En sus tiempos de campaña electoral, el coronel Lucio Gutiérrez visualizó a la adhesión del Ecuador al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) como a una decisión autodestructiva, un suicidio. Viraje hacia la globocolonización Instalado en la silla de Carondelet en enero del 2003, y al tenor de una diplomacia subordinada, radicalizada luego […]
En sus tiempos de campaña electoral, el coronel Lucio Gutiérrez visualizó a la adhesión del Ecuador al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) como a una decisión autodestructiva, un suicidio.
Viraje hacia la globocolonización
Instalado en la silla de Carondelet en enero del 2003, y al tenor de una diplomacia subordinada, radicalizada luego de la sustitución de la canciller Nina Pacari por Patricio Zuquilanda -nombrado a sugerencia de la embajadora de la Casa Blanca en Quito, Kristie Kenney-, el régimen del Partido Sociedad Patriótica (PSP) exhibirá un febril entusiasmo por el ALCA, al punto de convertir a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU. -eslabón del ALCA- en un «objetivo nacional», conforme el coronel-presidente le comunicara a al presidente George W. Bush en la Cumbre de Monterrey (2003). Ulteriormente, voceros oficiales promoverán al TLC de marras como a un «puente al Primer Mundo». ¡Cosas oirás, Sancho!
Del verbo a la acción, Gutiérrez obrará con fe de carbonero, empeñándose en cumplir a rajatabla con los prerrequisitos para la suscripción del tratado establecidos por Washington relativos a que el Ecuador resuelva asuntos pendientes con empresas estadounidenses (IVA petrolero, BellSouth, IBM, juicio de los indígenas amazónicos a la Texaco) y profundice la legislación antilaboral, entre otros. En esa misma perspectiva, designó como responsables de la negociación a la ministra de Comercio Ivonne «Malinche» Baki y a Mauricio Yépez, un ex funcionario del FMI, y mendigó fondos a la AID para el adiestramiento del elenco de delegados nativos en esa materia. Amén de asumir de árbitro en las pugnas entre los potenciales beneficiarios internos del instrumento integracionista/anexionista.
¿Cómo explicar el cambio de postura del mandatario ecuatoriano asumida sin que medie un genuino proyecto nacional o por lo menos una consulta plebiscitaria?
Las razones endógenas habrían sido del tenor siguiente:
La primera, la «cohabitación» -luego de la ruptura con la CONAIE-Pachacutik- con la derecha más recalcitrante, liderada en el Congreso por el febrescorderista Partido Social Cristiano, exponente mayor de la burguesía agromercantil, financiera y comisionista costeña de inveterada vocación por el «libre» cambio. La segunda, relacionada con el notorio -para no decir enciclopédico- desconocimiento del oficialismo respecto de las implicaciones liquidacionistas que un eventual TLC con la potencia mundial representaría para nuestro frágil Estado-nación, amén de sus devastadores efectos para su socioeconomía, especialmente agraria. Fundamentos del integracionismo estadounidense Los recurrentes proyectos unionistas de EE. UU. con Latinoamérica -el panamericanismo, según la jerga diplomática de la Casa Blanca y sus acólitos- se engranan con concepciones geopolíticas y políticas de corte neocolonialista como las siguientes:
° La doctrina Monroe («América para los americanos») sustento del expansionismo territorial de Washington en el siglo XIX.
° La ideología del «espacio vital», orientada al control de los recursos naturales y energéticos de nuestros países, un elaborado del nacionalsocialismo alemán que fuera copiado al calco por el complejo industrial-militar norteamericano después de la II Guerra Mundial para impulsar su proyecto de la Gran Área (Grand Area), conforme lo demostrara Noam Chomsky en su libro Los vencedores (1996).
° La Iniciativa para las Américas, el corolario para el hemisferio deducido por George Bush después del derrumbe del «socialismo real» europeo como instrumento para reforzar el control multiforme del continente, que inicialmente se concretó con la firma del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que incorporó particularmente a México a los designios de la Casa Blanca y Wall Street.
Esta saga neocolonizadora explica por qué el ALCA y los TLC bilaterales impulsados por USA desde fines del siglo del siglo pasado, lejos de inspirarse en propósitos de fomento productivo y diseminación del progreso en los países centro y suramericanos, buscaran/busquen, sobre todo, consolidar la hegemonía de la potencia todavía unipolar en las esferas productiva, comercial, financiera, científica, tecnológica, ambiental, ideológica, legal e institucional en estas latitudes, en la perspectiva de contrarrestar la creciente influencia en la región de la Unión Europea y particularmente del dragón chino.
En otras palabras, tanto el ALCA como los TLC en referencia comportaban/comportan esquemas asimétricos de integración para asegurar la libertad de movimiento y las máximas ganancias para las corporaciones yanquis, y, en contrapartida, para enajenar aún más la soberanía de nuestras naciones, profundizar la expoliación de su fuerza laboral y el saqueo de los recursos naturales, energéticos y ambientales, apropiarse de los conocimientos de las comunidades autóctonas, eliminar a los competidores locales, extender el antidesarrollo neoliberal, adoctrinar al subcontinente en la religión del mercado, empobrecer y humillar a los latinoamericanos.
