Entre marzo y agosto de 2020 se dieron por terminado más de 175 mil contratos laborales; las denuncias al código del trabajo aumentaron un 487% .
El nivel de empleos destruidos por el sector patronal al terminar la
relación laboral con sus trabajadores y trabajadoras, amparados en la
serie de acuerdos emitidos por el Ministerio de Trabajo, alcanza a más
de 175 mil entre marzo y agosto de 2020. Por otra parte, hasta noviembre
un total de 20 321 contratos se registraron, probablemente precarios,
bajo los nuevos parámetros establecidos en la Ley Humanitaria. Por otro
lado, las denuncias al código del trabajo aumentaron un 487%,
registrando más de 37 mil denuncias. Con estos resultados se observa
cómo existió un beneficio para el sector empleador a costa del sector
trabajador por parte de la institución destinada a proteger los derechos
laborales, efecto de la captura de las decisiones públicas por parte de
las élites.
El análisis sobre el nivel de desempleo en el país ya no puede
recurrir a las encuestas de empleo por la serie de truncamientos de la
muestra, así como los cambios metodológicos (recopilación de información
presencial y telefónica) y la inexplicable omisión de ciertas
variables. En efecto, es necesario indagar en otras fuentes para tener
un acercamiento más riguroso al desempleo creado por las élites en el
país. De esa forma, los registros administrativos son una fuente que
permiten observar esta problemática.
A partir de la información del Ministerio del Trabajo es posible observar la destrucción del empleo, debido a un aprovechamiento por parte del sector empleador a los acuerdos expedidos por este ministerio, realizados durante lo más complicado de la emergencia sanitaria. En especial con el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-081 del 10 de abril de 2020 en el que Luis Arturo Poveda Velasco –ministro de ese entonces- reformó el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-135 y dejó a discrecionalidad del sector patronal el aplicar la fuerza mayor como condición de despido y, como muestra la evidencia empírica (gráfico 1 y gráfico 2), así se ejecutó. [1]
Eso indica que, mientras miles de vidas se perdían porque no había
recursos para atender la emergencia sanitaria pero sí para el pago de
deuda externa por parte del Ministro de Economía y Finanzas de ese
momento Richard Martínez, también se protegía al sector patronal –del
que también provenía Martínez: Comité Empresarial Ecuatoriano- para que
pueda despedir a sus trabajadores y trabajadoras. Es decir, se
precauteló al capial a costa del trabajo y el ejcutor de tal acción fue
el Ministerio de Trabajo.
A estas acciones le siguen el congelamiento del salario básico unificado, sueño de las élites con o sin pandemia.[2] Así como una serie de nuevos contratos que quieren profundizar la precarización y beneficio al sector patronal. De esa forma, es imprescindible recuperar las instituciones de las élites, para que las decisiones de política pública nuevamente garanticen el cumplimiento de derechos laborales y no sean los artífices de su laceramiento, favoreciendo a la parte más fuerte, de tal manera que la frase “El ministerio del trabajo está para defender el derecho de los empresarios” no se repita nunca más.[3] Eso incluye recuperar los empleos sin precarización, pues esto beneficia al conjunto de la economía nacional, reactiva la demanda efectiva (con el aumento de ingresos) y genera más empleos no precarios.
Gráfico 1. Contratos laborales vigentes enero-noviembre 2020.
Fuente: Ministerio del Trabajo
Elaboración: Propia
Gráfico 2. Denuncias Código del Trabajo en el Ministerio del Trabajo marzo-noviembre 2020.
Fuente: Ministerio del Trabajo
Elaboración: Propia
[1] Ver: https://www.dpe.gob.ec/la-defensoria-del-pueblo-expresa-su-preocupacion-ante-el-acuerdo-ministerial-emitido-que-regularia-despidos-de-las-y-los-trabajadores/
[2] https://coyunturauceiie.org/2020/11/19/durante-tercer-ano-consecutivo-sector-empresarial-quiere-congelar-el-salario-basico-unificado/
[3] https://coyunturauceiie.org/2020/06/12/de-que-se-rie-el-titular-del-ministerio-del-no-trabajo-desempleo-y-pobreza-en-el-ecuador-2017-2019/