La Fundación Ciudadano Inteligente busca fortalecer las democracias en América Latina y reducir la desigualdad. Trabaja con plataformas digitales que aumenten la participación ciudadana y el acceso a la información, promoviendo la transparencia a través del uso innovador de las tecnologías. «Transferir poder desde los pocos hacia los muchos» es uno de sus objetivos. Presentes […]
La Fundación Ciudadano Inteligente busca fortalecer las democracias en América Latina y reducir la desigualdad. Trabaja con plataformas digitales que aumenten la participación ciudadana y el acceso a la información, promoviendo la transparencia a través del uso innovador de las tecnologías. «Transferir poder desde los pocos hacia los muchos» es uno de sus objetivos. Presentes en Chile desde 2009, se definen como una organización laica, respetuosa y defensora de la diversidad política, cultural, social, religiosa y sexual. No reciben financiamiento de gobiernos, partidos, ni de ninguna organización gremial con intereses políticos. «Nos valemos de la transparencia, las tecnologías de la información y la participación colectiva como herramientas de cambio. Nos inmiscuimos en las agendas legislativas y espacios en donde se puede ayudar a mejorar el sistema democrático, ya sea a través de leyes, experiencias o hechos concretos, por ejemplo las causas judiciales donde creemos que es un aporte estar presente», dice a Punto Final Rodrigo Echecopar, subdirector y encargado de los temas de incidencia nacional.
¿Qué pasa con la corrupción en Chile?
«No es que haya aumentado en el último tiempo, lo más probable es que recién se está conociendo lo que venía sucediendo hace mucho. En ese sentido, 2015 fue un año más bueno que malo, porque el tema se ha puesto en el tapete.
Algunos políticos dicen que lo que hicieron no es tan malo porque no se estaban enriqueciendo sino que los dineros eran para sus campañas. Desde nuestra perspectiva, eso es aún más grave porque el problema de fondo es que estaban vendiendo su poder por dinero. Estaba la democracia en juego. Cuando hablamos de la Ley de Pesca, ¿por qué creer que es democrática cuando muchos parlamentarios probablemente estaban defendiendo intereses de empresas y no el interés público? La discusión que se dio en la Comisión de Pesca, en el Senado y la Cámara, no fue democrática, no estaban en juego intereses públicos sino privados. Se aprobaron cosas muy locas como concesiones de por vida, y eso no tiene sentido en cualquier visión económico-social. No nos parece que esa legislación responda a la voluntad de la mayoría. Por eso, creemos que el destapar estos escándalos de corrupción permite entrar en una fase en donde podemos equiparar más la cancha para profundizar nuestra democracia».
Ustedes han hecho diferentes campañas, por ejemplo, el Observatorio Anticorrupción.
«En las elecciones levantamos una plataforma que se llamó ‘Vota inteligente’, que hemos ocupado también en Argentina, Guatemala y otros países. Lo que buscamos es que las elecciones sean lo más programáticas posible, alejarlas del marketing y de quién tiene más carteles en las calles. Tratamos de mostrar cuáles son las propuestas de los candidatos para que los ciudadanos decidan sobre temas prioritarios y empujen hacia compromisos programáticos, que hagan que nuestros representantes tengan un compromiso con la sociedad y no que resulten elegidos por los eslóganes y sonrisas. También para acortar la distancia ‘del dicho al hecho’: una vez que un candidato se comprometió a ciertas cosas, cuando gana monitoreamos que cumpla lo prometido.
Hacemos un seguimiento a las promesas del presidente o presidenta en sus programas de gobierno y discursos de 21 de mayo. Vamos midiendo cuánto cumplió de lo que dijo, de manera que como ciudadanía podamos estar atentos y exigir que se cumpla lo prometido. Lanzamos ‘Barrios en acción’: lo que busca es que se puedan hacer denuncias sobre mal uso o problemas en el espacio público, una calle en mal estado, basura en algún lugar, etc. Buscamos dar poder a los ciudadanos de una comunidad para que hagan denuncias y vean qué están haciendo los vecinos a su alrededor, de manera que se construyan espacios de articulación, un espacio público donde todos puedan ver las denuncias y exigir a las municipalidades o a quien corresponda que se hagan cargo.
