Uno de cada diez hombres armados que combaten, en Irak, del lado de la llamada coalición, es un civil contratado por una empresa privada dedicada al rubro militar. Son los mercenarios posmodernos. Entre sus antecesores se cuentan aquellos corsarios contratados por las potencias europeas, que cometían sus tropelías en las tibias aguas del Caribe o […]
Uno de cada diez hombres armados que combaten, en Irak, del lado de la llamada coalición, es un civil contratado por una empresa privada dedicada al rubro militar. Son los mercenarios posmodernos.
Entre sus antecesores se cuentan aquellos corsarios contratados por las potencias europeas, que cometían sus tropelías en las tibias aguas del Caribe o sobre las encrespadas olas del golfo de Bengala. También los precedieron los mercenarios del siglo veinte que se movían entre la legalidad y la clandestinidad, generalmente contratados por los gobiernos colonialistas para realizar las tareas sucias en aquellos territorios de sus viejas colonias, especialmente en Africa.
Los mercenarios actuales, en cambio, actúan con mayor «profesionalidad», forman parte de la plantilla del personal de una empresa que, luego de solicitar autorización al gobierno del país donde se halla radicada, interviene en terceros países o simplemente obtiene jugosos contratos de su gobierno para acompañar a las tropas regulares en sus aventuras militares, tal como ocurre con las recientes invasiones a Afganistán e Irak. Los soldados privados, generalmente realizan acciones reñidas con el derecho internacional -relevando de esas responsabilidades a las fuerzas militares convencionales- o participan en acciones cuyo grado de peligrosidad pueden generar bajas que, en el caso de pertenecer a soldados regulares, comprometerían la aprobación por parte de la opinión pública a esas campañas militares. Estas tareas, que históricamente resultaron condenables y que los gobiernos muchas veces trataron de ocultar, ahora con la ética restregada en el barro del mercado salen a la luz y se habla de ellas con una naturalidad que haría sonrojar al almirantazgo británico del siglo XIX.
Leyes de la jungla
La intervención de tropas mercenarias en operaciones militares internacionales entró -en el año 2002- en el centro del debate político en Gran Bretaña. Un documento consultivo presentado por el gobierno de Anthony Blair ante el Parlamento abrió, por primera vez, la posibilidad de legitimar y regularizar las actividades de las compañías militares privadas.
Su presencia en el campo de batalla, considera el ministro británico de Relaciones Exteriores, Jack Straw, puede ayudar a disminuir costos y liberar a los ejércitos nacionales de las múltiples misiones de paz que están surgiendo desde el fin de la guerra fría. Con estos argumentos, el dirigente laborista estaba abriendo el camino para darle legitimidad a la privatización de la violencia.
Más allá de las audaces declaraciones del gobierno laborista, algunas perlas nos permitirán conocer el verdadero sustrato colonialista con el que se sustentan estas actitudes belicistas. Una de ellas ha sido proporcionada hace algún tiempo por Robert Cooper, consejero de política exterior del primer ministro británico Antony Blair y director general de Política Exterior y Seguridad Común del Consejo de la Unión Europea.
Cooper aconseja a los gobernantes del primer mundo que «al tratar con estados retrasados, fuera del mundo posmoderno, debemos retomar los métodos más recios de tiempos pasados: uso de la fuerza, ataques preventivos, engaño, todo lo que haga falta para manejarse con quienes aún viven en el siglo XIX. Entre nosotros nos atenemos a la ley -prosigue el consejero de Blair-, pero cuando operamos en la jungla debemos aplicar las leyes de la jungla».
Por estos días, setenta presuntos mercenarios se hallan detenidos en Harare, la capital de Zimbabwe, a la espera de un fallo judicial que podría encontrarlos culpables de diversos delitos, entre ellos el de violar la legislación de inmigración, de aviación civil, el transporte de armas y de utilizar documentos falsos. Estos presos, en su mayoría ex miembros de las fuerzas especiales sudafricanas, se dirigían a la República Democrática del Congo, aunque su destino final era la República de Guinea Ecuatorial donde se proponían participar en un intento de golpe de Estado contra Obiang Enguema, el presidente de ese pequeño país rico en petróleo. Un vocero del Tribunal Supremo de Justicia de Zimbabwe informó que los detenidos viajaban en un avión estadounidense, alquilado por una firma anglo-sudafricana, que partió de Johannesburgo e hizo escala en Harare con el propósito de embarcar armas compradas por un ex oficial de los servicios secretos de la aviación británica, Simon Mann.
