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Campesinos e indígenas continúan en la lucha para que la multinacional pague 9.500 millones de dólares

Chevron contra la Amazonía ecuatoriana, tres años después de una histórica sentencia

Fuentes: Rebelión

Hace tres años, el 14 de febrero de 2011, 30.000 indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana lograron una sentencia histórica contra Chevron. Ese día, el entonces presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, dictó sentencia contra la transnacional por los daños ocasionados en las provincias de Orellana y Sucumbíos, al norte de […]

Hace tres años, el 14 de febrero de 2011, 30.000 indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana lograron una sentencia histórica contra Chevron. Ese día, el entonces presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, dictó sentencia contra la transnacional por los daños ocasionados en las provincias de Orellana y Sucumbíos, al norte de la Amazonía ecuatoriana. Después de diferentes recursos planteados por la empresa, la Corte Nacional de Justicia ratificó el 12 de noviembre de 2013 la sentencia inicial -los daños ocasionados por la empresa y su consiguiente responsabilidad- al tiempo que le obligó a pagar 9.500 millones de dólares.

La trascendencia del caso no se limita a Ecuador. Se considera este juicio como el más relevante del planeta en materia ambiental por diferentes motivos: los daños ocasionados por la multinacional; el monto de la sentencia y además la demora del juicio (17 años de litigio previo a la sentencia). El asunto tiene además enorme peso simbólico, al representar el enfrentamiento entre comunidades indígenas y de colonos, y uno de los grandes poderes económicos a escala global.

Durante un mes, Donald Moncayo (miembro del directorio Unión de Afectados y Afectadas por Texaco, además de habitante del campo Lago Agrio, uno de los primeros pozos explotados por la compañía); y Pablo Fajardo, procurador común en el juicio seguido contra la multinacional, realizan una gira por Francia, Bélgica, Suecia, Italia y Gran Bretaña para apoyar la Red Europea de Solidaridad con los y las afectadas de Chevron-Texaco. En el estado español, han impartido una conferencia en la sede de EUPV-IU en Valencia.

La página Web «Texacotoxico.org» sintetiza los principales impactos ambientales de la multinacional en la Amazonía ecuatoriana. Se contaminaron 480.000 hectáreas de territorio selvático; se arrojaron 60.000 millones de litros de agua tóxica hacia los esteros y ríos; 650.000 barriles de crudo vertidos; se construyeron más de 880 fosas o piscinas sin ningún tipo de recubrimiento ni aislante, donde se pudieran alojar vertidos de crudo y desechos. A los daños ambientales cabe agregar el impacto de las enfermedades relacionadas con la contaminación; la violación de los derechos humanos y colectivos, por el desplazamiento de las cinco nacionalidades indígenas que habitan en la zona, y la desaparición de los pueblos Sansahuari y Tetete; o la improductividad de la tierra. También se ha constatado la muerte de animales de corral y la afectación a la flora y fauna originaria, una de las fuentes de sustento de las poblaciones.

Donald Moncayo nació en 1973 a 200 metros del segundo pozo perforado por la Texaco (compañía que actualmente forma parte de Chevron) en la Amazonía ecuatoriana. Es hijo de colonos. Recuerda la llegada de la transnacional en 1964 y la perforación del primer pozo (Lago 1) el 16 de febrero de 1967. «Derribaron para ello diez hectáreas de bosque de selva primaria, porque se trataba de un pozo sin acceso vial. ¿El objetivo? Beneficiar a unos pocos y perjudicar a muchísimos», relata. La empresa continuó con las perforaciones, 356 pozos. «En mi comunidad perforaron 14; veíamos cómo construían unos huecos en la tierra sin ningún recubrimiento, donde arrojaban los lodos que salían de las perforaciones».