Ultimamente, el proyecto al que le hemos dedicado mucho tiempo es el ‘Observatorio Anticorrupción’. ¿Por qué es tan importante? Porque en Chile, con todos los escándalos de corrupción, se abrió una posibilidad de hacer reformas que realmente permitan profundizar la democracia. Es decir, equiparar un poco más la relación entre ciudadanos comunes y empresarios, o quienes tienen poder. Estamos impulsando los resultados de la Comisión Anticorrupción. Creemos hizo una mirada general de los desafíos en corrupción y democracia, que abarca desde el financiamiento de la política, partidos políticos, municipalidades, integridad y ética, confianza en los mercados, etc. Y tiene más de 240 propuestas que creemos que en verdad son un aporte para mejorar la democracia y la institucionalidad. No queremos que vuelva a pasar lo de 2006 con la misma presidenta Bachelet: cuando a Alejandro Ferreiro le tocó presidir una comisión similar y donde no se pudo hacer lo que se proponía. Creemos que hoy la ciudadanía está más activa, hay más disposición también en el Congreso, y esperamos que esta vez sí avancemos con reglas que nos permitan equiparar la cancha».
LENTO AVANCE
¿Hay cifras respecto al cumplimiento de propuestas?
«Lo que hace el Observatorio es mostrar la contingencia, noticias relevantes en la agenda de probidad y transparencia y en los espacios de discusión, y hacer un seguimiento, propuesta por propuesta. Qué nivel de cumplimiento tiene, qué tan avanzado está el proceso para que llegue a ser ley, y también mostrar qué nota tiene porque, a veces, los proyectos tienen nombres que se parecen a los de la Comisión, pero no necesariamente logran el objetivo. Ponemos nota para mostrar de qué tan buena calidad es esa legislación. El avance de la agenda de probidad y transparencia es de 47%, con nota 4,2. Si no llegamos al 100% no sirve de nada. Si se llega al 95% no es ley, no obliga a nadie. Es muy importante mejorar la nota, porque si no, la ley va a ser letra muerta, y ‘hecha la ley, hecha la trampa’. Queremos leyes que nos permitan efectivamente cambiar las malas prácticas.
Vemos que hay dos proyectos medulares: la Ley de Financiamiento de la Política y la Ley de Partidos Políticos. El de financiamiento define cómo el dinero juega un rol en la política y por eso es fundamental estar presente en esa ley. Ahí hay hartas cosas en las cuales avanzar, por ejemplo persisten límites muy altos a las donaciones privadas, eso genera desigualdad. Si donas más de 12 millones de pesos, obviamente tendrás un nivel de influencia sobre la elección mucho más grande que quien no pueda hacerlo. Se deben imponer límites más razonables a las donaciones y, al mismo tiempo, fortalecer el Servicio Electoral, de manera que pueda fiscalizar. Y en esa misma línea, tiene que existir fiscalización ciudadana, porque esa es la única forma de garantizar que todos podamos participar del proceso y observar si se está cumpliendo la legislación.
El otro proyecto es el de partidos políticos. Estos juegan un rol relevante al momento de determinar cómo funciona la democracia: son los que presentan los candidatos. Recientemente se votó el proyecto en la Cámara y quedamos disconformes. Hubo avances en términos de derechos y deberes de los militantes, exigencias de transparencia, pero, por otro lado, aumentaron las barreras para formar nuevos partidos. Para una fuerza emergente es muy difícil entrar en competencia. Se hacen exigencias muy grandes para que los partidos se mantengan. Con estas exigencias, la Falange -que precedió a la DC-, en las primeras cuatro elecciones en que participó hubiera sido disuelta… Los partidos tradicionales no están viendo esto con una visión de futuro, que es importante que en la democracia haya dinamismo y puedan entrar nuevas fuerzas. Necesitamos sanciones reales a los partidos que no cumplan con la legislación. Sin sanción es muy difícil que cambien los comportamientos. Y espacios de democracia directa en los partidos, al menos algunos cargos o poderes y órganos, debieran ser llenados por los militantes mediante ‘un militante, un voto'».
