Los gobiernos de Alfonso Portillo (2000-2004) y Oscar Berger (2004-2008), aceptaron públicamente frente a organismos internacionales la existencia de poderes ocultos funcionando en las cloacas del Estado en Guatemala. Esa no era una simple aceptación de la existencia de mafias incrustadas en las estructuras del Estado guatemalteco, simple y llanamente, se reconocía ante la comunidad […]
Los gobiernos de Alfonso Portillo (2000-2004) y Oscar Berger (2004-2008), aceptaron públicamente frente a organismos internacionales la existencia de poderes ocultos funcionando en las cloacas del Estado en Guatemala. Esa no era una simple aceptación de la existencia de mafias incrustadas en las estructuras del Estado guatemalteco, simple y llanamente, se reconocía ante la comunidad internacional, la incapacidad existente para eliminar la impunidad del ejercicio del poder político heredada por la contrainsurgencia que controlara el poder después del derrocamiento en 1954 del gobierno constitucional de Jacobo Arbenz.
Aún después de firmados los Acuerdos de Paz que le pusieran fin a 36 años de guerra, esos cuerpos ilegales contrainsurgentes han seguido cooptando las instituciones públicas con tal de evitar los avances democráticos más allá de simples procesos electorales. Las organizaciones sociales pro-derechos humanos, así como los gobiernos señalados, solicitaron a la ONU su intervención para la creación de una comisión internacional que contribuyera a la investigación y eliminación de esos cuerpos ilegales. No obstante, luego de dos años de funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, los avances en el tema han sido lentos y la misma Comisión ha desviado sus investigaciones hacia ciertos personajes que solamente son la punta del iceberg, dejando intacto su control orgánico que funciona de forma oculta y paralela al Estado.
El Estado de Guatemala no es un Estado que signifique una amenaza terrorista para otros estados regionales o globales, más bien es un Estado débil y por ser débil se ha abusado de él. Desde su formación colonial, el estado guatemalteco ha sido de esos estados que han dejado de atender a importantes segmentos de la población e importantes extensiones del territorio nacional, no porque desconozca el espacio territorial que debe gobernar soberanamente, sino porque su carácter de instrumento ejerce en él una indeferencia social para atender las principales demandas de las clases sociales vulnerables: salud, educación, empleo, salario mínimo digno, programas efectivos de atención al adulto mayor, falta de programas de atención a jóvenes y niños, así como la promoción de generar un ingreso per cápita que democratice la renta nacional.
En el ambiente político nacional e internacional se ha iniciado a hablar de estados fallidos, tema que aún no preocupa a las ciencias sociales, siendo un tema más periodístico y geopolítico que de carácter académico, por ello es necesario preguntarse: ¿Partiendo de las características que le han dado a un Estado fallido, puede Guatemala considerarse como tal? ¿Acaso Guatemala no ha sido más un Estado delincuente que un Estado fallido? Aunque la respuesta a estas preguntas puede caracterizar a otros estados latinoamericanos, el análisis debe ser principalmente histórico-político, porque superando la ceguera de los chovinismos neoliberales, debe aceptarse la debilidad de las instituciones políticas en nuestras sociedades.
Características de un Estado fallido
Para quienes nos tocó vivir parte de la vida en medio de la llamada Guerra Fría, fuimos acostumbrados a escuchar en los radioperiódicos o leer en la prensa escrita, expresiones como: conflicto este-oeste, grupo de países no alineados, guerra de baja intensidad, eje soviético o Cortina de Hierro. Todos términos empleados desde la geopolítica occidental para hacer referencia a su lucha contra el comunismo y señalar a sus enemigos. Eran los años en que el fantasma del comunismo ya no recorría solamente Europa, sino desde los temores de las conciencias capitalistas ese eje del mal amenazaba con penetrar los límites del Meridiano de Greenwich. El planeta se había dividido en dos, los buenos y los malos, en tanto que en la periferia de la economía mundo se suscitaban conflictos locales que desgarraban a las sociedades con procedimientos violentos para aplacar al enemigo.
