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Tráfico ilegal de bienes culturales

Cultura ancestral en venta

Fuentes: APM

Machu Pichu, declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad en 1981 por la UNESCO, está siendo devastado por la comercialización y apropiación de sus creaciones en manos privadas y extranjeras Las ruinas incas de Machu Pichu fueron descubiertas en 1911 por el estadounidense Hiram Bingham, quien en un primer momento creía que se había apropiado de […]

Machu Pichu, declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad en 1981 por la UNESCO, está siendo devastado por la comercialización y apropiación de sus creaciones en manos privadas y extranjeras

Las ruinas incas de Machu Pichu fueron descubiertas en 1911 por el estadounidense Hiram Bingham, quien en un primer momento creía que se había apropiado de 4.000 objetos. Sin embargo, recientemente el Instituto Nacional de Cultura de Perú (INC) realizó un inventario en la Universidad de Yale, Estados unidos, de las piezas de colección que allí se encuentran, dando como resultado la tenencia de un total de 40.000 piezas arqueológicas no declaradas. Esto generó un reclamo de las autoridades peruanas a dicha Universidad, pidiendo la devolución total de los fragmentos robados, ya que desde la institución estadounidense insisten en que sólo le devolverán 384 piezas en el lapso de dos años.

La apropiación ilegítima de bienes arqueológicos no es solamente una cuestión sucedida en el pasado. Hoy todavía, se siguen sustrayendo objetos pertenecientes al patrimonio cultural de los países donde su historia precolombina fue trascendental. Lamentablemente, el despojo de fragmentos históricos no es sólo un problema que roza a grandes coleccionistas del mundo o investigadores, sino que también cada turista que visita las ruinas de Machu Pichu se cree capaz de poder apropiarse de fragmentos de cultura incaica sin ningún tipo de vergüenza.

La extracción de piezas o fragmentos de la civilización Inca está provocando la destrucción del contexto histórico que dio origen a dicha cultura, privando a miles de turistas de todo el mundo de conocer la totalidad de sus creaciones y forma de vida. El gobierno peruano invierte más de 6 millones de soles anuales (casi dos millones de dólares) en la preservación del parque arqueológico, ya que el cierre de las ruinas afectaría en gran medida a la economía peruana.

Además, generaría una pérdida de 600 mil dólares en temporada baja y ascendería a 1.500.000 de dólares en temporada alta de afluencia.

Según el ministerio de Comercio Exterior y Turismo, más de 500 personas por día eligen visitarlas recorriendo a pie los 70 kilómetros que conforman el reconocido Camino del Inca, mientras que 2.000 turistas optan por llegar al santuario Inca, a través de trenes y buses. No hay que dejar de lado, que alrededor del turismo que llega a conocer la principal atracción de Perú, hay habitantes del lugar que dependen exclusivamente de la venta de artesanías a los turistas.

A pesar de todo, actualmente las autoridades peruanas están analizando la posibilidad de cerrar los accesos a Machu pichu, ya que la estructura original se está hundiendo, como consecuencia de la cantidad de gente que circula diariamente, y de la infraestructura necesaria que se tuvo que construir para los visitantes, a raíz de ser declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981.

«Es justamente por la construcción ilegal de un puente sobre la vía que conduce a la ciudadela Inca, que Machu Pichu podría perder el estatus de Patrimonio Histórico Cultural, y por ende el acceso al fondo para el Patrimonio Mundial que otorga UNESCO de 3 millones de dólares para financiar asistencia técnica y proyectos de capacitación», explicó la Ministra peruana de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz.

Sin dudas, el recorrido que une Cuzco con las ruinas incas es un negocio importante tanto para las empresas que otorgan el servicio de trenes y buses, como para quienes dan alojamiento en las cercanías del santuario Inca. Sin embargo, en este caso todo ese negocio está en manos de empresas que responden a inversionistas británicos y chilenos.

Todo comenzó cuando en 1999 el gobierno decidió privatizar la compañía estatal de ferrocarriles (Enafer). Luego, la empresa Ferrocarril Transandino S.A (Fetransa) fue quien recibió la concesión por 30 años de la infraestructura ferroviaria correspondiente a los Ferrocarriles del Sur y Sur Oriente, entre los que están el recorrido Cuzco-Machu Pichu. La empresa operadora de este servicio férreo es PeruRail.

A pesar de que Fetransa y PeruRail son dos entidades privadas distintas, ambas pertenecen en la actualidad a los mismos socios, la inglesa Orient Express Hotels Ltd, quienes a su vez están asociadas a una empresa que ha estado ligada a la filial de la compañía aérea chilena LAN. De esta manera, se aseguraron los derechos de explotación comercial de Machu Picchu, así como de sus únicas vías de acceso terrestre: el ferrocarril a Cuzco (unos 112 km) y el Camino del Inca.

Pese a esto, PeruRail tuvo que esperar a que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones les retirara la licencia a Ferrocarriles Santuario Inca Machu Pichu (Fersimsac), en 2003 para conformar un legítimo monopolio en los accesos a las ruinas incas.

En ese sentido, en la actualidad, no sólo que controlan la única vía férrea al santuario arqueológico, sino que también han obtenido la concesión del reconocido Hotel Monasterio y del Hotel Machu Picchu Santuary Lodge, ubicado a la entrada de la ciudadela inca. Con semejante poder en la región, nadie se opuso ante la decisión de crear una vía directa desde el hotel hasta la cima de Machu Pichu. Si bien, puede ser de mayor comodidad para los turistas, fue una pésima decisión para los habitantes de los pequeños pueblos que se encuentran a lo largo del recorrido que debe hacer el tren, ya que subsistían gracias a la venta de artesanías típicas de la región a los turistas.

