La ministra en visita para causas por violación a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González Quiroz, condenó a cuatro altos oficiales en retiro del ejército por los homicidios calificados de doce dirigentes y militantes del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario, MCR, en octubre de 1973 en Valdivia, luego […]
La ministra en visita para causas por violación a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González Quiroz, condenó a cuatro altos oficiales en retiro del ejército por los homicidios calificados de doce dirigentes y militantes del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario, MCR, en octubre de 1973 en Valdivia, luego de ser sometidos a un supuesto consejo de guerra del cual no existen pruebas ni antecedentes que acrediten su validez legal.
Los condenados -Pedro Espinoza Bravo, como autor, a 18 años de cárcel; Juan Chiminelli Fullerton, autor, a 14 años de presidio y, Carlos López Tapia y Humberto Guerra Jorquera, cómplices, a 12 años- integraron la denominada Caravana de la Muerte que encabezó el fallecido general Sergio Arellano Stark, por mandato del dictador Augusto Pinochet, para ejecutar sumariamente a más de setenta prisioneros en diversas ciudades del norte, centro y sur del país, a pocas semanas del golpe militar de 1973.
La mayoría de las víctimas de estos fusilamientos ilegales perpetrados el 3 y 4 de octubre en Valdivia eran dirigentes y obreros forestales del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, militantes del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario, MCR, que intentaron oponerse al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Dos de ellos eran los principales dirigentes del MIR en Valdivia. (Ver recuadro).
La resolución de la ministra González estableció que los hechos «tuvieron lugar, (probablemente) como consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto consejo de guerra, cuya materialidad no ha sido comprobada con certeza, al no haber podido quedar establecido, de manera cierta, clara y precisa, que haya existido efectivamente tal consejo de guerra en que se habría procesado a las víctimas de esta causa, en el cual se habría emitido una sentencia condenatoria a esta extrema sanción. A dicho efecto, no hay actas, no existen indicios de tales tribunales, así como tampoco ha podido quedar legalmente establecido que se haya dictado alguna sentencia con ocasión de dichos consejos de guerra. Sólo hay referencias vagas, imprecisas, fotocopias acompañadas con listado de supuestas causas, carentes de la certeza jurídica que se requiere y se necesita para tener legalmente por establecidos la existencia del juicio y de la sentencia que se echa en menos.
(…) como resultado de lo anteriormente expuesto y lo razonado, sólo es posible concluir que ha quedado establecido, sin duda alguna, que los hechos que han sido descritos, esto es, las muertes de las ya mencionadas personas, carecen de cualquier sustento legal, tornándose por ende en ilícitos, específicamente, aquéllos por los cuales se investigó, procesó y se acusó, y de esta manera entonces, configuran los delitos de homicidios calificados…», añade la sentencia.
SUEÑOS TRUNCADOS
Uno de los ejecutados -Gregorio José Liendo, conocido como «El comandante Pepe»-, era el máximo dirigente del MIR y del MCR en la zona precordillerana de Valdivia que albergaba al Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, de más de 400 mil hectáreas, donde el gobierno de la Unidad Popular pretendía levantar un polo de desarrollo industrial que se transformara, junto al cobre, en uno de los principales productores de divisas para el país. El complejo se formó a partir de fines de 1970, cuando los obreros y campesinos empezaron a ocupar los predios de la zona y a cimentar las bases del complejo que en 1973, antes del golpe militar, reunía a cerca de 24 fundos expropiados y daba trabajo a más de tres mil personas.
En marzo de 1971 el ingeniero forestal Rodrigo Undurraga Cruzat asumió como interventor de los predios y el 17 de octubre de ese año se formalizó el complejo, dependiendo de la Corfo. Los fundos expropiados se dividieron en cinco áreas. En la cordillera, al norte de Panguipulli, se situó el sector número uno, integrado por los predios Trafún (más de 22 mil Has.), Paimún (4.130 Has.) y Carranco (28 mil Has). En el sector número dos se integraron los predios de Pirehueico (16.886 Has.), Neltume (8.403 Has.), Pilmaiquén (58.831 Has.) y Huilo Huilo. En el sector tres quedaron los fundos de la ribera del lago Panguipulli: Releco, Puñir, Toledo y Paillahuinte. En el sector cuatro se ubicaron los fundos de Quechumalal, Chan Chan, Enco y Mae. Finalmente, al sur de la zona, se emplazaron los fundos Arquilhue (36.562 Has.), Maihue (14.074 Has.), Carrán, Huinahue (420 Has.), Rupumeika (3.000 Has.) y Tralún Sur (12.500 Has.).