Fueron aquellos años también en que las diferencias y desigualdades entre países quedaron claramente definidas. Un centro pujante cada vez más industrializado frente a una periferia sumida en la miseria y el atraso, se dividió el mundo en países desarrollados y países subdesarrollados. Se nos dijo entonces desde el centro que nuestras economías debían transitar de esas economías primarias atrasadas basadas en la agricultura, hacia economías secundarias cuya base económica atendiera la diversidad agrícola e impulsara la sustitución de importaciones, para alcanzar por medio del ahorro de capitales economías terciarias basadas en la prestación de servicios: salud, educación, energía eléctrica y comunicaciones, habiendo logrado con ello la modernización y el desarrollo. (Marini: 1993)
No obstante, esa clasificación e idea elaborada para los países subdesarrollados de llegar al desarrollo vía la sustitución de importaciones, no era suficiente para justificar la penetración ideológica y la existencia de abultados ejércitos que sirvieran como baluarte en la lucha contra el comunismo. Era necesaria una clasificación diferente entre países para promover la ayuda humanitaria y detrás de ella la intervención político-militar.
Se estableció entonces una escala ideológica que escondía las contradicciones mismas de las sociedades capitalistas. Los países fueron clasificados entre países del primero, segundo y del tercer mundo. El primer mundo lo constituían las países capitalistas industrializados, el segundo mundo los países de la semiperiferia de la economía mundo insertados en la órbita comunista y, el tercer mundo todos aquellos países menesterosos necesitados de ayuda humanitaria. En ese sentido, fueron creadas organizaciones por parte de Estados Unidos que venían izando la bandera humanitaria con migajas que profundizaban la dependencia y el subdesarrollo, al mismo tiempo que servían de órganos de inteligencia para detectar cualquier descontento social que amenazara con convertirse en una sublevación social orientada al comunismo. Las acciones de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos se volvieron implacables con cualquier manifestación que implicara la penetración soviética en el hemisferio occidental.
En esa lucha anticomunista, los estados de la periferia fueron adoctrinados y entrenados en la guerra de guerrillas, así como en procedimientos de persecución en contra de los enemigos locales e internacionales. Eran estados fuertemente armados que en muchos de los casos combatieron a poblaciones civiles vulnerables: niños, ancianos y mujeres. Pero la asistencia militar corría más rápido que la asistencia humanitaria la cual casi nunca llegaba a los más necesitados. El objetivo no era eliminar la pobreza ni la miseria padecida por millones de seres a escala planetaria, el objetivo era la delimitación clara de los límites en los cuales el comunismo no tenía la posibilidad de recorrer. No importaba que los estados no atendieran las necesidades de la población a la cual se debían, lo importante fue la eliminación de sublevaciones sociales calificadas de comunistas. Entonces no eran estados fallidos o fracasados, fueron estados anticomunistas que libraron la guerra fría en la periferia, fueron estados terroristas contra sus propias sociedades.
Cuando se inician las revueltas obreras en Polonia en los inicios de la década de 1980, y los órganos de inteligencia de los países capitalistas anuncian un debilitamiento en el eje soviético, la geopolítica mundial inicia un giro hacia la derecha. El fantasma del comunismo, ese enemigo que atentara y compitiera con la Doctrina de Seguridad Nacional, debía ser reemplazado por otro ya fuera real o inventado. La expansión en la búsqueda de zonas de influencia, así como el criterio del destino manifiesto heredaron en el imaginario geopolítico de los Estados Unidos la creación de justificaciones para intervenir en los asuntos internos y quebrantar la soberanía nacional de los países débiles, países que nunca han significado amenaza alguna para la seguridad de ese país.