Con respecto a estas concesiones, el Presidente regional de Cuzco, Hugo Gonzales Sayán señaló que las «malas privatizaciones y concesiones» realizadas, llevaron a que la ciudad imperial deje de percibir entre 500 y 700 millones de dólares en los últimos diez años. Sostiene que hubo robo y latrocinio en estos procesos, y ha anunciado «que renegociará los contratos de concesión con estas empresas».

«Yo pregunto si es correcto que los concesionarios del hotel solo paguen 6 mil dólares al mes, cuando dormir en una suite en ese hotel cuesta 1.260 dólares la noche», sentenció el funcionario.

Indirectamente, el monopolio en el acceso es una manera de apropiación del principal símbolo peruano, conforman el principal peligro por el cual Machu Pichu podría dejar de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los fundamentos que esgrime la UNESCO, son la alteración grave de los materiales y de las estructuras originales -ya sea por razones climáticas o por personas-, pérdida significativa de la autenticidad histórica, mala planificación del desarrollo turístico y falta de medidas de protección.

Los países comprometidos con su patrimonio cultural, amparan la protección de éstos en la Convención sobre la protección del Patrimonio Cultural y Natural adoptada por la UNESCO y ratificada por Perú en 1972, pero que entró en vigor diez años después. A su vez, las acciones de protección, conservación y promoción están sustentadas por la Constitución Política y la Ley general del patrimonio cultural que establece la propiedad de todas las piezas de arte prehispánicas de su territorio.

Además, la institución perteneciente a la ONU ha creado en 1972, junto con la ayuda de INTERPOL y el INC, una lista roja donde figuran con fotografías los objetos «en peligro de extinción». Dicha lista es utilizada por los agentes de aduana para reconocer a las piezas que quieran ser sustraídas del país sin permiso del Gobierno, como así también para evitar su comercialización.

A pesar de estas medidas, día a día las más renombradas casas de remate de Estados Unidos o Europa, ganan millones de dólares a costa de objetos antiguos extraídos ilegalmente de sus países originarios, y que muchas veces corresponden a verdaderas reliquias culturales irremplazables. Un ejemplo de ello, es la reconocida casa londinense Christie´s y su principal sucursal en Nueva York, que publica en su página oficial de Internet los próximos objetos a ser subastados. Es decir, que no es un negocio clandestino que se lleva adelante en penumbras, sino que todo lo contrario, los objetos a vender son hasta publicados con el fin de atraer a coleccionistas adinerados de todo el mundo.

Obviamente que todos los objetos subastados, como así también los que están en manos de la Universidad de Yale, salieron de Perú sin el consentimiento de las autoridades peruanas, por lo tanto se trata de un nuevo caso de tráfico ilegal de bienes culturales. Este flagelo ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de mercados ilegales, detrás de la venta de armas y el tráfico de drogas.

«Sólo el 2006 fue denunciado el robo de 141 bienes patrimoniales, muchos de los cuales salieron del país y de los que apenas se recuperaron 33, Seguramente las sustracciones son más, pues existe una cantidad no conocida de objetos arqueológicos conseguidos por medio de los huaqueros (excavadores ilegales), que los venden a centros de venta legales que luego lo sacan de contrabando fuera del país», precisó Cecilia Bákula directora de INC.

El hecho de que Machu Pichu sea Patrimonio de la Humanidad, no significa que pertenece a todos y cada uno de nosotros y que por lo tanto tenemos derecho a poder robar un fragmento de historia. Si bien, es cierto que el Estado peruano a partir del momento del nombramiento de la UNESCO, ha perdido una importante fuente de ingresos, ya que no tiene ningún tipo de injerencia en lo relacionado a la ciudadela inca. Casi por una cuestión de orgullo nacional y por acuerdos con la UNESCO debe invertir dinero en la preservación y establecer leyes que ayuden a la protección del patrimonio.

En el caso específico de la casa Christie´s en Nueva York, el INC ha intercedido varias veces a través de los embajadores de ambos países para detener el remate de objetos pertenecientes a la cultura prehispánica peruana. Pero la casa de remates se protege diciendo que solamente son consignatarios y que, por lo tanto no tienen responsabilidad sobre el origen de los objetos. Para Bákula «moralmente es cuestionable que alguien venda en su casa bienes de dudosa procedencia. En caso de que se demuestre la venta de las piezas, el gobierno seguiría procesos judiciales a los nuevos poseedores de estos objetos con el fin de recuperarlos».

Desgraciadamente, mientras haya una creciente demanda internacional de antigüedades, dicha problemática seguirá existiendo, a pesar de los esfuerzos que hacen a diario los diferentes organismos internacionales y nacionales para detenerlo. El negocio de los bienes culturales ajenos está dominado con las leyes del mercado que rige en cualquier otro negocio: si hay demanda debe haber oferta que satisfaga las necesidades de esa demanda.

El caso de poseer y gastar miles de millones de dólares en la subasta de antigüedades, pinturas, esculturas y objetos arqueológicos ubica al comprador en un estatus social de privilegio, y a veces hasta paradójicamente se lo indica como unas persona culta. El tráfico de bienes culturales, no es más ni menos que el reflejo de la sociedad en la que vivimos, sin respeto para con el prójimo y sin el mínimo respeto para con nuestros antepasados.

(*) La autora de esta nota es alumna del Seminario «Periodismo en Escenarios Políticos Latinoamericanos» que actualmente dicta la Agencia Periodística del Mercosur (APM) en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.