Un nuevo proceso de lucha social está ocurriendo en múltiples lugares del territorio ecuatoriano desde el pasado 13 de junio, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó a una movilización nacional con el fin de obtener respuestas del gobierno de Guillermo Lasso, luego de un año de demandas sociales sin respuesta alguna.
Diez temas prioritarios conforman el documento entregado formalmente por la CONAIE al presidente de la República, entre los que resaltan la derogatoria de los decretos N°1158 para la liberación de la importación de combustibles; N°1183 que faculta a la ARC la fijación de precio de los combustibles; y N°1054 que establece el sistema de bandas de precios, cobro de las deudas tributarias a los grandes grupos de poder económico; la declaratoria en emergencia de los créditos de los agricultores, pequeños productores y comerciantes que mantienen en la banca privada, estatal y cooperativas de ahorro y crédito; asegurar el acceso a la educación en los sectores rurales del país en todos sus niveles; cesar la explotación minera y petrolera en territorios de pueblos y nacionalidades y zonas de recarga hídrica; rechazar la flexibilización y precarización de los trabajadores; entre otros.
A la convocatoria de la CONAIE se han sumado diversas organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, feministas, ecologistas y culturales. A pesar del llamado de la dirigencia indígena a protestar pacíficamente, el paro no ha estado privado de actos vandálicos, saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y el uso desmedido de la fuerza pública de policías que, hasta el momento, ha dejado decenas de heridos y tres personas fallecidas: Jhonny Félix Muenala, Byron Guatatuca, y Henry Quezada.
El 19 de junio, policías allanaron la sede principal de la Casa de las Culturas Ecuatorianas (CCE), luego de que la Fiscalía autorizara esta medida tras la denuncia de la “presunta existencia de material explosivo” en sus instalaciones. En la inspección no se corroboró la existencia de ningún artefacto bélico, pero la fuerza pública se mantuvo allí hasta el día 23 de junio, cuando una marcha liderada por mujeres de comunidades indígenas del Ecuador llegó hasta el Ágora de la CCE, convirtiéndola nuevamente en un espacio de encuentro para la movilización social.
Diversos actores culturales publicaron un “Llamado a la no agresión y no intromisión en las instituciones culturales ecuatorianas” el día 20 de junio, en rechazo a la acción policial que vulneró la autonomía de esta entidad e impidió su función como espacio de memoria, negociación y diálogo. Ese mismo día, el presidente de la CCE, Fernando Cerón, solicitó a la Asamblea Nacional que derogue el decreto que establece el Estado de Excepción en varias provincias del país, durante la Sesión 779 del Pleno Legislativo, con el fin de que la Policía desocupe las instalaciones de esta institución cultural:
El día de ayer el Estado ecuatoriano pisoteó el derecho de todos y todas a hacer y decir aquello que sentimos en aquel espacio que permite y garantiza la diversidad, el pensamiento, la creación, las artes […] Es la primera vez que la policía se ha metido a la CCE […] La policía ingresó y encontró vestuario de obras de teatro, libros, mientras un policía con un equipo especial para buscar bombas rastreaba en medio de la biblioteca de la Casa de la Cultura, buscando un objeto explosivo o bélico. A eso nos ha expuesto este Estado de Excepción.
Es importante recordar que durante el Paro Nacional de octubre 2019, que tuvo lugar en el Ecuador, la sede de la Casa de la Cultura se convirtió en refugio de comunidades indígenas que se movilizaron a Quito para exigir la derogación del decreto 883, emitido por el expresidente Lenin Moreno, que planteaba varias reformas económicas: la más polémica consistía en la eliminación del subsidio a los combustibles que afectaría la economía de la clase trabajadora del país. Durante aquellos días, la CCE funcionó como espacio de paz junto al parque El Arbolito, que desde los años noventa ha sido un lugar de encuentro para las organizaciones indígenas movilizadas durante procesos de lucha social.
La Ley Orgánica de Cultura del Ecuador, en su artículo 152, indica: “La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión es el espacio de encuentro común, de convivencia y de ejercicio de los derechos culturales, en el que se expresa la diversidad cultural y artística, la memoria social y la interculturalidad”. Además, custodia importantes colecciones de bienes patrimoniales y fondos bibliográficos.
Santiago Cabrera, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, agrega:
La Casa de las Culturas Ecuatorianas es un espacio que tiene una doble significación. La primera es institucional y remite al momento mismo de su creación como espacio de producción y condensación de la identidad cultural ecuatoriana. La segunda dimensión es la social, pues siempre la CCE abrió sus puertas al debate sobre la realidad nacional. Desde los años noventa, cuando emerge el movimiento indígena como actor social, la Casa abre sus puertas para que esos sectores reflexionen y actúen sobre la política nacional. Al secuestrar la CCE el gobierno de Lasso manda un mensaje que expresa un autoritarismo rayano en la dictadura, pues interrumpe con armas esa doble dimensión de la CCE como actor cultural y ágora para la reflexión-acción social. Pone además en riesgo un patrimonio cultural muy sensible y se manifiesta como un régimen que ignora y desprecia sus acumulados patrimoniales. Es un acto de arbitraria ignorancia y prepotencia.
La imposición del uso militar y policial de la CCE sobre su uso cultural y social, en un gesto de violencia física y simbólica, manifiesta una infame inversión del sentido de este lugar desde el cual el Estado ecuatoriano tiene la obligación de cumplir los derechos culturales constitucionales, más aún en momentos de convulsión social. Lo ocurrido es una violación a la autonomía de esta institución que genera un terrible precedente para el futuro, y un atropello a la memoria histórica de las luchas y procesos sociales que han encontrado en la Casa de la Cultura un legítimo lugar de expresión.