Noam Chomsky señala que al desaparecer la amenaza del comunismo, la administración Reagan argumentó que en la era moderna en la que nos encontramos han surgido nuevos enemigos, acuñando la expresión «Estados Terroristas» para referirse a aquellos estados considerados un peligro para la estabilidad de la geopolítica estadounidense, declarándole la guerra desde los inicios de ese gobierno al terrorismo. Su sucesor, Bill Clinton hizo referencia a los «Estados Villanos», argumentando que debía combatirse contra ese tipo de estados. Más recientemente, en la administración Bush, se ha hecho referencia a la existencia de «Estados Fallidos o Estados Fracasados». (Chomsky; Rebelión: 4/4/2006)
Para institucionalizar el término dentro de la geopolítica de los Estados Unidos, que permita justificar las intervención en los asuntos internos de los países pequeños, órganos como el think tank Fund for Peace y la Revista Foreing Policy han elaborado un inventario en el que señalan, según sus criterios, las características de un Estado Fallido: -Explosión demográfica, movimientos de refugiados y desplazados internos, descontento grupal y venganza, huida de la población por altos índices de violencia, inequidad social, crisis económica recurrente, deslegitimación del Estado, criminalización y falta de cobertura estatal. Al realizar una evaluación global partiendo de estos datos resultan ser algunos estados africanos los considerados como estados fallidos, aunque en la escala mundial algunos países del continente americano considerados peligro para los Estados Unidos son mal evaluados.
Pensar en un listado de características para definir, lo que se considera desde la Doctrina de Seguridad Nacional como estados fallidos, lleva implícito el hecho de negar las condiciones históricas que han provocado debilidad en los estados de la periferia. Dentro de la división internacional del trabajo la especialización del mismo permite la Ganancia Extraordinaria en los países centrales, en tanto que en la periferia la plusvalía, que beneficia la Ganancia Extraordinaria por medio del intercambio mercantil, se obtiene de la sobre explotación del trabajo semi-especializado. Esta distribución geográfica del trabajo implica al mismo tiempo dentro de la globalidad económica una diferenciación en el control del poder político, es decir, el control sobre el aparato del Estado a partir de la producción agrícola limita el surgimiento de regímenes políticos no democráticos. (Wallerstein; 2003: 121)
Aquellas sociedades en donde el desarrollo industrial es mínimo frente a la existencia de propiedades agrarias con remanentes feudales, no han logrado establecer un equilibrio de poderes en donde el aparato estatal se logre concebir como mediador entre los diferentes intereses sociales. En estas sociedades en donde la posesión desigual sobre la tierra implica un status frente a los demás, conlleva al mismo tiempo una desigualdad en la distribución de los elementos que permiten el control del poder político, es decir, la correlación existente entre la tenencia de la tierra y la administración del poder político es sumamente alta. Por ello, la violencia institucional juega un papel fundamental en las acciones correctivas empleadas por algunos grupos en el ejercicio del poder.
Por otra parte, los estados periféricos además de carecer de una estructura política democrática, por donde se analice, los hechos de violencia, el irrespeto a la legalidad, la existencia de estructuras paramilitares actuando a la sombra de estos estados han tenido una asesoría técnica de los aparatos de inteligencia de las sociedades occidentales, la Central de Inteligencia estadounidense (CIA) ha promovido el terrorismo planetario. Sus acciones marcaron las guerras locales en los tiempos de la Guerra Fría y las estrategias actuales en medio oriente, antes y después de la invasión en Irak. (Chomsky: 2006) De igual forma planifican acciones en la supuesta guerra que mantiene en contra del narcotráfico en sus zonas de influencia.
Partiendo de lo anterior, Noam Chomsky considera que los estados fallidos, son aquellos estados que no protegen a sus ciudadanos de la violencia, porque destacan otros aspectos considerados prioritarios para el interés de los grupos dominantes. Pero también pueden ubicarse, dentro del criterio de Chomsky, como estados fallidos aquellos estados que se encuentran al margen de la ley y que rompen con lo establecido por las normas del derecho internacional. Estos son estados que cuentan con el beneplácito de sus elites para salir del territorio nacional y afectar la soberanía nacional de otros estados. Principalmente los estados débiles que no pueden oponer ninguna resistencia a las agresiones militares de carácter imperial. (Chomsky; 2006: 38) Solamente la dirigencia de los estados derrotados en la guerra y los estados débiles son acusados por crímenes de guerra.
