«Si la libertad significa algo es, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír» (George Orwell) La rebelión como semilla de un nuevo futuro Sí, rebelión en los Andes ecuatorianos y en muchos otros puntos de toda Nuestra América como Chile, Bolivia, Colombia, Haití… En definitiva, la frustración popular […]
«Si la libertad significa algo es, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír»
(George Orwell)
La rebelión como semilla de un nuevo futuro
Sí, rebelión en los Andes ecuatorianos y en muchos otros puntos de toda Nuestra América como Chile, Bolivia, Colombia, Haití… En definitiva, la frustración popular creada y acumulada por la civilización de la desigualdad, y los estragos que ésta va dejando en la periferia del mundo, ha generado una explosión social que hace temblar al escenario político nacional y regional. Semejante movilización popular equivale a un terremoto que mueve y cuestiona las bases de nuestras sociedades inequitativas e injustas, y hasta cuestiona a las viejas formas y los viejos conceptos usados para entender a los sectores populares y su sufrimiento.
Aquí los reduccionismos son inadmisibles pues oscurecen el panorama e impiden construir estrategias que potencien esta oleada de luchas de resistencia. La lista de problemas y frustraciones acumulados es larga y no se reduce a una u otra medida económica o política particular. Sin ser la única ni la mayor causa, en el caso ecuatoriano una parte importante de la frustración popular se alimenta del deterioro económico vivido desde los fines del progresismo y que es exacerbado por el neoliberalismo contemporáneo. Al desempleo y la miseria que nacen de ese deterioro se suma el vandálico intento del gobierno de Lenín Moreno de eliminar de golpe el subsidio a los precios de los combustibles. Pero en el fondo el problema tiene muchas más aristas. El peso de las estructuras clasistas, patriarcales, xenófobas, racistas y demás persiste y hasta afloró con redoblada fuerza en oposición a las múltiples protestas liberadoras (p.ej. indígenas, feministas, laborales). A su vez, las violencias extractivistas propias de un interminable proceso de conquista y colonización explican tanto los autoritarismos, como la corrupción, junto con las crecientes resistencias en los territorios que también comienzan a inundar los ámbitos urbanos. En definitiva, la pobreza y la inequidad van de la mano de las frustraciones de amplios grupos – en especial jóvenes – movilizados sin nada que perder, pues hasta el futuro se les ha robado…
Comprender tal complejidad no es fácil. En ningún caso emergen salidas democráticas claras. Al contrario, las sombras de la militarización de la política asoman como constante en varios rincones de Nuestra América. A su vez, la democracia sigue marginada a meros eventos electorales que, para colmo, ni siquiera son respetados en varios países. Estas respuestas represivas se nutren de los rasgos más conservadores, retrógrados y nauseabundos de diversas élites empresariales, políticas y hasta periodísticas, empeñadas en buscar explicaciones desde los epifenómenos del proceso. Como ejemplo, en el caso ecuatoriano, el discurso oficial intentó posicionar el mensaje de que las protestas vividas en el país entre el 2 y el 13 de octubre de 2019 buscaban generar un golpe de Estado; discurso eminentemente falso pues la movilización popular se dio como rechazo a las medidas económicas morenistas (sobre todo la eliminación al subsidio de los combustibles dispuesto en el decreto 883 que finalmente fue derogado), mientras que los anhelos golpistas provinieron de apenas algunos grupúsculos que querían pescar a río revuelto (muchos de ellos incluso en alianza con el correísmo).
Dentro de esa complejidad se nota el agotamiento de una modalidad de acumulación y de sus sistemas políticos – sean progresistas o neoliberales – sustentados en profundas estructuras injustas, coloniales y forzadas a niveles explosivos por las demandas insaciables del capitalismo global. Bien anota Raúl Zibechi: «Las revueltas de octubre en América Latina tienen causas comunes, pero se expresan de formas diferentes. Responden a los problemas sociales y económicos que genera el extractivismo o acumulación por despojo, la suma de monocultivos, minería a cielo abierto, mega-obras de infraestructura y especulación inmobiliaria urbana.» A esta lectura cabría agregar los problemas nacidos de las propias contradicciones del capitalismo periférico, bajo las cuales los países latinoamericanos son constantemente empujados a perpetuar su carácter de economías primarias exportadoras, siempre vulnerables y dependientes.
Por cierto, la condición primario-exportadora en el caso ecuatoriano es en extremo frágil e incierta. La propia era petrolera ecuatoriana está entrando en su ocaso. Por ejemplo, algunas estimaciones señalan que, entre 2024 y 2035, el Ecuador se volvería un importador neto de petróleo. Como atenuante del ocaso petrolero se trata de vender la idea de un «boom minero» que auguraría «el futuro del desarrollo económico para el país» según la retórica del poder. Así, al igual que sucediera en su momento con el petróleo, los discursos oficiales y de múltiples sectores promineros construyen quimeras sobre el potencial extractivista del país. Potencial que, por cierto, al revisar las estadísticas oficiales ofrecidas tanto por fuentes gubernamentales como por las propias mineras transnacionales, ni siquiera en términos económicos llegaría a generar al Estado un ingreso significativo capaz de reemplazar a los ingresos petroleros. Asimismo, cada vez se conocen más detalles tanto dentro como fuera del Ecuador sobre la terrible realidad de los extractivismos (petroleros, mineros y demás), los cuales tienen a la violencia y a la corrupción como condiciones necesarias para su cristalización.
A la par de las patologías extractivistas, la población «de a pie», sea desde el mundo rural o urbano, sufre un estancamiento social de años, sufre del aumento de la pobreza, sin esperanzas de un mañana mejor, sin participar democráticamente en la toma de decisiones, mirando cómo grandes grupos locales y transnacionales – junto con burocracias y élites doradas – lucran de millonarios beneficios (incluso derivados del robo y la corrupción). En vez de que esos ganadores de las épocas de bonanza paguen los costos de la crisis, se insiste en plantear a los extractivismos y a la sobreexplotación laboral como opciones indiscutibles para superar los inocultables problemas económicos.
A esa misma población a la que ya se le viene cargando el peso de la crisis, el poder gubernamental intentó pedirle «comprensión» para que acepte la eliminación de los subsidios a los combustibles y soporte más medidas económicas que asfixian sus posibilidades de vida. Como si esa población fuera la responsable de la crisis y tuviera que pagar por acciones que nunca decidió. Así, persiste la perversa lógica de que las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan, y todo con la complicidad entre Estado y grandes grupos de poder económico y político…
Frente a semejante injusticia e indolencia desde el poder, ¿qué le queda al pueblo a más de la resistencia (derecho consagrado en la Constitución de la República, en su artículo 98)? Cabe aclarar que la resistencia y la rebelión no significan desmanes ni crímenes, no significan violencia sin sentido. Significan levantarse contra poderes que, por años, por décadas, actúan contra los intereses populares. Y fue justo esa resistencia y rebelión la que inundó sobre todo las calles de Quito en las jornadas de octubre; jornadas que – en ninguna circunstancia – debían poner en riesgo la vida de inocentes pero que lo hicieron sobre todo por la brutalidad de la represión estatal… Ya el correísmo intentó en su momento acallar las voces de resistencia (en especial de aquellos defensores de la vida que han hecho frente a los extractivismos). Dio duros golpes, pero no lo logró. El morenismo tampoco logra acallar esas voces de resistencia.
