“Tenemos el deber de no ignorar la realidad nacional, pero tenemos también el deber de no ignorar la realidad mundial.” –José Carlos Mariátegui, 1924
Ecuador dejó de ser “una isla de paz” hace varios años. Las recientes explosiones de violencia extrema son solo el clímax de una conjunción de varios procesos internos y externos. La reciente declaratoria de “conflicto interno armado” contra el narcotráfico y el crimen organizado constituye un paso que profundiza en mucho el hasta ahora fallido intento de enfrentar la creciente seguridad priorizando la fuerza. Sin negar la importancia de desmontar todo tipo de criminalidad, más aún una tan mortífera como la vinculada al narcotráfico, las preocupaciones que emergen por las estrategias y acciones desplegadas por el gobierno son muchas.
Lo cierto es que la opción bélica, que no resolverá los problemas de fondo y menos aún desactivará la presencia del crimen organizado transnacional, puede desatar una serie de perversos procesos políticos, enmarcados en la militarización de la sociedad, y también procesos económicos, impulsados por un mayor esfuerzo neoliberalizador. Una doble tenaza que, inclusive, puede afectar la frágil institucionalidad democrática de este país andino.
Los antecedentes del estallido criminal
Las razones que explican el porqué de esta compleja coyuntura hay que buscarlas desde varios ángulos, muchos de ellos interrelacionados. Así no se puede obviar casa adentro la ideología neoliberal que presiona para reducir el tamaño del Estado y menos aún marginar los cambios que se dan en el transnacional negocio del narcotráfico.
Desde la pandemia del Covid-19, se propició una suerte de austericidio para lograr el equilibrio fiscal. Traigamos a la memoria aquellas imágenes desoladoras sobre todo de Guayaquil, en las que se veía morir gente en las calles por la ausencia de atención médica, mientras el gobierno prefería servir la deuda externa. Y desde entonces, las restrictivas políticas económicas marginaron lo social, provocando inclusive masivos incumplimientos en los presupuestos destinados a la seguridad.
Como resultado de tanta austeridad neoliberal creció de forma sostenida la pobreza. En este contexto, los grandes grupos económicos, a la cabeza la banca privada, no dejaron de acumular: a modo de botón de muestra, el patrimonio personal del presidente-banquero Guillermo Lasso, durante sus 900 días de gestión, aumentó en 21 millones de dólares.
Esta situación no es un resultado accidental o solo el producto directo de la paralización provocada por la pandemia. Hay todo un manejo de política económica que debilitó la economía, que no ha posibilitado la recuperación de los niveles de la pre-pandemia, y que, por ende, golpeó duramente a la sociedad, inclusive en lo que tiene que ver con el incremento de la inseguridad, como veremos a continuación.
Destaquemos, por ejemplo, el desmantelamiento de la institucionalidad de seguridad, que había dado resultados importantes con la reducción de los índices de homicidios del 2010 al 2017, en el gobierno de Rafael Correa; ese logro también se explica por el auge económico impulsado sobre todo gracias a los elevados precios del petróleo; lo que permitió la reducción de la pobreza hasta el año 2015.
Su sucesor, Lenin Moreno, que inauguró el ya mencionado austericidio, buscando achicar el tamaño del Estado, desapareció el Ministerio de Justicia, que controlaba las cárceles; borró el ministerio coordinador de temas de seguridad; fusionó los ministerios de la política y de la seguridad en uno, al que le encargó de todas estas acciones estatales; y todo con un menor presupuesto para todas estas operaciones. Esa equivocada gestión se agudizó con Guillermo Lasso, que trató de inaugurar una política de “mano dura” sin llegar siquiera a controlar las cárceles.
Cabe anotar también el efecto que produjo el populismo penal a través del Código Orgánico Integral Penal, que, en el año 2014, aumentó las penas. Esto contribuyó a llenar las cárceles, incluso con cientos de personas que habían cometido delitos menores; cárceles que se transformaron en “santuarios” de las bandas criminales, que inclusive las transformaron en una suerte de “cuartel general” para seguir con sus fechorías. Y en todos esos años existió una suerte de convivencia entre el Estado y algunas de las bandas criminales, que fueron copando la institucionalidad estatal. Es tal el grado de penetración del crimen organizado, que es aceptada de forma pública su infiltración en casi todas instancias gubernamentales, la justicia, la fuerza pública, los sectores privados, inclusive en el deporte.
