El enfrentamiento entre el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y representantes de algunos medios de comunicación va en aumento y no aparecen señales de paz o, al menos, de una tregua.
Si bien la postura crítica de columnistas y periodistas comenzó a manifestarse con nitidez un mes después de que este gobierno iniciara su camino el 15 de enero, el distanciamiento se profundizó hace tres semanas cuando Correa presentó una demanda penal por injurias contra el diario La Hora, de Quito.
El enojo del mandatario se desató ante la publicación del artículo titulado «Vandalismo oficial», en el cual se lo señala de gobernar «con tumultos, palos y piedras». La acción judicial es contra el director y propietario del periódico, el empresario Francisco Vivanco, y el delito de que es acusado tiene una pena que va de seis meses a dos años de prisión.
El presidente del Colegio de Periodistas, Francisco Ordóñez, cree que Correa está en su derecho si se siente agraviado y que la cuestión debe ser dilucidada por la justicia.
«En el debido proceso hay opción a la defensa y se permite un libre ejercicio de la democracia», señaló Ordóñez a IPS. Por eso entiende que la libertad de expresión no está en peligro en este país y sostiene, además, que no se evidencia ningún tipo de persecución a los medios de comunicación por parte de las autoridades.
También aseguró que la libertad de opinión «es un derecho humano inviolable», pero al expresarla a través de un medio de comunicación «no se puede confundir con (el hecho de) calumniar o insultar».
Por su parte, la Unión Nacional de Periodistas (UNP) convocó a la concordia. «Ante la crítica situación que enfrenta cierto sector de la prensa ecuatoriana con el gobierno nacional, se hace un llamado a los protagonistas de estas divergencias para que en un diálogo abierto limen asperezas y coadyuven al restablecimiento de la tranquilidad ciudadana», indica un comunicado al respecto.
«Formulamos este cordial llamado al señor Presidente Constitucional de la República y a los directivos de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, y les instamos a deponer posiciones antagónicas que generan una opinión pública nada favorable a las partes en conflicto», agrega en otro tramo la UNP.
Mientras, las últimas encuestas divulgadas reflejan un perjuicio para Correa en el marco de esta disputa, aunque se dividen las posiciones sobre la actitud de cada parte. La empresa Perfiles de Opinión indicó que la popularidad del mandatario cayó de 87,1 por ciento a 80,4 por ciento de los entrevistados entre el 19 y el 29 de mayo en Quito y Guayaquil.
La firma Cedatos registra igual tendencia, en una encuesta en todo el país, al marcar que la popularidad del gobernante pasó de 76 a 67 por ciento en el mismo lapso. También señaló que 48 por ciento de los consultados desaprobó la actitud de los medios de comunicación ante Correa, en tanto que 42 la aprobó. A su vez, 54 por ciento no acompañó la actitud del presidente y 41 por ciento sí.
Ante la pregunta de Cedatos sobre si «cree que la actitud del presidente va en contra de la liberad de expresión», la mitad de los entrevistados manifestaron que si y 47 por ciento que no.
Estos trabajos de investigación comenzaron el mismo día que Emilio Palacio, columnista del diario El Universo, de Guayaquil, se enfrentó duramente con Correa, en el marco del habitual programa de los sábados que realiza el mandatario desde que asumió, el cual se transmite por cadena de radio con la participación de periodistas de distintos medios de comunicación.
Palacio, quien tomó la palabra desde un comienzo y no dejó intervenir a sus colegas que también pretendían interrogar a Correa sobre diversos temas, se trenzó una discusión con el mandatario.
«No sea malcriado» respondió el periodista cuando el moderador intentó poner orden en la conferencia. Posteriormente le dijo a la secretaria de Comunicación, Mónica Chuji, cuando pretendió interceder, que no hablara, pues «el presidente sabe defenderse solo».
En el marco de su intervención, Palacio insinuó que el presidente de Ecuador quería enriquecerse presentando demandas penales.
La referencia fueron a las sendas demandas interpuestas por Correa contra el diario La Hora y el Banco del Pichincha, en este último caso por «por daños a la moral» ya que esa entidad incluyó su nombre en la llamada Central de Riesgo como deudor en categoría de incobrable por un adeudo de una tarjeta de crédito que el había cancelado años atrás.
Correa, quien pidió a la justicia el 11 de enero una indemnización de cinco millones de dólares, pidió públicamente a los ecuatorianos que indicaran en que política social destinar ese dinero en caso de ganar el juicio.
«A mí no me interesa el dinero, pero sí me molesta la impunidad y el abuso de la banca. La tenemos mordiendo el polvo y en este momento no voy a claudicar para dejar esto en la impunidad, pero haré (con el dinero) lo que ustedes me indiquen, compatriotas», dijo Corea en una de las audiciones radiales de los sábados.
Palacio, en su discusión con Correa, dio a entender que con el dinero que pueda obtener mediante las demandas la familia del presidente ya no tendría problemas económicos. Cuando éste se disponía a contestar lo interrumpió varias veces hasta que fue retirado de la sala.
Los canales de televisión no emitieron todo lo ocurrido de inmediato y sólo se remitieron a difundir el momento en que Corre pide que se retire Palacio del lugar.
Sólo una semana después y luego de que el portal de noticias Ecuadorinmediato.com publicó la versión completa del incidente, la red Teleamazonas y Ecuavisa hicieron lo propio.
Orlando Pérez, columnista del diario Hoy, y Carolina Ehlers, del programa La Televisión, de Ecuavisa, quienes estuvieron presentes en la conferencia, coincidieron en afirmar que existió una provocación inicial de parte de Palacio.
El presidente de Ecuador también ha señalado en varias oportunidades la relación de algunos medios de comunicación con grupos financieros, lo cual está prohibido por ley.
El canal TC Televisión y otros medios pertenecen a la familia Isaías, históricamente vinculada al Filanbanco, uno de las entidades crediticias que dieron quiebra y fueron asistidas por el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000).
En tanto que el canal Teleamazonas es propiedad de Fidel Egas, accionista mayoritario del Banco del Pichincha, la mayor entidad financiera del país, y de la casa emisora en Ecuador de la tarjeta de crédito transnacional Diners, además de revistas de variedades.
El sábado 26 de mayo, durante una nueva cadena radial en la que participaron otros periodistas, Correa volvió a arremeter contra algunos señalándolos por no haber informado todo lo que ocurrió, en la cadena anterior.
En ese contexto, el gobernante indicó que es necesario analizar la forma de entrega de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión en Ecuador, porque a su entender han existido irregularidades en el pasado. Los permisos tienen plazos definidos y pagan un canon anual al Estado de sólo 300 dólares.
Explicó además que una de las paradojas es que, mientras el Estado es dueño del espectro radioeléctrico, no hay lugar para poder instalar un canal de televisión público. Pidió a la población, además, que deje de creer en los medios de comunicación que mienten.
La respuesta no se hizo esperar. Carlos Vera, conductor del noticiero de Ecuavisa, acusó a Correa de ser «aprendiz de un ‘dictócrata’ como (el presidente venezolano) Hugo Chávez».