El Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales de Chile dirigió una carta a todos los candidatos a Presidente de la República planteando medidas a asumir en sus programas, en el campo de los derechos humanos relativos a la vida, la libertad y el no a la impunidad, así como respecto de medidas relativas […]
El Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales de Chile dirigió una carta a todos los candidatos a Presidente de la República planteando medidas a asumir en sus programas, en el campo de los derechos humanos relativos a la vida, la libertad y el no a la impunidad, así como respecto de medidas relativas a los derechos humanos sociales y culturales. En este último aspecto la entidad se pronuncia respecto del debate sobre la Asamblea Constituyente, interrogando a los candidatos acerca de si están dispuestos a cambiar la constitución actual «por una nueva que surja de mecanismos genuinamente democráticos, imposibles de gestar con la actual institucionalidad. Estos mecanismos deben asegurar que sea posible incluir conceptos claves como la recuperación del rol del Estado; el derecho a la educación gratuita y de calidad; a la salud y medicamentos para todos; al trabajo digno, a la remuneración y la previsión adecuadas; la recuperación como patrimonio del Estado de los recursos naturales (bienes comunes) como el agua, el cobre, el litio, y las semillas campesinas.»
Asimismo incorporan a la discusión programática la Anulación del Decreto Ley 2.191 de Amnistía de 1978, y la ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa humanidad, que impediría que los jueces chilenos apliquen la media prescripción en esos casos.
El coordinador de DDHH de los Colegios Profesionales señala que la propuesta dirigida a quienes están en la carrera presidencial, busca impulsar «un debate libre y creativo que nos permita avanzar a una sociedad en la cual el respeto a los derechos de todos y todas constituya una práctica cotidiana».
El documento, dado a conocer a fines de mayo por Luis Astorga J. Contador Público, fue suscrito por los departamentos de Derechos Humanos y/o Comisiones de DDHH de los Colegios Médico, de Enfermeras, Trabajadores Sociales, Periodistas, Contadores, Matronas y Arquitectos.
A continuación, el texto completo de la propuesta:
Carta del Coordinador de DDHH de los Colegios Profesionales a los candidatos a Presidente de la República de Chile
Chile vive hoy un despertar ciudadano. La lucha por el respeto a los derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la vida y la libertad, se ha extendido a la lucha por los derechos humanos sociales y culturales, tales como el derecho a la educación gratuita y de calidad, demanda transversal de la sociedad hoy. Entre los nuevos temas instalados por la movilización social, resalta la exigencia de una nueva Constitución. La actual constitución, generada por la dictadura, atenta contra los derechos humanos porque impide asegurar el derecho a la salud, la renacionalización del cobre, y reformar las leyes laborales y previsionales, temas cruciales para las grandes mayorías. El Estado criminaliza la protesta social, usa la tortura, el secuestro y los allanamientos masivos para desalentar la movilización de sectores juveniles, indígenas o de trabajadores. Eso no le hace bien a la democracia ni contribuye a resolver los problemas que afectan a la mayoría de los chilenos y chilenas.
Por ello como Coordinador deseamos plantear de una manera amplia dos dimensiones de este despertar social, que se condicionan mutuamente. Por una parte, el fin de la impunidad por los crímenes ocurridos en el pasado dictatorial y el abandono del uso de la fuerza como respuesta a la protesta popular, son condiciones necesarias para que las luchas de los movimientos sociales del presente, se den en un marco democrático que las contenga, en lugar de que el Estado continúe reproduciendo mecanismos violentos de represión. Y por otra parte, como profesionales comprometidos con los derechos humanos, queremos ir más allá de la contingencia, planteando medidas a asumir en los programas de los presidenciables, en el campo de los derechos humanos relativos a la vida, la libertad y el no a la impunidad (parte I) y de medidas relativas a los derechos humanos sociales y culturales (parte II).
I Un candidato que rechaza las violaciones de derechos humanos ocurridas en el tiempo de dictadura, debiera comprometerse a respaldar al menos las siguientes medidas:
a) Anular el Decreto Ley 2.191 de Amnistía de 1978
b) Enviar un Proyecto de Ley que tipifique la Desaparición Forzada de Personas como Crimen Contra la Humanidad y tramitar el proyecto existente que incorpora en el Código Penal la tipificación del delito de tortura y su sanción.
c) Poner al día la legislación penal chilena respecto de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, ratificando la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas. De esta manera ya no se podría aplicar la prescripción o la media prescripción en esos casos.
d) Ratificar las Convenciones sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
e) Reconocer el derecho a la reparación que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos, dejando de operar judicialmente en contra de este derecho a través del Consejo de Defensa del Estado.
f) Asegurar la continuidad de las investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos a cargo del antiguo sistema procesal, dotando al poder judicial de todos los recursos necesarios para ello y restableciendo la colaboración del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior con esas investigaciones.
g) Modificar el código de justicia militar para limitar su competencia exclusivamente al personal militar en servicio activo, por hechos en ámbitos militares.
h) Establecer una asignación presupuestaria (Fondo) permanente orientado a la recuperación de la Memoria Histórica en sus diversas expresiones, en cuya gestión tengan participación las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.
i) Asegurar el funcionamiento del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) de atención a familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos.
j) Establecer un Mecanismo Nacional de implementación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, con competencia para efectuar visitas periódicas a centros de detención.
k) Dejar de enviar miembros del ejército y la policía a formarse en la ex Escuela de las Américas, actual Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental, responsable de la formación de torturadores en el pasado y que hoy continúa transmitiendo la doctrina del «enemigo interno» que debe ser aplastado.
l) Fiscalizar a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones de derechos humanos, los objetivos y funcionamiento del Centro Conjunto (Chile/Estados Unidos) de Entrenamiento de Fuerzas de Paz establecido en el Fuerte Aguayo de Concón.
II Asimismo, un candidato que comprende que los derechos humanos no son un tema del pasado y que el Estado de Chile debe mostrar en el país y también a nivel internacional que su conducta es de respeto, debe actuar con un ejercicio ético del poder, comprometiéndose a:
a) Sancionar ejemplarmente a los uniformados responsables judicialmente de la muerte, tortura y/o malos tratos a personas, expulsándolos de sus instituciones y pidiendo sanciones penales en los respectivos juicios.
b) Terminar con la práctica de criminalización de los movimientos sociales y sus luchas.
c) Defender los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas eliminando las prácticas de discriminación y de violencia sexual ejercida por la policía en su contra; haciendo cumplir la legislación en materia de violencia contra la mujer y garantizando el respeto y la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos. Se les debe garantizar un pronto acceso a la justicia en todos los casos de violencia, sea ésta sexual, intrafamiliar o policial.