Insistamos, los criterios establecidos para caracterizar un Estado como Estado fallido obedecen a los intereses de la geopolítica que derivan de la Doctrina de Seguridad Nacional. Son características reales o inventadas para justificar la guerra contra el terrorismo, contra las drogas, o en última instancia para imponer la voluntad de estados imperiales, como Estados Unidos, sobre estados débiles. Debe entenderse que un Estado fuerte, en el sentido weberiano, es aquella «asociación política» que ejerce una «coacción física». Pero esa coacción no es únicamente el medio normal del Estado, pero si su medio específico. A diferencia de otras asociaciones, el Estado moderno «es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio… reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima.» Por tanto el Estado adquiere como asociación humana la fuente única del «derecho» de la coacción física. (Weber; 1998: 1056)
Esa coacción física que manifiesta legitimidad en el Estado como forma de relaciones de poder, no es una aplicación arbitraria o dictatorial por parte de quienes gobiernan o administran el Estado. Su aplicación obedece al establecimiento del conjunto de normas creadas por las asociaciones humanas en su interés por convivir bajo un orden político al interior de un territorio o entre otros estados. Pasar sobre esas normas, tanto los gobernantes como los gobernados, genera un retorno al estado salvaje, al estado natural de la condición humana. Pasar sobre las normas y las instituciones que limitan el abuso del Estado sobre la sociedad, implica una anarquía que promueve el abuso del poder en beneficio de una reducida elite, sea ésta económica o política.
Instrumentalización y criminalización del Estado guatemalteco
El Estado en Guatemala no se construye como eje articulador de los diferentes intereses nacionales, no es un instrumento de cohesión social que genere lealtades de pertenencia colectiva. Su concepción atávica de patrimonio lo instrumentaliza para mantener la idea de patria propiedad de los descendientes criollos, así como botín para tiranos y políticos como administradores de ese instrumento. Si bien el Estado guatemalteco se organiza con un conjunto de instituciones políticas que evidencian un Estado moderno, su función no se encamina hacia la mediación para atender el conflicto permanente entre las clases de poder y las clases subalternas.
Desde sus inicios como Estado republicano a partir de su independencia de la corona española, el Estado guatemalteco fue y ha sido un instrumento político orientado a la acumulación de la riqueza en beneficio de una reducida elite. Ha promovido entonces la concentración de bienes y ha generado el control social por medio del terror y la violencia para desarticular cualquier sublevación social ante tal concentración, ha sido por tanto un Estado, en el buen sentido liberal, gendarme. Dentro de esa función, la marginación y la exclusión de grandes extensiones territoriales, así como de miles de guatemaltecos ha sido una constante como política desde el Estado, políticas que han sido dirigidas por constantes dictaduras encabezadas por caudillos que ocuparon siete décadas del siglo XIX, y casi la primera mitad del siglo XX.
En 1944, al mismo tiempo que sonaban las trompetas de las libertades democráticas y la libre autodeterminación de los pueblos por parte de los aliados en contra del nazismo alemán y el fascismo italiano, una revuelta cívico-militar deponía la última de las dictaduras encabezada por uno de los caudillos del liberalismo-cafetalero. El 20 de octubre de ese año finalizaba la dictadura del general Jorge Ubico y se iniciaba un proceso revolucionario que introdujo importantes transformaciones para la sociedad guatemalteca. La democracia se concebía como premisa del ideario revolucionario, para ponerle fin a las estructuras de injusticia que la colonia y el liberalismo cafetalero habían cimentado como forma de organización social.
Durante los diez años de la revolución (1944-1954), se desarrollaron importantes transformaciones de modernización de la estructura sociopolítica del país. El Estado se convirtió en el orientador de la producción y de las transformaciones sociales que introducen a Guatemala en el siglo XX. Se fundamenta en la democracia de base nacional-popular para impulsar una visión de nación integral en donde todos sus actores sociales, desde las corporaciones económicas privadas hasta los campesinos, se vieran involucrados en el modelo de desarrollo que se pretendía impulsar. Se promovió la industrialización y el desarrollo agrícola por medio de la reforma agraria, se establece el código de trabajo y fue creado también un régimen de seguridad laboral que antes no existían y, se organiza un sistema educativo tipo federativo para que desde la infancia se desarrollara el pensamiento democrático en las nuevas generaciones.