En efecto, más allá de formalidades, los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno son la continuidad de algo más grave: el retorno de un proyecto neoliberal que, por años, ha estado latente y ahora quiere consolidarse definitivamente en el Ecuador así sea desde la fuerza, el autoritarismo y hasta desde el fascismo. El desperdicio correísta de una década es imperdonable, como lo son también las semillas que éste sembró para que ahora el morenismo acelere la marcha neoliberal y reprima al pueblo desde la violencia estatal.
Mientras los distintos grupos de poder al parecer se preparan para imponer el neoliberalismo desde el autoritarismo (a la vez que mantienen terribles pugnas entre sí), las luchas populares necesitan organizarse y verse a sí mismas como luchas de dimensiones múltiples. Tienen una dimensión clasista y ambiental (trabajo y Naturaleza contra capital), una dimensión decolonial (como la histórica reivindicación indígena), una dimensión feminista y antipatriarcal, una dimensión opuesta a la xenofobia y al racismo… en definitiva, una lucha múltiple que debe buscar un mañana más justo para todas y todos. Una lucha que, desde la rebelión, será la semilla de un nuevo futuro.
Dentro de ese nuevo futuro un elemento clave es la urgencia de construir y planificar una nueva economía, al servicio de la vida humana – individuos y comunidades – y en estrecha armonía con la Naturaleza. Construir esa nueva economía es crucial pues la economía dominante en la civilización actual asfixia al mundo humano y natural, a la par que acumula capital y poder en beneficio de reducidos segmentos de la población. Y mientras tanto a los desposeídos del sistema no les queda más remedio que morir en el olvido, o luchar para desmoronar una economía que siempre busca salir de sus crisis sacrificando sus vidas – y a la misma Naturaleza – para sostener el poder de unas cuantas élites.
Una década desperdiciada como elemento crucial de la crisis
Luego de vivir todo un boom petrolero, el segundo luego de que iniciaron las exportaciones de crudo amazónico en agosto de 1972, desde 2015 la economía ecuatoriana vive un estancamiento prolongado. Tal estancamiento económico visible sobre todo desde los últimos años del gobierno de Correa se ha agudizado con el gobierno de Moreno – sobre todo en 2019 – y su aplicación de medidas de austeridad empujadas tanto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como por varios grupos de poder locales. Son innegables los resultados de esa combinación de un estancamiento de años y de la aplicación de políticas de austeridad.
Por ejemplo, se observa:
Ingreso promedio por habitante que no crece: Según información del Banco Central del Ecuador (BCE), mientras en 2014 dicho ingreso llegaba a 6.347 dólares anuales, para 2019 se prevé un ingreso de 6.320 dólares anuales.
Reducción del empleo adecuado: Según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en diciembre de 2014 el 49,3% de trabajadores tenían un empleo adecuado, el cual cayó a 38,5% en marzo de 2017; proporción prácticamente idéntica a la registrada en septiembre de 2019.
Aumento del desempleo: A septiembre de 2019 el 5,9% de trabajadores estaban desempleados, siendo la tasa de desempleo más alta registrada luego de diciembre de 2016, cuando el desempleo llegó al 6,5% (INEC).
Aumento de la pobreza, sobre todo rural: Entre diciembre de 2014 y septiembre de 2019 la proporción de población pobre ha aumentado de 22,5% a 23,9%. Aquí el mayor impacto se concentra en el área rural, donde para el mismo período la proporción de población pobre ha aumentado de 35,3% a 40,3% (INEC).
Aumento de la desigualdad: Entre diciembre de 2014 y septiembre de 2019 el índice de Gini del ingreso por habitante ha aumentado de 0,467 a 0,486 puntos (INEC).
A estos breves indicadores de la grave situación económica ecuatoriana se puede agregar tendencias cada vez más visibles como el cierre de pequeñas empresas, el mayor deterioro de actividades agrícolas y campesinas, las mayores distorsiones fiscales y hasta monetarias. A la par, una creciente frustración y desesperanza popular…
Juno a todos estos elementos también emergen urgencias fiscales, pues el sector público se mantiene gastando más de los ingresos que logra obtener: desde 2009 hasta 2018 el déficit del sector público no financiero sumó 32.120 millones de dólares. Sin embargo, dichas urgencias fiscales no deben verse como causa, sino como manifestación de una estructura económica ecuatoriana compleja, de problemas profundos y de larga duración, la cual históricamente ha demostrado una enorme fragilidad ante los shocks externos.
A esa estructura se ha combinado el hecho de que, desde los últimos años del correísmo, y en todo el morenismo, el Ecuador vive una época cada vez más sombría donde se conjuga la falta de transformaciones, el desperdicio de una década y una crisis persistente.
En particular, recuérdese que en 2009 el sistema capitalista internacional enfrentó la segunda mayor crisis de su historia, ante la cual el gobierno ecuatoriano del entonces presidente Rafael Correa reaccionó con la repatriación de parte importante de reservas internacionales. Muchas de esas reservas se canalizaron como «inversión doméstica» a la banca pública para financiar una supuesta «transformación de la matriz productiva» que finalmente fue todo un fracaso. Si se hubiese dado esa «transformación» hubiera sido posible que el Ecuador sea menos vulnerable a los vaivenes del mercado externo. Pero no fue así, y en vez de que el correísmo use en su momento la repatriación de reservas internacionales en proyectos que generen ingresos futuros para el Estado, más bien se terminó creando una dependencia económica en la obtención de deuda externa primeramente de origen chino y luego a través de los mercados financieros internacionales a través de la emisión de bonos (que el correísmo arrancó en 2014).
Un ejemplo dramático de desperdicio correísta es el sector petrolero y sus afines. Por ejemplo, en vez de desperdiciar unos 1.500 millones de dólares en construir una refinería invisible – hablamos de la Refinería del Pacífico – el gobierno correísta pudo usar ese dinero para consolidar una auténtica industria petroquímica y de producción de cauchos y plásticos. Igualmente, si a esa industria petroquímica se complementaba con una auténtica repotenciación de la refinería de Esmeraldas – en vez de gastar más de 2 mil millones de dólares en una estafa – entonces las presiones a la salida de divisas por importaciones de productos derivados del petróleo se habrían reducido notablemente.
Y así como éste, hay muchos otros casos en donde el correísmo pudo promover transformaciones estructurales y reducir la dependencia económica del país, pero que terminaron en toda una década desperdiciada y sin transformaciones estructurales. Un despilfarro a todas luces infame si se toma en cuenta los ingentes recursos obtenidos por el Estado sobre todo por exportaciones petroleras (más de 86 mil millones de dólares entre enero de 2007 y abril de 2017). En definitiva, el desperdicio y la no-transformación son parte de los grandes causantes de la grave crisis que actualmente afronta el país.
