El gobierno estadounidense recurre a tecnicismos para tratar el caso del terrorista Luis Posada Carriles como un problema de inmigración, y evitar así que afloren sus nexos con el criminal, aseguró hoy el prominente politólogo James Petras. En entrevista con Prensa Latina, el acádemico norteamericano precisó que la Administración del presidente George W. Bush […]
El gobierno estadounidense recurre a tecnicismos para tratar el caso del terrorista Luis Posada Carriles como un problema de inmigración, y evitar así que afloren sus nexos con el criminal, aseguró hoy el prominente politólogo James Petras.
En entrevista con Prensa Latina, el acádemico norteamericano precisó que la Administración del presidente George W. Bush pretende despolitizar la controversial causa, para que no salga a la luz la complicidad de Washington con el historial del contrarrevolucionario de origen cubano.
«Es obvio que si Posada Carriles habla, va a implicar a toda la política terrorista del gobierno de Estados Unidos, él no va a aceptar ser el chivo expiatorio. No quiere pasar el tiempo en la cárcel sin «cantar» sobre los planes terroristas en los que está implicado él, con ellos, con los maestros, con el patrón», afirmó.
El criminal fue arrestado el 17 de mayo de 2005 en Miami, luego de intensas denuncias de Cuba y Venezuela sobre su ingreso ilegal a territorio norteamericano, procedente de México.
Las autoridades judiciales de Caracas solicitaron su deportación para juzgarlo por sus acciones, entre ellas la voladura de una nave de Cubana de Aviación en 1976, con 73 personas a bordo, sin embargo Washington negó el pedido.
En opinión de Petras, el caso Posada Carriles implica para Bush un costo cada vez más alto, considerado dentro del conflicto histórico Estados Unidos-Cuba.
«Muchos hablan de la influencia de la minoría cubano-americano de Miami en las elecciones, sobre cómo se comportará Florida, pero la realidad es que cada vez hay más influencias contrarias, provenientes de 37 estados que ya tienen comercio» con la isla, comentó.
De acuerdo con el estudioso, lo que sostiene la agresividad de Estados Unidos hacia Cuba es el miedo a que se profundice la debilidad de la diplomacia norteamericana, si hay un reconocimiento de la nación caribeña.
Washington «ha perdido votos en la ONU y en la OEA sobre Cuba. Han perdido el control de las cumbres de presidentes, como ocurrió en Mar del Plata, y eso abre posibilidades para profundizar la pérdida de influencia estadounidense», destacó.
Según el politólogo, también hay que tener en cuenta la resonancia alcanzada por Venezuela en el Cono Sur, de la cual Cuba también es parte.
Por ello hay que interpretar los ataques directos del gobierno de Bush contra Caracas, como ataques indirectos contra La Habana, precisó Petras.
Esa es la razón -enfatizó- de que Washington recurra en su escalada a recursos que parecen infantiles, como situar carteles en la Sección de Intereses norteamericana aquí o «complicarle la vida a los jóvenes estadounidenses que estudian medicina en Cuba».
Tales acciones son, además, una muestra de la impotencia de Estados Unidos de hacer algo serio y consecuente para enfrentar a la Revolución Cubana, sentenció.
Como parte del conflicto, Petras recordó que continúa latente la causa de los cinco antiterroristas cubanos presos en el país norteño, pese a que desde el 9 de agosto último la Corte de Apelaciones de Atlanta anuló el juicio de Miami, donde fueron condenados.
Los Cinco, como se conoce aquí e internacionalmente a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, cumplen severas condenas de prisión que van desde los 15 años hasta doble cadena perpetua.
Ahora están a la espera de que los 12 jueces de esa corte escuchen los pronunciamientos de la defensa y la fiscalía, en una audiencia oral fijada para este mes.
«Pero muchas presiones políticas están cayendo sobre el juicio, no es un juicio judicial, es político, utilizando un tecnicismo para decirlo», afirmó Petras.
Incluso, no descartó que si la Fiscalía pierde otra vez, recurra a la Corte Suprema, en la cual existe un ambiente más favorable con la entrada de dos magistrados conservadores a esa instancia judicial, designados por Bush.
Lo cierto es, aseguró, que piensan prolongar el proceso de tortura de los prisioneros, pero ello va a depender mucho de la contundencia de la apelación.
Petras insistió en no perder de vista que en Estados Unidos persiste «un gobierno extremista, altamente ideologizado, altamente fundamentalista», y que el fiscal general, Alberto Gonzáles, es quien justifica la legalidad de las torturas.
«No estamos tratando con un simple Juan González, estamos hablando del procurador con una mentalidad fascista, realmente fascista», concluyó.