El Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH, ha publicado algunas reflexiones (1) y presenta ahora algunas propuestas concretas para favorecer un dialogo social y político que permita salir de la estrechez del debate actual, que parece llevar a la toma de medidas que finalmente favorecen, consolidan y fomentan la excesiva privatización de la educación superior […]
El Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH, ha publicado algunas reflexiones (1) y presenta ahora algunas propuestas concretas para favorecer un dialogo social y político que permita salir de la estrechez del debate actual, que parece llevar a la toma de medidas que finalmente favorecen, consolidan y fomentan la excesiva privatización de la educación superior en nuestro país. Privatización que está resultando más cara y de menor calidad, que si las decisiones se encaminaran hacia fortalecer y ampliar la oferta pública gratuita de educación superior.
1. Consideramos imprescindible una apuesta explícita de políticas públicas que aumenten la oferta de Educación Pública Estatal en Educación Superior. Medidas como la creación de Institutos Politécnicos de Educación Superior Estatales (CFT e IP integrados) en cada una de las Regiones del país, así como la creación de Universidades Estatales en las Regiones donde no existen, creemos que van en la dirección correcta. Pero es insuficiente. Estas medidas pueden ser meramente anecdóticas ya que en conjunto apenas lograran que menos del 10 % de los estudiantes puedan acudir a instituciones estatales de educación superior.
Esto resulta contradictorio tanto con la responsabilidad del Estado de ofrecer oportunidades de educación gratuita de calidad, como con el supuesto principio de elección de los estudiantes; ya que las postulaciones de los estudiantes a las Universidades Públicas son varias veces superior a las plazas disponibles. Y como consecuencia el Estado está financiando con costos más elevados ofertas privadas de educación superior de menor calidad y que no son elegidas en primera instancia por los estudiantes.
De esta forma, se da la paradoja de que los estudiantes no pueden estudiar donde ellos quieren y deben estudiar «gratuitamente» en instituciones privadas de menor calidad y que son financiadas por el Estado a más alto coste que las públicas estatales. De donde se deduce que es a todas luces más justo y eficiente una inversión masiva en fortalecer, actualizar y expandir el Sistema Público de Universidades e Institutos Politécnicos Estatales, con prioridad en las Regiones en que está más debilitado y donde se necesita responder a las elecciones de los estudiantes.
2. Un fortalecimiento del Sistema Estatal debe articular sistémicamente varios aspectos:
a. Democratización de la gestión de las instituciones públicas con mayor participación efectiva de sus comunidades y los agentes sociales de sus ámbitos territoriales.
b. Un aumento significativo de la oferta de plazas, especialmente respondiendo a la demanda objetiva de las últimas décadas y, simultáneamente, a las necesidades estratégicas del desarrollo social y sustentable de cada ámbito regional.
c. Un financiamiento basal de la articulación sistémica (Creación por Ley de la Red de Universidades Estatales) de la oferta estatal en relación tanto a la docencia de pre y postgrado como de la investigación y la extensión o vinculación con el medio social específicos. Todo ello bajo un Proyecto Nacional de Desarrollo Humano y Sustentable que oriente la política pública más allá de los intereses individuales o de grupos, de carácter cortoplacista o meramente centrados en beneficios especulativos.
d. Fomentar el intercambio de académicos y estudiantes, así como articulación de capacidades y recursos para la investigación básica y aplicada en ciencias, humanidades, tecnologías y artes, entre las instituciones estatales.
e. Desarrollar una Carrera Académica y una Carrera Funcionaria de carácter nacional para las instituciones de educación superior del Estado.
3. Un modelo de acceso justo a la educación superior debe articular, al menos:
a. Un modelo de acceso a través de indicadores que aseguren el ingreso preferente a los estudiantes más capaces, sin sesgos de origen socio-económico, de género, regional, étnico o de diversidad de capacidades.
b. Un financiamiento de los estudiantes con más necesidades socio-económicas; pero considerando que prácticamente todos los estudiantes pertenecientes a los 9 deciles de ingresos más bajos requieren de apoyo financiero para poder financiar los aranceles; de ahí que un proceso hacia un horizonte de gratuidad universal es el más pertinente.
c. Las vías complementarias de acceso a los estudios superiores (programas y políticas de acción afirmativa) deben incorporar el financiamiento específico necesario (tanto a los estudiantes como a las instituciones), si no quieren fracasar y convertirse en obstáculos para la inclusión.
d. El financiamiento de la educación superior no puede reducirse a los gastos de matrícula y aranceles (gratuidad). Al menos el 70% de los estudiantes de los deciles de ingresos más bajos, requieren un apoyo explícito para gastos de alimentación y residencia, en condiciones que les permitan efectivamente sacar todo el provecho posible a la gratuidad de aranceles. No considerarlo mantendrá las altas tasas de abandono y por tanto un porcentaje significativo de gasto sin resultados.
e. Adicionalmente, al menos, los estudiantes del 40% de más bajos ingresos requieren becas/salario para realmente poder dedicarse al estudio en condiciones justas, al tiempo que apoyan a sus familias. Estas becas podrían estar condicionadas a resultados académicos.
4. Respecto a la calidad de las instituciones de educación superior:
a. Parece razonable que deba ser certificada o acreditada por un órgano público y no convertirse en un nuevo nicho de negocios que terminan favoreciendo la corrupción del sistema y su ineficiencia.
b. Es necesario que principalmente se refiera a una acreditación de la calidad global de cada institución de educación superior, trasladando al interno de las instituciones la responsabilidad de autoevaluación de sus propios programas académicos.
c. Es imprescindible un Marco Nacional de Títulos, Grados y Certificaciones de Estudios Superiores, así como su articulación interna para favorecer la educación continua.
d. Deben favorecerse, sin duda, los procesos de mejora sistémicos en las instituciones de educación superior, pero partiendo de una certificación de estándares de calidad exigentes, pertinentes y transparentes, de carácter obligatorio para todas las instituciones.
e. Un tema extremadamente delicado se refiere a los costos económicos y a la responsabilidad del Estado de cara a los estudiantes desahuciados/estafados, durante los «procesos de transición y de cierre» de instituciones privadas de educación superior de mala calidad y que además han estado lucrando en estos últimos 30 años. ¿Qué costos van a suponer para el Estado? ¿Qué costos ha tenido el cierre de la Universidad del Mar? ¿Qué costos tendrá el cierre de la Universidad ARCIS? ¿Cuántas instituciones más se sumaran en los próximos años a estos procesos? ¿Qué pasará con los estudiantes, los profesores y los trabajadores de estas instituciones? ¿Qué pasará con los activos y los edificios de estas instituciones? ¿Se acabarán socializando las pérdidas cuando se privatizaron las utilidades en este peculiar modelo chileno de educación superior que está operando con el apoyo del Estado? ¿No es más sensato, barato y de más calidad invertir cuanto antes en ampliar la oferta de plazas en las Instituciones de Educación Superior Estatales? ¿Qué intereses se ocultan tras esas otras políticas insensatas, más caras y de menor calidad?
Observatorio Chileno de Políticas Educativas, diciembre de 2016
1/ Para mayor detalle, ver documentos de OPECH sobre la caracterización del sistema de educación superior en «Los problemas y desafíos de la educación superior en el Chile neoliberal» (2016)y el «Análisis crítico del proyecto de ley de reforma a la educación superior en Chile» (2016)