Ya nos hemos acostumbrado a que las instituciones públicas «fichen» a directivos de empresas privadas para la gestión de las administraciones o para llevar a cabo reformas estructurales en nombre de la eficacia y de la eficiencia. El discurso dominante que impone el desprestigio de lo público reconoce en los gestores de las grandes corporaciones […]
Ya nos hemos acostumbrado a que las instituciones públicas «fichen» a directivos de empresas privadas para la gestión de las administraciones o para llevar a cabo reformas estructurales en nombre de la eficacia y de la eficiencia. El discurso dominante que impone el desprestigio de lo público reconoce en los gestores de las grandes corporaciones los expertos que deben iluminar el camino hacia unas administraciones públicas más eficientes a la vez que más reducidas. No es tan común que las transiciones del sector público al sector privado se den a conocer con tanta vehemencia pero también son un fenómeno habitual. Para las élites del mundo empresarial y político, lo que separa la gestión de los intereses corporativos de la gestión del interés común, son unas puertas giratorias que, a partir de ciertos niveles de responsabilidad, son extremadamente permeables.
La legitimación del fenómeno de las puertas giratorias descansa sobre mitos extremadamente discutibles: por un lado, la idealización del sector privado y de todo lo que de él provenga, incluidos sus profesionales, y por el otro, la creencia que los beneficios de las grandes empresas transnacionales con sede en un país concreto repercuten en el bienestar de la población de dicho país. Pero además de legitimarse en mitos que la observación empírica de la realidad desmonta con rapidez, las puertas giratorias constituyen un mecanismos de enriquecimiento de las élites políticas y económicas que, sin ningún disimulo, pasan por encima de profundos conflictos de intereses, siendo innumerables los casos en que un cargo público ha hecho uso de su posición para defender y desarrollar políticas que han acabado favoreciendo a un sector empresarial que le esperaba con los brazos abiertos al terminar su mandato.
En el Estado español, los ex-presidentes José María Aznar y Felipe González, responsables de la privatización de Endesa y Gas Natural Fenosa, han obtenido contratos millonarios como asesores externos de estas compañías una vez que se han convertido en las transnacionales que dominan el sector eléctrico en América Latina. Por debajo en la jerarquía política hispánica, muchos otros nombres conocidos han ocupado cargos relevantes a los dos lados de la frontera entre lo público y lo privado. Pedro Solbes, el que fuera vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda durante el primer gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, presta desde 2011 sus servicios como miembro de los consejos de administración de la eléctrica Enel (propietaria de Endesa) y del banco britànico Barclays.
Merece especial atención el caso de Rodrigo Rato. El que fue vicepresidente segundo del Gobierno de Aznar y ministro de Economía y Hacienda, después de llevar a cabo la mayor privatización de la historia de España (Argentaria, Tabacalera, Telefónica, Endesa, Repsol…), paso a ser el director gerente del Fondo Monetario Internacional desde 2004 hasta 2007 año en que dimitió «por razones personales» y fue nombrado a la división internacional del Banco de Lazard. Por esos tiempos también se incorporó al consejo de Criteria y al Consejo Asesor Internacional del Banco Santander, hasta que en 2010 se le nombra presidente de Caja Madrid y, posteriormente, de Bankia. Con esta trayectoria, es evidente que Rato ha representado muchos papeles en la tragicomedia de la crisis española saliendo hasta el momento bien parado y perfectamente remunerado.
Pero para comprender como funciona el mecanismo de las puertas giratorias para llenar ciertas cuentas bancarias nada mejor que poner atención al caso de Pedro Morenés [1], quién fue Secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000, Secretario de Estado de Seguridad entre 2000 y 2002, y Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004, y que desde diciembre de 2011 es Ministro de Defensa del Gobierno de España.
El señor Morenés, desde mediados de 2005 y hasta poco antes de ser nombrado ministro, ha sido consejero delegado de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas especialmente controvertidas como las llamadas «bombas de racimo». Esta empresa, con sede en Zaragoza, es proveedora de equipos, materiales y munición para las Fuerzas Armadas españolas y para ejércitos de todo el mundo, pero ha pasado una pequeña crisis comercial debido a la prohibición de las bombas de dispersión por el tratado de Dublín, firmado por 107 países, entre los que se cuenta España. Para superar el descenso de ventas derivado de este compromiso internacional, Instalaza reclamó al gobierno español recientemente una «compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante», siendo Morenés representante de la empresa [2]. La operación se cerró en abril de 2012 aceptando el gobierno español, en un contexto de recortes sociales de todo tipo y con Morenés ejerciendo de Ministro de defensa, abonar la cantidad fijada por Instalaza.
