«Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa.» Rafael Correa, 15.1.2012 La propuesta de cambios en la ley de herencias y la ley sobre la […]
«Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa.» Rafael Correa, 15.1.2012 La propuesta de cambios en la ley de herencias y la ley sobre la plusvalía han sacudido la política nacional. Estos dos proyectos de ley, que asoman como la causa de continuas protestas sociales, apenas son una suerte de «gota que derramó el vaso».
La iniciativa de las movilizaciones en contra de estos proyectos de ley surgió desde sectores de ingresos medios así como de aquellos grupos de la derecha que no están en el gobierno del presidente Correa. En cambio, los sectores sociales fueron aparentemente marginados, cuando justamente ellos -particularmente trabajadores e indígenas-, con sus masivas marchas de resistencia desplegadas desde hace un año, calentaron la calle y ahuyentaron el miedo frente a las acciones de un gobierno represivo y crecientemente totalitario, que tiene como su objetivo la modernización del capitalismo, como lo ha reconocido el propio Correa.
El saldo de casi 9 años del gobierno con los mayores ingresos económicos de la historia es muy claro. Como dice un documento interno del propio gobierno: «nunca antes los grupos económicos poderosos estuvieron mejor, nunca antes los más excluidos de la Patria estuvieron menos peor»; a los pobres les ha ido mejor sobre todo por la redistribución de los enormes ingresos petroleros y no de la riqueza que se siguió concentrándose en pocos grupos nacionales y transnacionales.
El gobierno dice que con los mencionados proyectos de ley busca redistribuir la riqueza. El objetivo, sin dudarlo, es bueno. Pero surgen varias preguntas. ¿Por qué el gobierno plantea la redistribución de la riqueza casi a los 9 años de su gestión? ¿Cómo es posible que se hayan presentado estas leyes sorpresivamente y sin un amplio respaldo popular previo? ¿Son realmente estos dos proyectos tan potentes como para enfrentar el reto propuesto?
Las respuestas son múltiples.
Empecemos por lo crucial. Sin negar el potencial de estas propuestas, cambiando la ley del impuesto a la herencia y con una ley para combatir la especulación de tierras no se logra una profunda redistribución de la riqueza. En realidad contribuyen muy poco a reducir las inequidades (sociales y económicas) y menos aún a cambiar al capitalismo. El impuesto a las herencias -presente en casi todos los países capitalistas- solo establece reglas de juego capitalistas más equitativas en tanto busca equilibrar las oportunidades. No se trata de una propuesta eminentemente socialista. El propio Karl Marx consideraba el tema del impuesto a las herencias como de secundaria relevancia para construir una sociedad socialista.
Además, si aceptamos el discurso oficial de que el impuesto a la herencia solo afectaría a un 2% de la población, generando ingresos de entre 30 y 40 millones de dólares al año, ¿es eficaz el empeño? Tales montos no llegan a representar ni un 0,5% del PIB. En cambio, en el año 2013, 15 grupos económicos obtuvieron ingresos por 12 mil millones de dólares (15% del PIB, monto mayor a los ingresos petroleros), pero solo 3% de esos ingresos sirvieron para pagar impuestos. Una verdadera redistribución de la riqueza requiere redistribuir el poder económico y político desde una estrategia más amplia, respaldada por el pueblo ideológicamente movilizado, y que realmente genere un impacto sobre el capital.
El gobierno, forzado a recular por las protestas, ahora propone un debate nacional para impulsar la equidad y la justicia social. Pero si no se aborda el reto integralmente, no podemos entrar en un debate parcial y manipulador. Los proyectos de leyes de herencia y plusvalía son una acción muy marginal para una verdadera y radical redistribución de la riqueza.
Para abrir un gran diálogo nacional, y no una socialización manipuladora de los dos proyectos, el gobierno primero debería desmontar – todos los decretos antiobreros, como el decreto 813; – las disposiciones que limitan a las organizaciones sociales, como el decreto 16; – la persecución y criminalización a los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza; – las estructuras legales y burocráticas que atropellan los derechos de las mujeres, como el Plan Familia y la misma libertad de expresión, entre otras acciones que den señales de confianza a los sectores populares frente al gobierno.
Y en lo de fondo, la redistribución de la riqueza, tal como manda la Constitución de Montecristi, implica acabar con el acaparamiento y concentración de los bienes de producción, que deben redistribuirse igualitariamente. Por ejemplo, es urgente una profunda revolución agraria que, entre otros puntos, desprivatice y redistribuya el agua, y acabe con la concentración de la tierra, que el propio gobierno admite que no ha cambiado desde 2007. Igualmente se requiere un impuesto progresivo a quienes más ganan: por ejemplo, el impuesto a la renta de quienes tienen un ingreso superior al del propio presidente de la República debería subir progresivamente desde 35% a -por lo menos- un 50%. También cabría introducir un impuesto a las ganancias extraordinarias, por ejemplo a los grupos monopólicos de la comunicación: las dos telefónicas transnacionales, que controlan el 73% del mercado, acumularon ganancias en 2014 de más de 800 millones de dólares. Igualmente habría que romper las estructuras oligopólicas favorecidas por el correísmo: una sola empresa controla el 81% del mercado de las bebidas gaseosas no alcohólicas, otra el 62% del mercado de la carne, tres grandes cadenas comercializadoras de alimentos agroindustriales dominan el 90% del mercado, y así por el estilo. Adicionalmente habría que frenar la ampliación del extractivismo, sobre todo megaminero y petrolero.
Además hay que asumir la deuda del Estado con el IESS, devolver el fondo de pensiones al magisterio, retirar la amnistía tributaria que favorece a los grandes grupos económicos, eliminar las restricciones impuestas al reparto de utilidades de los trabajadores, entre muchas otras acciones que motivan el rechazo popular.
A lo anterior habría que añadir el archivo de los cambios a la Constitución, que apuntan a una creciente concentración del poder en manos del presidente de la República.
Debemos estar muy atentos y no ceder en estos puntos.
Si el gobierno no construye las condiciones para un gran diálogo nacional, deben ser las fuerzas sociales las que lo organicen y lideren. La cristalización de la redistribución de la riqueza y del diálogo que la aliente, no lo olvidemos, demanda la permanente presencia movilizada y combativa del pueblo en las calles. Hay que frenar la restauración conservadora del correísmo, así como aquella que impulsan las fuerzas oligárquicas fuera del gobierno de Correa.-
* Economista ecuatoriano. Expresidente de la Asamblea Constituyente.
Texto para el periódico EL CONEJO de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT
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