En 2012 las comunidades en el país fueron protagonistas de la defensa de sus territorios, formas de vida y recursos naturales, ante la imposición de proyectos industriales contaminantes y el saqueo de los bienes comunes de la nación. La digna resistencia y movilización social permitieron alcanzar triunfos ciudadanos, como la revocación de los permisos ambientales […]
En 2012 las comunidades en el país fueron protagonistas de la defensa de sus territorios, formas de vida y recursos naturales, ante la imposición de proyectos industriales contaminantes y el saqueo de los bienes comunes de la nación. La digna resistencia y movilización social permitieron alcanzar triunfos ciudadanos, como la revocación de los permisos ambientales a la termoeléctrica Castilla, el desistimiento del proyecto minero para extraer oro en Carahue, y el cierre de la megaplanta criadora de cerdos del holding Agrosuper, en Freirina, Valle del Huasco.
En Freirina, un pueblo de cinco mil habitantes, ni la represión de la policía militarizada, ni las tergiversaciones y montajes, ni el poder económico de Agrosuper, el mayor productor de carnes de Chile, -que contrató los servicios del lobbista Eugenio Tironi para lavar su imagen, confundir a la opinión pública y dividir a la comunidad-, pudieron parar el movimiento social que se articuló en el Valle del Huasco. El insoportable olor a fecas de cerdo que emana de la planta de Agrosuper, que ha perturbado la vida de los habitantes del Valle del desierto florido, tiene fecha de término.
El 28 de febrero es el plazo para poner candado a la contaminante planta de Agrosuper, según el último plan de cierre presentado por la empresa de Gonzalo Vial a las autoridades sanitarias. «Un triunfo comunitario, que logró el despertar de un pueblo sumergido en un sueño profundo», declara Andrea Cisterna, vocera del Movimiento «Freirina Consciente». Según el plan, después del cierre de la planta se procederá al sellado y clausura de las fosas, y se deberá reducir el volumen de las lagunas en las que se trataban los purines. El vaciado total de las lagunas de la planta se extenderá hasta el 30 de junio de este año. Estas fosas operan sobre las napas subterráneas que abastecen de agua a las comunas de Freirina y Huasco, por lo tanto la comunidad exige el retiro de ellas.
MOVIMIENTO SOCIAL CONTRA
LA INJUSTICIA AMBIENTAL
Con la movilización social en rechazo a la faenadora de cerdos se logró cristalizar una alianza de diversas organizaciones de las comunas de la provincia del Huasco, en la Región de Atacama, altamente industrializada y saturada de termoeléctricas a carbón, empresas mineras y otras industrias contaminantes. Las comunas de Vallenar y Alto del Carmen llevan muchos años organizadas en defensa del agua y en rechazo al proyecto minero Pascua Lama, y en Huasco, iniciaron una fuerte oposición al proyecto termoeléctrico Punta Alcalde, de Endesa. En 2012 se unieron las luchas y surgió el Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, que hoy demanda la expulsión de Agrosuper, se opone a la instalación de Punta Alcalde y cualquier otra termoeléctrica en la costa de Atacama, y exige el cierre de la cuenca del río Huasco. En definitiva, terminar con el abuso de los recursos hídricos.
HISTORIA DE LA LUCHA
POR EL TERRITORIO
En 2006 se aprobó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y las autoridades de la época visitaron y valoraron el proyecto de Agrosuper. Los 500 millones de dólares de inversión, la apuesta por la exportación alimenticia y los más de 2.500 puestos de trabajo que generaría la planta en Freirina, entusiasmaban al gobierno de Ricardo Lagos. Pero ya en 2009 el pueblo se movilizaba para evitar que doce camiones diarios pasaran, de ida y vuelta, por el pueblo hacia la planta. Se organizaron y presionaron por la construcción de un bypass .
