Más de 2.000 estudiantes, profesores y trabajadores marcharon este martes por las calles de la capital chilena, en una nueva protesta contra el proyecto de ley General de Educación (LGE), promovido por el gobierno de Michelle Bachelet. La movilización terminó con graves incidentes, que dejaron un saldo de unos 40 detenidos y manifestantes y policías […]
Más de 2.000 estudiantes, profesores y trabajadores marcharon este martes por las calles de la capital chilena, en una nueva protesta contra el proyecto de ley General de Educación (LGE), promovido por el gobierno de Michelle Bachelet. La movilización terminó con graves incidentes, que dejaron un saldo de unos 40 detenidos y manifestantes y policías lesionados.
La protesta de este martes, denominada «Jornada nacional de movilización y acción sindical y social por el rechazo de la LGE», fue convocada por el Colegio de Profesores y la Central Unitaria de Trabajadores y a ella adhirieron estudiantes secundarios y universitarios, así como empleados estatales y otras organizaciones sociales.
Como ya se ha hecho una costumbre, los manifestantes comenzaron a congregarse en cuatro puntos de la ciudad a partir de las 10:00 hora local (14:00 GMT). Luego intentaron desfilar hacia el centro en caminatas que no fueron autorizadas por la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago porque pretendían copar la principal avenida santiaguina.
Efectivos de Carabineros (policía militarizada) reprimieron las columnas de personas con carros lanza agua y gases lacrimógenos. A pesar de los obstáculos, los estudiantes, maestros y trabajadores lograron reunirse en la Plaza Los Héroes, donde nuevamente fueron replegados. En otras regiones del país, como la de Valparaíso, también se efectuaron marchas.
Aunque los maestros depusieron un paro de actividades de varios días efectuado en junio, continúan oponiéndose a la LGE, que busca reemplazar la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).
No obstante, el Ministerio de Educación señaló que la huelga de trabajadores docentes de este martes tuvo una convocatoria de sólo 4,5 por ciento en el país. En tanto, son 70 las escuelas paralizadas en Chile.
En junio, la LGE fue aprobada en la Cámara de Diputados en su primer trámite legislativo y ahora se encuentra en discusión en el Senado, puesto que el gobierno cedió ante la demanda de sus parlamentarios de quitarle el carácter de discusión inmediata (de urgencia, que implica sólo tres días de debate en cada una de las dos cámara).
Paralelamente, los estudiantes universitarios en conjunto con otras organizaciones realizan desde el 2 de este mes la llamada «Consulta Nacional de Educación», que finalizará este miércoles.
Las votaciones son a través de Internet y se han dispuesto mesas en distintos lugares del país. Sólo por la vía electrónica, más de 30.000 personas habían sufragado hasta este martes.
«Creo que ya no hay margen para frenar la aprobación del proyecto en el parlamento. El gobierno se jugó por esta ley y no ha dado señas de cambiar de opinión», comentó a IPS Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (Piie).
La LGE surgió luego de que miles de estudiantes secundarios protagonizaran una histórica huelga en mayo y junio de 2006, exigiendo la derogación de la controvertida LOCE, impuesta por el hoy fallecido ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) un día antes de dejar el poder.
Entre las disposiciones más cuestionadas de la LOCE figuran el traspaso de la administración de los establecimientos estatales del Ministerio de Educación a los 345 municipios del país y la creación de escuelas particulares con subvención estatal.
De esta forma, el sistema escolar quedó compuesto por centros educativos municipales, privados subvencionados y privados pagados.
Los dos primeros reciben recursos fiscales por cada niño y niña que asiste a clases. Pero en 1993, durante el gobierno del demócrata-cristiano Patricio Aylwin (1990-1994), se autorizó a las escuelas privadas subvencionadas a pedir aportes extraordinarios a las familias, modalidad conocida como «financiamiento compartido».
Según estudiantes, profesores y algunos expertos en educación, el proceso de descentralización y privatización instaurado por la dictadura y profundizado por la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición centroizquierdista que gobierna el país desde la recuperación del estado de derecho en 1990, dejó en un estado terminal a la educación pública (municipal) y acrecentó la segmentación socioeconómica entre los alumnos.
Por ello exigen que se revierta la municipalización, que se prohíba el lucro y la selección de alumnos en los colegios subvencionados por el Estado y que se elimine el «financiamiento compartido». Pero los defensores del actual modelo, principalmente la oposición derechista, plantean que éste ayudó a aumentar la cobertura y a inyectar más recursos a la educación, ampliando las alternativas de elección de las familias. Ahora es necesario pasar a una nueva fase centrada en la calidad, pero manteniendo los pilares básicos del sistema, añaden.
La ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara, dijo este martes que las nuevas movilizaciones no se justifican porque la LGE es un avance respecto a la LOCE. La funcionaria recordó, además, que a fines de este mes se enviará al Congreso legislativo otro proyecto para fortalecer la educación pública.
El gobierno destaca que la LGE fija mayores requisitos a los sostenedores (dueños de escuelas privadas subvencionadas) y crea organismos como la Superintendecia de Educación y la Agencia de la Calidad.
Pese a haberse nutrido de las propuestas de un heterogéneo consejo asesor formado por la presidenta Bachelet para sofocar el paro estudiantil de 2006, la LGE nunca dejó a todos conformes. Por lo mismo, el proyecto ha sido varias veces modificado por el Poder Ejecutivo, cediendo principalmente a las demandas de los dos partidos de derecha. «La LGE representa un avance relativo. No es la LOCE, pero profesores, estudiantes y otros actores esperábamos más», sostuvo Loreto Egaña, del Piie.
A su juicio, la nueva normativa mantiene la lógica de la competencia «desigual» entre los colegios municipales y los privados subvencionados, en la cual los principales perjudicados son las familias más pobres.
Aunque los estudiantes y docentes han anunciado nuevas movilizaciones, Egaña sólo tiene puestas sus expectativas en el proyecto sobre fortalecimiento de la educación pública anunciado por el gobierno.