Bajo el mismo criterio del papel del Estado en el desarrollo nacional, se transmitió la idea de que todas las instituciones estatales debían velar por el bienestar de todos los actores sociales del país, esto es, que los campesinos, los obreros, los maestros, los estudiantes y profesionales debían sentirse representados en las distintas políticas impulsadas para convertir a Guatemala de un país semifeudal, en un país capitalista moderno, de una país con una economía dependiente en un país de economía independiente. Se fomentó entonces el modelo de desarrollo hacia dentro, en donde todos los actores sociales debían verse involucrados en la organización del proceso productivo.
Esas transformaciones democráticas iniciadas en Guatemala con la Revolución de Octubre se dieron en el contexto del inicio de la Guerra Fría. En ese ambiente internacional el criterio de la Doctrina de Seguridad Nacional de proteger el hemisferio occidental de la penetración comunista toma un carácter global. Ese criterio unido al temor del ethos señorial oligárquico guatemalteco de ver mermados sus intereses elitistas, convirtieron esas transformaciones revolucionarias en un eslabón del eje soviético. Por eso, los acontecimientos de 1954 que llevaron al derrocamiento del gobierno constitucional de Jacobo Arbenz, fueron el inicio de las estrategias terroristas organizadas por la CIA en el continente americano al financiar a mercenarios guatemaltecos para que contribuyeran en su propósito de hacer retroceder los avances democráticos iniciados en un pequeño Estado, en un Estado débil que perecía con sus anhelos de cambio frente a la ideología anticomunista para evitar cualquier intento de modernización en sociedades como la nuestra.
Como consecuencia mediata de la violación de la soberanía nacional y el rompimiento del orden institucional y constitucional en 1954, por parte de la ingerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos del país, Guatemala se vio sumida a partir de 1960 en una prolongada guerra de 36 años. Durante ese período de guerra, el Estado guatemalteco fue convertido en un Estado criminal o delincuente al violar de forma sistemática los derechos humanos de los guatemaltecos, dado que impidió en el sistema de partidos políticos la participación de organizaciones políticas ajenas a la ideología anticomunista que se empeñó en reproducir en el imaginario político nacional. Al mismo tiempo, institucionalizó la persecución y represión en contra de cualquier manifestación de descontento y oposición, con lo que promovió la desarticulación de organizaciones sociales, sindicales y pro-derechos humanos que cuestionaban el accionar estatal en beneficio de la guerra anticomunista.
La institucionalización de tribunales anticomunistas, la supresión de las garantías universales del ser humano y la coartación de cualquier tipo de libertad, junto a la conversión del ejército como baluarte en la lucha contra la penetración de la ideología y de las prácticas comunistas, terminaron por debilitar y anular las instituciones políticas encargadas, desde la perspectiva liberal, de velar por el funcionamiento de la democracia. Como cauda social las acciones represivas del Estado de Guatemala durante el período de guerra, provocaron la muerte y desaparición de más de 200 mil personas entre hombres, mujeres, ancianos y niños, y un millón de desplazados internos y decenas de miles de refugiados. Lo cual provocó dimensiones traumáticas en el inconsciente colectivo nacional, manifestándose en una cultura del silencio, en el desarraigo de comunidades enteras que se vieron obligadas a abandonar su forma de vida y su lugar de origen.
En el informe de la Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI-, se detallan los distintos períodos de violencia que forman parte de la historia inmediata de Guatemala, y en donde el Estado fue el principal actor de los actos violentos en contra de la población civil durante la guerra contrainsurgente. Siendo evidente que la conflictividad social en Guatemala tiene sus bases históricas en «la exclusión política, discriminación étnica, en la injusticia social que tienen sus raíces en la propia configuración del Estado guatemalteco». Desde 1954, la historia de Guatemala se ha caracterizado por la aplicación de métodos violentos para detener la oposición, al mismo tiempo los ciclos de incremento de la violencia manifiestan altos niveles de la destrucción humana, como parte de la paranoia anticomunista que se apoderó del inconsciente colectivo oligárquico y de la geopolítica de los Estados Unidos.
