Cuba podría disponer de un ecosistema de cooperativas que estimule la producción, respalde el desarrollo local y afiance la economía social y solidaria, a juzgar por recientes anuncios del gobierno que apuntan a incentivar estas formas productivas.
Aún se desconoce el alcance de la reforma del sector, pero ya se adelanta que cuanto más audaces y rápidas sean la medidas para fomentar nuevas cooperativas y sus alianzas, sobre todo orientadas a la producción de alimentos, mas significativos serán los beneficios para una ciudadanía con una insatisfecha demanda de bienes de consumo.
Este país insular caribeño gasta anualmente más de 2000 millones de dólares para adquirir 80 por ciento de sus alimentos en mercados internacionales, por lo cual mejorar su disponibilidad interna se considera un asunto de seguridad nacional.
Las cooperativas “generan fuentes de empleo, permiten diversificar la producción o los servicios, aumentan la productividad y competitividad, y ayudan a ‘oxigenar el sistema empresarial’”, consideró Natacha Mesa, profesora titular de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
Mesa valoró a IPS como positivo el impacto de estas formas productivas en el desarrollo territorial, y agregó que “sus efectos, en primera instancia, han de ser endógenos; es decir, percibidos en la localidad donde tienen ubicado su domicilio social”.
Cuba carece de una Ley General de Cooperativas, un reclamo de larga data para ordenar en un solo cuerpo jurídico lo relacionado con el sector.
El decreto-ley 365/2002 constituye el soporte legal para el ejercicio de las cooperativas agropecuarias, mientras el decreto-ley 305/2012 y otras normas regulan el funcionamiento con carácter experimental de las cooperativas no agropecuarias (CNA).
La Constitución reconoce la cooperativa como una de las formas de propiedad en este país de 11,2 millones de habitantes, en el cual la empresa estatal socialista es catalogada como el sujeto principal de la economía.
Asimismo, la conceptualización del modelo económico y social de desarrollo 2021-2026 las contempla como entidades económicas con personalidad jurídica de carácter empresarial.
Expertos resaltan la capacidad de estas formas de asociación voluntaria para ofrecer soluciones, a partir de materias primas y mano de obra en los territorios, con menos cantidad de recursos importados, ahorro y abaratamiento de costos.
Desde la década de los años 60 y hasta la de los 90, las autoridades cubanas priorizaron las cooperativas agrícolas, que hoy suman unas 4800 y reúnen a más de 447 000 cooperativistas, indican datos oficiales.
Según estadísticas, aportan más de 80 por ciento de la producción de origen vegetal, cerca de 40 por ciento de la cárnica y 70 por ciento de la láctea.
“Son una forma colectiva de gestión que ha demostrado éxitos… constituyen un baluarte de la producción nacional de alimentos; y la intercooperación entre ellas es determinante, aspecto no desarrollado a plenitud”, argumentó en diálogo con IPS el economista Armando Nova, profesor de la Universidad de La Habana.
En el caso de las CNA llegaron a constituirse más de 400, como parte de un experimento que inició en 2012, y lastrado en algunos casos por indisciplinas, transgresiones de la legalidad y de los principios cooperativos, así como deficiencias en los registros contables, entre otros factores, han reconocido autoridades.
Además, para autorizarlas en sectores como la construcción, el transporte, la gastronomía y la actividad contable, entre otros, se diseñaron procesos engorrosos y burocráticos; asimismo, se vulneró en muchos casos el principio de la voluntariedad para formar parte de ellas, observan investigadores.
Pese a tales deficiencias, el Consejo de Ministros las consideró viables, anunció el fin del experimento y dispuso autorizar nuevas entidades de una manera gradual en todos los sectores en los cuales ya funcionan, excepto las de la construcción.
La decisión comunicada el 2 de junio forma parte del denominado “perfeccionamiento de los actores de la economía cubana”, que mantiene pendiente para una fecha sin precisar, la emisión de normas jurídicas que pautarán el funcionamiento de las empresas estatales, cooperativas, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y el trabajo autónomo.
El día 21, la página de la Presidencia cubana informó sobre la necesidad de disolver o fusionar un grupo de cooperativas agropecuarias; crear un Instituto de fomento y desarrollo cooperativo, así como fortalecer el marco legislativo para el cooperativismo.
Ocurrió tras una reunión del presidente Miguel Díaz-Canel y otros miembros del gobierno con científicos y expertos en materia agropecuaria y producción de alimentos.
De acuerdo con el reporte, un estudio en el cual participaron 17 instituciones evidenció que dos tercios de las cooperativas agropecuarias presentan una situación económica desfavorable; otro grupo significativo usan la tierra ineficientemente o se encuentra mal insertadas en las cadenas productivas, lo cual les impide cerrar ciclos.
Además, se detectaron otros problemas como la subvaloración de la autonomía de las cooperativas; vacíos y contradicciones legislativas sobre sus interacciones con los actores económicos de su entorno; y la ausencia de programas de formación, desarrollo y educación cooperativa, señaló la fuente.
“Una solución real práctica es sustituir el actual modelo de gestión económico productivo por uno nuevo, desde el municipio hasta los niveles superiores, en busca de la autonomía que necesitan los productores, no solo los cooperativistas, y eliminar los intermediarios innecesarios”, argumentó Nova.
Economistas insisten desde hace años en la urgencia de liberar las fuerzas productivas y prescindir de mecanismos que, en la centralizada economía cubana, influyen en la pérdida de cosechas e incapacidad para manejar los excedentes provenientes del agro, procesarlos y preservarlos.
Además, abundó el experto, desde 2019 “se observa un aumento de la centralización y reducción de la autonomía de las cooperativas”, debido a normativas que refuerzan el control y dependencia a empresas estatales.
Las cooperativas cubanas tampoco escapan a la falta de piezas e insumos, limitaciones para las compras en un mercado mayorista y obstáculos financieros derivados del embargo –conocido internamente como bloqueo- vigente desde 1962 por el gobierno de Estados Unidos.
“En el contexto actual, considero que las condiciones son propicias para un florecimiento de las cooperativas”, argumentó Mesa, aunque, subrayó, resultará necesaria “una correcta aplicación de la ley para que logren ser efectivas”.
Tal despegue, enfatizó la especialista, “debe efectuarse en paralelo a la puesta en vigor de las mipymes (para que) las personas naturales cubanas, puedan elegir atendiendo a sus necesidades y a las características de su negocio, cuál es la forma jurídica organizativa idónea”.
Según lo anunciado, las autoridades también valoran al menos en el ámbito agrícola y de modo experimental, fomentar cooperativas de segundo grado, otra de las decisiones postergadas al menos desde hace un quinquenio.
Las cooperativas de segundo grado se constituyen a partir de varias cooperativas primarias con el objetivo de brindar servicios, colaborar con autoridades y organizaciones locales, así como atender necesidades de orden logístico, capacitación, comercialización u otras.
El Año internacional de las cooperativas, en 2012, resaltó el potencial de estas formas para reducir la pobreza, crear empleos, apoyar la integración social e impulsar el tránsito hacia una economía socialmente responsable, a partir de valores para la toma de decisiones como la democracia, autoayuda, equidad, igualdad y solidaridad.
En el caso cubano, el futuro marco legislativo tendría retos adicionales como la posibilidad de priorizar, o no, la comunicación de la identidad del cooperativismo, la enseñanza de sus principios en centros de estudio, incentivar la cultura cooperativa, además de otorgar posibles beneficios económicos y fiscales para aquellas que asuman prácticas agroecológicas, así como sociales y ambientalmente responsables.