La reciente visita del Papa a España ha levantado una profunda ola de indignación y malestar en amplios sectores laicos y progresistas de la sociedad, quienes contemplan con estupor cómo la máxima autoridad de la Iglesia Católica ha traspasado todas las líneas rojas de la soberanía democrática. Que un líder religioso extranjero utilice la tribuna del Congreso de los Diputados —la casa de la palabra de todos los españoles, la cuna de la soberanía popular— para arremeter abiertamente contra leyes legítimas, democráticas y soberanas como el aborto y la eutanasia, no es solo un anacronismo intolerable, sino una flagrante injerencia política en un Estado que se define constitucionalmente como aconfesional. Es inadmisible que, en pleno siglo XXI, se pretenda imponer una moral dogmática e integrista sobre el derecho a decidir de las mujeres y sobre la libertad de los ciudadanos a tener una muerte digna, derechos ambos conquistados tras años de duras luchas sociales y refrendados por el poder legislativo que nos representa a todos.
Lo que resulta aún más doloroso, hipócrita y lacerante para la conciencia colectiva es el flagrante doble rasero moral exhibido durante su estancia. Mientras el pontífice no dudó en utilizar un tono beligerante y fiscalizador para censurar las leyes civiles del país que lo acoge, pasó de puntillas, con una frialdad y una tibieza desoladoras, sobre la herida sangrante y abierta de la pederastia institucionalizada dentro de los sectores religiosos. La negativa implícita a mantener un encuentro valiente, cara a cara, con las asociaciones de víctimas más representativas y combativas de estos abusos constituye una humillación añadida para quienes llevan décadas clamando por justicia, verdad y reparación en medio de un silencio eclesiástico cómplice. Es un insulto a la inteligencia y a la empatía humana que se priorice el ataque a los derechos civiles de los vivos antes que la asunción de responsabilidades y el perdón real a las víctimas infantiles rotas por miembros de su propia institución. Con esta postura, la Iglesia no solo da la espalda a una España plural, diversa y laica que ya no le pertenece, sino que demuestra que su verdadera prioridad sigue siendo la influencia política y el control ideológico, blindando sus propios altares antes que reparar el dolor de los inocentes.
Ante los ataques dogmáticos vertidos en la sede de la soberanía popular, se hace imprescindible articular una defensa firme de la Ley del Aborto y de la Ley de la Eutanasia, despojando estas realidades de la distorsión ideológica y devolviéndolas al terreno que les corresponde: el de la salud pública, la dignidad humana y los derechos fundamentales.
Para responder a esta ofensiva eclesiástica, es necesario estructurar la defensa de nuestras leyes civiles desmontando, paso a paso, los pilares de la retórica integrista:
-El primer error de la postura papal radica en pretender elevar un precepto moral particular a la categoría de norma jurídica universal para un Estado aconfesional. El aborto y la eutanasia no son obligaciones, sino opciones reguladas. Ninguna mujer es obligada a abortar, ni ningún enfermo terminal es forzado a solicitar la prestación de ayuda para morir. Lo que las leyes garantizan es el derecho a elegir en situaciones de extrema vulnerabilidad. Descalificar estas normas como «ataques a la vida» es un ejercicio de reduccionismo ideológico que ignora el pluralismo democrático. En una sociedad libre, la fe de unos no puede convertirse en el código penal de todos.
-Frente al relato de la culpabilización y el pecado, la interrupción voluntaria del embarazo y la muerte digna deben abordarse desde la óptica de la salud y la justicia social. Históricamente, la ilegalidad del aborto nunca impidió que se practicase; solo empujó a las mujeres —especialmente a las de menor renta— a la clandestinidad, la insalubridad y el riesgo de muerte. Regular el aborto es garantizar que la salud reproductiva sea segura, universal y respaldada por el sistema médico público. Del mismo modo, la eutanasia responde a una necesidad sanitaria de alivio ante sufrimientos intolerables y padecimientos crónicos e irreversibles, humanizando el final de la vida bajo estrictos protocolos médicos y científicos, lejos de los ensañamientos terapéuticos fundamentados en el dogma del sufrimiento redentor.
-El ataque de la Iglesia al derecho al aborto es, en el fondo, un cuestionamiento a la plena ciudadanía de las mujeres y a su capacidad de decisión moral. Tratar el embrión como un sujeto jurídico con derechos superiores a los de la propia mujer gestante es una postura que busca perpetuar el control patriarcal sobre los cuerpos femeninos. La ley actual reconoce que las mujeres son sujetos de derecho plenamente autónomos para decidir sobre su maternidad, sus proyectos de vida y su salud corporal, una conquista democrática irreversible frente a las imposiciones de un clero tradicionalmente masculino.
-La libertad humana no está completa si no se extiende al último capítulo de nuestra existencia. El ataque del Papa a la eutanasia apela a una supuesta «sacralidad de la vida» que obliga al individuo a prolongar su agonía de forma artificial o dolorosa. Sin embargo, la legislación española sitúa la dignidad y la autonomía de la persona en el centro. Tener derecho a una muerte digna es la máxima expresión del respeto a la biografía de un ser humano, permitiendo que sea el propio individuo quien decida cuándo el dolor ha despojado a su existencia de las condiciones mínimas que la hacían valiosa para sí mismo.
Tenemos que unir filas en la lucha contra los ataques que los sectores reaccionarios del país, parapetados tras las palabras papales, empezaran a plantear. Las leyes del aborto y la eutanasia no debilitan a la sociedad; la hacen más justa, compasiva y madura. El verdadero peligro para la convivencia no radica en el reconocimiento de nuevos derechos civiles, sino en el intento de las jerarquías religiosas de socavar las instituciones democráticas para imponer su agenda moral. España es un país laico donde la legitimidad de las leyes emana del Parlamento, no del Vaticano, y la defensa de estas normas es la defensa de la democracia misma frente al integrismo religioso.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.