En paralelo se producían varios cambios en el negocio de la droga; Ecuador dejó de cumplir un papel secundario en la narco-economía regional y mundial. En especial por la acción de carteles mexicanos y europeos, el país se integró de lleno en este mercado transnacional. El puerto de Guayaquil se convirtió en el punto de partida de la mayor cantidad de cargamentos de cocaína a Europa, sobre todo mezclados con el banano, el principal producto de agroexportación ecuatoriano a ese continente.
Además, en medio del cambiante negocio del narcotráfico, el pago de los “servicios” se hizo con droga y ya no con dólares; droga que debió ser monetizada, lo que provocó la masiva ampliación del consumo de drogas casa adentro y la consiguiente disputa vilenta de los mercados internos, a más de los existentes e inclusive sangrientos enfrentamientos por las rutas internacionales por parte de los grandes carteles del narcotráfico. En este escenario el crimen organizado acumuló y sigue acumulando, sea por el narcotráfico, la venta irregular de arnas, la trata de personas, las extorsiones, los secuestros… y cientos de negocios legales, no solo ilegales.
Toda esta compleja conjunción de procesos comenzó a estallar en las cárceles hace un par de años. Las sucesivas masacres carcelarias fueron apenas un indicio del polvorín a punto de explotar. Un clímax en esta espiral de violencias se alcanzó con el asesinato de un candidato presidencial en plena campaña electoral en agosto del 2023, al parecer por la mano de sicarios vinculados al narcotráfico en una no aclarada complicidad con miembros de la fuerza pública y quizás también de algún grupo político; como complemento brutal de este magnicidio, siete sospechosos del delito fueron posteriormente asesinados en dos cárceles.
Como saldo tenemos un país transformado en un volcán en erupción, que le ubica a la cabeza de los países con más homicidios por cien mil habitantes en la región.
El narcodólar sostiene la economía ecuatoriana
En este contexto, el narcotráfico y diversas formas del crimen organizado permean toda la economía ecuatoriana. El lavado de activos, estimado en unos 3.500 millones de dólares, equivale a un 3% del PIB, de los que un 75% van a lo que se podría considerar como economía formal. La presencia del crimen en todas sus manifestaciones puede representar incluso valores mucho más altos, de hasta cinco veces superiores o más al lavado de activos.
Estas cifras y datos deben ser ubicados en una economía dolarizada, que resulta muy atractiva para todo tipo de actividades ilícitas. El saldo es que el narcodólar sostiene tanto la dolarización, como la economía de este pequeño país andino. Y todo en un ambiente de complicidades diversas con las élites políticas y empresariales del Ecuador. Irónicamente, otra fuente importante y creciente de financiamiento -con más de 5 mil millones de dólares el año pasado- proviene de las remesas de los compatriotas obligados a emigrar como resultado de esas políticas que tienden a achicar el Estado para agrandar el espacio de gestión del capital… incluso del capital vinculado al narcotráfico, como acabamos de ver.
Ese capital ligado directamente al crimen organizado, que disuelve la posibilidad de distinguir la economía formal de la irregular, se nutre del negocio más capitalista de todos, como se reconoce en el diario alemán TAZ. La ilegalidad significa un negocio sin regulación, sin seguridad laboral, sin control de calidad, sin impuestos, sin regulaciones medioambientales, sin convenios colectivos, sin sindicatos o leyes antimonopolio. Este negocio multimillonario se desarrolla exclusivamente según la ley del más fuerte, es decir, el libre mercado en su máxima expresión. Además, este negocio se nutre de una demanda que sigue creciendo.
Para enfrentar este poder gigantesco el gobierno del Ecuador prioriza una salida bélica, abriendo, inclusive, la puerta para el retorno de tropas norteamericanas al territorio ecuatoriano, algo que constitucionalmente está prohibido. Un tema que deberá ser entendido en línea con la disputa geoestratégica de las grandes potencias y que bien podría ser parte de una suerte de Plan Cóndor del siglo XXI.
