El 2022 ha sido un año de muchas conmociones para el Ecuador.
Para las mujeres y las mujeres trans fue un año cruel y doloroso, pues desde el 01 de enero hasta el 15 de noviembre, se registraron 272 feminicidios, entre esos 8 transfeminicidios, según el último mapa de Fundación Aldea.
La crisis carcelaria, explosiones de bombas en algunas provincias del país, pusieron en zozobra a la población que demanda al Estado ecuatoriano y al gobierno del presidente Guillermo Lasso, atención y un plan de seguridad. A todo esto se suma, la falta de empleo digno y adecuado, la falta de presupuesto para la salud y educación.
Por otro lado, las políticas extractivas contaminan y afectan a las familias de las comunidades de la Costa, Sierra y Amazonía. Mientras que, la pobreza, extrema pobreza, desnutrición infantil y la falta de garantías para el sector campesino, hicieron que Ecuador viviera 18 días de Paro Nacional en junio.
Organizaciones de derechos humanos, mujeres, estudiantiles, defensores y defensoras esperan que la situación política y social del país mejoren en el 2023. En este texto se recogen los deseos y propósitos de mujeres diversas, mujeres trans, defensores de derechos humanos y defensoras de los derechos de las mujeres para una vida libre de violencia en este nuevo año.
Deseos en cantidades desde las mujeres trans
Malony Chávez, presidenta de las trabajadoras sexuales Trans de Quito, miembra activa de la trans asamblea y parte de la colectiva Coccinelle, dice que entre sus deseos para el 2023, está que el gobierno nacional se preocupe por legalizar el trabajo sexual que ejercen las mujeres trans: “que nos garantice así el trabajo, nuestro derecho al trabajo”.
También desea junto a sus compañeras y amigas, la implementación y desarrollo de políticas públicas sobre todo, para aquellas que ejercen el trabajo sexual. La salud es otro de los deseos de la lista de Malony, no solo para ella, sino para el resto de mujeres trans que la han acompañado en la lucha y la reivindicación de sus derechos.
Uno de esos derechos es el acceso al trabajo. Las mujeres trans llevan luchando por un cupo laboral desde el 2018. Durante este año que termina presentaron a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica de Inclusión laboral trans que tiene por objetivo, la incorporación al trabajo formal en las modalidades de contratación pública y privada, de las personas transgénero.
“Desde mi asociación estamos poniendo el cuerpo desde el día que empezaron a escribir el proyecto porque somos las más preocupadas. Nosotras a veces ya queremos dejar el trabajo sexual, pero el gobierno no nos garantiza nada. Entonces seguimos siendo el último peldaño del escalón”, dice Malony.
La Fundación Aldea ha recopilado 8 transfeminicidios desde el 01 de enero hasta el 15 de noviembre, entre esos, el transfemenicidio de Jéssica Martínez, una mujer transgénero afrodescendiente, de 37 años de edad, activista y defensora de los derechos humanos, quien fue asesinada por denunciar las extorsiones y amenazas que sufría por parte de bandas delictivas, junto con el resto de sus compañeras.
Para Malony es importante que dentro del Código Integral Penal, se tipifiquen los transfeminicidios como delito: “Nos siguen matando y seguimos siendo vulneradas aun cuando estamos muertas. Queremos que se esclarezcan las muertes de las compañeras que han sido asesinadas”.
Para eso, desde las trabajadoras sexuales trans de Quito han propuesto formarse como lideresas trans para salir de la calle y dejar el trabajo sexual, ganar conocimiento para gestionar sus propios proyectos e incidir para la generación de politicas públicas.
“Somos dueñas de la calle porque las trabajadoras sexuales estamos en la calle. Vamos a seguir resistiendo, existiendo y tomándonos las calles en las protestas con nuestros cuerpos, gritando”, concluye Malony.
Por una vida libre de violencia
Fernando Bastías, parte del departamento de litigio estratégico del Comité Permanente por los Derechos Humanos, CDH-Guayaquil, cuenta que entre sus deseos para el 2023, está que la gente se pueda organizar para exigir el cumplimiento de los derechos humanos. “Ya hemos aprendido en los últimos años que la única forma de poder reivindicar derechos es exigirlos, para que la vulneración de derechos no se normalice y se queden permanente en la vida de las personas”.
Bastías ha trabajado durante este año, por la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias. En conjunto con la Alianza de Organizaciones por los derechos humanos, el Comité de familiares por justicia en cárceles y la Red internacional de mujeres ingresó el 02 de noviembre de 2022, un pedido de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de DDHH, CIDH, para la protección de las personas privadas de libertad y por la integridad de sus familiares. Según el defensor, esta medida se puso porque hay una afectación directa a las familias por la falta de control del Estado ecuatoriano a los Centros de Privación de Libertad.
Dentro de las medidas, se exige una reparación para las familias de las personas privadas de libertad, en términos de atención integral cuando hayan hechos de violencia en las cárceles, cuando pidan información y protocolos de atención. Ese es un tema que está pendiente de resolver y Bastías espera que en 2023, las medidas cautelares presentadas tengan una respuesta positiva.
