Es increíble lo que está pasando con el déficit. Estaba claro que estaban mintiendo todos estos años sobre el déficit. Si la deuda pública se triplicaba no podía ser que el déficit público estuviera bajando. El déficit nunca les importó y los partidos financiados por entidades bancarias nunca han tenido como auténtico objetivo acabar con […]
Es increíble lo que está pasando con el déficit. Estaba claro que estaban mintiendo todos estos años sobre el déficit. Si la deuda pública se triplicaba no podía ser que el déficit público estuviera bajando. El déficit nunca les importó y los partidos financiados por entidades bancarias nunca han tenido como auténtico objetivo acabar con el negocio bancario de la deuda. De hecho la han hecho crecer y crecer.
Está claro, y remarcado por muchos economistas, que el aumento o bajada del déficit no tiene la relevancia que nos venden. Toda esta historia con el déficit es tan solo una excusa para acabar con cualquier petición de derechos y dejar así todo el poder del Estado para la implantación de privilegios capitalistas.
Los burgueses en sus revoluciones contra el Antiguo Régimen, no quisieron quitar los privilegios que daban toda la riqueza a los nobles, lo que hicieron fue apoderarse de esos privilegios con nuevas formas. Los neoliberales no quieren acabar con las herramientas keynesianas de control y redirección de los flujos de capital, lo que están haciendo es apoderarse de estas medidas como señoríos privados para «redistribuir» hacia la desigualdad: es el keynesianismo al revés. Un sistema de intervención estatal para la desigualdad o acumulación por desposesión. Lo que siempre ha sido el capitalismo. Sin embargo, consiguen decir que buscan la no intervención estatal y el recorte de gastos del Estado.
Pero nada de esto importa, porque su victoria en la batalla de las palabras es abrumadora, y no tenemos las palabras para decirlo ni para pensarlo ni para gritarlas mientras nos levantamos.
Hace algún tiempo, en un excelente artículo, Olga Rodriguez señalaba que los tres grandes movimientos o fenómenos político-ciudadanos de los últimos tiempos en el estado Español, el 15M, la PAH y Podemos, tuvieron como éxito común su influencia en la agenda setting.
Los 3 lograron cambiar las limitaciones que se imponen desde los espacios o mecanismos de poder sobre de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla.
Cada dia hay menos gente que niegue la importancia de cambiar los equilibrios y dinámicas que determinan estos elementos claves del discurso público. Un paso fundamental podría ser democratizar la comunicación institucional. Según parece, aproximadamente el 80% de las informaciones que encontramos en la prensa o informativos de radio y televisión son declaraciones, notas de prensa o datos facilitados por las principales instituciones estatales y los partidos políticos.
Actualmente, la comunicación institucional se desarrolla en los marcos del absolutismo neoliberal con un credo: todo lo público debe presentarse como gasto.
Estrategia de discurso clave: lo público es gasto
Hace unas décadas, en la Biblia del neoliberalismo (el Informe a la Comisión Trilateral sobre la Gobernabilidad de las Democracias), Huntington propuso que toda política pública debía presentarse como gasto. Es una estrategia terriblemente brillante. Predispone negativamente contra toda acción pública, la deslegitima, la juzga negativamente en comparación con la acción privada (que no solo gasta, sino que también invierte)… ¿Cuánto hace que no escucháis hablar a un político de inversión pública, o cuántas veces escucháis gasto público en lugar de inversión pública? Imaginad a un directivo de una empresa diciendo a sus accionistas: ¡nos hemos gastado todo vuestro dinero! todo ha sido gasto, gasto y gasto… Nadie haría eso: se presenta como inversión.
Tiene que ver mucho con una de las principales discusiones entre keynesianos y liberales: el multiplicador fiscal. Según los liberales, cada euro dejado de gastar a través de la inversión pública produciría un aumento de la inversión privada. Por tanto, no existe inversión pública, sino gasto público que impide la inversión privada y desperdicia los recursos que deberían ser inversión privada.
Según los estudios existentes, parece claro que tenían razón los keynesianos. Hasta el propio FMI tuvo que reconocer que había basado sus previsiones y recetas durante 30 años en unas ideas sobre el multiplicador fiscal que los estudios del propio FMI demostraron incorrectos. Claro que ya se olvidaron de eso.
En cualquier caso, aquí está el tremendo poder de las palabras. No imagino una victoria mayor. La visión de toda acción pública como «gasto», quitó del sentido común colectivo y del debate público la visión de las políticas públicas como inversión.
