El gobierno del Señor Presidente de Colombia escogió el camino del aislamiento soberbio en el vecindario. Su inasistencia a la cumbre de UNASUR en Quito, presidida por Rafael Correa, constituye un acto agresivo contra el gobierno de ése país, al igual que contra el gobierno brasilero de Lula, el principal promotor de la organización. Los […]
El gobierno del Señor Presidente de Colombia escogió el camino del aislamiento soberbio en el vecindario. Su inasistencia a la cumbre de UNASUR en Quito, presidida por Rafael Correa, constituye un acto agresivo contra el gobierno de ése país, al igual que contra el gobierno brasilero de Lula, el principal promotor de la organización. Los presidentes asistentes tomaron nota clara de la inasistencia, del desprecio por la diplomacia suramericana y del divisionismo del mandatario colombiano.
El Señor Presidente prefirió realizar una gira relámpago para explicar sus razones sobre el acuerdo militar con los Estados Unidos al uso y usufructo de bases militares en Colombia y presentar las pruebas de la colaboración del gobierno de Hugo Chávez con las FARC. Fuera del apoyo explícito y entusiasta del Presidente del Perú Alan García, ningún gobierno apoyó sus razones y dieron respuestas protocolarias a la «diplomacia muda» del gobierno de Colombia.
Lo de las pruebas resultó un desaguisado más del Señor Presidente, quien tuvo que oír del Presidente Lula y su canciller Celso Amorín la precisión que lo de las armas supuestas o reales de Venezuela a las FARC, eran poca cosa frente a lo que significa la presencia en bases militares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La calmada diplomacia brasilera puso los puntos sobre las íes. Unos más francos que otros, el resto de presidentes tomó distancia y realizó burlas, como las que han trascendido de Cristina Kirchner cuando le dijo a Uribe: Ningún General Fernández va a mandar sobre un General Johnson.
El asunto del contrato de uso y usufructo de las 7 bases militares por Estados Unidos es de gravedad múltiple:
1. La presencia norteamericana implica inevitablemente una dinámica internacional sobre el vecindario y el continente. Altera la seguridad y la paz regional. Además estimula la carrera armamentista en una perspectiva de guerra. La afirmación de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, sobre que el acuerdo con Colombia «es bilateral y no les incumbe a otros países» (El Tiempo, 19 Agosto, 2009) es completamente equivocada. Dado que no se reduce a una cooperación al interior de Colombia.
2. La gravedad de lo que está ocurriendo hay que afirmarla de manera rotunda. Si el gobierno de Venezuela está señalado por el gobierno de Estados Unidos de auspiciar el terrorismo, ser cómplice de las FARC, y el acuerdo con Estados Unidos se presenta como un instrumento de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, entonces ¿Cómo decir que no va a ser utilizado contra el gobierno de Hugo Chávez? ¿Y lo propio con Ecuador, Bolivia y Nicaragua?
3. Viola la soberanía colombiana porque implica posesión territorial, interferencia de la autonomía de nuestras Fuerzas Armadas, tránsito permanente de aviones, helicópteros, soldados y la instalación de instrumentos de alta tecnología.
Se trata de una cesión de soberanía. El asunto es que el gobierno del Señor Presidente no tiene ninguna facultad constitucional que le permita estos acuerdos. Más aún, están claramente prohibidos y sólo excepcionalmente y con aprobación del Senado y del Consejo de Estado se puede autorizar el tránsito de fuerzas extranjeras en territorio nacional. Tal como lo establecen los artículos 2 de la Constitución Nacional: «Son fines esenciales del estado defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial…»; en el artículo 9: «las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe»; al igual que en el artículo 173, «son atribuciones del Senado» numeral 4: «permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República»; en el artículo 237: «Son atribuciones del Consejo de Estado», numeral 3: «en los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeras de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la Nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado».
El Presidente de la República está obligado de acuerdo con el artículo 188, numeral 2: «a dirigir las relaciones internacionales», y con el numeral 6, «proveer la seguridad exterior de la República defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio». Por ninguna razón tiene un mandato libre para celebrar con otros Estados tratados y convenios por fuera de lo estipulado en la Constitución Nacional. Que es lo que a todas luces está realizando el gobierno del Señor Presidente.
Se requiere un gran debate y movilización nacional e internacional para detener las bases militares con presencia norteamericana; en un imaginario de unidad grancolombiana de los países de la región que supere los nacionalismos perversos que nos quieren llevar a una guerra que está programada como parte de la pax americana en los proyectos del Estado norteamericano.