«Nada es un signo más real de necedad que hacer lo mismo y lo mismo una y otra vez, y esperar que los resultados sean diferentes». Albert Einstein La crisis como resultado del capitalismo y no como «falta de libre mercado» La crisis de la economía ecuatoriana ya es un hecho. Si bien […]
«Nada es un signo más real de necedad que hacer lo mismo y lo mismo una y otra vez, y esperar que los resultados sean diferentes».
Albert Einstein
La crisis como resultado del capitalismo y no como «falta de libre mercado»
La crisis de la economía ecuatoriana ya es un hecho. Si bien hay factores externos que la exacerban (caída de precios del petróleo, apreciación del dólar y encarecimiento del crédito externo), su verdadera explicación proviene de cuestiones internas. Mencionemos solo una: el Gobierno de Correa, que tuvo recursos económicos y políticos y tiempo, fracasó en transformar la matriz productiva, y en vez de cambiar la modalidad de acumulación primario-exportadora esta se ha profundizado. Así, la condición capitalista subdesarrollada de la economía nacional se consolidó. Este hecho se refleja en una enorme dependencia del aparato productivo doméstico de importar casi todos los medios de producción (p.ej. maquinaria, equipos, insumos, combustibles) que requiere. El gobierno no fomentó la industrialización y la consolidación del mercado interno para que se reduzca esa dependencia, teniendo los medios suficientes como para empezar un cambio en este sentido. De este modo, el capitalismo ecuatoriano sigue obligado a mantener exportaciones elevadas (particularmente de productos primarios) para compensar las importaciones requeridas en la producción. Incluso la expansión del consumo aumentó las importaciones por falta de una transformación productiva que responda al incremento de la demanda agregada. Es más, el propio Gobierno presionó al aumento de las importaciones al priorizar el gasto en carreteras u otra infraestructura no siempre productiva (pero cuya construcción requería de insumos importados) en vez de fomentar la consolidación y autonomía de la producción interna, particularmente apoyando a las pequeñas y medianas empresas, producción comunitaria, producción agrícola indígena y campesina, etc. La política de compras internas no cumplió con el cometido de alentar prioritariamente la economía popular. Y muchas de las grandes obras públicas, como es el caso de los proyectos hidroeléctricos, carecen de encadenamientos productivos: son llave en mano. Estas cuestiones explican que, antes de que los factores externos aparecieran, ya había señales de crisis a inicios de 2014 con precios del petróleo a niveles muy elevados (bordeando los 100 dólares por barril), cuando el Gobierno retornó al redil del FMI y del Banco Mundial buscando su beneplácito para poder colocar bonos en el mercado internacional, a lo que se suma la entrega de más de la mitad de la reserva en oro a Goldmann Sachs, entre otros temas. Además, desde el año 2010 la cuenta corriente de balanza de pagos tenía saldos negativos por las elevadas importaciones (combinadas con los pagos a las ganancias del capital extranjero). Como resultado se empezó a recurrir al financiamiento externo para compensar la salida de dólares de la economía (recordemos que las inversiones extranjeras son tradicionalmente escasas).
Por tanto, la crisis es resultado de la estructura capitalista subdesarrollada del país, exacerbada por el fracaso del manejo económico correísta. Tal estructura tiende a generar desequilibrios externos por la dependencia en la importación de medios de producción. Y esta dependencia se vuelve aún más drástica cuando caen los ingresos por exportaciones. Este hecho (que lo profundizamos en nuestro estudio sobre La herencia económica del correísmo ) no puede dejarse de lado al afrontar el problema que generan esos desequilibrios, más aún en una economía dolarizada. De este modo las explicaciones (extremadamente simplistas, dogmáticas y, a veces, con intereses ocultos) de que la crisis actual se debe a una «falta de libre mercado», tienen que ser debatidas. De hecho, si existiera una total apertura de la economía ecuatoriana, el desequilibrio externo sería mucho más grave pues los agentes económicos con mayor poder (especialmente extranjeros) terminarían pulverizando a los agentes locales más débiles. Esto deterioraría las condiciones de empleo y se perdería una parte importante de producción local que sería reemplazada con importaciones de productos más baratos. A eso se sumaría la posibilidad de que los capitales financieros entren y salgan del país sin problema, pudiendo incrementar las salidas de divisas por pagos de utilidades al capital extranjero y a las importaciones de servicios, que ya en la actualidad succionan casi el mismo monto de divisas que aquellas que ingresan por remesas de los migrantes.
