Como es sabido, el pasado año la 60 Comisión de Derechos Humanos de Ginebra aprobó por un solo voto una resolución de condena a Cuba presentada por Honduras, pero redactada por Estados Unidos. ¿Cómo la mayor potencia del mundo gestionó los apoyos a esa resolución? Analizarlo puede ayudar a entender el funcionamiento de la Comisión […]
Como es sabido, el pasado año la 60 Comisión de Derechos Humanos de Ginebra aprobó por un solo voto una resolución de condena a Cuba presentada por Honduras, pero redactada por Estados Unidos. ¿Cómo la mayor potencia del mundo gestionó los apoyos a esa resolución? Analizarlo puede ayudar a entender el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos y las claves de esas negociaciones.
En su pretensión de imponer ese proyecto de resolución contra Cuba a cualquier coste, los representantes, formales o informarles, de EEUU acudieron a todo tipo de amenazas y presiones hacia los países que integraban la Comisión.
A varios centroamericanos les recordaron que podrían hacer regresar a cientos de miles de sus emigrados que trabajan en Estados Unidos y poner fin al envío de remesas familiares a sus países de origen.
A algunos países africanos se les amenazó con privarles de los beneficios de la Ley para el Crecimiento y las Oportunidades de Africa (AGOA), norma estadounidense que establece facilidades para el acceso de algunas exportaciones africanas al mercado norteamericano.
A otros países de varias regiones se les pretendió intimidar, sometiéndolos a un típico cuadro de chantaje. Se les dijo que su rechazo al proyecto anticubano, podría hacer realidad la posibilidad que fueran ellos mismos objeto de un proyecto condenatorio. El gobierno imperial llegó a prometer para aquellos que se plegaran a su demanda anticubana, el ejercicio de «buenos oficios» desestimulando cualquier iniciativa dirigida a condenar al país en cuestión, conociendo que estas maniobras condenatorias siempre son iniciadas en la Comisión en virtud de intereses de potencias industrializadas.
A varios países de diferentes regiones se les solicitó el voto anticubano o al menos la abstención, a cambio de no bloquear algún préstamo del Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos tiene de facto el derecho de veto.
El 14 de abril de 2004, el subsecretario de Estado, Roger Noriega, confirmó que la Casa Blanca había mantenido contactos con países de América Latina y Europa solicitando el apoyo al proyecto anticubano. Dijo que incluso el propio presidente Bush estaría encargándose en forma personal del tema a través de llamadas telefónicas y señaló como ejemplo la conversación sostenida con el presidente Fox, según desveló un teletipo de la agencia DPA.
El secretario asistente para organismos internacionales en el Departamento de Estado, Kim Holmes, dijo públicamente que Estados Unidos estaba batallando arduamente, realizando gestiones con varios países para que apoyaran el proyecto anticubano.
El portavoz del Departamento de Estado confirmó por su parte, que el presidente, el Secretario de Estado y otros funcionarios del Departamento de Estado, habían estado realizando llamadas telefónicas a los países miembros de la Comisión, identificando los intereses prioritarios de Estados Unidos con relación a las situaciones de derechos humanos e instando a que se votara en esa dirección
Algunas de las presiones fueron realizadas de modo tan escandaloso que trascendieron a la opinión pública. Uno de estos casos fue el de la República Dominicana bajo el gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía. Dicho presidente había comunicado a las autoridades cubanas que se abstendría en la votación del proyecto anticubano. Ese compromiso se mantuvo hasta el día 14 de abril en la tarde, cuando faltaban menos de 12 horas para el voto en Ginebra, en que sorpresivamente el gobierno cubano se enteró de que República Dominicana se sumaría al voto contra Cuba.
Hipólito Mejía expresó públicamente en Miami que había estado recibiendo llamadas de presión sobre el voto del proyecto anticubano en Ginebra del subsecretario de Estado norteamericano, Roger Noriega y del entonces enviado especial del presidente Bush para las Américas, el también anticubano Otto Reich.
En América Latina en particular, existe una clara correspondencia entre el grado de soberanía, dignidad y popularidad de un gobierno y las posibilidades de éxito de las presiones y chantajes de Washington para comprometer el apoyo o copatrocinio al proyecto anticubano.
