Ecuador, una sociedad precarizada

Ecuador se ha convertido en una sociedad precarizada. Un mercado laboral idóneo para la élite local e internacional, pero desastroso para el bienestar de las miles de familias del país.

En el gobierno de Moreno, capturado por la élite empresarial, la precarización aumentó consistentemente, sin embargo, en 2020 –año de emergencia sanitaria- esta desbordó el mundo laboral, convirtiéndose en su principal característica. Así, el incremento del índice que la mide alcanzó un 15%. Un crecimiento nunca observado en trece años. De esa manera, las políticas neoliberales implementadas dan cuenta de un deterioro masivo de las relaciones laborales, utilizando a la pandemia como excusa de sus ansias de desigualdad.

Gráfico 1. Índice de precarización en Ecuador 2007-2020.

Fuente: INEC-ENEMDU

Elaboración: IIE

A pesar de los cambios metodológicos realizados por el INEC,[1] los truncamientos de la muestra,[2] las demoras en la entrega de cifras, etc. la realidad social ante la arremetida neoliberal no puede ocultarse, ni en las calles ni en los datos. Si bien las “estadísticas oficiales” mencionan que el empleo adecuado disminuyó en 8 puntos, mientras el subempleo aumenta en 4,9 puntos porcentuales[3] entre 2019 y 2020; estos datos reflejan de manera escueta la compleja y deteriorada situación laboral en la que se encuentra la población trabajadora del país. En efecto, un análisis del índice de precarización[4] muestra que en 2020 existió un aumentó del 15% (pasa del 0,427 a 0,492).[5] Una tasa de variación nunca observada desde 2007 que se tiene información disponible. Eso implica menos población asegurada, menos contratos estables y que los ingresos no alcancen un salario básico. En resumen, el Ecuador se ha convertido en una sociedad precarizada. Un mercado laboral idóneo para la élite local e internacional, pero desastroso para el bienestar de las miles de familias del país.

De esa manera las élites que capturaron el gobierno emitieron una serie de acuerdos ministeriales durante la pandemia que permitieron que “entre marzo y agosto de 2020 se dieran por terminado más de 175 mil contratos laborales”[6] sin ninguna consecuencia para el sector empleador, si a eso se le agrega la aprobación de la Ley “Humanitaria” con asambleístas cómplices del ejecutivo y las Cámaras Empresariales, las alarmantes cifras de precarización continuan siendo alarmantes pero se explican. Desde luego, el análisis de su daño aún debe profundizarse.

A su vez, muestra que durante una emergencia nacional y mundial, las élites del país no dudaron ni dudarán en ajustar al sector laboral para no ver disminuidas sus posiciones de privilegio. Práctica potenciada porque capturaron las decisiones de la política pública y el sector laboral fue uno de los primeros en experimentarlo desde abril de 2018 con la promulgación de nuevos contratos laborales que beneficiaban al sector bananero, florícola, ganadero y turístico.[7] A lo que se agrega la no intervención del Estado por las dinámicas de ajuste, entendido como despidos del sector público en áreas sensibles como salud y educación, así como los recortes presupuestales en estos mismos sectores.[8]

De esa forma se fue configurando una oferta laboral cada vez mayor que podía ser más facilmente precarizada. Así se sostuvo la tasa de ganancia de una élite empresarial que cada vez observa aumentar sus ingresos y la brecha con las de un trabajador o trabajadora que percibe un salario básico: si en 2016 estas élites ganaban 88 veces un salario, en 2019 este nivel llegó a 133 veces.[9] Eso sí, esta élite apologética de los paraísos fiscales no paga más del 3,27% en impuestos en comparación con sus ingresos.[10]

Los niveles de precarización que casi alcanzan a los del año 2007 también permiten cuestionar ¿Qué ocurre con el mandato 8? Aquel que prohibía la contratación por horas y la tercerización,[11] cuya promulgación y aplicación puede asociarse a la disminución de la precarización hasta 2016 pero que no parece ser acatado en estos años. Lo que mostraría que no solo hace falta la implementación de la ley, sino la institucionalización que garantice su continuo cumplimiento.

Con estas reflexiones es preciso mencionar que para la reactivación de la economía es imprescindible despojar al mercado laboral de la precarización, lo cual reactiva la demanda y tiene un círculo virtuoso con el sostenimiento de las ganancias pero no a costa de la destrucción de las vidas de trabajadores y trabajadoras, sino un beneficio social conjunto. Estas medidas acompañadas de impuestos permanentes a las grandes fortunas que generarían más de USD 4 mil millones,[12] así como impedir la fuga de capitales manteniendo el Impuesto a la Salida de Divisas, son algunas de las acciones que sí van a beneficiar a las grandes mayorías y, sobre todo, matizar la desigualdad configurada en el país a partir de la captura empresarial de las decisiones públicas que quieren tener como uno de los últimos botínes del gobierno de Moreno al Banco Central para el sector bancario,[13] cerrando el ciclo de cómo las élites empresariales utilizaron a la pandemia para su exclusivo beneficio.

Anexo 1: Resultados del análisis factorial: Método de componentes principales para calcular índice de precariedad laboral en Ecuador 2007-2018, población empleada.