El neoliberalismo como eje del nuevo colonialismo
Las propuestas integracionistas elaboradas bajo el formato del ALCA y los TLC bilaterales pretendían/pretenden la «legalización» supranacional del completo modelo neoliberal-monetarista diseñado por el Consenso de Washington, vademécum de política cuyos ámbitos operacionales y mecanismos principales han sido descritos del modo siguiente:
Seguridad social: «Las transnacionales desmantelarían los servicios públicos al someterlos a las reglas de la competencia internacional y a las disciplinas de la OMC, el ALCA y los TLC, abriendo de esa manera el sector de la educación pública a la libre competencia empresarial extranjera, destruyendo los hospitales públicos… Las normas que rigen a los trabajadores de los sectores salud, educación, seguridad y otros servicios se verán sujetas a las reglas y criterios del ALCA y los TLC ‘a fin de que no constituyan obstáculos para el comercio’… El ALCA y los TLC pretenden transformar (mucho más aún) estos servicios en mercancías. Quien pueda pagar los tendrá…». (Cf. «¿Cómo afectará el ALCA a nuestros pueblos?», documento preparado por el Campamento Internacional por la Justicia y la Dignidad de los Pueblos y publicado en Cuadernos de Economía, No. 21, Facultad de Economía de la PUCE, Quito, junio de 2002).
Competencia: «Si entra en vigencia el ALCA (o los TLC), habrá más quiebras de pequeñas y medianas empresas y desindustrialización de los países de la región involucrados. Luego, los trabajadores quedarán sin empleo y sin poder de adquisición de bienes y de servicios básicos…». (Ibid.). O, cuando más, se fomentará la industria maquiladora.
Medio ambiente: «Para cualquier modificación en las leyes ambientales, o de salud, los países tendrán que consultar a las entidades del ALCA (o de los TLC) para saber si la nueva ley no es perjudicial a los intereses metropolitanos. Dada esta situación, muchas empresas cuestionadas por su contaminación y riesgos en la salud serían trasladadas a nuestros países, donde no hay legislación que realmente sancione los abusos industriales. Y ya que las empresas transnacionales, gracias a los derechos de inversionista-Estado, no tienen obligaciones, los problemas ambientales relativos al libre comercio hemisférico se (dejarían) a un lado. Podrían condimentar la comida de los niños con plutonio o sulfato líquido; si se lo prohíbe y la empresa es estadounidense, habrá que pagarle a esta una indemnización'». (Ibid.)
Agua: «El ALCA y los TLC pretenden establecer un mercado continental del agua. Esto supone que servicios tales como el suministro de agua o el tratamiento de aguas residuales serán privatizados o subcontratados a empresas transnacionales… Estas privatizaciones son promovidas en gran medida, al igual que la darwiniana ‘contrarreforma educativa’, por el Banco Mundial…». (Ibid.)
Agricultura y seguridad alimentaria: «El sistema que existe en Norteamérica, Europa, y que comenzaría a predominar con el ALCA y los TLC, es la industria agrícola para la exportación llamado ‘agroempresarial’, en el que entran las semillas híbridas, los agrotóxicos y las grandes maquinarias. Este sistema no es otra cosa que la agricultura de las transnacionales, que producen alimentos transgénicos sin que importen las normas de salubridad, ni los derechos de las familias agricultoras… Este sistema ‘agroempresarial’ reemplazará a la cultura agrícola de nuestros pueblos, mediante el cual los campesinos cultivan alimentos para el autoconsumo y para alimentar al país. Para completar el círculo… los precios nacionales estarían bajo las órdenes de los precios internacionales». (Ibid.).
Las negociaciones entre Washington y los países andinos
El formato específico de los TLC a firmarse con los países andinos fue fijado en la Cumbre ministerial de Miami, reunida en noviembre del 2003, cuando se acordó el borrador de los TLC a suscribirse entre USA y los países andinos, exceptuada la Venezuela chavista.
En la Declaración final de ese encuentro se apuntaba: «Las negociaciones (de los TLC) incluirán disposiciones en cada una de las siguientes áreas: acceso a mercados, agricultura, servicios, inversión, compras del sector público, propiedad intelectual, política de competencia, subsidios, antidumping y solución de controversias». (ALAI: Boletín Informativo de la Campaña Continental contra el ALCA, 12 de diciembre del 2003).
Es decir, el mismo temario que Washington impuso en el TLCAN con México y Canadá.
Aparte de los ya referidos beneficios globales que la metrópoli obtendría/obtiene de sus propuestas de integración asimétrica, ¿qué intereses concretos de las firmas estadounidenses ocultaba esa tecnocrática agenda?
El punto se esclarecíó parcialmente en la carta que dirigiera al Congreso de la Unión el zar estadounidense del ALCA, Robert Zoellick, informando del inicio de las conversaciones para la firma de un TLC con los países andinos, suscriptores del Acuerdo de Preferencias Andinas (ATPDA), instrumento que contemplaba exoneraciones arancelarias de EE. UU. a la subregión en compensación por su participación en la fementida «guerra contra el narcotráfico».