Al no existir la inversion pública salvo como gasto, toda inversión es la privada, que se absolutiza. Y se defiende que todo trasvase de lo público a lo privado (como los rescates, regalos, avales estatales, amnistías fiscales…), es una devolución de recursos secuestrados por el gasto público para la inversión privada. Así se defiende que hay que sacrificar todo para la inversión pública, o que las empresas o el consumo de las familias deban sostenerse a base de crédito privado y no de inversión pública.
Al final, se acaba imponiendo una visión negativa de la inversión pública como gasto y una visión positiva del crédito privado como inversión. Con esta visión, no es de extrañar que los países de políticas más neoliberales estemos con los recursos económicos y el trabajo inutilizados mientras la sociedad está endeudada hasta los ojos.
Al llamar a todo «gasto», recortan la inversión pública, y sin inversión pública, la economía decrece y la recaudación también baja por lo que se hace más dificil pagar las deudas al haber menos ingresos. Así, las políticas de «austeridad» (en verdad, de desigualdad) aumentan el negocio bancario de la deuda pública.
El neoliberalismo no ha vencido demostrando ser una buena teoría económica, todo indica que los keynesianos han acertado con su teoría sobre el multiplicador fiscal. Nos han desarmado de palabras para reivindicar derechos u otra política posible. ¿Cómo explicar por qué las políticas neoliberales no funcionan? No tenemos palabras para ello, cuesta trabajo volver a hablar de inversión pública o crédito.
No es un problema de teorías económicas, sino de discurso. ¿De qué sirve tener razón en tus ideas si no puedes pronunciarlas, si no tienes palabras en ese tablero de palabras cruzadas que es el discurso público, para expresarlas de forma eficaz?
El poder del absolutismo en el discurso público
Este es el poder de determinar cómo se habla de lo que se habla. Y necesitamos democratizarlo, para que nuestros derechos sean reconocidos con dignidad y no como un regalo para mendigos, para que la educación sea hablada como un valor universal, para que democracia signifique la politica en la que el pueblo es soberano. Pero debemos empezar a luchar en esta arena, y apenas hemos empezado.
Mientras los políticos neoliberales siguen afanados en avanzar en absolutizar la visión de todo lo público como gasto. Al respecto, en España hay dos nuevos hitos de gran importancia: las leyes de transparencia y los portales y el nuevo sistema de evaluación de reglamentos, ordenanzas y leyes que entrará en vigor en octubre.
En ambas formas de facilitar datos, de mostrar lo público, la forma de mirar lo público que se utiliza para dar visibilidad es de un terrible corte neoliberal.
En la Ley de Transparencia, la mayoría de indicadores son de gastos públicos, casi todo es referido como dato anecdótico o como gasto. Se podría hacer de muchas otras formas, y es cierto que la ley no prohíbe que se den otras visiones, pero la visión de lo público como gasto es obligatoria, y ya las ordenanzas tipo que se han facilitado como modelos, se limitan a recoger lo mínimo, sin recoger otras posibles visiones de lo público.
Más sangrante son los principios de buena regulación que se imponen como criterios de evaluación de las normativas en la Ley 39/2015. Exige un análisis para la menor regulación posible, que se estudie el gasto que supone o puede suponer cualquier regulación, que se estudie cómo puede afectar al mercado o que se estudie su restricción de derechos. Me parece muy llamativo que no se obligue también a estudiar como inversión cómo se espera que afecte positivamente a la economía en términos de inversión pública o si se produce la creación de derechos a las personas, por poner unos ejemplos.
Esto es poder, puro poder, puros actos de hegemonía. Conseguir que cada año la visión que se muestre oficialmente de lo público sea, pagada por nuestros impuestos, una visión absolutista neoliberal sin espacios para democratizarla, ni reflejar el pluralismo político ni los principios constitucionales.
Es de destacar que todas estas formas de publicidad o mostrar y aún más evaluar la acción estatal, olvida los mandatos constitucionales de potenciar la igualdad, que todas las políticas públicas sean informadas por los derechos sociales (art. 53.3 de la CE: El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos), o el deber de todos los poderes de fomentar la democracia y la participación ciudadana.
A mi modo de ver, esto puede ser incluso una derogación de hecho de la parte social de la Constitución Española de 1978, de lo mejor de esa Constitución que nunca fue nada del otro mundo.
