 de octubre del satélite Simón Bolívar para usos sociales para Venezuela y países sudamericanos. A la pregunta del periodista «¿Será software libre el código de control y manejo del satélite Simón Bolívar?» la vice ministra respondió, «será mucho más, será software socialista al servicio público de los sudamericanos y protegido del sabotaje imperialista«.
Un muy buen modelo a contemplar de desarrollo de tecnologías libres y mejor todavía de progreso social. No es momento solamente de resistencias, es la hora de propuestas alternativas y de alianzas anticapitalistas y socialistas a escala global, también en lo tecnológico. La izquierda, a escala municipal y estatal, tendría que estar diseñando ahora mismo, la planificación de la migración inmediata a tecnologías libres como parte de su propuesta de construcción de una sociedad socialista para el siglo XXI que supere el anacronismo capitalista neoliberal y el social liberal, también.
Brigada Vallesana Simón Bolívar
Vallès Occidental