Los ciclos de violencia contrainsurgente fueron en aumento, cada vez con más irrespeto a la vida humana. «Durante la década de los 60, además de los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, la violencia por parte del Estado se dirigió contra la población campesina en el oriente del país. En la década de los 70, la violencia política tuvo especial virulencia en la ciudad y se dirigió contra líderes de movimientos sociales y sectores de oposición a los sucesivos gobiernos militares, además, contra la infraestructura guerrillera. Ante la amenaza de una población que parecía sublevarse en las áreas rurales, en los primeros años de los 80 la política contrainsurgente se convirtió en terrorismo de Estado, conllevando un proceso de destrucción masiva especialmente de las comunidades indígenas y grupos campesinos organizados» (ODHAG; 1998: XXXIII).
De igual manera, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH- creada a raíz de los Acuerdos de Paz, concluyó que, «durante los años del enfrentamiento armado, la incapacidad del Estado guatemalteco para aportar respuestas a las legítimas demandas y reivindicaciones sociales desembocó en la conformación de una intrincada red de aparatos paralelos de represión que suplantaron la acción judicial de los tribunales, usurpando sus funciones y prerrogativas. Se instauró de hecho un sistema punitivo ilegal y subterráneo, orquestado y dirigido por las estructuras de Inteligencia militar. Este sistema fue utilizado como la principal forma de control social por parte del Estado a lo largo del enfrentamiento armado interno, complementado por la colaboración directa o indirecta de sectores económicos y políticos dominantes» (CEH; s.f.: 18).
Familias desarticuladas por la represión estatal, así como el desplazamiento interno y externo de cientos de comunidades resultan de la criminalidad del Estado en contra de población civil vulnerable. «El terror sin precedentes, provocado por las masacres y la devastación de aldeas enteras en el período comprendido entre 1981-1983, desencadenó la huida masiva de una población diversa, cuya mayoría estaba constituida por comunidades mayas, pero que también incluía un importante número de familias ladinas, en especial en el caso de las zonas colonizadas cercanas a la frontera con México. El desplazamiento forzado de la población civil en Guatemala destaca en la historia del enfrentamiento armado por su carácter masivo y su potencia destructora. Encarna la ruptura del tejido social en su forma más directa y desgarradora. Implica el desmembramiento de familias y comunidades, así como el debilitamiento de los lazos culturales que conforman su cohesión» (CEH: 31).
Y conste, solo cuando el terrorismo de Estado había alcanzado su objetivo en la desarticulación del movimiento social e insurgente, se le buscó una salida política a la dictadura militar. Fue a partir de 1985 que se da una fundación democrática sobre el descalabro institucional provocado por la guerra anticomunista. Descalabro que tanto el neoliberalismo como el crimen organizado se han encargado de profundizar.
Resumamos. El Estado de Guatemala luego de la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos del país en 1954, fue un Estado que a medida que avanzaba la guerra contrainsurgente se transformó en un Estado criminal. La persecución estatal en contra de la oposición política así como sus respuestas con plomo y sangre a las demandas sociales, terminaron provocando la huida externa y el desplazamiento interno de miles de ciudadanos guatemaltecos afectados por la violencia estatal. No había entonces protección de la sociedad por parte del Estado contra la violencia, la ciudadanía debía huir, las acciones violentas parecían reacciones de venganza y aún así el Estado no fue acusado de ser Estado fallido. Para entonces era un amigo de la geopolítica anticomunista planificada desde Washington.
Fue el mismo Estado guatemalteco el que pasó sobre el orden institucional y constitucional del país. El sistema de justicia cedió abruptamente ante los mecanismos ilegales para reprimir la oposición. Guatemala es de los países del continente que no cuenta con presos políticos. Como estrategia contrainsurgente la eliminación de intelectuales, políticos social-demócratas, sindicalistas, líderes comunitarios, catequistas, obreros, campesinos, estudiantes era suficiente con etiquetarlos de comunistas para que sufrieran el ostracismo, el secuestro, la tortura o el asesinato. Nadie fue juzgado y condenado bajo el debido proceso que impone el Estado de Derecho, la eliminación física se consideró el único procedimiento para detener al enemigo. La acusación de comunista no se tipifica como delito, sino como enemigo al statu quo.
