Diálogo se ha vuelto palabra recurrente y controversial. Como expresión de la crisis sistémica del país, pareciera que hablamos sin entendernos.
Desde la sociedad civil se acuña al gobierno como no dialogante; mientras, este reitera que siempre ha estado dispuesto al diálogo, y de hecho lo hace. ¿Entonces?
En principio, el diálogo es la forma de comunicación entre dos o más personas que exponen e intercambian ideas, una conversación que no implica necesariamente concertar acuerdos. Tiene múltiples variantes, es también mecanismo de resolución de conflictos y recurso fundamental para la convivencia civilizada.
En el ámbito sociopolítico —sean espontáneos, planificados, entre sectores sociales y entre estos y el poder— se emplea para articular consensos y solucionar problemas específicos. Sin embargo, cuando la crisis es general y se quiebra el pacto social, existen partes en disputa y represión; o cuando se pretende transitar de tradiciones autoritarias a una democratización de la sociedad, la experiencia internacional aconseja la convocatoria a un Diálogo Nacional.
Este debe ser inclusivo, sentar a la mesa de negociaciones a las partes en conflicto y derivar acuerdos vinculantes. Cinco reglas probadamente efectivas en escenarios negociadores son: 1) reconocer que todos tenemos percepciones viciadas sobre lo justo; 2) evitar que las tensiones se agraven con amenazas y provocaciones; 3) superar la mentalidad de «nosotros contra ellos» y concentrarse en buscar el objetivo común; 4) develar los problemas ocultos bajo la superficie y 5) separar los temas «sagrados» de los que no lo son en realidad.
Los diálogos y la crisis
Tres factores evidencian la pertinencia de un Diálogo Nacional en Cuba:
1.- Desgaste e inoperancia de los canales tradicionales de diálogo relacionados con el poder. Han sido diversos entre ciudadanos y componentes del sistema político. El más amplio y decisivo para el desarrollo democrático es el de los órganos del Poder Popular. Desde hace más de tres décadas, o se han vaciado de contenido y eficacia, o no tienen impacto ni credibilidad a escala popular.
2.- Mayor complejidad y riesgos en el escenario actual: crisis económica y social, incremento de las contradicciones internas, ampliación del disenso con alternativas ideopolíticas, acciones cívicas contestatarias e incremento de la represión. Noviembre 2020 abrió una fase crítica con los sucesos de San Isidro, el MINCULT y sucesivas protestas aisladas, hasta el estallido social del 11-J. Casi todas fueron pacíficas y apelaban en su mayoría al diálogo con la institucionalidad del país, pero fueron reprimidas.
3.- Persistencia de la criminalización del disenso y evasión del diálogo inclusivo a partir de la estimulación del extremismo político y la crisis. Dos ejemplos:
– Sucesos del 27 de noviembre en el MINCULT. Gracias a su magnitud y la sorpresa, se logró un primer diálogo, más que todo una negociación para el siguiente, con algunas decisiones oficiales emergentes para calmar los ánimos. Sin embargo, el gobierno canceló el diálogo e insistió en no hacerlo con personas supuestamente comprometidas con la agenda de los EE.UU. Inició una campaña de criminalización en varios medios y amplió sucesivamente, sin pruebas condenatorias, la lista de excluidos —quienes «apoyan actividades terroristas», o tienen demandas «con un origen en la mentira y el oportunismo»— con los que «no existe opción de conversar».
– Articulación Plebeya, iniciativa con rápida acogida en la sociedad civil y que generó un primer debate público en internet sobre el Diálogo Nacional. Este fue atacado directamente y el proyecto experimentó la criminalización en los medios y la desarticulación por el gobierno. Uno de los textos más agresivos «Ni plebeyos ni patricios: equivocados», se publicó en Cubadebate, con setenta y cinco comentarios del mismo tono, muchos sin conocer la razón del título.
No basta reconocer la pluralidad
Esos y otros fracasos similares provocaron frustraciones y reservas respecto a la viabilidad de un Diálogo Nacional. El gobierno, aparentemente dialogante, ha mantenido el discurso polarizante y excluyente. No admite siquiera el derecho a réplica de quienes son desacreditados en medios oficiales. Estos solo encuentran espacio en las redes sociales y la prensa independiente.
Las recientes protestas masivas evidenciaron que no se trata de un sector, demanda o lugar específicos. Es un conflicto nacional que por primera vez replica la emigración en varios países. En la raíz está la fractura del pacto social que había emergido de la Revolución durante los años sesenta. La persistencia de un modelo con rasgos totalitarios y del corporativismo autoritario, agudizó las contradicciones internas que identifican nuestro presente.
Un proceso de diálogo nacional es la mejor vía para conseguir, como expresó el sociólogo cubano Lenier López, «un marco con reglas justas en el cual ninguna de las tantas partes que componen nuestra nación pueda ser avasallada por otra».
Solo los extremos —el sector radical en los EE.UU., que tiene algunos seguidores en Cuba y el gobierno cubano— se han opuesto a ese Diálogo. Ambos sostienen posturas intransigentes y no reconocen legitimidad en los contrarios.
El desconocimiento de la institucionalidad del país y el extremismo contra quienes optan por esa solución pacífica y soberana, no impediría el Diálogo, pero complica el escenario al enrarecer el ambiente para tal proceso. Deberían pensar responsablemente en las condiciones de Cuba y considerar que la violencia y/o cualquier subordinación a una agenda extranjera, los descalifica ante las mayorías.
La responsabilidad del gobierno es alta porque a su cargo está la estabilidad del país y la activación del mecanismo de diálogo nacional. Su actitud es incoherente con la capacidad negociadora que muestra internacionalmente. Una simple evidencia es su papel en los diálogos sobre la paz en Colombia, el proceso para restablecer las relaciones bilaterales con los EE.UU, e incluso con la CIA para cooperar en inteligencia.
En el ámbito nacional, el Partido/Gobierno/Estado usa el diálogo en la cómoda y tradicional acepción de conversación, de donde pueden derivar o no decisiones oficiales. Con frecuencia se combinan las muestras de «reafirmación revolucionaria» y —desde el compromiso político incondicional— discretas reivindicaciones sectoriales.
Todos los diálogos son legítimos, pero:
– Los que son al estilo del gobierno ayudan solo momentáneamente porque no resuelven el verdadero conflicto, que se mantiene en los procesos paralelos: agudización de la crisis, medidas paliativas o a destiempo, represión, cascada de leyes y decretos de espaldas al pueblo, algunas de las cuales otorgan ciertos beneficios, pero en lo esencial pretenden blindar más al Estado y ahogar el disenso.
– Existe una profunda asimetría entre las partes. Un Partido/Gobierno/Estado todopoderoso y una sociedad civil débil y violentada sistemáticamente por este. El gobierno es doblemente opresivo y agudiza las contradicciones cuando —a sabiendas de que la mayoría no responde a ninguna agenda extranjera— impide que esa parte en desventaja ejerza el mismo derecho a dialogar y articularse.
No basta reconocer la pluralidad, es preciso apegarse al pluralismo político como principio para gobernar democráticamente. Estamos en un momento crucial y debemos entendernos. El conflicto es nacional y como tal debe encararse. Un diálogo a esa escala permite alcanzar acuerdos vinculantes y sostenibles para salir de la crisis. Sería un importante paso de avance en el camino para edificar un nuevo proyecto de país.
Ivette García González es doctora en Ciencias Históricas, Profesora Titular y escritora cubana
Fuente: https://jovencuba.com/controversias-sobre-el-los-dialogos/