Explica el activista que se utilizaban grandes cantidades de agua y se realizaban las denominadas «pruebas» para averiguar el número de barriles de petróleo que podían extraerse de cada pozo. Se implantaron «piscinas» de tres metros, con un entubado por el que se realizaban las evacuaciones hacia ríos y esteros. Como consecuencia de estas actividades, «hay numerosos ríos contaminados; además, en muchos lugares no se dispone de agua potable». Donald Moncayo asocia estos recuerdos a la infancia, cuando le enseñaron que para poderse bañar en los ríos, que siempre pasaban llenos de petróleo, «nos teníamos que poner antes jabón en las manos y cruzar una caña o árbol para que el petróleo no traspasara». También recuerda petroleada la carretera de 700 metros que separaba su casa de la escuela; y cómo la ropa asemejaba de camuflaje por las manchas de crudo. «Llegábamos a pensar que la vida es así». Hasta que salió por primera vez de Santo Domingo. «Así era la vida a la que nos sometía Texaco».

El abogado Pablo Fajardo señala las diferencias entre los perjuicios ambientales producidos por Chevron en Ecuador y los de accidentes (aunque seguramente evitables) como el del «Prestige» o el «Exxon Valdez». En el caso de Chevron, «se trata de una operación sistemática diseñada por la empresa con el objeto de incrementar sus ganancias, reduciendo la inversión». La empresa se defiende con que ha utilizado en todo momento las tecnologías disponibles para frenar los impactos sobre el medio natural. Pablo Fajardo lo niega: «Chevron operaba en otros países -como Estados Unidos- y durante los mismos años con tecnologías distintas a las empleadas en Ecuador». Cita el caso de un libro publicado por el Instituto Americano del Petróleo, en 1962, en el que se incluye un capítulo de 30 páginas con instrucciones sobre cómo operar produciendo los mínimos impactos ambientales. El capítulo fue redactado por técnicos de Texaco y las técnicas nunca se utilizaron en Ecuador.

El procurador en el juicio seguido contra la transnacional señala asimismo el «racismo» de ésta. Asegura que, en pleno litigio, los abogados de la compañía «han llegado a decir sobre los casos de cáncer (por ejemplo, de útero o estómago) que las mujeres no aseaban su cuerpo antes de dormir o que las relaciones sexuales se mantenían sin adoptar precauciones». Es decir, acusaban a las víctimas de sus males. «Hay historias desgarradoras de cómo se humillaba a los pueblos indígenas, de cómo se invadía su territorio y se les sigue considerando no-humanos». Los letrados de Chevron, asegura Pablo Fajardo, entienden la Amazonía como un área de la industria del petróleo. «Omiten que los indígenas vivían en estas tierras muchos siglos antes de que Texaco llegara a trabajar allí».

La batalla judicial comenzó en Nueva York el 3 de noviembre de 1993. Han pasado más de dos décadas. «Hemos avanzado mucho y sentado un precedente en el mundo, pero falta hacer efectivo ese precedente y que Chevron pague por su crimen», subraya el procurador. La primera parte del proceso tuvo lugar en Estados Unidos, pero la multinacional pidió a los jueces estadounidenses que remitieran el caso a los tribunales de Ecuador. Alegaba la compañía que la justicia norteamericana no era competente en el caso, y subrayaba además la probidad y transparencia de los jueces de aquel país. Relata Pablo Fajardo que en 1999 Chevron llegó incluso a suscribir un documento en el que se comprometía a respetar la resolución que pudiera adoptar la justicia ecuatoriana. Los jueces de Nueva York aceptaron finalmente el traslado de la causa. Cuando en 1993 comenzó el juicio en Ecuador, el primer argumento de Chevron fue que las Cortes (tribunales) de este país no reunían las competencias para el procedimiento. «¿Dónde diablos quieren ser juzgados entonces», se pregunta Pablo Fajardo. «En ninguna parte, pretenden que el crimen quede en la eterna impunidad».