La continuidad de un Estado delincuente
Cuando en 1985 se da el primer proceso electoral, para, por medio de elecciones libres, elegir al primer presidente civil como parte de la fundación democrática, el vuelco de la participación ciudadana en las urnas electorales manifestaba el interés colectivo por alcanzar un régimen político diferente. Un régimen que permitiera no solo procesos electorales libres, sino lograra satisfacer los anhelos sociales por vivir en un Estado de Derecho, en un ambiente de legalidad y seguridad, así como dotar a la ciudadanía de las condiciones para alcanzar las condiciones materiales de existencia. Dos décadas después la continuidad de la alternabilidad en el poder por la decisión soberana del pueblo es un hecho, pese a ello, la incertidumbre y la desesperanza se han apropiado de las conciencias colectivas.
Esos sentimientos manifestados por los ciudadanos guatemaltecos en tertulias, en entrevistas, en encuestas, hacen sencillo comprender que la democracia en Guatemala es una democracia cautiva, una democracia restringida por la continuidad de mecanismos palaciegos que hacen del Estado un instrumento en beneficio de los métodos y técnicas de acumulación empleados por una reducida elite. Los índices de pobreza dados por fuentes oficiales (80% de pobreza y 20% de pobreza extrema), hacen generar acusaciones hacia la democracia de no atender las demandas materiales de la sociedad, evitando con ello el bienestar general de la población. Promesas incumplidas, escándalos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, clientelismo y amiguismo gobierno tras gobierno, hacen suponer que la democracia se hizo a la medida de las necesidades de los poderosos.
Debe entenderse que la democracia en este país ha sido reducida a cíclicos procesos electorales, pero ha sido privada de contenidos jurídico-políticos sólidos que permitan atender desde el Estado los intereses de carácter nacional. En ese entramado oscuro que implica la ausencia de contenidos legales efectivos para la consolidación del buen gobierno, los poderes ocultos anteponen la impunidad como forma de hacer gobierno. En consecuencia los distintos gobiernos del período democrático han sido incapaces de atender de forma coordinada las demandas sociales, impidiendo con ello ejecutar las promesas democráticas de generar una cohesión social, que, permitan la formación de lealtades políticas ciudadanas hacia el Estado. (Locón; 2009: 206)
Pero lo anterior deriva del hecho que el nacimiento de la democracia guatemalteca presupone altos índices de violencia estatal en contra de la población civil. Por eso se considera que solamente después que la guerra contrainsurgente logró su objetivo de neutralizar al enemigo creado en el contexto de la Guerra Fría, se permitió la apertura política hacia procesos electorales democráticos. Aunque, preciso es señalarlo, desde la administración del primer presidente civil se van perfilando los nuevos enemigos del momento actual: las pandillas juveniles denominadas «maras», la delincuencia común, el crimen organizado y el narcotráfico. De forma agregada a la configuración de esos nuevos enemigos, la implantación de las medidas macroeconómicas derivadas del Consenso de Washington van debilitando aún más el cuerpo del Estado, convirtiéndolo en un Estado famélico ante la necesidad del fortalecimiento político que respondiera a las necesidades institucionales democráticas.
Durante el proceso para llegar a los Acuerdos de Paz, como después de la firma de los mismos, la delincuencia común: asaltos, robos, así como manifestaciones del crimen organizado secuestros, extorsiones y el narcotráfico constituyen los nuevos elementos que impiden la atención, por parte del Estado de la seguridad ciudadana. Siendo paradójico el hecho que después de los Acuerdos de Paz, Guatemala ha alcanzado estadísticas de muertes por violencia, mayores que las ocurridas durante la guerra. Debe afirmarse entonces que Guatemala está en una nueva guerra como mecanismo de control social, y, desde la administración del gobierno signatario de los Acuerdos de Paz, la Procuraduría de los Derechos Humanos y organismos internacionales han denunciado la existencia de cuerpos ilegales armados, cuya función dentro de las estructuras del Estado es la de realizar acciones violentas conocidas como muertes extrajudiciales. Se continúa entonces, en un ambiente en el que los órganos del Estado pasan sobre el debido proceso y quebrantan el imperio de la ley, se evita el juzgamiento y condena de quienes se consideran delincuentes.