Una respuesta a los «timbrazos» neoliberales
Entonces, tenemos que enfrentar la crisis (considerando los aspectos antes mencionados), generando la oportunidad de construir una economía diferente. Y también hay que evitar la repetición de una historia similar a la que vivimos luego del boom petrolero de los años setenta: una crisis que terminaría por abrir la puerta a la larga noche neoliberal. Por eso no debemos timbrar en una puerta equivocada, que nos podría conducir de regreso al neoliberalismo. Si la crisis se afronta desde las típicas lógicas de acumulación capitalista (que suele usar al neoliberalismo, bajo la excusa del «mercado libre», como mecanismo desesperado de salvación), es casi un hecho que se aumentará la explotación a las clases trabajadoras (asalariados, autónomos, campesinos, artesanos, etc.), deteriorando sus condiciones de vida y empleo para reanimar las ganancias capitalistas y retomar el crecimiento. Y no solo serán los trabajadores los que asuman el peso de la crisis, sino la misma Naturaleza (especialmente exacerbando las exportaciones petroleras e incluso mineras, dejándolas en manos del capital extranjero), como ya ha sucedido en épocas anteriores. Prueba de esto es la propuesta neoliberal -que ya empieza a tomar fuerza- de liberar el mercado laboral y promover la reducción de los salarios reales -vía congelamiento de los mismos- a fin de aumentar la «competitividad» de la economía. Igualmente son notorios los intentos por flexibilizar las normativas ambientales para abaratar los costos de extracción masiva de los recursos naturales. La salida no pasa, entonces, por buscar mejores niveles de competitividad ahondando las condiciones de explotación de los trabajadores y la Naturaleza, sino reduciendo los márgenes de los beneficios empresariales y las ganancias extraordinarias, sobre todo de los grupos oligopólicos.
Al mismo tiempo, se empieza a proponer la liberalización de la circulación de capitales (ejemplo de esto es la propuesta de retiro del impuesto a la salida de divisas) y el establecimiento de normas que favorezcan a los grandes inversionistas (como muestra tenemos las llamadas alianzas público-privadas, que abren la puerta a las privatizaciones). Así supuestamente se busca que los capitales aumenten el «rendimiento» de sus inversiones y, con esto, se incrementen los incentivos para promover la recuperación de la economía. La banca no ha sido olvidada en este esquema de crecientes beneficios; el propio presidente de la República afirmó que prefiere que la banca tenga importantes reservas, incremente su solvencia y obtenga más utilidades, aunque haya reducido el crédito… Con todo esto se recuperaría la confianza perdida, dicen. Esta perspectiva se defiende sin tomar en cuenta el enorme riesgo de que la liberalización financiera promueva el aumento de la inversión especulativa, situación que ya vivió el país a mediados de los años noventa. Una propuesta concreta que empieza a tomar fuerza, y que el propio gobierno está empezando a tomar en cuenta para afrontar los desequilibrios externos , es la instrumentación de un «timbre cambiario». La idea fundamental, propuesta por Alberto Dahik (de forma muy «noble y desinteresada»), consiste en que el Banco Central determine diariamente cuotas limitadas de importaciones y venda esas cuotas (bajo la forma de «timbres») en el mercado y todo agente que desee importar (incluyendo el Gobierno) deberá comprar la cuota de importación. Dado que la oferta de cuotas sería limitada respecto a la demanda de los importadores, el precio de las mismas en el mercado tendería a subir, encareciendo el proceso de importación. Con esto se generarían «excedentes» que irían a un fondo que financie a los exportadores que han perdido «competitividad» por la apreciación del dólar. Este tipo de medidas, aunque pueden dar la impresión de ser «equitativas» y afectar por igual a todos los importadores (como argumentan sus defensores), en realidad no lo son.
