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Días cruciales ante posible reforma a Ley Antiterrorista

Fuentes: Azkintuwe

«¡En qué país estamos viviendo!», respondió indignado al Diario La Tercera el diputado Rene Manuel García, del partido derechista Renovación Nacional (RN), tras informarse de la urgencia que el Gobierno de Michelle Bachelet concedió el lunes a la propuesta de modificación de la Ley 18.314 (Antiterrorista), herencia del dictador Augusto Pinochet. La reforma concedería libertad […]

«¡En qué país estamos viviendo!», respondió indignado al Diario La Tercera el diputado Rene Manuel García, del partido derechista Renovación Nacional (RN), tras informarse de la urgencia que el Gobierno de Michelle Bachelet concedió el lunes a la propuesta de modificación de la Ley 18.314 (Antiterrorista), herencia del dictador Augusto Pinochet.

La reforma concedería libertad condicional a los indígenas condenados por delitos terroristas, con el compromiso de no reincidir en acciones violentas. Una primera instancia del proyecto comenzará a tratarse hoy en el Congreso Nacional. De esta forma los cuatro presos políticos mapuche que mantenían una huelga de hambre desde el 13 de mayo decidieron hacer un «receso» de la medida a la espera de la resolución parlamentaria, como fruto de un acuerdo en el que quedaron como garantes los senadores Alejandro Navarro y Jaime Naranjo del Partido Socialista (PS) y el Obispo de Temuco, Monseñor Manuel Camilo Vial.

En un comunicado la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche explicó que de prosperar la iniciativa serán beneficiados «todos los presos políticos mapuche acusados con la ley antiterrorista incluyendo a los lonkos Pascual Pichún, Aniceto Norín y al Werken Victor Ancalaf», y también amenazó con agudizar las medidas y llamar a un levantamiento indígena a nivel nacional si el Gobierno no cumple con el acuerdo.

Distintas repercusiones

La medida del Gobierno de otorgarle suma urgencia al proyecto causó una fuerte repercusión en los parlamentarios derechistas. Gonzalo Arenas de Unión Democrática Independiente (UDI) declaró a La Tercera: «Es una vergüenza que el Gobierno se haya dejado chantajear por violentistas. Considero aún más grave que exija que el Congreso se pronuncie sin ni siquiera meditar a fondo lo que implica este perdonazo, este indulto encubierto».

En tanto, Manuel García (RN) consideró que los legisladores que presentaron la iniciativa «están hundiendo a la región de la Araucania» y el abogado Carlos Tenorio de la Sociedad de Fomento Rural (SOFO), contratado para defender a los agricultores, consideró que «cualquier modificación que deje sin efecto, directa o indirectamente, resoluciones ejecutoriadas por otro órgano del Estado, me parece pernicioso para el Estado de Derecho».

Por su parte, el senador Navarro dijo ayer que ha conversado con 16 senadores de la Concertación para conseguir respaldo para su iniciativa y espera que también se sumen parlamentarios de oposición. En ese sentido, el diputado Eugenio Tuma del Partido por la Democracia (PPD) anunció su postura favorable a la iniciativa: «Tienen razón los mapuches condenados cuando dicen que ha sido injusto el proceso. Si hubiésemos tenido vigente una disposición que establezca un límite respecto de no aplicar la ley Antiterrorista en relación a una discriminación racial, hoy no estarían presos».

Otro de los que espera que se pueda aprobar esta modificación es el diputado Fernando Meza, del bloque del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), quien expresó: «Hay un conflicto grande en la Novena Región y en Chile, y este conflicto hay que reconocerlo». «Hay gente que todavía se resiste a entender que estamos en vísperas de una explosión en la Novena Región, que busca la reivindicación de los derechos ancestrales de los pueblos originarios».

A su vez, el senador Guido Girardi (PPD) planteó: «Nosotros queremos pedirle a la Concertación que apruebe este proyecto, porque de no hacerlo y los mapuches vuelven a entrar en huelga de hambre, nos vamos a exponer como país a las sanciones internacionales, porque Chile va a ser sancionado por la aplicación de la ley Antiterrorista, que viola todos los tratados internacionales».

Para la aprobación de la reforma a la ley antiterrorista se necesita de la mayoría simple, esto significa que incluso los votos del oficialismo bastará para aprobarla, sin los votos de la Alianza por Chile (RN-UDI). Sin embargo, los diputados de Democracia Cristiana (DC) en la reunión de los ministros políticos de la bancada oficialista plantearon reparos a la moción. Consideran que los beneficios carcelarios no sólo deben favorecer a condenados por Ley Antiterrorista y abogan para que se cumpla con el principio de igualdad ante la ley, según informó El Mercurio.

En tanto las movilizaciones para conseguir que se apruebe la medida presentada se suceden en distintos países europeos y americano , hoy en un comunicado distintas organizaciones y comunidades mapuche de Argentina informaron del corte de la ruta 231 que une este país con Chile en la provincia de Río Negro. En otro punto, en la ciudad de Bahía Blanca se convoco para hoy a una concentración frente al consulado chileno de esa localidad. En la ciudad de Buenos Aires desde el viernes pasado se realiza un acampe de distinta organizaciones estudiantiles, sociales y política presionando de esa forma también al gobierno chileno, esperando una resolución en el congreso chileno y evaluar como seguirá la actividad.

