El tiempo de duración de esta pandemia, con la que hemos empezado el 2020, es una variable de la que dependen muchos reajustes económicos, políticos y sociales, en el mundo entero.
La cantidad de personas fallecidas será otra realidad de la que dependerán muchos cambios, al final de esta nueva peste, así como el daño económico realmente ocurrente cuando sea posible cuantificarlo.
En Cuba las circunstancias son particulares porque al declararse la pandemia afrontábamos una crisis económica sostenida por más de 20 años. Esta ya ponía al gobierno cubano en la disyuntiva de hacer profundos cambios estructurales en la economía o mantener la misma marcha de la Actualización del Modelo Económico cubano, “sin prisa, pero sin pausa”.
En lo político-jurídico, la Asamblea Nacional puede retrasar la marcha de cumplimiento del cronograma legislativo aprobado por ella misma, y así ganaría tiempo un legislativo sobrepasado por las exigencias de tantas leyes importantes para los próximos dos años.
Las leyes más esperadas, por el momento, son la que creará un procedimiento para la defensa judicial de los derechos humanos, y la que propondrá un nuevo Código de Familias, en este caso aceptado previamente por referendo.
En cualquiera de los dos casos hablamos de leyes decisivas en el panorama político-social cubano.
La primera que hemos mencionado debe aprobarse en octubre de este año, según decimosegunda disposición transitoria de la Constitución de 2019.
Para el Código de Familia, la Asamblea Nacional tiene más tiempo, porque en abril de 2021 debe comenzar el proceso de consulta popular para la realización del referendo. Solo que para iniciar este proceso en abril de 2021 debe existir de manera pública un proyecto de Código de Familia listo para circularse y consultarse con la población.
Para octubre de este año deben aprobarse tres leyes sumamente importantes, pero menos mediáticas. La de Tribunales Populares, la de Procedimiento Penal y la de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.
La Ley de Tribunales es fundamental para organizar la estructura y principios de la administración de justicia en Cuba, y para conocer si nos mantendremos en la administración de justicia colegiada o avanzaremos hacia formas donde algunos procesos sean resueltos por jueces individuales y sin la participación de jueces legos, representantes del pueblo.
La Ley de Procedimiento Penal es fundamental para regular de forma estricta principios que han sido esbozados en la Constitución. Me refiero al debido proceso, al derecho a la defensa desde el inicio de los procesos penales, a la supervivencia o no de procedimientos como el de las Medidas de Seguridad Predelictivas, y al alcance y viabilidad del nuevo procedimiento de Habeas Corpus.
De la misma manera es muy importante conocer los nuevos contenidos de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. De ella depende gran parte del tráfico jurídico nacional, al regularse en sus artículos la forma en que se llevará a la ley la nueva protección civil y administrativa de las personas naturales ante actuaciones ilegales y dañosas de funcionarios y directivos del Estado.
También en esta ley pueden ampliarse o restringirse las garantías laborales, mediante procesos más o menos protectores de los derechos de los trabajadores ante los empleadores estatales o privados, y se pueden abrir nuevos procesos para defender los derechos de los pequeños y medianos empresarios frente a las empresas estatales o regular estrictamente la responsabilidad de la empresa estatal socialista por sus actos jurídicos.
Como siempre, para evaluar certeramente la política cubana después de la COVID-19, debemos tomar en cuenta el estado de la política en l Estados Unidos de Norteamérica. El futuro de Cuba dependerá en gran medida del recrudecimiento o no de las leyes y medidas administrativas norteamericanas, relacionadas con el bloqueo económico a la Isla.
Un gobierno liderado por el partido demócrata en Estados Unidos dejará un panorama distinto en Cuba, en el cual las presiones populares internas pueden disminuir. Esto, como resultado de la relajación de las restricciones de viajes a los ciudadanos norteamericanos, el aumento del turismo de ese país a Cuba, la oxigenación de la economía nacional, ahora asfixiada, y el revivir de los servicios privados del trabajo por cuenta propia en nuestro país.
De la misma manera, la relajación o disminución del bloqueo contra Cuba, podría enlentecer una agenda de urgencia de cambios políticos en Cuba, porque pondría al Estado en condiciones de control renovado del consenso pasivo del pueblo de la mayor isla del Caribe.
En las condiciones actuales, uno de los panoramas más nocivo que se puede esperar en Cuba es el fomento de la importancia de los principios de la seguridad nacional, como solución a los problemas de la emergencia que se vive.
La seguridad nacional, que ahora tiene rango constitucional y acompaña a la conocida defensa nacional, puede abrir las puertas a excesos de control, contracción de derechos, limitación de espacios democráticos, etcétera.
La casi inevitable entrada en un nuevo Período Especial, que aterroriza a millones de cubanos y cubanas, ahora legitimada por la catástrofe de la pandemia del COVID-19, pondrá en tensión máxima al gobierno cubano, que tendrá que llevar la propaganda política a niveles no vistos desde los 90 del siglo XX.
Ahora el ambiente no será de tolerancia a la crítica política, ni a la libertad artística, ni a la libertad de expresión. Por ello, se deberá producir un nuevo canal de comunicación con las nuevas generaciones de cubanos y cubanas, sobre todo para sintonizar políticamente con un grupo etario que no tiene ninguna experiencia de triunfo real ni simbólico, y que no ha vivido la época de la mística socialista, que se acompañaba por el más alto estándar de bienestar material alcanzado en Cuba, dígase, década de los 80 del siglo XX.
Igualmente, difícil será el futuro inmediato en Cuba para la sociedad civil vertebrada en forma de ONGs, porque el derecho ya limitadísimo al asociacionismo se restringirá más, si las condiciones económicas y sus consecuencias políticas no mejoran.
Las organizaciones no gubernamentales cubanas y las organizaciones religiosas deberán insertarse en el ambiente de la reconstrucción o serán tildadas de divisionistas. Esto restringe el trabajo de las ONGs al ámbito del acompañamiento social y de la ayuda bajo permisos del Estado y del gobierno.
Tampoco es este un buen momento para el ensayo de la autonomía municipal, que parecía debía comenzar en breve a tomar auge. Estas circunstancias la retrasan, según mi percepción, porque la tendencia política del Estado omnipresente cubano es a considerar la centralización administrativa como estratégica en momentos de crisis de cualquier tipo.
Creo que esta pandemia refuerza los puntos de vista de las facciones más ortodoxas del PCC y deja sin argumentos a los reformistas y a los que apostaban por cambios más rápidos y profundos en la economía e incluso en la política doméstica.
Si de esta emergencia nacional resulta que el pueblo cubano se acerca a sí mismo en un ejercicio de auto reconocimiento y de respeto por nuestras singulares aptitudes para emerger de los problemas, podría ser una ganancia. Ello ayudaría a la reconsideración de la solidaridad, que también puede ser solidaridad política y económica entre grupos e ideas aparentemente irreconciliables hasta ahora.