Son los gobiernos de la región afectados por escándalos de corrupción, fraude y bajo nivel de apoyo social, aquellos que asumen una dependencia extrema de Washington en materia de asistencia financiera y de convalidación a la represión de sus sectores populares descontentos y que representan los intereses egoístas de las oligarquías-clientes del capital transnacional, los más propensos a plegarse a los dictados anticubanos de la superpotencia, en desprecio de la voluntad de sus respectivos pueblos.
La lista de «estadistas» serviles en la región, incluiría a personajes de la «talla política» de los ex presidentes Menem (convertido en multimillonario gracias al «honesto» desempeño de su alta investidura) y Batlle (el ex presidente uruguayo que concluyó su período de gobierno con el más bajo nivel de aceptación en la historia de su país y que extendió la impunidad a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas).
¿Quiénes fueron los hombres y mujeres encargados de ese trabajo sucio en los pasillos de las sede de las Naciones Unidas en Ginebra? Para asegurar la adopción del proyecto anticubano en Ginebra, la delegación gubernamental de Estados Unidos a la 60 Comisión de Derechos Huamnos fue «reforzada» con personal de larga experiencia en la ejecución de la política de hostilidad anticubana y en el uso del garrote contra gobiernos del Sur, entre ellos Frank Almaguer, de origen cubano.
Almaguer sirvió como Embajador de Washington en Tegucigalpa desde 1999 al año 2002. Anteriormente, había cumplido otras tareas de injerencia e intervencionismo en Centroamérica y otros países de América Latina, desarrollando sus misiones tras la fachada «humanitaria» de los llamados Cuerpos de Paz y de la USAID.
Nunca antes había sido tan claro el compromiso de una administración norteamericana con los elementos más reaccionarios y agresivos de los grupos violentos armados de Miami. Quizás el ejemplo más escandaloso fue la acreditación por Washington como miembro de su delegación al 60 período de sesiones del la Comisión al ciudadano de origen cubano, Luis Zúñiga Rey.
Zúñiga Rey fue detenido en agosto de 1974 y sancionado por los tribunales al ingresar ilegalmente en Cuba procedente de Estados Unidos, cargado de explosivos y armas, como parte de un operativo de la CIA que llevaría a cabo varias acciones terroristas. A su liberación y retorno a Estados Unidos, como responsable del aparato de acciones paramilitares de la Fundación Nacional Cubano Americana, se involucró en la organización y el financiamiento de atentados con bombas en los años noventa contra hoteles de La Habana y en otras acciones terroristas contra hospitales cubanos.
El informe del Relator Especial sobre el uso de mercenarios al 56 período de sesiones de la CDH, reveló que Zúñiga Rey reclutó al ciudadano guatemalteco Percy Francisco Alvarado Godoy, para realizar estudios sobre puntos vulnerables y susceptibles de atentados terroristas en Cuba, tales como hoteles, termoeléctricas y refinerías de petróleo.
Zúñiga Rey intervino en los debates del 60 período de sesiones de la CDH, nada menos que utilizando el escaño del país que se dice comprometido y promotor del combate al terrorismo.
Los grupos violentos de origen cubano asentados en Estados Unidos, en colaboración con la administración Bush que los cobija y aúpa, movió las cuerdas de su telaraña de influencias para sumar al espectáculo de la farsa anticubana en Ginebra a congresistas norteamericanos beneficiados por sus «generosas» contribuciones financieras.
Por los pasillos y salas de Ginebra anduvo negociando también apoyos al proyecto anticubano y amenazando con represalias a los que no lo hicieran, Chris Smith, congresista republicano por Nueva Jersey, estado que junto a Florida cobijan a grupos armados de origen cubano como Alpha 66 y Comandos L. Smith contó con el apoyo de la señora Poblete, asistente de la congresista de origen cubano Ileana Ross-Lehtinen, quien jugó un papel destacado en el secuestro del niño cubano Elián González y conocida por su activismo para recrudecer el bloqueo contra el pueblo cubano.
Por tanto, la votación de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra del pasado año fue el resultado de presiones y chantajes a países del Tercer Mundo, cuyos gobiernos venden su legitimidad a Estados Unidos a costa de Cuba. Todo ello delegado por el gobierno norteamericano a personas fuertemente vinculadas a acciones armadas contra Cuba. Cualquier parecido con los derechos humanos y su defensa es una ironía.