Ni en la economía ecuatoriana (ni en ninguna otra economía del mundo) existe homogeneidad entre agentes económicos. En particular, cada agente posee diferente poder dentro del mercado, tal como se percibe en nuestra economía dominada por poderosos grupos oligopólicos. Respecto al «timbre cambiario», la determinación en el mercado de los precios de cuotas de importación puede hacer que en realidad los grupos importadores más poderosos acaparen cuotas, impongan precios y desplacen a los importadores más débiles (dependiendo del mecanismo de fijación de precios y asignación de los timbres). Esto aumentaría el poder de los grandes importadores: se les volvería más fácil imponer precios en el mercado interno e incluso, de acuerdo a la rentabilidad existente, estos grupos podrían escoger «libremente» intensificar la importación de productos de consumo suntuarios (dependiendo también de las condiciones de demanda interna y la existencia de un segmento de nuevos ricos que puedan pagar artículos suntuarios). Además, se crearían incentivos para que el Banco Central y los principales importadores y exportadores transformen al «mercado de timbres» en un negociado (¿cómo en cualquier intervención estatal sin control social?), donde incluso los importadores del sector público (que también deberían pagar el timbre) podrían terminar subsidiando a los exportadores. Así, como cualquier otra medida fundamentada en el «libre mercado», el uso del «timbre cambiario» podría hacer que el acceso al mercado externo se restrinja solo para los grandes capitalistas importadores y exportadores con el poder suficiente para influir en el mercado y en la determinación de cupos diarios de importación, incluso dejando en manos de estos la decisión de qué productos importar. Igualmente, si el Banco Central entra en coalición con estos grupos, a la final se terminaría por devolver a los grandes capitales importadores y exportadores la capacidad de imponer el tipo de cambio según su conveniencia, acelerando aún más la concentración y centralización del capital en sus manos. La presencia de este tipo de riesgos exige que se proponga una visión de cómo afrontar la crisis y los desbalances externos desde una perspectiva que tenga en mira al pueblo ecuatoriano y su bienestar, y no la acumulación del capital. Hace poco expusimos diez puntos de lo que puede er un borrador de una hoja de ruta económica .
En este texto nos centramos rápidamente, sin pretender agotar las reflexiones, en las medidas que podrían ayudar a enfrentar los desbalances externos. El objetivo de este texto es profundizar la discusión sobre qué debe exigir la sociedad en estos tiempos complejos y, por otro lado, disputar espacios de debate al neoliberalismo de segunda generación que empieza a tomar vida gracias a la gestión del Gobierno de Correa. En este trajinar algunos zombis ya empiezan a salir de sus catacumbas e, incluso, hacen propuestas chantajistas condicionadas al retorno total al neoliberalismo… basta ver el mencionado «timbrazo profético» que plantea el hasta hace poco prófugo Alberto Dahik, gran arquitecto de la grave crisis que provocó el neoliberalismo en el Ecuador, y que ahora reflota gracias a la amnistía que consiguió por iniciativa del presidente Rafael Correa, quien incluso le ha brindado espacio en su tarima propagandística.
Necesidad de controlar y regular el flujo de dólares
La actual crisis, agravada por la rigidez cambiaria, exige respuestas eficientes y rápidas que no pueden depender de la incertidumbre del «libre mercado». Por lo tanto, se precisa introducir un verdadero control cambiario que permita manejar adecuadamente las divisas disponibles manteniendo una visión técnica y, sobre todo, política de la economía. Tomemos como ejemplo lo que dijo tiempo atrás Paul Krugman, Premio Nobel de Economía: en época de crisis aguda no queda más remedio que recurrir a una suerte de «toque de queda» para restablecer (o establecer) las condiciones que permitan recuperar el control de la economía. Esto es aún más necesario para impedir una implosión catastrófica de la dolarización que, sin embargo, no puede ser -de ninguna manera- el objetivo de la política económica: tengamos presente que la dolarización no es un fin en sí mismo, sino apenas una herramienta de política económica. Nada más. Así, las divisas provenientes de las exportaciones deberían ser manejadas directamente por el Banco Central, que tendría a su cargo diseñar y ejecutar un presupuesto para el uso de las mismas a partir de prioridades establecidas en función de objetivos específicos. Esto es, asegurar la importación de bienes indispensables para la sociedad (p.ej. medicinas que no se produzcan localmente) y para el aparato productivo, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, sin favorecer a los grandes importadores con mayor capacidad de pago o la importación de productos suntuarios. De este modo, quedaría en manos del Banco Central la definición de cuántos dólares entregar a los importadores. En paralelo habría que crear la posibilidad de extender créditos para importar medios de producción e insumos con aranceles reducidos, siempre que esas importaciones estén en línea con las demandas de una real transformación de la matriz productiva y con la construcción de una economía solidaria. Es decir, apoyar las importaciones sobre todo de pequeñas y medianas empresas del campo y la ciudad, productores cooperativos, agricultores indígenas, campesinos, etc.