Chevron ha desarrollado a lo largo de los años, como respuesta al juicio y a la condena, una campaña de ataques al estado ecuatoriano para castigarle económica y comercialmente. Con el fin de convencer al gobierno de Estados Unidos de que no suscriba acuerdos comerciales con Ecuador, la compañía se ha gastado más de 70 millones de dólares en actuar como grupo de presión, informa Pablo Fajardo. También inició la transnacional una campaña de desprestigio internacional contra el sistema judicial ecuatoriano. Se viene a decir, por ejemplo, que las Cortes de Ecuador son las más corruptas y politizadas del mundo. «Y tiene la multinacional tanto poder que logra influir en numerosas instituciones gubernamentales de Estados Unidos y organismos internacionales».

Pero, a pesar de las campañas de desprestigio, «hemos ganado el juicio en tres instancias diferentes en Ecuador», resalta el letrado. Sin embargo, continúan el asedio. Denuncia ataques de Chevron a las personas, «a quienes estamos en el proceso». Persecuciones, amenazas y decenas de acciones judiciales (al menos 25 en Estados Unidos) contra las víctimas y contra quienes plantan cara a la multinacional. «Nos acusan de todo: terrorismo, extorsión e incluso hacen uso de unas leyes que se crearon para perseguir a mafiosos». Chevron no ha escatimado recursos para desarrollar su propaganda «negra». La compañía ha contratado al menos a 2.000 abogados (y un centenar de bufetes) en Estados Unidos y América Latina. El gasto de Chevron para defenderse en este juicio podría superar los 1.300 millones de dólares, apunta Pablo Fajardo. Frente a este despliegue de medios y recursos, un equipo de cinco abogados ecuatorianos.

«David» contra «Goliat» es una metáfora tópica y que en este litigio se ha utilizado de manera recurrente. Uno de los bandos posee el poder, la fuerza y el dinero, algo que no admite discusión. Chevron, la segunda petrolera estadounidense, obtiene beneficios netos anuales por encima de los 20.000 millones de dólares. Campesinos e indígenas cuentan con una sentencia a su favor, pero con muchas barreras para que se aplique de facto. «Chevron vendió todo lo que tenía en Ecuador con lo que podíamos cobrar y hacer efectiva la sentencia; únicamente encontramos una cuenta con 352 dólares; por eso nos vimos obligados a recurrir a Cortes judiciales donde la compañía posee activos, como Canadá, Brasil o Argentina», explica el abogado.

Para evitar la acción de la justicia, Chevron oculta sus empresas subsidiarias en otros países, denuncia Fajardo. También soborna a gobiernos, añade. Y explica la peripecia argentina: «Logramos activar un embargo en este país, de modo que de cada 100 dólares que debía ingresar Chevron por la producción de petróleo en Argentina, 40 tenían que destinarse a la cuenta especial a nombre de las víctimas en Ecuador; la reacción de la empresa fue dirigirse tanto al gobierno argentino como a YPF y proponerles inversiones a cambio de ayudas para levantar el embargo; finalmente, las presiones del gobierno, la procuradoría y Chevron doblegaron a la Corte Suprema argentina, que el 4 de junio de 2013 el embargo; un mes después el gerente de Chevron se desplazó a Argentina para suscribir un contrato de inversiones en este país». Conclusión: «el chantaje surtió efecto».

Hace aproximadamente un mes y medio, explica Fajardo, ejecutivos de Chevron viajaron a Venezuela para formularle a Nicolás Maduro una suculenta propuesta de inversión en PDVSA (la petrolera estatal venezolana). La única condición que se planteaba era que el presidente Maduro hablara con Correa para que clausurara la campaña «Las manos sucias de Chevron» (impulsada por el gobierno de Ecuador para contrarrestar las agresiones de la compañía) y cerrara el caso. Conclusión: la transnacional trata de sobornar gobiernos. Pero no es una maniobra nueva, ya que, afirma el letrado ecuatoriano, «en Estados Unidos para otorgar sostén jurídico a sus demandas han sobornado a científicos, abogados e inversores». Ante esta realidad y desequilibrio en la correlación de fuerzas, «apelamos a la solidaridad internacional», remata el letrado.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.