La CDH Guayas también trabajó en defensa de la niñez y la adolescencia de las comunidades y barrios de Guayaquil, por lo que desea que los niños, niñas y adolescentes de estos sectores puedan acceder a educación, pues debido a la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad, las balaceras que se producen o por la situación precaria por la que atraviesan sus familias, las infancias no pueden asistir a clases presenciales con normalidad, lo que les quita el derecho a la educación.
Fernando Bastías también desea que las infancias y las y los adolescentes gocen de una vida libre de todo tipo de violencia, sin tener que preocuparse por su seguridad o la de sus padres. Para eso, el Comité Permanente por los Derechos Humanos, que lleva 40 años trabajando en la defensa de los derechos, seguirá promoviendo y fortaleciendo los procesos organizativos.
Por los derechos del pueblo negro
Jaqueline Gallegos, parte de la colectiva Afrocomunicaciones y de la Unión Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, dice: “creemos que desde la comunicación hay un reto con las mujeres. Nos gustaría extendernos muchísimo más, ampliar nuestro espectro para poder difundir más y mejor lo que hace el pueblo negro desde su cultura, aportes, propuestas y retos”.
Gallegos es una de las personas que desde su colectiva ha hecho seguimiento y trabajado en la búsqueda de justicia y reparación para las familias abacaleras, trabajadoras de la empresa japonesa Furukawa, que llegó a Ecuador en 1963 y desde entonces, ha esclavizado a familias en su mayoría afrodescendientes, aun cuando las prácticas esclavistas en el país se abolieron en 1851.
Furukawa en pocos meses cumplirá 60 años y las familias trabajadoras y víctimas de esclavidtud exigen justicia y reparación. Por su parte, Jaqueline Gallegos pide que la empresa se cierre y se marque un hito en el país para que jamás se vuelva a repetir y que las personas puedan ser reparadas por parte del Estado y Furukawa. Muchas de las personas esclavizadas ya son adultos mayores y algunos de ellos han muerto sin tener justicia, enfermos sin haber accedido a salud.
Para Jaqueline es importante que el pueblo negro encuentre una coerción y exigan sus derechos que asegura, son vulnerados más aún con el gobierno “neoliberal que genera crisis y vulnera los cuerpos racializados”. Así menciona lo que sucede en la provincia de Esmeraldas donde la población afroecuatoriana atraviesa una gran crisis de seguridad, al igual que Guayas y otras provincias. “Esos cuerpos son presas fáciles de todas estas mafias y ahora resulta que son cuerpos que nadie reclama, que están siendo asesinados. Los cuerpos se podrán matar, pero una cultura y un pueblo no”.
Según Gallegos, el pueblo negro en Ecuador es muy diverso y es necesario juntarse para avanzar y exigir el cumplimiento de sus derechos desde las calles, a través de protestas, ese es el motor y por ende, es necesario retormarlo. Uno de los planteamientos del tercer congreso de la Unión Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, fue la denominada “Marcha de los 10.000. Soñamos en el día en el todo el pueblo afroecuatoriano por sus derechos históricos y futuros de nuestros niños y jóvenes que siguen siendo los que mueren, salgamos a la calle a decir: !Basta de racismo! pero también para exigir leyes que nos permitan acceder a derechos”, dice Gallegos.
Otro de los deseos de Jaqueline es el acceso a los derechos más elementales como el empleo digno y adecuado, educación, empleo, justicia para el 7.2% de la población afroecuatoriana que vive en el país según el censo del 2010. También desea que el octavo censo de población, el séptimo de vivienda y el primero de comunidades, muestre el crecimiento del pueblo negro a un 12% de la población.
Aulas libres de violencia
Ljubica Fuentes, fundadora y coordinadora dela Coalición Feminista Universitaria,CFU, dice que desde el trabajo que realizan desean que la educación sea feminista y para eso son necesarios los procesos administrativos y disciplinarios justos, defensores estudiantiles imparciale con conocimiento de las técnicas que se necesitan en las universidades.
Asimismo, es importante que los procesos no sean revictimizantes y dinámicas académicas que les permitan acceder a capacitaciones gratuitas y conocimientos sobre denuncias, protocolos, procesos administrativos y sobre todo para la identificación temprana de las violencias que puedan estar sufriendo las estudiantes en las universidades.
“Para las y les estudiantes que sufren violencia, deseo muchísimo empoderamiento, conocimiento, democratización de la información. Para que nunca más la información sea un privilegio al que no pueden acceder cuando su vida y su carrera universitaria están dependiendo de eso”. De igual forma, Ljubica desde la CFU desea que la información a la acceden sea libre de machismo y patriarcado, que continúen con su sueño académico y llegar hasta el final.
Para el 2023, la Coalición Feminista Universitaria seguirá incidiendo en los espacios de toma de decisiones a nivel nacional, regional e internacional, capacitando a las personas sobre la cultura de denuncia, protocolos, la prevención temprana de violencia y entregando herramientas necesarias para que nunca “nadie más tenga que sobrevivir a la universidad. Porque estudiar no debería ser una carrera de supervivencia”, concluye Ljubica Fuentes.