Democracia Cristiana respalda proyecto

Absolutamente convencidos de la necesidad de generar un vuelco notable en el tratamiento del conflicto étnico en Chile, los diputados DC Eduardo Díaz, Sergio Ojeda y Alejandra Sepúlveda anunciaron hoy, desde el Congreso Nacional, que apoyarán la moción del senador Alejandro Navarro que busca otorgar libertad condicional a cuatro mapuches; iniciativa a la que el Gobierno le otorgó urgencia.

Los parlamentarios señalaron que «la moción no sólo cuenta con todo nuestro apoyo; además, esperamos que el Gobierno siga en la misma sintonía y otorgue urgencia a la iniciativa que presentamos para limitar la aplicación de la ley antiterrorista en estos casos y conseguir igualdad ante la ley, de tal forma que los mapuches no sigan siendo condenados con penas más altas que quienes realizan similares conductas en la región metropolitana, producto de otras motivaciones».

El diputado por la novena región, Eduardo Díaz, agregó que «el apoyo al proyecto se fundamenta, además de las razones humanitarias explicitadas por el Ministro del Interior, en la búsqueda de la paz Social que con este tipo de iniciativa siempre en la historia han servido para descomprimir conflictos sociales como estos».

En relación al apoyo que podría concitar la moción que busca los beneficios carcelarios para los condenados, Díaz explicó que el tema fue consultado al interior de la bancada y que «no existe una opinión mayoritaria al respecto, por lo tanto, descartamos las versiones de prensa que señalan una oposición a la iniciativa de parte de la DC, incluso contamos ya con el apoyo de los diputados Carlos Olivares, Alejandra Sepúlveda y Pedro Araya».

Díaz agregó que «siempre en esta búsqueda, de la Paz Social», se requiere avanzar con urgencia en el tema de la extrema pobreza en las comunidades de la Araucanía -región que presenta los índices más altos al respecto- y como propuesta sugiere reponer en una Mesa de Trabajo el informe elaborado por Mideplan durante el Gobierno de Eduardo Frei; «informe de gran valor que contempla una serie de aspectos básicos para trabajar con seriedad la situación que aflige al pueblo mapuche y a otras etnias; problemas de discriminación y pobreza que aún persisten y que son el motivo central del descontento».

Díaz y Ojeda agregaron que «no podemos aceptar más leña al fuego ni permitir que continúe la criminalización y la represión como respuesta simplista – tal como lo han demostrado las actitudes del senador Alberto Espina y el diputado Gonzalo Arenas, ambos de la derecha- siendo capaces de adoptar una nueva mirada en un conflicto que se arrastra por años y que si bien ha tenido momentos de avances, hoy se encuentra absolutamente entrampado».

Díaz señaló, también, que «debemos aunar esfuerzos para llegar a una visión inclusiva e integradora; en la sociedad chilena todos tenemos un legítimo lugar, sea cual sea nuestro origen étnico, la región en la que vivimos, o las convicciones religiosas y morales que sustentemos. En este sentido, respaldo plenamente el acuerdo del cual es garante el Obispo de Temuco, que da un paso correcto al descomprimir un caso que amenazaba explotar, y comparto el mensaje de Monseñor Manuel Camilo Vial, de que es hora de atender a la justa demanda del pueblo mapuche, discriminado y condenado a la pobreza».

Dirigentes universitarios presos

Por su parte, el diputado del Partido Por la Democracia [PPD] Jaime Quintana Leal, se reunió con el Ministro del Interior, Andrés Zaldívar, para plantearle su preocupación respecto a los dos jóvenes dirigentes universitarios que aún permanecen privados de libertad, como consecuencia de manifestaciones ocurridas el pasado 4 de mayo en Temuco, donde los estudiantes se adhirieron en apoyo a las cuatro personas que se mantenían en huelga de hambre.

Al respecto, el parlamentario manifestó que «no es posible que estos jóvenes permanezcan en prisión; si se decreta la libertad condicional para las personas que estaban en huelga, por qué ellos no pueden quedar en libertad». Cabe señalar que los estudiantes detenidos, Álvaro Millalén y Francisco Javier Cayupán, pertenecen a las comunidades indígenas Antonio Millalén y Mateo Ñirripil, respectivamente, ambas ubicadas en la comuna de Lautaro. Millalén es además dirigente universitario y miembro de la Comisión Política de la organización mapuche Wallmapuwen en Temuco.

El congresista afirmó que «ahora está en manos del Ministerio del Interior dilucidar las vías jurídicas apropiadas para obtener la pronta liberación de los jóvenes». Aseguró que tendrá que tomarse en cuenta, que el Gobierno le dará urgencia a la moción que posibilita la libertad de algunos condenados, de tal forma que parecería ilógico que los jóvenes nombrados, quienes sólo se adhirieron a la manifestación, cuyo objeto ya se está cumpliendo, permanecieran privados de libertad, concluyó el parlamentario.