Carmen Hertz, y Alfonso Insunza, abogados de derechos humanos, fueron los primeros en solicitar la designación de un ministro de fuero por cohecho, malversación de caudales públicos y exacciones ilegales, al conocerse el informe del Senado norteamericano sobre las cuentas de Pinochet en el Banco Riggs y su patrimonio estimado en cien millones de dólares. […]
Carmen Hertz, y Alfonso Insunza, abogados de derechos humanos, fueron los primeros en solicitar la designación de un ministro de fuero por cohecho, malversación de caudales públicos y exacciones ilegales, al conocerse el informe del Senado norteamericano sobre las cuentas de Pinochet en el Banco Riggs y su patrimonio estimado en cien millones de dólares. Ese fue sólo el inicio de una ‘operación pinza’ que dejó al ex general y sus partidarios atrapados en la defensa de su bolsillo y haberes. El Consejo de Defensa del Estado interpuso en septiembre una querella en el mismo sentido, y luego el Servicio de Impuestos Internos lo hizo por delitos tributarios, extendiendo la demanda a todos los que resulten responsables.
En la investigación sobre las cuentas de Pinochet, el ministro de fuero Sergio Muñoz ya ha interrogado al ex dictador, y a varios miembros de su entorno militar y civil, entre ellos el general (r) Guillermo Garín, vocero de Pinochet. También ha vinculado al abogado Axel Bucheister, socio minoritario de la empresa de papel Belview, con sede en las Islas Vírgenes – del desaforado ex dictador- e integrante de la entidad lavinista «Libertad y Desarrollo». Bucheister es además el experto en materias tributarias de ese centro de pensamiento de la UDI. Se sabe que el ministro de fuero analizará las cuentas que Pinochet tenía en el Riggs Bank el con ayuda del informe realizado por la Brigada de Lavado de Activos del Consejo de Defensa del Estado. Fuentes del Servicio de Impuestos Internos adelantaron al periódico electrónico «El Mostrador», que Augusto Pinochet defraudó al Fisco en dos mil 193 millones de pesos, al omitir sus operaciones financieras en el extranjero en sus declaraciones anuales de Renta.
Para los grandes grupos económicos, se encienden luces de alarma. La evasión tributaria ha sido por décadas una de sus fuentes de enriquecimiento ilícito. Nadie sabe hasta dónde puede llegar el juez Muñoz ni las derivaciones o ramificaciones de los delitos perpetrados con el apoyo del Banco Riggs.
Por su parte, el juez español Baltasar Garzón amplió la querella presentada contra Augusto Pinochet por terrorismo, genocidio y tortura a los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, extendiéndola a su esposa, Lucía Iriart; al abogado chileno Oscar Custodio Aitken Lavanchy, «cerebro» financiero del ex dictador; y a los miembros del consejo de administración del banco Riggs, los estadounidenses Joseph L. Allbritton, Robert L. Allbritton, Steven B.P. Pheiffer, Carol Thompson y Ashley Lee.
(Fin de recuadro introductorio)
Conversando con Punto Final, luego de formalizar la querella el 1° de octubre, Carmen Hertz afirmó: «Hacemos votos porque el Consejo de Defensa del Estado mantenga su posición y no se repita lo de los ‘pinocheques’. No sabemos qué puede pasar ante la presión de los poderes fácticos que todo Chile conoce. Nosotros con Alfonso Insunza somos dos abogados de derechos humanos, y no obedecemos a razones de Estado sino a razones éticas. Por tanto sostendremos esta querella hasta el fin. Estos son delitos de acción pública porque el interés del conjunto de la sociedad está comprometido.»
¿Cree que Pinochet, hasta ahora impune por todos sus crímenes puede ser efectivamente castigado por estos delitos que ahora sí están logrando avergonzar a sus partidarios?
«A pesar de ser Pinochet un cadáver político y una ruina moral, hay aún sectores que quieren garantizarle la impunidad. El se va a esconder como un cobarde en las llagas de su senilidad y sus supuestas dolencias. Jamás ha enfrentado responsabilidades de ningún tipo y tampoco lo hará con sus robos y enriquecimiento ilícito. Hay que agregar que también debe responder su mujer, porque las cuentas son bititulares y ambos son mandatarios de las empresas de fachada. Y también deben hacerlo todos los que con ellos resultaren responsables de esos delitos. El blindaje de protección de Pinochet fue horadado por primera vez con la detención en Londres. Pero de todas maneras hay un límite. En el fondo, se le ha considerado ‘inimputable’ por ser diabético. El Cabro Carrera -traficante de droga- también lo era. Pero Pinochet es el único viejo con diabetes que pudo escapar a la acción de la justicia. Porque los accidentes vasculares que le provocan la demencia senil invocada como causal para no ser juzgado, se producen a causa de la diabetes. En la historia procesal chilena, Pinochet es también el único procesado por crímenes que no fue prontuariado, no hay otro caso de un reo sin filiación.»
¿Cuáles son los delitos que se van a investigar?
«Hay algunos delitos que están a la vista, y que son los depósitos por ocho millones de dólares entregados estando vigente la orden de embargo dada por el juez Garzón en España. El Banco Riggs ayudó a Pinochet a crear empresas de papel en un momento en que él estaba detenido y sus bienes embargados.