Continuidad neoliberal entre el correísmo y el morenismo
Queda prohibido olvidar que fue el propio correísmo el que transitó del «progresismo» a un «neoliberalismo transgénico»: un neoliberalismo híbrido que no desmantela al Estado e incluso aprovecha su poder para reanimar la acumulación capitalista a través de la aplicación de políticas propias del Consenso de Washington, pero readecuadas a una economía de gran participación del sector público. A través de esa transición, el correísmo creó las condiciones para poner al Ecuador al borde del abismo económico y social. Está prohibido olvidar que fue el gobierno de Correa el que retornó al país al WC (Consenso de Washington) con medidas como: TLC con la Unión Europa; más extractivismo (incluyendo la explotación del ITT y la megaminería); alianzas público-privadas y – fallidas – propuestas de privatizar activos estatales; entrega a capitales transnacionales de campos petroleros (p.ej. campo Auca) y puertos (p.ej. Posorja, Puerto Bolívar y Manta); cuasi-privatización de la salud vía convenios con clínicas privadas y de la educación superior al implementar un sistema de ingreso discriminatorio que fomenta el negocio de la educación privada; agresivo endeudamiento y entreguismo al imperialismo chino; retorno a los mercados financieros con emisión de bonos de deuda externa desde 2014; retorno al FMI con un crédito en 2016 usando como pretexto el terremoto del 16 de abril; consolidación de grandes grupos económicos que acumularon millonarias utilidades; reducción del impuesto a la renta para sociedades de 25% a 22% entre 2010-2013; remisiones tributaria en favor de grandes grupos en 2008 y 2015; reintroducción de la flexibilización laboral desde 2016; el ya mencionado fracaso en las políticas de «transformación de la matriz productiva»; criminalización de la protesta social y desarticulación de fuerzas sociales, en especial indígenas y trabajadores (incluso creando organizaciones paralelas); despilfarro y corrupción desmedidos y de niveles históricos; entre otros abusos e irresponsabilidades.
A más de arrancar una nueva senda neoliberal, cabe recordar que fue Correa quien prácticamente impuso a Moreno como candidato a la presidencia, denotando la falta de una real estructura democrática dentro del entonces partido gobernante (Alianza País). Y no solo eso, sino que incluso Alianza País ha mostrado una total ausencia de cohesión y fortaleza interna pues buena parte del inicio del gobierno morenista se concentró más en la disputa política con el correísmo. Como resultado de ello, la problemática económica se dejó en segundo plano, al punto que con el pasar del tiempo el gobierno de Moreno terminó tomando medidas económicas apresuradas, muchas veces improvisadas y opuestas a los intereses populares.
En todo caso, y pese a las diferencias políticas a prima facie, el morenismo ha continuado la senda neoliberal arrancada por el correísmo, de modo que ambos gobiernos son cómplices en la debacle nacional. Pero, sin duda, el morenismo ha acelerado la marcha con medidas como: continuidad de los millonarios beneficios a los grandes grupos económicos, como la remisión tributaria de 2018; continuidad del proceso privatizador – arrancado con Correa – con alianzas público-privadas y monetización de activos estatales; eliminación del subsidio a la gasolina súper; continuidad de un agresivo ajuste fiscal sobre todo contrayendo la inversión pública (tal como ya lo hizo el correísmo); expansión aún más agresiva del endeudamiento externo; entrega del dinero electrónico a la banca privada (para que siga lucrando millonariamente como lo hizo durante el correísmo); impedimento de que el Banco Central adquiera títulos del Estado (herramienta que puede ser útil en medio de la crisis y la dolarización pero que el correísmo usó irresponsablemente); TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), próximo ingreso a la Alianza del Pacífico (para lo cual debe firmar un TLC con todos los miembros de la Alianza) e interés en un TLC con Estados Unidos; sumisión al imperialismo norteamericano, incluyendo posible regreso de la influencia militar de EEUU y debilitamiento de la integración regional; reinstalación de los Tratados Bilaterales de Inversión; ampliación de la explotación del ITT y continuidad de un entreguismo megaminero que no generará grandes ingresos al país; despidos masivos de funcionarios públicos en vez de revisar integralmente los salarios de la burocracia dorada y minimizar los efectos sobre el desempleo; gabinete formado por representantes directos de múltiples grupos económicos; entre otras medidas y acciones.
De las tortuosas improvisaciones neoliberales al acuerdo con el FMI
Sobre el devenir neoliberal de Moreno, cabe agregar que éste ha sido tortuoso pero persistente y se ha acelerado en especial desde su segundo año de gobierno. Si bien en octubre de 2017 el morenismo anunció su primer paquete de medidas económicas, todavía denotaba cierto carácter híbrido «progresista». Sería luego, en abril de 2018 con el anuncio de un segundo bloque de medidas en la «ley de fomento productivo», aprobada en agosto, cuando el hedor neoliberal morenista se volvería inocultable (aquí destacó la eliminación del impuesto a la renta por varios años para «nuevas inversiones» junto con las previamente mencionadas condonaciones tributarias). También en 2018, se concretó la eliminación del subsidio a la gasolina súper, de forma improvisada siguiendo meros criterios fiscales, sin ningún análisis integral (hasta se provocó un efecto sustitución en donde se redujo el consumo de gasolina súper, pero se incrementó el consumo de gasolina extra). Para diciembre del mismo año, se anunció otro paquete de medidas, en donde se insistía en una «optimización de los subsidios a los combustibles». Finalmente, luego de ese camino turbulento, en marzo de 2019 el gobierno firmó una carta de intención con el FMI, lo cual le permitió acceder a un acuerdo de financiamiento con ese y otros multilaterales por 10.200 millones de dólares a tres años, con el cual el país ha quedado de rodillas ante las aspiraciones transnacionales de mantenerlo como apéndice primario-exportador del capitalismo mundial.
Así, para enfrentar el estancamiento generalizado de la economía (y en especial cubrir la brecha fiscal), el gobierno de Moreno decidió repetir la vieja «receta» fondomonetarista de cargar el peso de la crisis a los estratos populares y medios y acelerar la destrucción de la Naturaleza. En particular, dado un esquema dolarizado que impide las devaluaciones, el FMI ha planteado que se debe ampliar la «competitividad» del país con mayores flexibilizaciones laborales y de normas ambientales, es decir, con mayor explotación laboral-natural. En otras palabras, dicha receta busca recuperar la acumulación capitalista afectando a los sectores populares, del campo y la ciudad: deteriorar la vida de las mayorías para sostener el privilegio y el poder de unos pocos.