Más neoliberalismo y extractivismo para pagar “la guerra”
En estas difíciles circunstancias asoma “la guerra” con sus demandas económicas. Para financiarla se propone subir el IVA, se quiere retirar los subsidios a los combustibles o inclusive se plantea seguir explotando el petróleo en el Yasuní-ITT, en contra de la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas. Para conseguir el respaldo en la Asamblea Nacional y de la misma sociedad, como ha sucedido en muchas otras ocasiones, el gobierno recurre al “terrorismo económico”: si no se adopta ese tipo de medidas, los voceros del neoliberalismo, pintan escenarios colapsistas.
Ilusionarse con la posibilidad de nuevos créditos de los organismos multilaterales, porque el FMI verá con buenos ojos la revisión del IVA, por ejemplo, sería dar paso a una fantasía perversa. Sobre todo, porque no habrá cambio de rumbo y también porque esos nuevos créditos vendrán de la mano de nuevas exigencias liberalizadoras y privatizadoras.
De hecho, desde el inicio del gobierno de Noboa, se han aprobado dos leyes que caminan en esa dirección, contando con un amplio respaldo parlamentario, en un escenario en el que se destaca la oposición del minoritario bloque del Pachakutik. La Ley Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que amplió más los beneficios múltiples para los inversionistas en las “zonas francas”, a las que, desde el gobierno de Correa, se las conoce como Zonas Especiales de Desarrollo Económico, y las privatizaciones encubiertas a través de las alianzas público-privadas, creadas por el mismo mandatario progresista. A continuación, la Asamblea aprobó la Ley de Competitividad Energética, que crea las condiciones para ampliar las privatizaciones en el sector eléctrico.
La propuesta de incrementar el IVA -un impuesto regresivo y recesivo- choca con las posiciones de varios grupos en la Asamblea, que dicen estar preocupados por los pobres; grupos que no tuvieron empacho alguno en condonar gran parte de las multimillonarias deudas tributarias a los mayores grupos económicos del país, a través de la mencionada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo.
En paralelo, desde muchos ámbitos del espectro político, de conservadoras a progresistas, emergen voces que claman por mantener la extracción del crudo del ITT. El presidente Noboa, que apoyó el SI en la consulta popular, también habla de una moratoria a esa decisión. En concreto, todos esos grupos, presentándose como preocupados por el bienestar popular, vuelven a la ofensiva pro-extractivista desplegando nuevamente una campaña cargada de mensajes tremendistas y de cifras fantasiosas.
A la postre, como ha sucedido siempre, serán los pobres y la Naturaleza quienes carguen con todos los costos de ¨la guerra”, sea en términos económicos o de la vida misma.
Las oligarquías anhelan un «Mikele«
El momento que atraviesa Ecuador es en extremo complejo. Esta aproximación bélica, abre la puerta a varias complicaciones adicionales. Subordina a la Policía Nacional que pasa a considerarse una fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas. Se fortalecen respuestas que podrán incorporar y hasta confundir varias visiones, como son la militar, la antinarcóticos, la delicuencial, la contrainsurgente, la contraterrorista… Así, inclusive, se podrá combatir como terroristas a grupos sociales que expresan su descontento con las políticas gubernamentales o a las comunidades que defienden sus territorios de los intereses extractivistas o también a quienes critican este consenso represivo que se está construyendo. Ese es el camino en donde afloran y profundizan continuadas violaciones de los Derechos Humanos. Lo que ha sucedido en México y Colombia, bien puede ser un espejo de lo que podría pasar en Ecuador.
Si no se entiende que es indispensable mejorar sustantivamente las condiciones de vida de la población tradicionalmente marginada y explotada, y no se respetan los equilibrios ecológicos, no se podrán construir bases sólidas para una genuina seguridad ciudadana.
Pero esa conclusión está muy lejos de las apetencias del poder. El presidente Noboa, apoyándose en el amplio respaldo social que ha conseguido con la declaración de “guerra” al narco tráfico, ya prepara una consulta popular para acelerar el paso neoliberalizador e incluso represor. Los grupos económicos y políticos dominantes ven llegada la hora para profundizar las estructuras dominantes, exigiendo que Noboa se transforme en un Mikele, una sumatoria de Milei y Bukele.
Alberto Acosta: Economista. Presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador (2007-2008).
Artículo publicado en la revista AMAUTA Siglo XXI – Vocero de los socialistas mariateguistas- Año 5, número 16, febrero del 2024
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.