Estos hechos lesionaron intereses de tres Estados: España, donde se desarrollaba un juicio entablado por familiares de víctimas, cuyos intereses civiles se lesionaron con ello; Estados Unidos, que prohibe a los bancos vulnerar las normas establecidas en ese sentido, y Chile. Hay mucha información pública respecto de la adquisición dolosa de bienes inmuebles, las inmobiliarias castrenses y toda una trama que recién comienza a develarse. Estos son los delitos que se ven, pero sin duda hay otros. El Senado norteamericano reprocha al Banco Riggs no haber revelado en el formulario exigido legalmente, que el dueño de la empresa de papel Ashburton era un ex jefe de Estado, y no haber mencionado la controversia existente sobre el origen de su riqueza, en relación a tráfico de drogas, corrupción y venta de armas. Al mismo tiempo, el Senado de Estados Unidos cuestiona al Riggs por haber ocultado que su cliente (Pinochet) estaba procesado por crímenes contra la humanidad. Entonces, no sólo estamos hablando de delitos relacionados con los fondos públicos, hay cosas más complejas que eso, relacionadas, por ejemplo con la venta de armas. Este tipo de operaciones se hacen de manera de no dejar huellas; recordemos episodios oscuros, como el asesinato en 1992 del ex jefe de FAMAE, coronel Gerardo Huber, involucrado en el envío ilegal de armas a Croacia».
¿Qué posibilidades hay de llegar al fondo en esta investigación?
«Hemos pedido diligencias generales y más adelante pediremos acceso al sumario que en esta etapa es secreto. En general, sabemos que no existe una actividad dinámica y de cooperación actual de los institutos fiscalizadores y del Consejo de Defensa del Estado y tampoco cooperación a nivel de todas las instancias judiciales internas. El juez Muñoz necesita lo anterior para llevar adelante su acción. Tiene que apoyarse necesariamente, por ejemplo, en la Unidad de Lavado de Activos que tiene el Consejo de Defensa del Estado; en el Ministerio de Hacienda y en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Ellos están obligados a cooperar, tanto por las normas de derecho interno, como por su propia naturaleza. Sin esa cooperación no se podría desentrañar la trama de la que estamos hablando».
¿Qué dedicación real puede darle el Ministro Muñoz a este caso?
«El juez ya está cerrando el caso Spiniak; tiene algunos casos de derechos humanos, pero de ninguna manera está con una sobrecarga de trabajo como se argumentó en un momento para sacarlo de la tarea. La verdadera razón era evitar que fuera él quien investigara el caso».
¿Qué puede decirnos sobre el origen del patrimonio de Pinochet, estimado por el Banco Riggs en más de cien millones de dólares?
«Las versiones dadas por el entorno de Pinochet son contradictorias e increíbles. De acuerdo a la versión familiar, su patrimonio, estimado por el Banco Riggs en cien millones de dólares, correspondería a los ahorros de toda una vida. Recordemos que él ejercía de facto un cargo público y antes del 73, legalmente fue comandante en jefe.
Antes, el año 2000, el abogado Pablo Rodríguez sostuvo que Pinochet no tenía cuentas en el exterior. Posteriormente se afirmó que esos fondos correspondían a donaciones hechas antes del plebiscito, en previsión a que los resultados lo desfavorecieran. Me pregunto si puede ser sostenible que un jefe de Estado reciba donaciones de extranjeros sin que ello signifique corrupción. Tampoco un comandante en jefe puede hacerlo. Eso evidencia la concepción de estos grupos sobre la corrupción, ya que consideran legítimo recibir ‘donaciones».
¿Y qué le parece la explicación de Oscar Custodio Aitken sobre el origen de la fortuna del dictador?
«El operador y albacea Aitken expresó que esa suma provenía de los intereses de una cuenta de 200.000 dólares con un interés especial, otorgado sólo para él. Ello equivaldría a una tasa del 30% sostenida año tras año. Pinochet sería así un genial mago de las finanzas, que además no compartió su suerte con nadie. Era como tener un banco propio en Marte. Es otra versión imposible de creer.
Este tipo de ‘explicaciones’ grotescas sólo puede explicarse porque creen que tienen impunidad. Tenemos la convicción de que Pinochet se enriqueció a costa de los dineros fiscales y de actividades ilícitas que esperan ser investigadas, de carácter muy turbio y en cuya investigación hay que estar muy atentos, pues se corren peligros».
LAS VOLTERETAS DEL CDE
¿Hay un fundamento en el derecho internacional en la querella?
«Desde luego. Chile es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de 1998. En ella, los Estados partes se comprometen a perseguir los actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, definido como las situaciones en que un funcionario de gobierno sale de sus funciones con un patrimonio excedido. Los ahorros de Pinochet exceden largamente lo que pudiera haber ahorrado un empleado del Estado, en Chile.»
¿Qué nos puede decir sobre el cambio de posición del Consejo de Defensa del Estado respecto de la amnistía?
«Es escandaloso vestirse con ropaje de los querellantes, para tomar en el estrado la defensa de los querellados. El Consejo de Defensa del Estado debe cambiar de parte en estos procesos, ya que no es garantía de nada.
Pretende que el Estado chileno está al margen de las obligaciones contraídas a nivel internacional y no da cuenta que se trata de crímenes de lesa humanidad.
Esto provoca un efecto desmoralizador y devastador en la sociedad chilena, al buscar la impunidad y genera un efecto catastrófico para el conjunto de la sociedad chilena y no sólo para los familiares afectados. Es una señal muy negativa hacia los tribunales de justicia, que por razones de economía procesal dejarán de investigar los crímenes puesto que no tiene sentido investigar lo que luego hay que amnistiar. El ‘sentido común’ invocado por el Consejo de Estado para rechazar la figura del secuestro permanente en el caso de los desaparecidos, y sostener que se trata de homicidios, no es una realidad procesal. Esa figura procesal es lo que permitió tipificar el delito, porque Chile no ha promulgado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, y es el único país latinoamericano que no la tiene tipificada como delito.»