Con la bendición del FMI, el morenismo presentó a inicios de octubre de 2019 otro polémico paquete de medidas económicas. Dentro de esas medidas constaban puntos de poca relevancia como eliminar impuestos a la importación de bienes de tecnología (celulares, computadoras, etc.) y reducir impuestos a vehículos de menos de 32 mil dólares. Por otra parte, constaban medidas aceptables, aunque insuficientes como: pago por tres años de una contribución especial de empresas con ingresos anuales por más de 10 millones de dólares (lo que en un primer anuncio se dijo que recaudaría 300 millones de dólares en tres años pero luego iría cambiando); reducción o eliminación de aranceles para maquinaria, equipos y materias primas a pequeños y medianos emprendedores; ampliación en mil millones de dólares de créditos hipotecarios; impulso a una ley de extinción de dominio; incremento, en 300 mil familias, al millón que ya recibe algún tipo de bono, además del incremento en 15 dólares mensuales de esos bonos (aunque esta medida más parece una respuesta apurada ante el incremento de la pobreza en el país); ajuste salarial en el sector público (aunque sin tocar ingresos de burocracia dorada).
En un tercer nivel se encontraban medidas claramente cuestionables, destacándose el intento de eliminar subsidios al diésel y a la gasolina extra solo por razones fiscales. Con el retiro indiscriminado y brutal de los subsidios se incrementó temporalmente en más de 100% los precios de los combustibles y en un 40% la tarifa del transporte público, sobre todo por el incremento del diésel (el cual también impacta al aparato productivo de diversas y complejas formas que deben estudiarse con mayor profundidad).
La medida era torpe, tanto en fondo como en forma, pues se tomó sorpresivamente cuando todo apuntaba a que en su lugar se iba a incrementar el Impuesto al Valor Agregado en dos o tres puntos porcentuales. De hecho, lo más probable es que hasta último momento el gobierno buscaba incrementar el IVA; pero, como ya se veía que en la Asamblea no había los votos suficientes para aprobar la medida, el morenismo prefirió cargarse directamente al pueblo a última hora eliminando de golpe los subsidios a los combustibles por medio del llamado decreto 883 , muy seguramente para mantener el respaldo del FMI.
El abrupto – y fallido – intento de eliminar los subsidios a los combustibles
El intento de eliminar de golpe los subsidios a los combustibles a última hora por medio del decreto 883 evidenció la improvisación económica que, como ya hemos dicho, el morenismo ha practicado desde el inicio de su gobierno. Sin duda, tal accionar gubernamental constituye un acto de vandalismo económico inspirado por las presiones fondomonetaristas y por varios grupos locales que pugnan por llegar al poder a futuro. Un vandalismo económico a todas luces injusto, por decir lo menos, pues el gobierno escuchó más al FMI y a los grandes grupos de poder locales que a sectores populares cuya vida sufre por medidas que ahondan la condición dependiente de nuestra economía. Para colmo, el gobierno buscó imponer una medida con un impacto muy grande sin ningún análisis riguroso ni ningún diálogo previo, sino desde una total prepotencia y falta de sentido democrático en la elaboración de la política económica del país.
Además, dado un estancamiento económico y un deterioro social prolongados que han aumentado la incertidumbre en las expectativas populares, al eliminar abruptamente los subsidios a los combustibles el gobierno creó más incertidumbres y aceleró el deterioro de las expectativas. Incluso ese duro golpe al bolsillo popular impactó generó un mayor descontento social, en especial por un contexto en donde persisten «subsidios perversos» que el Estado otorga a grandes grupos económicos (p.ej. condonación de intereses por moras tributarias y hasta la exoneración del impuesto a la renta en varios casos). Así, quedó en evidencia que aun en la improvisación, la política económica gubernamental piensa más en sostener al capital que en ayudar al pueblo… en teoría su real mandante.
Ahondando en la crítica al intento de eliminar de forma generalizada el subsidio a los combustibles, es claro en primer lugar que dicha eliminación no afectaba a grupos que sí pueden pagar precios más altos, además que desincentivaba el contrabando. Por estos y muchos otros argumentos, era claro que se deben buscar formas de eliminar el subsidio a los combustibles afectando a esos grupos. Lo inadmisible era golpear a sectores vulnerables ya afectados por el estancamiento económico de años. Antes de tomar una medida de tal magnitud, era crucial hacer múltiples análisis sobre la estructura de costos del transporte público para estimar el potencial efecto sobre los pasajes a causa de eliminar subsidios (incluso para enfrentar cualquier conducta especulativa con las tarifas de los pasajes).
También cabe destacar que, antes de tomar cualquier medida sobre combustibles, era vital estimar los posibles efectos sobre precios y cantidades producidas y demandas para los demás bienes y servicios. Es obvio que el transporte es un servicio que influye en los costos de casi toda la economía. De hecho, el efecto inmediato más fácil de esperar sería una mayor inflación. Sin embargo, el Ecuador no vive tiempos normales, sino un estancamiento de ingresos – y hasta monetario – que complica el escenario. Podría suceder que, a corto plazo, aumenten los precios en productos específicos que la población no pueda dejar de consumir (p.ej. alimentación), lo cual reduciría el poder adquisitivo para comprar otros bienes, reduciendo igualmente su cantidad demandada y producida. Así, en algunos casos podría incrementarse los precios, pero en otros el estancamiento de precios podría persistir, mientras que la crisis económica no se superaría o incluso podría agravarse por la caída de la demanda. Por ende, el ajuste lleva a una reducción del ingreso real de la población quizá mucho más agudo del que se diera si no hubiera estancamiento (y quizá tampoco dolarización). Para colmo, esas mayores presiones recesivas deteriorarían las ya débiles condiciones laborales.
Por cierto, cabe insistir en que la eliminación del subsidio a los combustibles – y un seguro incremento de pasajes – serían cuestiones que el país sufriría en menor magnitud si, en el correísmo, se hubiera llevado a cabo con seriedad y sobre todo con honestidad el proyecto de la Refinería del Pacífico y, en general, un apoyo frontal a la industria petroquímica y a otras industrias locales desde el Estado. Si en vez de aplanar un terreno por más de 1.500 millones de dólares realmente el correísmo ampliaba las capacidades de refinación se habría ahorrado miles de millones de dólares en importaciones de derivados de petróleo. Hasta para la dolarización eso hubiera significado un alivio significativo. Pero, en vez de eso, el país se asfixia al importar derivados y hasta con su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el morenismo parecería planear tanto una ampliación de las cuotas de extracción petrolera, así como buscar más simpatías con el imperialismo norteamericano…
Una rebelión entre transportistas, «zánganos» y un diálogo televisado
El martes 1 de octubre de 2019 el gobierno de Lenín Moreno en cadena nacional anunció al país – como gran logro – que no se aumentaba el IVA, pero se había decidido eliminar el subsidio a los combustibles, acción que se ejecutó por medio del decreto 883 que entró en vigor desde las 0:00 horas del jueves 3 de octubre. Las reacciones contra ese decreto emergieron casi de inmediato, pues ese mismo día arrancó un paro de transportistas a la vez que múltiples sectores sociales comenzaron a movilizarse, sufriendo una fuerte represión por parte de la policía nacional desde el inicio de las protestas (como sucediera con estudiantes de la Universidad Central durante la mañana de ese día). Incluso, como muestra del excesivo uso de la fuerza, el gobierno de Moreno decretó el mismo 3 de octubre un estado de excepción en todo el país con una duración original de 60 días.
