Vivimos en pleno ajuste fondomonetarista. Ese era, dijeron, el único camino para enfrentar la grave situación económica heredada del correísmo. Según ese discurso es necesario primero ajustar las cuentas fiscales y liberalizar la economía para recuperar los «equilibrios macroeconómicos», para luego retomar el crecimiento: la receta neoliberal. Ese discurso se orquestó masivamente, con eco en […]
Vivimos en pleno ajuste fondomonetarista. Ese era, dijeron, el único camino para enfrentar la grave situación económica heredada del correísmo. Según ese discurso es necesario primero ajustar las cuentas fiscales y liberalizar la economía para recuperar los «equilibrios macroeconómicos», para luego retomar el crecimiento: la receta neoliberal. Ese discurso se orquestó masivamente, con eco en grandes medios de comunicación, analistas convencionales, cámaras de comercio, etc. Pero los resultados son otros…
Más allá de cualquier discurso oficial, como en su momento anticipamos, lo que realmente vivimos son los intentos del «frágil» gobierno morenista de cargar la crisis al pueblo. Para colmo, ni siquiera las metas del ajuste neoliberal se están alcanzando: pese a los últimos recortes presupuestarios – o quizá debido a los mismos y a su efecto recesivo – el déficit fiscal del Presupuesto General del Estado (PGE) a julio de 2019 llegó a un saldo negativo de 1.279 millones, un 62,3% mayor al déficit de 787 millones registrado en igual período del año anterior; y es muy probable que iguale al valor negativo en 2018 de 2.900 millones de dólares. Bajo estas tendencias, es muy seguro que no se alcance el déficit previsto en el acuerdo con el FMI para 2019: 2.000 millones de dólares.
Lo peculiar es que el déficit persiste pese a que el gobierno continúa aplicando un severo ajuste, por ejemplo, sobre una inversión pública que cae desde 2014. Así, a julio de 2019 solo se ejecutó el 22,3% del Plan Anual de Inversiones públicas (PAI), representando apenas 773 millones de dólares de un total anual previsto de 3.461 millones (en 2013 el plan de inversiones sumó 8.104 millones). Otro ajuste se ha dado en la masa salarial, la cual de enero a julio de 2019 sumó 5.083 millones de dólares, casi 82 millones menos en comparación al mismo período de 2018 (implicando el cierre de enero a junio de 16 mil plazas de trabajo). En este caso, es clara la prioridad de reducir la masa salarial contrayendo el empleo público en vez de reducir los salarios de la burocracia dorada. A su vez, los otros ingresos previstos por el gobierno no fluyen. Se hablaba de mil millones por concesiones – léase privatizaciones – que, sin embargo, no avanzan como se esperaba. Además, el servicio de la deuda pública (amortizaciones e intereses) genera un peso cada vez más insoportable: a julio de 2019 ese servicio alcanzó los 5 mil millones de dólares.
Dado semejante escenario, es casi seguro que los aportes financieros de los organismos multilaterales, sobre todo aquellos previstos en el acuerdo con el FMI, serán insuficientes para cerrar la brecha fiscal… Eso podría agravar la compleja situación pues esos organismos, ante un potencial incumplimiento del acuerdo, podrían reducir o aun suspender los desembolsos, todo para obligar al gobierno a adoptar ajustes más severos.
Por su parte, los economistas ortodoxos, conservadores y prudentes (OCP) actúan algunos como caja de resonancia del FMI y otros quejándose por la falta de celeridad. Mientras, el ajuste no solo se enfoca en el déficit, sino que la desesperación podría llevar a buscar ingresos con nuevos impuestos (p.ej. incrementando el IVA) y/o con alzas de los precios de los combustibles (p.ej. eliminando el subsidio a la gasolina extra). A su vez, según la evaluación del ajuste que hizo en junio el FMI, las expectativas serían que en 2019 la masa salarial pública se reduzca en 200 millones de dólares y en 2020 lo haga en 600 millones, mientras que la reducción de subsidios debería llegar a 1.100 millones en el presente año. En complemento, los economistas OCP piden más flexibilizaciones laborales y ambientales (basta ver la barbarie propuesta por la Cámara de Comercio de Guayaquil) para «mejorar la competitividad» y recuperar la inversión privada…
Entre todo esto, persiste la lectura convencional, teológica y dogmática de la economía, sin considerar los graves efectos presentes y futuros del ajuste. Por ejemplo, seguir reduciendo la inversión pública trae secuelas recesivas, claramente visibles en el estancamiento del ingreso por persona que, de llegar a 6.347 dólares anuales en 2014, pasaría a 6.320 dólares anuales en 2019 (media década perdida…). Asimismo, el «empleo adecuado» sigue sin recuperarse al englobar solo al 37,9% de trabajadores a junio de 2019 (deterioro que se arrastra desde 2015). Más grave aún, hay un recrudecimiento de la pobreza sobre todo rural: entre diciembre de 2014 y junio de 2019 ha aumentado de 35,3% a 43,8%. Estos son apenas breves muestras de la urgencia de un análisis más integral de la economía antes de exigir más ajustes.
En síntesis, la economía, con el ajuste fondomonetarista, se muerde su propia cola, las cuentas no cuadran, y vemos varios indicios de que el estancamiento se mantendrá o incluso se recrudecerá en los próximos años. Mientras, el impacto social y político puede volverse una caja de Pandora… como se ve, por ejemplo, en la Argentina.-
Alberto Acosta y John Cajas Guijarro son economistas ecuatorianos.
Nota: Este texto será publicado en el periódico El conejo, de la CEDOCUT.
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