LO LEGAL Y LO ETICO
Ustedes se querellaron contra varios políticos…
«Como organización de la sociedad civil nos podemos querellar contra alguien que haya sido funcionario público al momento de cometer el delito. Hay algunos políticos que cumplen con ese estándar, por eso nos querellamos contra Pablo Wagner, Iván Moreira, Ena Von Baer, Ernesto Silva, Jovino Novoa, Fulvio Rossi, Roberto León, Alberto Cardemil, Claudio Eguiluz y Jorge Pizarro. Eso nos permitía estar presentes en un espacio en donde, desde nuestro punto de vista, era muy importante defender el interés público por conocer la verdad, que se llevaran juicios orales o espacios de exposición pública que nos permitieran conocerla en profundidad. Desde un punto de vista más jurídico, está el precedente para pedir fiscalizaciones o apelar en el caso de que no estuviésemos conformes con algún fallo.
Creemos que podemos aportar a que el interés público que hay en esos juicios también salga a la luz. Cuando se esconde no nos permite hacer un análisis más profundo, como sociedad, de cómo tenemos que cambiar las reglas del juego, qué cosas están funcionando mal».
¿Y el desempeño del Ministerio Público y los tribunales?
«Efectivamente se han investigado casos emblemáticos. Cuando hablábamos de casos de corrupción hace diez años, caía el encargado de finanzas o la secretaria. Hoy vemos que Jovino Novoa -ex presidente del Senado y presidente dos veces de la UDI-, tuvo que reconocer que era culpable de delitos de corrupción. Sentimos que el juicio abreviado al que se le dio posibilidad de acogerse no respondía al interés público. Dijeron que tenía como atenuante ‘la colaboración sustancial’. Cuando lo imputaron, él decía: ‘No, estos fiscales me están haciendo una persecución política. Es una investigación ideológicamente falsa. Los querellantes no tienen ninguna prueba’. ¿Entonces, cómo dicen que hubo ‘colaboración sustancial’, si en un principio negó todo e insultó a todos? Lo pillaron con las manos en la masa. ¡No tenía necesidad de colaborar!
Es de interés público que haya juicios orales que permitan conocer la verdad, porque lo que pasó con Novoa es que reconoció lo que quiso y nunca vamos a saber qué fue lo que en verdad pasó, cómo distribuían esas platas, cómo funcionaban los esquemas de financiamiento y cómo eso afectaba nuestra democracia. Creemos que es de interés público que se conozca quiénes fueron los beneficiados y perjudicados, para que no vuelva a suceder».
CAVAL Y MEO
¿Y en el caso Caval o en el de Enríquez-Ominami?
«Cuando explotó el caso Caval -que involucra al hijo de la presidenta Bachelet-, fuimos muy firmes en plantear su renuncia y la necesidad de conocer la verdad y que se asumieran responsabilidades. Lo que está pasando con MEO o con el ex presidente Piñera es similar. Un grupo de políticos ha funcionado de una manera que no se condice con una democracia sana. Esperamos que las diligencias de la Fiscalía y el Ministerio Público nos permitan conocer la verdad y se apliquen sanciones. Hay mucha corrupción en algunos casos entre privados, pero también en esferas públicas y, efectivamente, son un perjuicio para la sociedad. Y más importante es que podamos modificar nuestra legislación para que esto no vuelva a pasar».
¿Cuál es la diferencia entre legal y ético?