Mientras que el paro de transportistas solo duró dos días – es decir, hasta el viernes 4 de octubre – y no impidió la eliminación de los subsidios a los combustibles, múltiples sectores sociales – destacándose la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), estudiantes universitarios y demás – se mantuvieron en las movilizaciones, las cuales tomaron más fuerza sobre todo cuando el gobierno anunció un techo de 32% en el incremento de los pasajes del transporte público. A su vez, Moreno no tuvo ningún problema en denotar su prepotencia afirmando el 5 de octubre «que se oiga bien: no voy a cambiar la medida. Que quede claro: se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería». Sin embargo, era tarde… había empezado la rebelión de los zánganos.
En efecto, desde el lunes 7 de octubre empezó a llegar a Quito una gran marcha protagonizada por el movimiento indígena, mientras las protestas continuaban en la capital así como en varias provincias del país (junto con algunos desmanes peculiares). Justo aquel día, Moreno trasladó la sede de gobierno hacia Guayaquil, y en cadena nacional – con un trasfondo negro, fallas en el teleprónter y rodeado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas – anunció que se mantenía la eliminación de los subsidios a los combustibles a la vez que acusó al correísmo de promover un intento de golpe de estado. Asimismo, el gobierno anunció un toque de queda parcial «en zonas estratégicas del Ecuador» que se ejecutaría entre las 20:00 y las 05:00 de lunes a domingo durante los días la vigencia del estado de excepción decretado el 3 de octubre.
Para el 8 de octubre, a Quito fueron llegando cada vez más miembros del movimiento indígena que se iban concentrando sobre todo en el parque El Arbolito, así como en el ágora de la Casa de la Cultura. Mientras, las protestas continuaban y se volvieron cada vez más intensas sobre todo a los alrededores de la Asamblea Nacional que, por unos minutos, fue tomada por varios manifestantes. Por otro lado, ese mismo día se reportaba el allanamiento a medios de comunicación contrarios al régimen de Moreno.
Posteriormente, el miércoles 9 se vivió en el centro de Quito una gran movilización popular protagonizada tanto por la CONAIE como por el FUT. Por su parte, en Guayaquil las fuerzas sobre todo socialcristianas convocaron también a movilizaciones, durante las cuales su representante máximo – Jaime Nebot – no pudo contener varios de los sentimientos hasta racistas que florecen desde varias oligarquías del país al recomendar a los protestantes del movimiento indígena «que se queden en el páramo». De hecho, ya desde días anteriores, varias de las élites del país se fueron juntando entre sí y con el gobierno en un solo discurso en contra de las movilizaciones populares, denotando una clara «unidad» en defensa de intereses de clase burgueses. A su vez, en el mismo día la Agencia Nacional de Tránsito anunciaba el incremento de 10 centavos en la tarifa del transporte urbano en todos los cantones del país que ofrecieran el servicio. Luego, en la noche de ese 9 de octubre se daría un acto infame: bombas lacrimógenas fueron lanzadas por la policía nacional en la Universidad Politécnica Salesiana y la Pontificia Universidad Católica, las cuales – junto con la universidad Central y otros espacios – dieron acogida a los miembros del movimiento indígena para que pernoctaran.
Aquí, por cierto, cabe destacar que mientras las élites se juntaban en un solo discurso en contra de la lucha popular, justamente esos sectores populares demostraron una enorme solidaridad tanto al acoger como al brindar múltiples apoyos – desde donaciones hasta participación directa en cocinas comunitarias – para sostener la presencia de la población indígena desde su llegada a la capital el 7 de octubre.
Posteriormente, el jueves 10 se conoció del fallecimiento de al menos cuatro personas en la represión a las movilizaciones populares de días anteriores, incluyendo la muerte del dirigente de la CONAIE en Cotopaxi, Inocencio Tucumbi y de cuatro personas más según la Defensoría del Pueblo. En reacción a semejante represión, ese día el movimiento indígena mantuvo una concentración en el ágora de la Casa de la Cultura en la cual se exigía la entrega de los cuerpos de los compañeros fallecidos. Ese momento fue de extrema tensión pues, mientras la CONAIE hizo tal exigencia, al mismo tiempo se mantuvieron dentro del ágora a diez policías y a una treintena de periodistas; en un momento sonó hasta el rumor de una posible intervención de la fuerza pública para sacar a los uniformados que se encontraban ahí, cosa que al final no sucedió (de lo contrario se hubiera dado una tragedia terrible). Luego de horas de tensión, y en un ambiente en donde la lucha se combinó con el pesar de la muerte, se celebró el funeral del dirigente indígena fallecido cuyo cuerpo fue entregado al movimiento indígena y su féretro fue cargado por cuatro de los policías que se encontraban en el ágora. A la noche de aquel peculiar día los policías fueron liberados. Mientras esos eventos sucedían en Quito, se registraba que organizaciones campesinas e indígenas lograban tomarse ya seis gobernaciones provinciales en Chimborazo, Bolívar, Napo, Pastaza y Morona Santiago.
Los eventos del 10 de octubre marcarían una posterior – y justificada – radicalización de la protesta social, sobre todo en reacción a la represión morenista de días pasados. Así, para el viernes 11 (pese a que había sido declarado feriado) se registró el cierre de carreteras en 17 de las 24 provincias del país, a la vez que se anunció la llegada de un millar de indígenas desde la Amazonía a Quito. Y sería justo en ese día que se registraría otro hecho infame. En los exteriores de la Asamblea Nacional surgió una aparente «tregua» entre miembros policía-ejército y los manifestantes, a los cuales se les permitió ubicarse frente a la Asamblea y descansar de manera pacífica. Sin embargo, en medio de esa «tregua» y a los pocos minutos de que concluyera una cadena nacional en la cual Lenín Moreno llamaba al diálogo directo con el movimiento indígena, se daría una embestida a mansalva de gases lacrimógenos en contra de personas que se mantenían en actitud pacífica y hasta compartían alimentos con la fuerza pública. A tal grado llegaría la represión de ese momento que incluso se reportó la caída de gases lacrimógenos tanto en el hospital Eugenio Espejo como en la maternidad Isidro Ayora.
Desde aquel día, a manera de defensa, los protestantes formarían cadenas humanas con cientos de personas para – en una peculiar hermandad en medio de la lucha popular – levantar barricadas sobre todo en las cercanías de la Asamblea Nacional y del parque El Arbolito. A tal punto llegó el levantamiento popular que, para el sábado 12 de octubre, en Quito se daría un cierre casi generalizado de las principales calles junto con el cierre de varios mercados. Mientras, en aquel sábado se pasaría de la belleza y fuerza desplegada por una importante movilización de colectivos de mujeres en la capital, al punto más alto de la actitud represiva del gobierno de Moreno que decretó el toque de queda y la militarización de Quito (en supuesta respuesta a atentados como el que sufrió la Contraloría General del Estado ese día). Pese a semejante disposición, las protestas continuaron desde las barricadas, y en la noche los barrios de la ciudad se unirían a un multitudinario cacerolazo en oposición a la represión vivida hasta ese momento. Horas antes, la CONAIE anunciaba que aceptaba participar en el diálogo convocado por Moreno el día anterior, pero siempre que existieran ciertas garantías mínimas a la vez que dicho diálogo adquiera un carácter público y pueda ser visto por toda la población.
