La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) cuestionó la publicación de la nómina de 580 personas detenidas desaparecidas elaborada por el ex director de la disuelta DINA general (r) Manuel Contreras. Según indicó la agrupación esta «forma parte de un montaje comunicacional cuyo fin persigue el ocultamiento del verdadero destino […]
La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) cuestionó la publicación de la nómina de 580 personas detenidas desaparecidas elaborada por el ex director de la disuelta DINA general (r) Manuel Contreras.
Según indicó la agrupación esta «forma parte de un montaje comunicacional cuyo fin persigue el ocultamiento del verdadero destino final de los detenidos desaparecidos y de quiénes son los sujetos que los hicieron desaparecer, es decir, los responsables del crimen internacional de desaparición forzada o secuestro calificado, tal y como acertadamente han sabido definirlo algunos jueces y ministros».
Aseguraron que esta es la tercera vez que se da este tipo de «burla». «Debemos recordar que en 1975 se publicaron las listas de 119 personas detenidas desaparecidas supuestamente muertas por sus propios compañeros. Más tarde, en el año 2001 se publicó la nómina de 200 personas en el Informe de la Mesa de Diálogo con nuevas informaciones falsas sobre destino final».
Indicaron que Manuel Contreras permanentemente «ha eludido su responsabilidad en el desaparecimiento y ejecución de personas, mintiendo a los familiares de las víctimas, a la sociedad chilena y a los propios tribunales de justicia sobre el destino final. Recurriendo una y otra vez al poder que le da el tener en sus manos esa información, la adultera con el fin de manipular a la opinión pública».
Afirmaron que de 1974 a 1978 los agentes de la DINA en Chile secuestraron, incomunicaron, torturaron, e hicieron desaparecer a 514 personas. En la actualidad, existen a lo menos 370 agentes represivos que deben enfrentar juicios por este crimen de lesa humanidad. Todos ellos habrían actuado bajo la dirección de Contreras.
«Basta una revisión rápida de la nómina para darse cuenta de que existen falsedades sobre el destino final, publicadas por Contreras. Por ejemplo, Sergio Ruiz Lazo, detenido desaparecido en 1984, y los 5 detenidos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, detenidos desaparecidos desde 1987, figuran como muertos en «Cuesta Barriga, desenterrados por la CNI en enero 1979 y lanzados al mar». Más grave aún resulta el hecho de que Contreras indique, con respecto a la situación de las personas detenidas en Argentina y trasladadas a Santiago por sus propios agentes, que fueron «lanzados al Río de la Plata en tambor gasolinero con cemento», cuando existen muchos testigos sobrevivientes en Chile que han mantenido una versión contraria ante los propios tribunales de justicia.
El Codepu explicó que Contreras se refiere sobre Alvaro Vallejos Villagrán, detenido en 1974 por la DINA. «Gracias a la declaración de un ex agente de la DINA, hoy día es una verdad judicial el hecho de que Álvaro fue brutalmente torturado, incomunicado en 4 Álamos y trasladado a Colonia Dignidad, desde donde se le pierde el rastro. Usando perversas tácticas comunicacionales, lo hace figurar como detenido en 1976 que «emigró a Canadá», desconociendo lo establecido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación».
En este contexto, hicieron un llamado a que los tribunales de justicia asuman, como un deber básico en la búsqueda de la verdad, la tarea de incautar el material que supuestamente sirvió de base para este documento, a fin de que extraigan del mismo la información que han buscado durante estos años. Al mismo tiempo, «rogamos que juzguen y castiguen al responsable de esta macabra y perversa maniobra que sólo causa más dolor entre los familiares de los 1.200 detenidos desaparecidos por la dictadura chilena, que por ende afecta al país entero, pretendiendo sólo ocultar los crímenes y mantener la impunidad».