«Muchos políticos se han escudado en que han actuado dentro de lo legal. No se hacen cargo de una pregunta mínima para cualquier representante público: ¿lo legal es ético? Como ciudadanía tenemos que empujar para establecer estándares éticos mínimos en la esfera política. En una entrevista el diputado Giorgio Jackson dice que cree que está bien valorado en las encuestas no porque haga algo del otro mundo sino porque cumple con lo mínimo que debería hacer cualquiera: no aceptar dinero de empresas, hacer lo que dice. Como sociedad debemos ser capaces de condenar a quienes no cumplen esos estándares y, al mismo tiempo, evolucionar en ellos de manera que no sea solamente la ley la que defina nuestro comportamiento, sino una cultura que entiende dónde está lo éticamente correcto.
En los casos Caval y de Marco Enríquez-Ominami no se cumplen los requisitos legales para querellarnos. Ocurrieron antes de que los involucrados asumieran un rol público. Tampoco podemos querellarnos contra el diputado Felipe De Mussy, que recibió financiamiento a través de boletas ideológicamente falsas. Eso está en manos de la Fiscalía».
FINANCIAMIENTO DE LA POLITICA
¿Si el tribunal citó a MEO debería ocurrir lo mismo con Piñera?
«Creo que lo relevante es que debe explicar situaciones que rayan en lo éticamente reprochable. El rol de los líderes políticos no es el silencio. En estos momentos donde está en juego nuestra democracia, lo que uno espera es que sean capaces de enfrentar las preguntas de la sociedad y de los tribunales. Y eso cabe para cualquiera».
Enríquez-Ominami dice que su relación con SQM no viola la ley…
«Entramos de nuevo al tema de lo legal y lo ético. ¿Por qué creemos que las empresas no deben aportar dinero? No es un capricho. No tienen intereses públicos sino corporativos. Cuando están ‘donando’ a la política, es para que sus intereses sean resguardados. Un candidato que acepta importantes montos va a tener una dependencia respecto a esos intereses. Esto es contradictorio con quien dice defender intereses públicos».
¿En otros países existe prohibición a las empresas para financiar la política?
«En muchos países están prohibidos los aportes. Pero eso, en Chile, no bastaría. Para un sistema sano se necesita la prohibición, pero también tiene que ver con cómo regulamos o cuál es el máximo que se puede donar. En Estados Unidos el máximo que puede donar un ciudadano a una candidatura presidencial es de cinco mil dólares. Nosotros permitiremos veinte mil dólares. ¿Si EE.UU. es mucho más rico que nosotros, por qué tienen un límite más bajo? En Francia se permiten aportes ‘anónimos’, que no es lo mismo que ‘secretos’. La gracia de los aportes anónimos es que protegen a quienes no quieren ser perseguidos por sus ideas. Por ejemplo, un empleado o un obrero que quiere aportar a un partido que es distinto al de su empleador. Con el aporte anónimo nadie lo puede perseguir. En Francia es de poco más de cien mil pesos chilenos. En cambio, en Chile estamos instalando un aporte anónimo de más de un millón de pesos. Son necesarias medidas que nos permitan avanzar hacia una democracia que no dependa ni de empresarios ni de gremios ni de personas capaces de financiar la política, sino una democracia que dependa de ideas que debata la sociedad y donde todos valgan por igual.
Empezamos a hablar sobre el financiamiento de la política antes de las presidenciales de 2012, y en ese momento no era un tema tan relevante. Nuestra sociedad avanzó en este tema. En 2014, cuando se hizo la modificación al sistema binominal, se presentó una modificación para que los aportes de empresas fueran prohibidos. La presentaron los diputados Mirosevic y Jackson, pero los senadores la rechazaron. Ahora, tras los escándalos, se aprobó. Se están dando pasos y hay que aprovechar esta puerta abierta, no solo en términos legislativos sino también en el empoderamiento ciudadano»
Publicado en «Punto Final», edición Nº 845, 22 de enero 2016.