El Gobierno viene implementando una política de ajuste desde el año 2017. La reducción del presupuesto de la salud pública ha sido de más de 300 millones de dólares, 34% en tres años. Esta fue la causa del desastroso manejo de la crisis sanitaria y de las miles de muertes sufridas por el pueblo ecuatoriano. No le mientan al país, el ajuste neoliberal no es a causa de la pandemia, es por la presión de las élites que aprovechan el escenario de confinamiento y deterioro económico para imponer las mismas medidas de ajuste que vienen impulsando hace años.
La CONAIE ante el tratamiento de las leyes de “Ordenamiento de las Finanzas Públicas y Ley Humanitaria”
D.M., Quito, 14 de mayo 2020
El ajuste neoliberal impulsado por las élites económicas del país se viene dando desde hace varios años en el Ecuador, los costos sociales no interesan para estos grupos económicos que solo buscan mantener su tasa de ganancia a cualquier costo, incluso sobre la vida. En octubre de 2019 el pueblo digno y luchador con el levantamiento indígena y popular logró frenar la arremetida neoliberal, sin embargo, ahora aprovechando la crisis sanitaria por COVID-19, no a causa de ella, se busca imponer una serie de golpes mortales a la economía de las clases populares y beneficiar a las élites empresariales y financieras.
El Gobierno venía con su política de ajuste desde el año 2017, la reducción en presupuesto de la salud pública ha sido de más de USD 300 millones, 34% en tres años, esto fue la causa del desastroso manejo de la crisis sanitaria y de las miles de muertes que sufrió el pueblo ecuatoriano; no le mientan al país, el ajuste neoliberal no es a causa de la pandemia, es por la presión de las élites que aprovechan el escenario de confinamiento y obvio deterioro económico para imponer las medidas de ajuste que han impulsado con insistencia. La mencionada política de ajuste económica es tan absurda que mientras condonaron USD 4.500 millones a los grandes grupos de poder (Egas, Eljuri, Lasso, Noboa) que concentran más de 500 empresas en el país y representan cerca del 44% del PIB con ganancias de cerca USD 103 mil millones, pretenden quitar subsidios y trasladar a los campesinos, indígenas y obreros el pago de la crisis. Ahora el gobierno pretende imponer las leyes de “Ordenamiento de las Finanzas Públicas y Ley Humanitaria”.
La llamada Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas es un requisito marcado por el FMI dentro del acuerdo pactado en marzo del año pasado para obtener un crédito por USD 4.200 millones de dólares, este proyecto fue ya rechazado por la Asamblea Nacional en noviembre del año pasado y ordenado su archivo (Ley de Crecimiento Económico), principalmente propone una reforma inconstitucional porque violenta el estatuto de autonomía que tienen las instituciones de la Seguridad Social, la banca pública y los GAD´s. Con respecto a la mal llamada “Ley Humanitaria” se pretende crear un impuesto al trabajo disfrazado de contribución, en la cual se pretende que la clase trabajadora contribuya con más del 60% del costo de la crisis y de la corrupción galopante que vive el Estado. Nuestra posición es clara, que la crisis la paguen los que más tienen, las 500 mayores empresas del país, urge una redistribución de la riqueza para sacar al país adelante.
Con esto llamamos al bloque del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-MUPP, así como a los asambleístas de otras bancadas que se identifican con la lucha popular y el respeto a los derechos laborales de los ecuatorianos, a mantener una posición firme en la Asamblea Nacional, ser consecuentes con la lucha de los pueblos, con las vidas que se perdieron en octubre y rechazar toda la arremetida neoliberal contra el pueblo, instamos a que su voto sea un NO contundente a estas leyes perversas y estar siempre del lado de los pueblos indígenas, campesinos y obreros.
Por el Consejo de Gobierno, Jaime Vargas, Presidente de la CONAIE