20 de abril del 2011, sexto aniversario de la Rebelión de los Forajidos con la que terminó el gobierno de Lucio Gutiérrez por «meter la mano a la Justicia» La injerencia de los poderes políticos y económicos ha sido la norma en la justicia ecuatoriana. Los diversos gobiernos de la oligarquía, en contubernio con la […]
La injerencia de los poderes políticos y económicos ha sido la norma en la justicia ecuatoriana. Los diversos gobiernos de la oligarquía, en contubernio con la partidocracia, han controlado la función judicial. En contra de esa realidad, aún no superada, el pueblo ha luchado incansablemente. Como muestra recordemos la «rebelión de los forajidos» del año 2005, cuando el pueblo, particularmente en Quito, se movilizó en contra del coronel Gutiérrez que atropelló burdamente la justicia.
El presidente Rafael Correa, con otros métodos a los utilizados por Lucio Gutiérrez o León Febres Cordero, pero con iguales resultados, quiere «meter la mano en la justicia». Al pretender configurar un Consejo de la Judicatura de Transición (pregunta 4), armado con representantes de las otras funciones del Estado, se desconoce lo aprobado en la Constitución de Montecristi. Y con eso se afecta la independencia de la justicia, tal como dispone la Constitución en su artículo 168,1: «Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.»
La independencia interna significa que los jueces y juezas actúen sin presiones de otros jueces o juezas, u órganos internos de la Función Judicial. La independencia externa significa que otras funciones del Estado u otros poderes fácticos, no incidan en las decisiones de los jueces. Ambas garantías se pierden con la propuesta del gobierno. Si el Consejo de la Judicatura , que es el órgano que administra la función judicial y tiene el poder disciplinario interno, estaría conformado por un representante del gobierno, nada raro que los juicios contra personas del gobierno salgan a su favor o se sancione disciplinariamente al juzgador que resuelve en contra de los intereses del gobierno. La presencia directa de la Función Ejecutiva rompe el principio de independencia interna y externa. Igual cosa sucede con la influencia de la Función Legislativa.
Además, se traiciona este principio fundamental de la propia «revolución ciudadana», formulado en el año 2006 cuando se impulsó la candidatura presidencial de Rafael Correa, ratificado el 15 de noviembre del 2010 en la primera convención nacional de Alianza País.
Esto se complica aún más con la conformación del Consejo de la Judicatura definitivo (pregunta 5), en el que intervendrían el Ejecutivo, el Legislativo, la Defensoría Pública , la Fiscalía e inclusive la Corte Nacional de Justicia. Esta composición contradice el mandato constitucional del artículo 232, que establece que «no podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan.»
Si se aprueba la consulta, no habrá forma de controlar los abusos de poder cometidos por las cabezas de los órganos jurisdiccionales. El modelo de Montecristi, para garantizar la independencia externa de la función judicial, privó de competencias a la Asamblea Nacional para enjuiciar políticamente a las cabezas de los órganos judiciales, bajo el supuesto de que el Consejo de la Judicatura podía corregir y sancionar sus actuaciones fuera del marco de la ley. Por su parte, la Constitución prevé el juicio político al Consejo de la Judicatura si es que no cumple sus funciones. Con la propuesta del gobierno resulta que ahora los órganos jurisdiccionales estarían sujetos (indirectamente) a juicio político. Es decir, el fiscal general, el defensor público, la Corte Nacional de Justicia están expuestos a sufrir presiones de la Asamblea Nacional. Y de esta manera se corre el riesgo de que la justicia siga siendo una herramienta de la política, en lugar de que la política esté sometida a los vínculos normativos de la Constitución de Montecristi.
Con este atropello a la Constitución , además, se reducen las atribuciones del poder popular, es decir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como los derechos de la misma ciudadanía a participar en la conformación del Consejo de la Judicatura y en la misma selección de los jueces.
Por eso las preguntas cuatro y cinco, con las que Correa quiere «meter la mano en la justicia«, deben ser rechazadas, pues tampoco resolverán la situación de injusticia en los tribunales de justicia. Será imposible transformar estructuralmente la justicia en 18 meses y, con seguridad, concluido el actual gobierno, vendrá otro empeñado en cambiar «las cortes de Correa». La imparcialidad en los juzgados seguirá siendo una quimera. Con lo que continuará presente la inseguridad jurídica, base de la inseguridad ciudadana.
La alternativa no es mantener la actual situación de injusticia en la justicia. Esta no puede seguir siendo botín político y puerta de escape para la impunidad, así como tampoco una herramienta de dominación y explotación. La hoja de ruta para cambiar la justicia, construyendo su independencia desde sus cimientos, está claramente establecida en la Constitución de Montecristi y en el mismo Código Orgánico de la Función Judicial. Esto conduce a aplicar un plan de modernización estratégica de la justicia, que contemple un manejo renovador del talento humano, la cristalización de una verdadera carrera judicial, la incorporación de nuevas tecnologías, la dotación de infraestructura y equipamiento suficientes, y sobre todo el amplio y equitativo acceso a la justicia para toda la ciudadanía.
En síntesis hay que cumplir lo que aprobó el pueblo ecuatoriano en el referéndum del 28 de septiembre del 2008 y no tratar de engañarle diciendo que lo que dispone la carta magna en el ámbito de la función judicial es inaplicable. Lo cierto es que no se ha querido cumplir con lo que allí se dispone y tampoco ha existido el liderazgo para impulsar las transformaciones que la justicia demanda.
Es indispensable cambiar la justicia, pero NO metiéndole la mano como pretende el presidente Correa. El pueblo ganará sustantivamente votando NO, pues se tendrá que cumplir con lo que dispone la Constitución de Montecristi.-