Llegado el domingo 13 de octubre y pese al toque de queda, la movilización popular y las barricadas iban aumentando en múltiples barrios de Quito (tanto en El Arbolito como en sectores al norte y sur de la urbe), al punto que la ciudad prácticamente perdió por completo su «normalidad»: varias zonas mostraban un escenario similar a una situación de «guerra». Intentando apaciguar la situación, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anunció que el toque de queda decretado por Moreno el día anterior se suspendía temporalmente desde la 11:30 hasta las 20:00, mientras que las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hicieron de mediadores entre el gobierno y la CONAIE y anunciaron que existiría un diálogo entre ambos. Por último, el diálogo arrancó ese domingo con una enorme cobertura mediática y expectativas de la población (algo paradójico pues en días pasados varios medios de comunicación recibirían fuertes críticas por su cobertura cuestionable de las jornadas de protesta). El caso es que, en ese diálogo, luego de múltiples intervenciones y una posición firme de la CONAIE se acordó derogar el decreto 883, suspender las movilizaciones indígenas y elaborar otro decreto sobre los subsidios a los combustibles (cosa última que aún no se ha concretado). Dado un peculiar manejo mediático de aquel momento, apenas se supo de que se derogaba el decreto 883 surgió un sentimiento de júbilo en varios miembros del movimiento indígena y, en general, de la población movilizada: la rebelión había terminado y para muchos era el momento de regresar a casa.
Como resultado de todo este proceso de rebelión, al día siguiente – lunes 14 de octubre – la Agencia Nacional de Tránsito derogaría el alza de los pasajes del transporte público urbano, de modo que para el martes 15 las tarifas volvieron a su nivel antes del paro nacional. Asimismo, el gobierno emitió el decreto 894 con el cual se derogó oficialmente al decreto 883. Y mientras la «normalidad» fue volviendo al país, de a poco se ha ido conociendo el trágico saldo de las movilizaciones de octubre: según la Defensoría del Pueblo fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos. Y mientras aún quedan muchas cosas por esclarecer y responsabilidades por determinar por la represión aplicada durante la rebelión popular de octubre, lo cierto es que dicha rebelión cambiaría el contexto en el cual se desenvolvería la pugna por la elaboración de la política económica del país; una pugna sobre la cual sigue existiendo una enorme incertidumbre…
Otras medidas que el morenismo intenta – pero aún no logra – aplicar
A más de la eliminación al subsidio a los combustibles, que terminó fracasando y generando un grave costo social, el gobierno de Moreno tiene en la mira otras medidas económicas que, sin embargo, aún no logra aplicar. Entre esas otras medidas destaca, por un lado, la no solo criticable, sino inaceptable, reforma laboral luego de la rebelión de octubre quedó suspendida. Dentro de esa reforma – que refleja una continuidad de la flexibilización laboral ya iniciada por el correísmo – se proponen nuevas modalidades de contratación como: contrato eventual de reemplazo en caso de licencia de maternidad, paternidad, y enfermedades catastróficas; retorno del contrato por obra y por plazo fijo; introducción de un contrato por emprendimiento bajo el cual las personas naturales o jurídicas nuevas o ya existentes que incurran en «nuevas inversiones» pueden contratar personal hasta por tres años, período en el cual no existe la indemnización por despido intempestivo (casi equivalente a extender por tres años el llamado «período de prueba»); introducción del teletrabajo, el cual puede ser permanente, ocasional o parcial (unos pocos días de la semana).
Asimismo, puede mencionarse otras reformas laborales como: eliminación del recargo del 35% para contratos eventuales y ocasionales; modificación del empleo juvenil; creación de una jornada especial de trabajo de 40 horas semanales, con la posibilidad de emplear hasta 10 horas diarias sin reconocimiento de horas extra; creación de una jornada parcial de trabajo de 20 a 36 horas semanales, igualmente con la posibilidad de emplear hasta 10 horas diarias al trabajador; eliminación de la jubilación patronal a cambio de que los empleadores hagan un aporte mensual de 2% de la remuneración de los trabajadores, valor que podrá ahorrarse en el IESS o en fondos privados; entre otras medidas propias de una drástica flexibilización laboral que aumenta la explotación a la fuerza de trabajo en beneficio de la rentabilidad del capital.
Semejante reforma laboral sin duda demuestra su objetivo de que las clases trabajadoras sigan cargando con el grueso del ajuste económico, más cuando el país se encuentra incapacitado de devaluar. En especial, esta «receta» de clara inspiración neoliberal y fondomonetarista, golpea a las clases trabajadoras en general, con énfasis en quienes trabajan en microempresas, cooperativas, producción campesina, actividades artesanales y comerciales pequeñas. Sin duda esta es una cuestión medular que la resistencia popular simplemente no puede dejar pasar.
Otro conjunto de medidas que el morenismo no ha logrado implementar incluye a todo un cúmulo de reformas legales recogidas en lo que el gobierno eufemísticamente llamó «ley de crecimiento económico». De hecho, el nombre completo del proyecto de ley hasta erizaba la piel: «Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero, y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas».
En su primera versión, tal proyecto de ley en esencia planteaba una profunda reforma institucional en la cual destacaba la declaratoria de autonomía del Banco Central del Ecuador, junto con muchas otras reformas de carácter tributario, cambios en el manejo de las finanzas públicas e incluso cambios en el manejo de la política monetaria. Sin embargo, semejante reforma – comparable a una «ley trole» – que pretendía recaudar alrededor de 730 millones de dólares (monto mucho menor a los 2.274 millones que se esperaba recaudar de todas las medidas incluyendo la eliminación de subsidios a los combustibles) y buscaba armar el andamiaje institucional necesario para un fuerte ajuste económico en 2020, fue archivada por la Asamblea Nacional; archivo que surgió casi de «carambola» gracias a una peculiar alianza correísta-socialcristiana donde cada grupo ya parecería apuntar al proceso electoral que le espera al Ecuador en 2021.