Esto es un problema, pero al tiempo, abre la forma de acción del pueblo
A pesar de todo esto, esta vía de absolutización de la visión neoliberal ha abierto una brecha. La intención es claramente imponer la visión neoliberal en los ayuntamientos más díscolos, parece claro. Pero esta absolutización, precisamente, abre una vía de acción.
Durante el 15M fue muy duro y difícil tener que actuar en actos de ejecución políticas puntuales. La participación ciudadana en decisiones puntuales ejecutivas o técnicas no es el camino de la democracia.
Es muy difícil actuar contra cada declaración pública en la que se presente lo público como gasto. Pero si hay un sistema de evaluación o un sistema de presentar la información sobre lo público, es ahí donde podemos actuar como pueblo, como soberano.
Si el pueblo es un sujeto político activo, no lo es como ciudadanía, sino como soberano. Y como tal, sus decisiones deben ser las que están por encima de las decisiones de las instituciones. Tampoco se trata de negarlas, son herramientas útiles, pero corresponden dos decisiones distintas de jerarquía diferente. Este es el esquema del mandar obedeciendo.
La destrucción de la democracia se produce con la absolutización de las instituciones producida al negar al pueblo como sujeto activo de la política, al producir la inexistencia del pueblo como sujeto político. La participación en una política que se desarrolla solo en las instituciones, como instancias de decisión políticas absolutizadas, no puede ser la vía exclusiva para construir la democracia.
La acción del pueblo como sujeto de la política no se va a producir con la participación ciudadana en política de decisiones puntuales de las instituciones, sino en decisiones por encima de las instituciones, que estas deban seguir en la ejecución de sus políticas, decisiones soberanas.
En cualquier sistema de representación no tutelar de un grupo, la Asamblea hace dos grandes funciones: determinar los derechos y principios superiores que las instituciones no pueden cuestionar y deben respetar, y las líneas programáticas que las instituciones deberán realizar, luego además, tiene una función de evaluación y control de las políticas concretas de las instituciones para garantizar que se llevan a cabo de acuerdo a esas líneas generales pudiendo imponerse por encima de los representantes para asegurar que se hace como decidió la Asamblea.
Cuando el pueblo se anula, cada vez más, las políticas son decisiones concretas de poderes de gestión y técnico. En una monarquía absoluta, las decisiones del Monarca son concretas e incondicionadas. No existen derechos de los ciudadanos, sino concesiones graciosas del monarca o negativas arbitrarias del mismo. Los límites generales a ese poder como los derechos fundamentales son unos primeros pasos hacia la democracia. En nuestra época vivimos un descenso de poder de los lugares donde la gente puede presionar, desde los Ayuntamientos hasta los parlamentos que expresan pluralidad, y vivimos un claro descenso de la efectividad de los derechos fundamentales que están por encima de las instituciones representativas. Se trata de una destrucción de la democracia, por supuesto, en tanto que permite limitar las prerrogativas absolutizadas de las élites que requieren el sacrifico de las mayorías.
Creo que una auténtica acción del pueblo como pueblo, como sujeto político soberano activo, puede ser ésta. Exigir que las instituciones no puedan ser arbitrarias a la hora de evaluar las políticas públicas, sino que deban seguir un sistema, y que la evaluación y la publicidad activa de la información sea sistemática. Pero además, deben democratizarse los criterios y los procesos con los que se evalúan las políticas y se facilitan las informaciones.
Actualmente esos criterios son neoliberales impuestos por la minoría más poderosa, y los procesos son procesos tecnocráticos (que no técnicos, ni mucho menos), en los que la ideología neoliberal se venera como Verdad.
Necesitamos reconocer que la evaluación e información es un acto político, y como tal democratizarlo, exigir el reconocimiento de la capacidad del pueblo para decidir sobre ellos por encima de las instituciones y la participación de la ciudadanía ante las instituciones.
Y debemos exigir que entre los criterios con los que se hacen estas evaluaciones y publicidad de información se incluyan otras visiones de ver lo público. Es muy importante el análisis de la inversión pública y sus efectos en la economía, pero lo principal deben ser los valores superiores de nuestro ordenamiento. Los derechos sociales (exigidos por la Constitución y olvidado por la normativa de evaluación e información pública), el enfoque de género (exigido por la Ley Orgánica de Igualdad y olvidado por las de transparencia y la 39/2015), la promoción de la participación ciudadana y la democratización de las grandes instituciones de la política y la sociedad española, etc…
Esto es pura acción del pueblo como soberano, esto es hacer democracia que no renuncia a ser fiel al significado democracia, poder del pueblo.
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