En cambio, a los grandes importadores se les debe cargar mayores aranceles de importación. Con esto, a diferencia del «libre mercado», se busca que los importadores más débiles (pero que sostienen a gran parte del empleo en el país) continúen produciendo mientras que los grandes importadores (con mayores márgenes de ganancia) paguen más en la crisis. Al mismo tiempo se impondrían sobretasas monetarias al uso de dólares para las importaciones de productos que alientan el consumismo; exclusivamente para este segmento de importaciones se podría establecer un sistema de subasta de dólares disponibles imponiendo cuotas muy bajas de importación. Para aplicar esta política es necesario hacer una «estratificación» de los diferentes agentes que participan en el sector externo de la economía. Tal estratificación deberá indicar cuáles son los agentes económicamente más poderosos y con capacidad de pagar los costos de la crisis. Este tipo de política de concesión de beneficios a los productores, sobre todo medianos y pequeños, así como a los exportadores, combinada con el manejo adecuado de las tasas de interés, debe tener como principal objetivo el mantenimiento del empleo dentro de niveles adecuados (se deben establecer objetivos claros sobre las tasas de desempleo y subempleo), al igual que la inflación. Ese argumento de que necesariamente debe ser el salario y el empleo los que se ajusten en la crisis debe reemplazarse, buscando que sean las ganancias y las grandes fortunas las que paguen la crisis. Con el ingreso que se obtenga de las sobretasas a productos suntuarios y aranceles a los grandes importadores se puede crear un fondo para financiar las exportaciones. Pero ese fondo debe ser dirigido igualmente solo a pequeños y medianos exportadores, no a grandes exportadores que pueden mejorar su «competitividad» reduciendo sus márgenes de ganancia. Lo que no se puede permitir es que el «libre mercado» sea el que determine el uso de las divisas escasas sin criterios que establezcan la priorización en su uso.
Recuperación de márgenes de acción monetaria
Nos guste o no, requerimos recuperar márgenes de acción en política monetaria y cambiaria, siempre manteniendo la premisa de que el poder adquisitivo de los sectores populares no debe disminuir en la crisis (como proponen los neoliberales). Por el contrario, es urgente crear condiciones para reducir los márgenes de ganancia de muchas empresas, que se encuentran en niveles inaceptables más aún en dolarización. Entonces, es necesario contar con cierta masa monetaria como variable propia que sirva de colchón en la crisis y que, luego, permita ampliar los márgenes de acción de la política económica. La idea es formar una masa monetaria que vaya aumentado acorde al crecimiento económico del país, pero sin la urgencia de disponer siempre con flujos crecientes de exportaciones. Tomemos en cuenta que si el Ecuador no exporta, no puede aumentar sus dólares sin recurrir a los mercados financieros; de modo que, especialmente en épocas de shocks externos, se tiene una masa monetaria fija o que inclusive puede reducirse por efectos del mismo shock (y de las expectativas). Es decir, la dolarización sin combinación con otros instrumentos monetarios condena al Ecuador a una dependencia total de los vaivenes del mercado externo.
Así, por ejemplo, mientras se mantenga la incautación de las divisas de exportación, las empresas exportadoras recibirían una parte de sus ingresos en un dólar electrónico ecuatoriano , que les servirían para pagar determinadas transacciones internas, como impuestos, o para cancelar obligaciones bancarias o compras de bienes y servicios provenientes de otras empresas. Posteriormente se podría ampliar este mecanismo para el pago -parcial- de salarios (es decir, una parte en dólares líquidos y otra en dólares electrónicos); la fracción de salario pagada en moneda electrónica serviría para que la ciudadanía pague servicios públicos e incluso impuestos. Todo este manejo monetario requiere darse sobre la base de una sólida credibilidad y confianza que son pilares fundamentales para el sistema monetario. En este punto, para paliar las devaluaciones de los países vecinos, por ejemplo, los exportadores podrían recibir un monto mayor en dinero electrónico a los ingresos en dólares que realmente les corresponden, a más de créditos preferenciales financiados con los ingresos de las sobretasas cambiarias. Esto siempre que esos recursos contribuyan a sostener el poder adquisitivo de los salarios, asegurar los empleos y no a financiar ganancias extraordinarias de los exportadores. Es decir, el financiamiento con dinero electrónico deberá apoyar preferentemente a los pequeños y medianos exportadores, no a los grandes exportadores que tienen más capacidad para pagar de sus ganancias los costos de la crisis. Igualmente, el Gobierno podría pagar parte de la inversión pública con este dinero electrónico o en bonos (denominados en este dólar electrónico ecuatoriano), al que habría que asegurar su aceptación con un manejo económico que genere confianza: este -insistimos- es uno de los requisitos fundamentales para que pueda funcionar el esquema monetario y cambiario propuesto. Los importadores de aquellos bienes no indispensables tendrían que cancelar un sobre precio (sobretasas) al Banco Central por los dólares requeridos para realizar dichas compras en el exterior, que podrían ser cancelados solo parcialmente con dinero electrónico. En línea con esta propuesta se podrían subastar estos dólares electrónicos para introducirlos en la economía, pero dentro de mercados segmentados y no de un solo mercado general. Esto de ninguna manera debe implicar la confiscación de los dólares en manos de la ciudadanía. No se puede forzar la desdolarización (incluso porque eso crearía un colapso del sistema financiero).