En 2011 empezó a operar la factoría, y en septiembre de ese año comienzan los reclamos y denuncias de los vecinos ante la autoridad sanitaria por los olores. La oposición se fortalece a fines de abril de 2012 y se transforma en un levantamiento social. Los vecinos de Freirina bloquean la ruta de acceso a la comuna en busca de soluciones, con la advertencia que «si la intendenta no cierra Agrosuper, el pueblo la cerrará». La acción coordinada de corte de ruta genera impacto al impedir el normal funcionamiento de las industrias nacionales y transnacionales de la zona. «El gobierno nos empujó a tomar esta medida de presión. Desde septiembre de 2012 estuvimos intentando dialogar con las autoridades. Denunciamos responsablemente ante las instancias gubernamentales las irregularidades de Agrosuper, y el gobierno nunca se abrió a dialogar con la comunidad».
Las manifestaciones lograron que las autoridades tomaran medidas por la emergencia sanitaria en que se convirtió la planta faenadora de cerdos. El 22 de mayo, el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria para la zona, producto del tratamiento de los desechos que generaron malos olores y la mortandad de cientos de chanchos. En seis meses, Agrosuper debía trasladar los animales hacia mataderos de la zona sur del país y cerrar la planta. Cumplido el plazo, el 25 de noviembre, 200 mil cerdos seguían hacinados en las instalaciones, en medio de las graves denuncias de que el agua que consumen los animales está saturada de mercurio en 1.760% por sobre la norma. Anteriormente, el 10 de noviembre, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama aprobó por unanimidad modificaciones a la RCA del proyecto de Agrosuper de 2006. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) introdujo modificaciones y limitaciones a la empresa, como una manera de blanquear la situación irregular en que venía funcionando y la Seremi de la Región de Atacama, Lilian Sandoval, levantó la prohibición de funcionamiento de la faenadora. Por su parte el 3 de diciembre, de forma unánime, el Comité de Ministros aprobó la puesta en marcha de la termoeléctrica Punta Alcalde en Huasco. Estas decisiones gubernamentales fueron consideradas atentatorias contra la comunidad del Valle del Huasco, y resurgió el movimiento social en medio del cambio de la autoridad municipal.
MOVILIZACION V/S REPRESION
En este contexto, se anunció una nueva etapa de la movilización social en el Valle del desierto florido: la desobediencia civil. «Ejerciendo el legítimo derecho a la defensa de la vida y al ejercicio directo de la soberanía que en nosotros radica, desde este momento tomamos en nuestras manos este territorio y la defensa activa de todos los derechos que nos pertenecen como seres humanos», dice la declaración pública leída por el vocero del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, Yahir Rojas Godoy (luego fue secuestrado y brutalmente agredido por «guardias de seguridad» de Agrosuper, en medio de las manifestaciones y cortes de ruta).
«Estos ‘guardias de seguridad’ son personal adiestrado y con experiencia represiva paramilitar contratado por Gonzalo Vial para proteger su millonaria inversión. Actuando coordinadamente, emboscaron a nuestra comunidad incurriendo en graves ilegalidades», denunció el movimiento. También la comunidad denunció el hostigamiento y la presencia provocadora de Carabineros y sus fuerzas especiales, quienes sitiaron la provincia del Huasco.
En 2012 el terrorismo de Estado fue la respuesta al alza de la protesta social, no sólo de los estudiantes y comunidades mapuches, también frente a las protestas regionales o locales de Arica, Calama, Aysén, Magallanes, los pobladores de Dichato o los habitantes de Freirina u otros movimientos sociales, como los pescadores artesanales en contra de la privatización del mar. En la medida que las movilizaciones ciudadanas crecen y cobran fuerza y mayor autonomía respecto de las direcciones políticas tradicionales, la represión estatal se acentúa, denuncian las organizaciones sociales, de medioambiente y derechos humanos.