Esos aparatos clandestinos y sus acciones criminales promueven la impunidad como forma perversa de ejercer el poder en sociedades con poca tradición democrática, sus acciones se encaminan hacia el control del Estado para limitar su orientación hacia el fortalecimiento de la democracia y la existencia del Estado de Derecho. Estos aparatos clandestinos resultan ser el entramado de poderes ocultos que subyacen en las estructuras del Estado, siendo una organización fáctica porque forman parte de sus actividades funcionarios públicos y autoridades de gobierno, así como personajes ubicados en los distintos espacios de la sociedad, y en ese ámbito de influencia soterrada, se constituyen en una estructura oculta que detenta el poder e impone sus designios en desmedro de la función estatal y el imperio de la ley. (Robles; 2006: 233)
La red construida para el funcionamiento de los poderes ocultos en Guatemala, les permite la realización de delitos que involucran recursos del Estado que van desde omisiones y sobornos en las instituciones fiscalizadoras: aduanas, Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria, corrupción en el otorgamiento de contratos con importantes dividendos y cohechos. El sistema judicial (Ministerio Público, Organismo judicial) se encuentra cooptado por estos poderes para evitar ser procesados en los hechos delictivos, asesinatos, limpieza social y desfalco al erario público. (Peacock; s.f: 6) El entramado construido alrededor de estos poderes convierte al Estado en un Estado delincuente, que desvía su atención de la seguridad ciudadana hacia elementos que perturban el Estado de Derecho.
Los mecanismos de guerra contra los nuevos enemigos no superan los empleados durante la guerra contrainsurgente: muertes selectivas, asesinatos en vía pública y en plena luz del día, persecución y detención ilegal de jóvenes pertenecientes a las «maras», masacres de familias enteras, abuso de autoridad de fiscales del Ministerio Público y de agentes de la Policía Nacional Civil, la continuidad de la tortura en centros de detención nos hacen recordar los horrores de aquella guerra. Frente a ese panorama de inseguridad y violencia el Estado se evidencia fracasado, sobre todo cuando la geopolítica de los Estados Unidos interviene en los asuntos internos del país e insiste en esos procedimientos para su propio beneficio.
La existencia de poderes ocultos o paralelos a la administración estatal promoviendo la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como la intervención de los Estados Unidos en asuntos internos, ponen de manifiesto que el Estado en Guatemala ha perdido el monopolio de la coacción física y legal. Cayendo en una condición ilegitima y de falta de credibilidad frente a la sociedad.
Aunque la Guerra Fría quedó atrás, las trincheras anticomunistas cierran espacios e impiden el fortalecimiento de la institucionalidad estatal para el avance de la democracia económica y social. En ese contexto el Estado se muestra débil y fracasado en atención de los problemas nacionales, principalmente en los asuntos de marginación y pobreza, pero se muestra fuerte cuando reprime y persigue el descontento social resultado de esa desatención. La invención de estados fallidos se hizo bajo el criterio mesiánico de los Estados Unidos, de defender las fronteras de las amenazas que rodean la Nueva Ciudad que brilla en la montaña de la tierra prometida. Esa ciudad ya no es Jerusalén sino Washington D. C.
Referencias bibliográficas
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Figueroa Ibarra, Carlos. 2004. Cultura del Terror y Guerra Fría en Guatemala. Publicado en Raquel Sosa Elízaga (coord), Sujetos, Víctimas y territorios de la violencia en América Latina. Universidad de la Ciudad de México, México D. F.
Locón Solórzano, Agustín Haroldo. 2009. La relación democracia desarrollo en los discursos presidenciales, Guatemala 1986-2004. Tesis doctoral. FLACSO-Guatemala.
Marini, Ruy Mauro. 1993. Cambios Globales y Democracia en América Latina. En: Programa Guatemala Hoy: Proceso de Paz y Perspectivas. Escuela de Historia. Universidad de San Carlos de Guatemala. Págs. 37-58
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Peacock, Susan C. y Adriana Beltrán. s.f. Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellas . WOLA.