Para Francois Laso, director del Centro Cultural Metropolitano, la relación que tenemos desde las ciudades con el mundo rural indígena está profundamente atravesada por la cultura, de allí que la ruptura simbólica producida por la toma de la CCE sea tan grave para propiciar el diálogo entre los actores sociales durante el Paro Nacional.
En palabras de la directora del Sistema de Museos y Herbarios de la Universidad Central del Ecuador, Susan Rocha:
La toma de la CCE, además de transgredir la autonomía de la institución y vulnerar la salvaguarda de las colecciones que allí se albergan, es un síntoma de la dificultad que tiene el gobierno para reconocer como sujetos políticos y ciudadanos con derecho a los miembros de la sociedad civil y a las organizaciones sociales articuladas frente a demandas legítimas. Al desplegar de forma espectacular la toma, escudándose en el discurso del orden social, pretende ejercer la violencia como si ésta fuera justicia, lo cual va de la mano con la criminalización de la protesta social. Esto polariza aún más las posiciones e impide que exista un reconocimiento de los otros en un nosotros.
La utilización de las instalaciones de la Casa durante el Paro Nacional del 2019, por parte de comunidades indígenas y organizaciones sociales, se desarrolló gracias al diálogo entre la CONAIE y las autoridades de dicha entidad, y contó con su respaldo. La ocupación que hicieron militares y policías ahora tiene otro cariz: el control de la sede le fue arrebatado al presidente de la CCE. La disputa en torno a esta institución no excluye al parque El Arbolito en cuanto espacio para la organización y la protesta social. El territorio en donde ambos se emplazan es geográficamente estratégico, pero sobre todo ejerce función simbólica relevante pues alberga memorias de diversas luchas sociales.
Durante esa vergonzosa ocupación emergieron peligrosas señales: que la cultura debe replegarse a la fuerza militar y policial, que los lugares de la memoria pueden ser violentados simbólicamente con total impunidad, que la cultura de la arbitrariedad y la fuerza física son capaces de echar por tierra las mínimas conquistas en materia de cultura que ha logrado el pueblo ecuatoriano en su historia, como el valor otorgado a la autonomía institucional.
De manera similar, desde el 14 de junio, el patio norte del Centro Cultural Metropolitano (CCM) es utilizado por miembros de la Casa Militar, que pertenece a las Fuerzas Armadas, como espacio logístico de 18h00 a 6h00. Aunque en sentido estricto no funciona como cuartel militar, no deja de ser una imagen violenta que la fuerza pública habite temporalmente lo que debería ser un espacio de paz. La ubicación de esta institución, que pertenece al Municipio de Quito y alberga colecciones de bienes patrimoniales, es clave pues se encuentra junto a la sede de la Presidencia de la República, en el centro histórico de Quito. Otros edificios de la zona también se emplean con similares fines. Desde que comenzó el Paro Nacional, el pasado 13 de junio, el sector se encuentra resguardado por policías y militares, y las calles de acceso hacia la Plaza Grande están intervenidas con vallas y alambres.
De acuerdo con Manai Kowii, artista kichwa e integrante de los colectivos Warmi Muyu y Sumak Ruray, “la ocupación ilegítima de la Casa de la Cultura a cargo de la policía y de los patios del Centro Cultural Metropolitano por fuerzas militares constituyen los actos más bajos de nuestra historia. Tomar estos espacios implica una agresión a la cultura de nuestro país. Estamos de luto como artistas y gestores culturales; sin embargo, el arte siempre estará presente en los procesos de reivindicación de nuestros pueblos”.
Para Christian Viteri, director de la carrera de Artes plásticas y visuales de la Facultad de Artes de la UCE, “tomar por asalto las instituciones culturales, expulsar a sus actores, evidencia la instauración del miedo y el temor como un ejercicio que articula el discurso del poder estatal. El olvido del sector de la cultura se hace evidente cuando los intereses del Estado priorizan conservar y establecer regímenes panópticos y de terror”.
Frente al “acuartelamiento” de la cultura que ha ejercido el Gobierno ecuatoriano al militarizar ambas instituciones culturales, sobre todo la Casa la Cultura, imponiendo el signo de la represión en ellas, es preciso demandar que se respeten los mínimos acuerdos democráticos y los derechos constitucionales, permitiendo a las autoridades de las mismas decidir, junto a las comunidades que representan, qué función pueden cumplir durante las movilizaciones en el marco de las leyes y normativas que las regulan.
Esto nos lleva a preguntarnos justamente por el rol de la reflexión cultural en este momento, en un país cuya clase gobernante es incapaz de abrazar el legado de los pueblos originarios y de reconocer su igualdad y derechos constitucionales; que desconfía de la capacidad de las organizaciones indígenas de hablar por sí mismas, negando la posibilidad de su autodeterminación; que no logra ver la articulación que ahora mismo tienen estas organizaciones con sectores populares que se identifican con sus demandas; que dispone del uso de la fuerza como mecanismo de control social… Cuando lo que se requiere con urgencia es un diálogo con la CONAIE que ofrezca resultados concretos frente a los temas prioritarios que se han planteado para mejorar la situación económica y social de los sectores más vulnerables del país.
Nota:
- *Agradezco por su apoyo en la elaboración del texto a María José Argenzio, Ana Rodríguez, David Suárez, Susan Rocha, Christian Viteri, Manai Kowii, Santiago Cabrera, Rosa Jijón, Alejandro Cevallos, Francois Laso, Guillermo Morán y Anthony Arrobo y les artistas cuyas obras son parte del mismo.