Ante el archivo que hizo la Asamblea a la primera versión del proyecto de ley de reformas económicas morenistas, el gobierno presentó una segunda versión mucho más reducida, y con un nombre incluso más «potable»: «Ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria». Pese a su sencillo nombre, dicho proyecto de ley esconde mucho más de lo que, a priori, se puede pensar. Este proyecto brindaría importantes exoneraciones tanto del impuesto a la renta como del impuesto a la salida de divisas a dividendos de inversiones y rendimientos financieros incluso en favor de capitales financieros asentados en paraísos fiscales (arts. 5 y 36 del proyecto de ley). Igualmente, se beneficiaría a grandes exportadores de productos primarios directamente con una simplificación tributaria – como un impuesto a la renta único en el sector bananero y demás sectores agropecuarios (arts. 10 y 11) – aplicando tasas impositivas casi iguales a aquellas que de manera «excepcional» se propone conceder a microempresas (art. 33); a esto se agrega la devolución inmediata de tributos a los exportadores (art. 37). A estas medidas se suman otras de aplicación generalizada cuando, en realidad, deberían enfocarse a sectores específicos como la eliminación generalizada del anticipo al impuesto a la renta (art.16), cuando lo mejor era eliminarlo solo para empresas pequeñas y medianas.
Por el lado de las grandes operadoras de telecomunicaciones, el proyecto de ley busca extender sus tiempos de derecho de uso del espectro radioeléctrico ecuatoriano de 15 a 20 años (art. 39), les brinda la facilidad de pagar gran parte de esos derechos de uso a través de «proyectos» (art.38) y hasta se deja de lado los criterios de interés público al definir las tasas que deben pagar tales operadores (en particular, Claro y Movistar) (art.40). Y, para colmo, tras la «simplicidad tributaria» parece esconderse las intenciones del gobierno de Moreno de sostener el endeudamiento público externo (tendencia que, reiteremos, sería iniciada por el correísmo) e incluso de reemplazar deuda interna por externa, con un grave potencial de ampliar el entreguismo hacia el capital financiero local e internacional (arts. 43, 44). Ante todos estos beneficiarios, la «progresividad tributaria» se reduce a modestas tasas de contribución única que se aplicarían a negocios con ingreso mayores a 1 millón de dólares (art.46) y que, según el gobierno de Moreno, buscarían obtener 177 millones de dólares anuales y 532 millones en tres años (2020, 2021 y 2022). De hecho, según el propio gobierno todas las reformas tributarias promovidas por la «ley de simplicidad» permitirían una recaudación neta de 620 millones de dólares en 2020 y de 647 millones en 2021.
Con todas estas medias que el morenismo todavía se encuentra pugnando por instrumentar, se nota la continuidad de la noche neoliberal que inauguró timidamente el correísmo hace algunos años, y en donde es cada vez más evidente las ansias de sobreexplotar al ser humano y a la Naturaleza con el afán de recuperar la rentabilidad capitalista. Y no solo eso. En el caso morenista, prácticamente todas las medidas se han tomado desde una improvisación infame, casi sin importar que esa actitud ha terminado carcomiendo la vida del pueblo ecuatoriano. Incluso muchas medidas, que se venden como meras reformas de «simplificación», terminan respondiendo a los intereses de grandes capitales, sobre todo primario-exportadores, vinculados a sectores estratégicos como las telecomunicaciones e incluso de capitales financieros locales y transnacionales.
Pensando en otra economía desde el Parlamento de los Pueblos
Como hemos mencionado en este texto, el Ecuador vive graves tendencias económicas como el estancamiento – por cinco años – en los ingresos, el empleo y en la demanda interna. Mientras tanto, la deuda externa crece con la emisión imparable de bonos, pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) diría que, con el acuerdo firmado por Ecuador en marzo de 2019, ya no se acudiría a «los mercados internacionales por financiamiento». Por su parte, el autoritarismo y la represión aplicados en el gobierno de Correa, ahora con Moreno se han vuelto la forma redoblada de imponer ajustes económicos que cargan el estancamiento al pueblo.
Ante una situación tan compleja y ante tanta improvisación del gobierno de Moreno, emerge la urgencia de construir una nueva economía para el país. Una nueva economía donde las decisiones más importantes no se tomen a puertas cerradas y desde los escritorios de unos cuantos «expertos» (ni desde organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional), sino desde una democracia participativa plena y desde un enfoque integral que combine – con coherencia – medidas de corto y largo plazo. El fin último debería ser la democratización de la economía, tanto en su planificación como en su ejercicio práctico.
Justamente la movilización popular de octubre ha brindado la oportunidad de que se pueda poner como objetivo una transición que supere la actual economía y se vaya democratizando la formulación de la política económica en colectivo. Ejemplo de ello es la propuesta económica construida por múltiples sectores sociales y populares agrupados en el Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales del Ecuador, convocado por la CONAIE. El principio fundamental de dicha propuesta es la transformación de la economía ecuatoriana, sin quedarse en la búsqueda de simples compensaciones o parches al manejo económico gubernamental coyuntural. Lo potente de esta propuesta, a más de su intento por enfrentar los problemas con una visión integral, es su capacidad para interpelar y crear un discurso alternativo al de un gobierno que ha asumido una Carta de Intención fondomonetarista, demostrando que existen alternativas concretas y abriendo el debate para construir colectivamente otra economía, sin recaer ni en personalismos ni negociaciones a espaldas del pueblo. Es, sin duda alguna, un ejercicio democrático participativo que merece ser reconocido.
Entre los objetivos básicos de esa nueva economía resumidos en la propuesta económica del Parlamento de los Pueblos están la búsqueda del empleo adecuado; disminuir el desempleo; mejorar ingresos y poder adquisitivo popular; eliminar pobreza y desigualdad en ingresos/riqueza; impedir todo deterioro de la vida como la flexibilización laboral; ampliar la inversión y los beneficios sociales existentes; frenar la ampliación de la frontera petrolera; prohibir toda minería en fuentes de agua, páramos (desde la cota de 2.800 metros), humedales, ríos, lagunas, etc.; detener la frontera agrícola en páramos, la deforestación, la contaminación del agua, suelos, aire; impedir la flexibilización de normas ambientales… En definitiva, detener la vorágine capitalista que disfraza como «desarrollo» al avance de una sociedad injusta, inequitativa e insostenible. Asimismo, tal propuesta económica llama a la reflexión sobre la necesidad de superar la dependencia extractivista y de recuperar las capacidades propias de los pueblos para decidir por sí mismos su política económica.
Si bien todas estas transformaciones anheladas no nacen de la noche a la mañana, la propuesta económica alternativa comprende la necesidad de que las diferentes dimensiones de la política económica (dimensiones fiscales, monetarias, productivas-laborales, comerciales y demás) deben abordarse en conjunto y sin perder el horizonte transformador. Así, a más de los grandes anhelos, la propuesta económica también incluye varias medidas concretas de aplicación inmediata que se combinan con medidas de más larga aplicación y alcance.