En los últimos meses de 2011 compatibilizó su cargo en Instalaza con el de Presidente Ejecutivo de la empresa paneuropea de misiles MBDA. Durante su larga trayectoria en el sector del armamento también ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA, la empresa guipuzcoana de la familia del presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, especializada en carros de combate, cañones y otro elementos de artillería. Morenés también ha sido presidente de Construcciones Navales del Norte SL, los antiguos astilleros públicos de Sestao, que el hoy ministro conocía muy bien de antes de su privatización, de cuando fue consejero de la SEPI y director comercial de la división de Construcción Naval del INI. Es propietario único de Boguillas SL, una empresa que se dedica a la «gestión y representación de intereses» y que el año pasado facturó 361.567 euros con sólo 19.646 euros en gastos de personal, según el registro mercantil -entre los últimos tres años, las ventas superan ampliamente el millón de euros-. También es dueño de I-Sec Ibérica, una «consultoría» «en el sector de la Seguridad», consejero de Gamo Outdoor, un fabricante de rifles de aire comprimido, de Ingenio 3000, de Repasa… Parece pues que se trata de todo un hombre de empresa que, de vez en cuando, se pasa al sector público a prestar sus apreciados servicios.
Pero cuando el sector público ostenta a la vez la calidad de regulador y de cliente de las empresas en las que recala el señor Morenés el conflicto de intereses se hace evidente. Justo antes de su nombramiento, el actual ministro era Presidente y Consejero de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica que ha recibido adjudicaciones de contratos en los últimos tres años por valor de 4 millones de euros para la vigilancia y seguridad de diversas dependencias del Ministerio de Defensa, además de ser la empresa contratada para custodiar los atuneros vascos en el Índico.
En 1997, en calidad de Secretario de Estado de Defensa, Morenés pone en marcha un mecanismo de financiación que consistía en la concesión de anticipos reintegrables sin intereses a las empresas adjudicatarias de los grandes programas de armamento por parte del Ministerio de Industria. La intención era facilitar que las empresas fabricantes hicieran frente a las fases de desarrollo y al inicio de la producción con unos fondos que no tenían que devolver hasta recibir el pago del Ministerio de Defensa. En su etapa como Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología (entre 2002 y 2004) siguió aprobando nuevas partidas para la prefinanciación de las empresas de armamento proveedoras de Defensa. 19 programas han sido prefinanzados de esta forma (aviones, helicópteros y carros de combate, aviones de transporte, submarinos y fragatas, además de una larga serie de «programas menores») y, según diversas estimaciones hechas por un grupo de expertos hace escasos meses, podrían costar al erario público entre 35.371 y 37.356 millones de euros, pagaderos hasta 2030 o 2040 [3].
No acaban ahí los mecanismos impulsados por Morenés para favorecer a las empresas del sector en el que desarrolla sus proyectos empresariales. Él fue quien impulsó los principales programas de armamento (Avión de Combate Europeo Eurofighter; Carro de Combate Leopard y las Fragatas F-100) cuyo coste supone hoy más de la mitad de la deuda acumulada por Defensa. Y también fue Morenés quien puso en marcha el mecanismo por el cual el Ministerio de Defensa podía dedicar el importe de su particular desamortización a la adquisición de más armamento (vendiendo terrenos que, en su día, expropió a ayuntamientos y poblaciones, a los que deberían haber revertido).
En fin, con sus idas y venidas entre el sector público y el mundo de la empresa del armamento, Pedro Morenés es un ejemplo a seguir para todo aquel que quiera sacar el máximo beneficio del desempeño de cargos públicos.
NOTAS:
1 El currículum vitae de Pedro Morenés estaba disponible en la web del Círculo de Empresarios, por lo menos, hasta febrero de 2010.
2 Según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
3 Fuente: Centre Delàs, http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=926%3Ajohn-doe&catid=42%3Aeconomia-de-defensa&Itemid=63&lang=es Consultado 7 de julio de 2012.