El complejo tenía 3.600 trabajadores y la administración estaba en Huilo Huilo. Existía un Consejo de Administración, formado por cinco personas: dos consejeros de gobierno y tres consejeros elegidos a través de listas de partidos políticos. Cada predio tenía un jefe designado por los trabajadores. Contaba con una flota de camiones y jeeps de origen rumano. Para la estiba lacustre había vapores, barcazas y una lancha rápida para las urgencias.
Las comunicaciones funcionaban con radiotransmisores, semejantes a los usados por Carabineros en aquellos años. Con ellos se mantenía contacto con los predios y con las oficinas del Complejo en Panguipulli, Valdivia, Concepción y Santiago. Los requerimientos energéticos de las faenas eran satisfechos por pequeñas plantas de energía eléctrica instaladas en caídas de agua, además de grupos electrógenos y locomóviles.
Toda la infraestructura que montó Corfo sirvió para producir en cada temporada unas 60 mil pulgadas de madera por predio; es decir, más de un millón de pulgadas en todo el complejo. Pero, no sólo se producía madera; también la agricultura era muy importante. En el año 1972, sólo en el predio Arquilhue, se cosecharon ocho mil quintales de trigo y nueve mil de avena. Había, además, producción de leche, de miel y crianza de ganado vacuno.
En pocos meses el complejo empezó a elevar rápidamente el nivel de vida de los trabajadores madereros y agrícolas. Muchos habitantes de la zona, alejada de los centros urbanos, conocieron las radios, el tren, nuevos alimentos y víveres, mejores casas y consultorios de salud. Cada uno de los predios tuvo su propia escuela, donde en horario vespertino los trabajadores y sus familias concurrían a terminar sus estudios básicos y aprender oficios diversos. Cada cierto tiempo llegaba personal de Chile Films a proyectarles noticieros, documentales y películas.
Al hacer el balance del primer año de funcionamiento del complejo, Lautaro Hodges Soto, gobernador del Departamento de Panguipulli, en su «Memoria Anual, período 1970- 1971», escribió: «Durante el año el complejo ha ido afiatando su organización, administración y formas internas de trabajo. Esto ha permitido que se haya seguido produciendo, en base a elementos con que contaba cada predio al momento de expropiarse (…) En este año la marcha general del complejo se estaba afinando y sus diversas actividades entraban a canales normales de tranquilidad en lo sindical y laboral. En lo laboral se duplicó la cantidad de obreros, dando trabajo estable a cerca de mil cesantes, por la desocupación o disminución de las faenas de los mismos fundos expropiados. De esos nuevos trabajadores había un buen porcentaje de indígenas de comunidades adyacentes, a las que de paso se les restituyó tierras usurpadas por los particulares, propietarios de los fundos que hoy ocupa el complejo».
Hodges agrega: «Al finalizar el año 1971 se hizo volteo de árboles por cinco millones de pulgadas y se construyeron una infinidad de caminos para el madereo. Se exportaron miles de pulgadas de maderas a Argentina y Cuba».
En sus Memorias del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli , Segundo Benavente Flandez, cuenta: «Toda la belleza de la región, con lagos como el Pirehueico, Panguipulli, Pullinque, Calafquén, Pellaifa, Neltume, Riñihue, Maihue y las cascadas del Huilo Huilo, mostraba la armonía del bienestar social, formando un paisaje de gente feliz. Por esa razón, los compañeros salieron a defender sus logros con todo lo que tenían. El miedo de revivir un pasado de explotación y humillaciones, se hizo presente el 11 de septiembre de 1973».
Ese día el desarrollo del complejo se interrumpió violentamente. En la represión hubo tres momentos culminantes: la ejecución de los prisioneros de Neltume, en Valdivia; la masacre de 17 campesinos en las termas de Chihuío y el asesinato sobre el río Toltén, a la entrada de Villarrica, de otros quince prisioneros.
LA MANO DEL YERNO
A fines de septiembre del 73 la dictadura designó al coronel René López García para realizar una evaluación del complejo. El informe, titulado «Breve Síntesis del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli Ltda. (Cofomap)» está fechado en Valdivia el 8 de enero de 1974. En lo relacionado a las tres metas básicas que se había propuesto la administración del Cofomap para su primera etapa el informe del coronel René López concluye:
«1. El complejo Forestal y Maderero Panguipulli, fuente de riquezas de recursos renovables, debe continuar en manos del Estado, por las posibilidades económicas y sociales que representa para el país y para la región.