Marta Cisterna, integrante de los Observadores de Derechos Humanos de la Casa de la Memoria José Domingo Cañas, afirma que «el gobierno busca generar temor en la población, inhibiendo y criminalizando la protesta social a través de la presencia policial. La ocupación por parte de Carabineros en Freirina fue muy similar a la represión ejercida en Aysén. Durante la noche irrumpieron en las poblaciones, ingresaron a las viviendas, dispararon, generando temor en la población, en los niños. Ante ello, la comunidad se organiza, se defiende, e instalan barricadas para impedir el ingreso de Carabineros. A Freirina mandaron un contingente de fuerzas especiales, como en Aysén, entrenados en la doctrina de la Escuela de las Américas. Fuerzas especiales es una rama que sabe torturar, que sabe golpear». La observadora asegura que «la coordinación entre guardias privados y Carabineros se ha dado en otros conflictos sociales, no sólo en territorio mapuche. También se aplicó en las manifestaciones de los estudiantes. Seguridad Ciudadana operaba con Carabineros en las protestas, y en los colegios contrataban guardias privados que estaban coludidos con Carabineros para reprimir a los estudiantes».
Andrea Cisterna, vocera del Movimiento «Freirina Consciente», afirmó que «el proceso de desobediencia civil sigue vigente. Nos mantenemos en estado de alerta y fiscalización del cumplimiento del plan de cierre de la empresa. Seguimos movilizados por la defensa de nuestro territorio y por el derecho constitucional a un medioambiente libre de contaminación. No hemos bajado los brazos, vamos a seguir trabajando, consolidándonos, para demostrarle a Chile que trabajando juntos podemos lograr cambios».
El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, asegura que «el Gobierno actuó con desidia extrema, con una falta de respeto muy grande hacia una comunidad informada y movilizada, y permitió que la empresa desplegara todas sus capacidades económicas en la zona para tratar de quebrar a la comunidad (…) Durante los meses que la planta estuvo cerrada, Agrosuper contrató los servicio de Gestión Social, empresa que Eugenio Tironi creó especialmente para el manejo de las relaciones comunitarias, para actuar directamente con la comunidad e inducir quiebres en su interior. El objetivo es detectar organizaciones o dirigentes que pudieran ser proclives a apoyar a Agrosuper y dotarlos de recursos y capacidades para que se transformen en focos internos de quiebre de la comunidad. Queda demostrado que el trabajo de estrategia comunicacional y de intervención en la comunidad de Freirina por parte de Tironi, ha sido un fracaso».
Con la estrategia de los operadores de la empresa Gestión Social de Tironi, el ex alcalde de Freirina, Roberto Bruzzone, de Renovación Nacional, que presta servicios de transporte a Agrosuper, realizó una consulta para hacer creer que la comunidad apoyaba el funcionamiento de la planta de cerdos, en la que votaron sólo 365 personas. El movimiento social hizo una consulta paralela con la participación de 1.080 personas, de las cuales 1.007 exigieron cerrar la planta.
DISCRIMINACION Y AGOTAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO
La planta de Agrosuper al momento de las denuncias por malos olores estaba funcionando con un 20% de la capacidad proyectada, que corresponde a unos 700 mil cerdos. Agrosuper pretendía albergar tres millones y medio de cerdos, en un complejo agroindustrial que contemplaba toda la línea de producción, desde la inseminación artificial de las reproductoras hasta el crecimiento y alimentación de los animales. Así lo afirma Lucio Cuenca, quien agrega que «con la planta en Freirina, Agrosuper duplicaba la producción de carne de cerdo a nivel nacional, llegando a 7,5 millones de toneladas». Una megaplanta criadora de cerdos de estas características requiere estar cercana a una infraestructura vial, a un puerto, por su carácter exportador, y acceder a los insumos necesarios, siendo vital el agua. Pero el Valle del Huasco es una zona semiárida que tiene una carga de consumo del recurso hídrico bastante fuerte por la agroindustria y la minería.
¿Por qué Agrosuper instala su negocio en una zona con la fragilidad hídrica del Valle del Huasco? Para el director del OLCA, «el factor es la supuesta tolerancia de la población de Freirina respecto de un proyecto de alto impacto ambiental. Por tanto, se actúa premeditadamente con un sesgo de discriminación. Se parte de la base que por las carencias de empleo, por la vulnerabilidad desde el punto de vista socioeconómico, la planta faenadora de cerdos no iba a tener ningún cuestionamiento de la población».
Publicado en «Punto Final», edición Nº 775, 25 de enero, 2013