En la misiva en referencia, Zoellick destacaba:
«El TLC nos permitirá discutir sobre impedimentos para el comercio y las inversiones en los países andinos, incluidos la inadecuada protección de los derechos de propiedad intelectual, las altas tarifas arancelarias en productos agrícolas, el uso injustificado de medidas sanitarias y fitosanitarias, las prácticas de restricción de licencias, el trato discriminatorio relacionado con inversiones y las limitaciones para el acceso de proveedores de servicios… Contribuirá a los esfuerzos para fortalecer la democracia y la ayuda para valores fundamentales en la región, entre las cuales se cuentan el respeto por la ley, el desarrollo sostenible y la transparencia en las instituciones de gobierno». (Ibid.)
El caso ecuatoriano
Contrariamente a la ingenua expectativa del régimen del PSP de, con inversiones grandes y de largo plazo de USA, convertir al Ecuador en una suerte de Hong Kong o Singapur de este lado del Pacífico, cabe destacar que para Washington el país tenía/tiene sobre todo una importancia geopolítica por constituir un país-bisagra en la guerra civil colombiana y una de las «entradas» a los recursos de distinta índole de la hoya amazónica, en la actualidad mayoritariamente bajo la soberanía brasileña.
En cuanto a la significación comercial -entendida esta en su semiótica tradicional- nuestro país tenía/tiene una importancia muy relativa, puesto que -como se ha hecho notar- los consumidores de Nueva York, Miami o San Francisco perfectamente podían/pueden arreglárselas sin las rosas o el banano ecuatorianos. Tampoco a las corporaciones estadounidenses les importaba/importa demasiado dejar de vender «cuatro camiones» adicionales a un minúsculo mercado.
Para nuestro país el panorama era/es completamente distinto, concretamente en el ámbito de las relaciones comerciales, pues se trataba de una entrega de todo a cambio de (casi) nada.
A este respecto un comentarista local apuntaba:
«Para que el Ecuador pueda vender al mercado de Estados Unidos unos pocos productos más, aparte de los que ha exportado sin impuestos por varias décadas, se verá obligado a aceptar cambios en sus cuerpos legales para: 1) preferir a los productores americanos cuando el Estado haga sus compras gubernamentales para proyectos de infraestructura económica o social; 2) prorrogar las patentes de medicamentos que están en vísperas de pasar a conocimiento universal y no poder hacer genéricos; 3) dar trato nacional a las empresas multinacionales que quieran venir a explotar el mercado de servicios financieros, seguros, de provisión de servicios de agua potable, energía, telecomunicaciones, servicios turísticos; 4) proteger las inversiones y allanarse a ceder la jurisdicción legal en caso de controversias a tribunales extranjeros; 5) obligarnos a exportar solo los productos que contengan materia primas e insumos americanos; y 6) aceptar en el mercado nacional a los productos agrícolas que reciben subsidios en los países del norte». (Washington Herrera, «Integración sin anestesia», El Comercio, 2 de diciembre de 2003).
Esto sin contar que la «desponchonización» del campo por obra de una truculenta modernización de la agricultura habría representado un éxodo hacia las urbes locales o hacia los «paraísos» primermundistas» de alrededor de tres millones de indígenas y campesinos compatriotas.
¡Un auténtico genocidio económico y cultural!
Estas sombrías perspectivas que se «barruntaban» para el atribulado Ecuador con la formalización del TLC con Washington se disiparon, al menos circunstancialmente, por obra de una vigorosa resistencia nacionalista y popular que, en una primera fase, dio al traste con el oprobioso y neoliberal gobierno de Lucio Gutiérrez con los episodios que culminaron el 20 de abril del 2005 y que la historia ha recogido bajo el nombre de la Revolución «Forajida»; y, en un segundo momento, por reformas de corte reivindicacionalista de los intereses nacionales introducidas a la legislación hidrocarburífera que impulsara en el Parlamento Alfredo Palacio, el camaleónico sucesor del «dictócrata» defenestrado, reformas que incomodaron al petrolero Bush Jr., quien ripostó con la suspensión de la ronda final de las negociaciones telecistas con Quito.
Corsi e ricorsi. Ni la dialéctica de la dominación ni la dialéctica de la resistencia han terminado.
Al neutralizado TLC de Ecuador con EE.UU ha sucedido el TLC de nuestro país con la Unión Europea, cerrado el mes de junio pasado por el gobierno que acaudilla férreamente Rafael Correa Delgado; el instrumento está pendiente de aprobación formal tanto por el Parlamento Europeo como por la Asamblea Legislativa nacional.
Por cierto, a una evaluación preliminar de este nuevo TLC (Tratado de Libre Colonización) le dedicamos un breve estudio. (Ver: TLC con sabor europeo/ www.alainet.org/active/76346).
Oct./2014
René Báez, ex decano de la Facultad de Economía de la PUCE y actualmente miembro del Centro de Pensamiento Crítico. Premio Nacional de Economía. Autor, entre otros libros, de Antihistoria ecuatoriana (Universidad Central del Ecuador, Quito, 2010)
Fuente: http://alainet.org/active/78416