2. El Estado es la única entidad que garantiza y permite responsablemente las mejores condiciones y posibilidades en su manejo científico y racional, para que esta riqueza sea permanente.
3. Se hace especial hincapié en estas conclusiones que las perspectivas de nuevas industrias o inversiones afines, no pueden cambiar en lo inmediato la política de Unidad Económica en manos del Estado».
La dictadura no respetó la evaluación que hizo el coronel López García. Muy por el contrario. Los fundos que constituían una de las mayores unidades productivas del país fueron transferidos a la Conaf, instancia que pasó a depender de Corfo. Bajo esa figura legal el 95% de las tierras quedaron en manos de Corfo y de su gerente, Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, actual propietario de la minera no metálica SQM, quien empezó a licitar las tierras y los bienes que eran patrimonio del Estado. De los múltiples remates, ventas directas y licitaciones no hay registros conocidos.
Los fundos que conformaban el complejo maderero pertenecen en la actualidad a empresarios que controlan a varios de los grupos económicos más importantes del país o a sociedades que explotan los rubros forestal, agrícola, ganadero y turístico. Una visión somera de la propiedad de esos predios en los últimos años es la siguiente:
-Los fundos Trafún, Curaco, Mirador, Vista Hermosa y otros, pertenecen a la Sociedad Las Vertientes S.A., bajo el control del holding Algeciras, dirigido por Eduardo Elberg.
-Los fundos Neltume, Carranco y Huilo Huilo son propiedad de la Forestal Neltume Carranco S.A., que es controlada por el grupo Themcorp, encabezado por Víctor Petermann.
-Los fundos Puñir, Quechumalal, Enco, Chan Chan y Huilo, están en manos de la familia Luksic.
-El fundo Pilmaiquén, es propiedad de la Carsol Fruit.
-El fundo Releco es de la Sociedad Forestal del Lago Ltda.
-El fundo Paillahuinte lo controla la sociedad Agrícola, Forestal y Ganadera Paillahuinte Ltda.
-El fundo Arquilhue es de la Compañía Forestal y Minera Panguipulli S.A, vinculada a Taquihue S.A., que pertenecía a Jürgen Paulmann, fallecido en septiembre de 2014.
-El fundo Carrán pertenece a Carrán Ltda., empresa de aguas, energía, forestal, ganadera e inmobiliaria, cuyo gerente general es Alvaro Flaño.
-La península Kankahuasi, un apéndice del fundo Chan Chan, es de Wolf von Appen.
-El fundo Paimún es de Felipe Ibáñez, ex director de DyS.
-El fundo Pirihueico pertenece a la Agroforestal Pirihueco S.A.
-El fundo Maihue, de 1.500 Has., estaba en venta en diciembre de 2014
——————————-
RECUADRO
Los ejecutados
José Gregorio Liendo Vera : 28 años, casado, un hijo. Estudiante de cuarto año de agronomía. Militante del MIR. Detenido el 17 de septiembre en Neltume y fusilado -solo- el 3 de octubre de 1973 en Valdivia, en presencia del general Sergio Arellano.
Pedro Purísimo Barría Ordóñez : 23 años, soltero, MIR. Lugarteniente de José Liendo.
Luis Hernán Pezo Jara : 19 años, soltero, obrero maderero, MIR.
Santiago Segundo García Morales : 24 años, soltero, obrero maderero de ex IMASA. Militante del Frente de Trabajadores Revolucionarios, FTR.
Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz : 19 años, soltero, obrero maderero, FTR.
Sergio Jaime Bravo Aguilera : 24 años, casado, un hijo, obrero de ex IMASA, MCR.
Rudemir Saavedra Bahamondes : 29 años, casado, tres hijos. Jefe del aserradero de la sección Quebrada Honda, del predio Huilo Huilo, MIR.
Enrique del Carmen Guzmán Soto : 22 años, casado, tres hijos, obrero maderero, MCR.
Víctor Eugenio Rudolph Reyes : 27 años, casado, un hijo, empleado de ex IMASA, MIR.
Luis Mario Valenzuela Ferrada : 20 años, soltero, obrero de ex IMASA, MCR.
René José Barrientos Warner : 29 años, casado, un hijo. Estudiante de música, castellano y filosofía en la Universidad Austral, dirigente del MIR regional.
Fernando Krauss Iturra : 25 años, casado, una hija. Estudiaba castellano en la Universidad Austral, secretario regional del MIR.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 891, 22 de Diciembre 2017.