En realidad se debería abrir la puerta para un régimen de convertibilidad, que tendría un soporte efectivo con la presencia activa de este dinero electrónico en la economía nacional. Para lograrlo es necesario crear mecanismos de incentivos que motiven a la población a utilizar el dinero electrónico en vez de los dólares (por ejemplo descuentos en pagos de servicios básicos o en la compra de productos de primera necesidad o en el acceso a los créditos). Y, por cierto, el manejo de este dinero electrónico debe darse con total responsabilidad, al margen de las apetencias electorales de cualquier Gobierno y al margen de los intereses particulares de los grandes capitales (especialmente importadores y exportadores). Por tal motivo es necesaria una reestructuración de la forma como se administra el Banco Central, sin llegar a la supuesta autonomía propuesta por los neoliberales, sino bajo una dirección alineada a los intereses de la sociedad . Aceptémoslo, la dolarización definitivamente no puede ser el objetivo de la política económica. Incluso cabe analizar la posibilidad de que, sin dolarización, el rendimiento económico del país durante el boom petrolero -que concluye- pudo haber sido mucho mejor. Y también debe quedar claro que, si se toman las medidas adecuadas, sí se podría salir de una manera ordenada de la dolarización; decisión que habría que asumirla de manera responsable antes de que la dolarización (sin dólares) nos expulse de forma atropellada. La gran mayoría de países del mundo posee moneda propia y, con todas sus virtudes y defectos, la posibilidad de ajustar la masa monetaria a los requerimientos de la economía (por ejemplo ajustando las tasas de interés) es un aspecto que permite el desenvolvimiento normal de la misma. Es más, ante shocks externos negativos de gran magnitud (¿cómo el actual?), la dolarización puede que sea totalmente inviable. El problema no es que la masa monetaria de un país sea variable, el problema radica en las instituciones, las relaciones de poder y los mecanismos por medio de los cuales se administra esa masa monetaria. Si el control de la misma está en manos de banqueros u otros segmentos de la burguesía interesados en acumular -a como dé lugar- más y más capital, o de gobernantes irresponsables, estos grupos la utilizarán para cumplir sus intereses. Por tanto, la administración de la masa monetaria (y la elección de un respaldo adecuado para la misma) tiene que hacerse de manera técnica, pero al mismo tiempo política, alejada de los intereses de los grupos de poder dominantes, y alineada a los intereses de las grandes mayorías. Esto, de nuevo, ratifica la necesidad de que la administración del Banco Central cambie de forma dramática, sin caer en la trampa de la falsa autonomía neoliberal, más bien promoviendo una participación social (con economistas políticos y no sólo con «tecnócratas»)./1
Para reflexionar
Las propuestas que se acaban de presentar no son ni una panacea ni una alternativa indiscutible de acción para enfrentar la crisis y los desbalances externos. Tampoco son propuestas suficientes para superar los extractivismos y, menos aún, la condición capitalista de nuestra economía. Simplemente son esbozos para la construcción de respuestas destinadas a enfrentar los actuales retos externos de la economía, que se irán completando a medida que los distintos sectores de la sociedad vayan integrándose en la discusión de una propuesta que permita transformar estructralmente la economía ecuatoriana. Esta propuesta no se inserta en la lógica del todo o nada de la receta neoliberal, y mucho menos en el continuismo del correísmo. Estas son alternativas que se construyen a partir de las experiencias de otras crisis, que pueden servir como punto de partida para un plan de ruta orientado a la construcción de otro Ecuador: un país diferente, cuya economía se organice a partir de los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza.
Los autores son Economistas ecuatorianos (FLACSO), agradecen los valiosos comentarios y cuestionamientos de Wilson Pérez, doctor en economía (FLACSO).
[1] Estamos conscientes de los problemas que esta decisión implica. Cualquier incremento de oferta monetaria vía dinero electrónico podría traducirse también en incremento de importaciones, reduciendo reservas. También la relación dólares billetes/(depósitos + moneda electrónica) podría reducirse, haciendo más difícil la defensa del sistema financiero. Por eso, entre las tareas a asumir se encuentra el impedir que el «tipo de cambio» dólar electrónico/ dólar billete se transforme en un indeseable factor de inestabilidad y de fomento a la especulación. Es en cuestiones como estas en donde los economistas, apoyados con instrumental técnico, tienen que hacerse presente.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.