Dentro de esas medidas concretas de la propuesta económica del Parlamento de los Pueblos se puede mencionar, en términos fiscales, el aumento de la recaudación de impuesto a la renta cobrado a los 270 mayores grupos económicos del país identificados por el Servicio de Rentas Internas. En 2017 esos grupos obtuvieron casi 68 mil millones de dólares en ingresos, de los cuales solo pagaron 1.540 millones en impuesto a la renta (2,2%). Dado ese dato, la propuesta es incrementar ese cobro del impuesto a la renta en 1.223 millones de dólares adicionales, lo cual representa el 1,8% de los ingresos de esos grupos económicos. En ese mismo sentido, la propuesta propone implementar un impuesto de 1,1% sobre los activos y de 5% sobre los patrimonios de esos grupos económicos, medidas que generarían anualmente unos 1.372 millones de dólares en ingresos (ver página 9 de la propuesta). Otras medidas fiscales específicas incluyen una potencial reducción del IVA del 12% al 10% supuestamente enfocada a incentivar la demanda interna (aunque ese efecto debe tomarse con cautela e incluso estudiarse con mayor detenimiento debido al período de estancamiento que vive el país), la renegociación de contratos petroleros y el pago de una contribución especial de las telefónicas Claro y Movistar (ver páginas 10-11). Por su parte, sobre los subsidios a los combustibles, la propuesta es que «deben mantenerse hasta que se definan criterios de justicia y equidad para la política económica y tributaria» (ver página 4).
Pasando a políticas monetarias y crediticias, la propuesta económica incluye medidas como: permitir que el Banco Central realice operaciones de financiamiento de liquidez al sector público (aunque, a nuestro criterio, se deberían establecer límites legales a esas operaciones); devolver al Banco Central el manejo del dinero electrónico, el cual debería usarse como herramienta de fortalecimiento monetario (pudiendo usarse en pago de combustibles, entrega de créditos preferenciales, pago de servicios básicos e impuestos); rechazar la autonomía del Banco Central propuesta por el FMI y plantear una autonomía auténtica con un directorio democrático conformado por representantes de múltiples sectores sociales (trabajadores, campesinos, indígenas, universidades y demás); mantener requisitos de liquidez para las entidades del sistema financiero; crear un banco del migrante para abaratar costos de transferencias desde el exterior al territorio nacional; integración de BanEcuador, BIESS y Banco del Pacífico en el Sistema Financiero Plurinacional que rompería oligopólico de la banca privada; reconocimiento a sujetos comunitarios a los que se les pueda otorgar créditos; creación de un fondo colateral destinado a crédito agrícola, microcrédito, pequeña economía campesina; presión para la reducción de las tasas de interés para micro y pequeñas empresas; evaluación, reformulación y ampliación de un seguro agrícola para la pequeña economía campesina y economía comunitaria; entre otras propuestas (ver páginas 11 a 13).
A nivel de políticas sectoriales para el fomento productivo, también existen propuestas, incluyendo: promoción de la agroecología, la agricultura familiar campesina y comunitaria; respetar la prohibición al ingreso de semillas transgénicas; fortalecer sobre todo el turismo ecológico, comunitario y cultural, priorizando los emprendimientos pequeños y medianos; promover el uso de energías alternativas; brindar mayor participación a comunas y comunidades en las compras públicas estatales; eliminar todo beneficio injustificado de la banca como las comisiones por servicios bancarios; fomentar la pesca artesanal; trasformación del bono de desarrollo humano en un bono productivo y comunitario que incentive a quien lo percibe a emprender en actividades productivas; reestructurar las deudas de campesinos; titularizar tierras, territorios, y demás procesos de legalización, todo dentro de los sistemas de administración de justicia indígena; definir un programa para el cuidado del páramo (ver páginas 14 y 15).
Ahora, incluso más allá de las múltiples medidas específicas presentadas por el Parlamento de los Pueblos, quizá lo más importante de su propuesta económica radica en el llamado que hace a la elaboración democrática de la política económica, incluso exigiendo la creación de un espacio en donde sea factible recibir las propuestas de todos los sectores populares y en donde el Estado se encuentre obligado a proveer la información necesaria para evaluar dichas propuestas. Todo con el propósito de, a corto plazo, superar el estancamiento económico y, a largo plazo, encontrar alternativas para superar la modalidad de acumulación primaria-exportadora, extractivista y dependiente de la economía ecuatoriana (ver páginas 18 y 19).
Si bien ese llamado es sin duda urgente, debe también quedar claro que la propuesta económica alternativa del Parlamento de los Pueblos no es ni un documento perfecto en piedra ni una ley sagrada. Es un intento serio (el cual se suma a muchos intentos previos) de armar un plan económico alternativo a la vorágine tecnocrática del poder gubernamental y fondomonetarista; vorágine cargada incluso de fuertes dosis de racismo tecnocrático según el cual ni los sectores populares ni los movimientos indígenas son capaces de plantear propuestas económicas relevantes. De hecho, mientras que la CONAIE ha hecho pública la propuesta del Parlamente de los Pueblos y ha aceptado entrar en los más diversos debates y críticas, en cambio el gobierno de Lenín Moreno ha mirado esa propuesta con indiferencia e incluso ha sido enfático en señalar que, por ejemplo, las reformas económicas que propone no toman en cuenta las propuestas del Parlamento de los Pueblos. De todas formas, sin duda creemos que hay temas cruciales que han quedado fuera de la propuesta alternativa, sobre todo una propuesta que afronte la cuestión de los subsidios a los combustibles y su racionalización, así como una propuesta más profunda sobre la redistribución y desconcentración de la propiedad. Pero, al menos, la discusión ha quedado planteada.
Así, el Ecuador vive una situación en donde mientras el gobierno insiste en imponer a la fuerza una política económica retrograda, en cambio, los pueblos, nacionalidades, movimientos sociales y sectores populares en general están empezando a empoderarse y participar directamente en la discusión y elaboración de políticas económicas alternativas y coherentes con una transformación social. Ambas posturas muestran la disyuntiva entre los grupos de poder que quieren seguir lucrando de la desigualdad, y los sectores populares que necesitan con urgencia de nuevas visiones productivas, reproductivas y distributivas de nuestros recursos, potenciando las actividades propias de una economía social, comunitaria y solidaria encaminada a alcanzar el Buen Vivir o Sumak Kawsay para todas y para todos.
En resumen, la disputa de la economía ecuatoriana se está dando entre dos mundos: el poder gubernamental, económico y político frente al poder popular. Del resultado de esa disputa, se puede terminar con un futuro más democrático o se puede hasta caer en las formas modernas de fascismo que van emergiendo a lo largo del mundo. Todo dependerá de la tenacidad y rebeldía con la cual el poder popular siga asumiendo su papel histórico, transformador y liberador. Un papel histórico que es el principal legado de quienes lucharon – e incluso perecieron – en la rebelión de los Andes.
Este texto hace parte del libro OCTUBRE con aportes de Blanca Chancosa, Apawki Castro, Marlon Santi, Napoleón Saltos, Andrés Tapia, Marco Andino, Daniel Ramos, José Astudillo, Alejandro Moreano, Natalia Sierra, Mario Unda, Maritza Idrobo, Juan Cuvi, Erika Arteaga, José Cueva, Xavier Madonado, Aberto Acosta, John Cajas-Guijarro, Francisco Muñoz, Carlos León. Editado por LA COMUNA, febrero 2020.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.