Gran Bretaña y Sudáfrica, se encuentran en segundo y tercer lugar, respectivamente, en el ranking de los países donde se hallan radicadas estas empresas denominadas Corporaciones Militares Privadas. Pero, encabezando el pelotón se hallan los Estados Unidos.
Guerra y negocios
En este país hay por lo menos treinta compañías que se dedican al «negocio» de la guerra. Algunas, como es el caso de Blackwater USA, se especializan en contraterrorismo y lucha urbana. Otras, como Kellogg, Brown & Root, subsidiaria de la Halliburton, o Dyncorp, se desempeñan particularmente en el área de inteligencia o entrenamiento militar. Estas empresas de ejércitos privados, además de erigirse en una nueva aberración propia de esta etapa neoliberal del capitalismo, constituyen un excelente negocio. Peter Singer, de Brookings Institution, dice en su reciente libro Corporate warriors (Guerreros empresariales) que esta actividad embolsa unos 100.000 millones de dólares al año.
Los nuevos guerreros privados no surgieron de la noche a la mañana, llevan más de diez años desarrollando estas rentables e inescrupulosas actividades, particularmente desde la primera guerra del Golfo desatada por el presidente George Bush (padre) en 1991. Ya por ese entonces, el actual vicepresidente Richard Cheney, ex secretario de Defensa del primer Bush, se hallaba elaborando planes de privatización de las fuerzas armadas estadounidenses. En el presente, un tercio de las actividades militares de los Estados Unidos se encuentran en manos de estas empresas privadas. El objetivo del actual gobierno es llegar al cincuenta por ciento.
En la actualidad, se calcula que en Irak hay entre 10.000 y 20.000 de estos mercenarios. La cifra es imprecisa a causa del manto de silencio que el Pentágono arroja sobre estas actividades. Se sabe -por ejemplo- que una sola compañía, la Global Risk, dispone en Irak de 1.100 efectivos, ocupando con esta cifra el sexto lugar detrás de Italia entre los países invasores. Irak, de este modo, se está convirtiendo en el banco de prueba de las Corporaciones Militares Privadas, con sus ejércitos paralelos, integrados por miles de ex militares, que -en muchos casos-solicitan la baja en los ejércitos regulares para obtener mejores remuneraciones que, según el grado y la responsabilidad que se les asigne, les permiten hasta decuplicar sus ingresos.
Luego de la invasión a Irak la empresa Vinnell, subsidiaria de Northrop Grumman, con años de experiencia en el adiestramiento de la Guardia Nacional de Arabia Saudita, y los expertos militares de la mencionada DynCorp, duchos en el combate contra la guerrilla en Colombia, se han beneficiado con un contrato de 40 millones de dólares para el adiestramiento de la policía de Irak. A estas dos empresas hay que sumarle la denominada Recursos Militares Sociedad Anónima, corporación comandada por el general estadounidense dos estrellas Carl Vuono, veterano de la primera Guerra del Golfo, también con una importante participación en la ocupación de Irak.
Con la guerra de agresión, el sector de los militares privados vive una edad de oro. El gobierno de George W. Bush está subcontratando con las Corporaciones Militares Privadas, gran parte de las funciones que tradicionalmente venían desarrollando las Fuerzas Armadas. No solo se dedican al combate y a la tortura, estas empresas también realizan tareas de logística. Por ejemplo, cuestiones tan básicas como la entrega de correo o incluso la distribución y reparto de alimentos a los 130 mil soldados norteamericanos en Irak corren a cargo de Kellogg, Brown and Root.
Pero las actuales empresas de la violencia y de la guerra, distan bastante de aquellos mercenarios «tradicionales» que, por supuesto, no han desaparecido totalmente. A esta altura de la globalización, estas empresas se hallan integradas a corporaciones mayores, que despliegan las más diversas actividades: periodismo, alimentación, petróleo, industria militar, aeronáutica y espacial, para solo mencionar a algunas de ellas. Dos claros ejemplos de grandes corporaciones que descubrieron el negocio de los ejércitos privados son la Halliburton (industria petrolera), propietaria de la Kellogg, Brown and Root, y L-3 Comunicaciones, poseedora de la empresa Recursos Militares Sociedad Anónima.
Pero, ¿qué pasa con el derecho internacional por ejemplo, la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 4 de diciembre de 1989? La respuesta es sencilla: está en vigencia, pero para unos pocos países, no para Estados Unidos, cuyo congreso no la refrendó.
Programa Hipótesis, Rosario