El casco histórico de la ciudad de Panamá luce cada día mejor gracias a la restauración de edificios pintorescos, la mejora de las calzadas y el aumento de la seguridad. Sin embargo, miles de vecinos se han visto obligados a abandonar sus casas tras la llegada de las inversiones gubernamentales y privadas. «Personas que habían […]
El casco histórico de la ciudad de Panamá luce cada día mejor gracias a la restauración de edificios pintorescos, la mejora de las calzadas y el aumento de la seguridad. Sin embargo, miles de vecinos se han visto obligados a abandonar sus casas tras la llegada de las inversiones gubernamentales y privadas.
«Personas que habían nacido y vivido hasta 40 años en el barrio se han tenido que ir», asegura Armando Bouza, vecino del casco viejo de la capital panameña, donde ha pasado la mayor parte de sus 57 años de vida, y donde pretende morir.
Bouza paga 75 dólares mensuales de alquiler por un viejo apartamento de dos dormitorios, pero teme que las rentas se eleven con la llegada de nuevos inquilinos y propietarios y de turistas. Algunos de sus vecinos que ya se marcharon le cuentan que están arrepentidos: «Dicen que donde les ubicaron les falla el agua, la luz, y el viento les levanta el techo».
La Oficina del Casco Antiguo, conformada por varios ministerios y la alcaldía, ha reubicado en otros barrios a estos vecinos que ocupaban casas de hecho, sin pagar alquiler, o que habitaban espacios deteriorados.
Estas acciones se enmarcan en el proyecto «Revive el casco», que comenzó en 2004 para recuperar los inmuebles y proveer a esta parte de la ciudad de nuevas infraestructuras. El objetivo: restaurar una zona de gran valor histórico y arquitectónico, atraer a residentes de altos ingresos y al turismo.
El llamado barrio de San Felipe fue declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1997, y cuenta con bellos edificios del siglo XIX, exponentes de estilos arquitectónicos español, francés y americano.
Fundada en 1519, Panamá Viejo es el asentamiento europeo más antiguo sobre el océano Pacífico. Destruida por la invasión del pirata Henry Morgan, la ciudad fue abandonada por sus habitantes, y reconstruida a partir de 1673 en un nuevo emplazamiento amurallado. Su trazado, del siglo XVII y propio de la planificación urbana española, se mantiene casi intacto.
La zona fue visitada por reporteros de América Central, República Dominicana y Cuba que participaron en Panamá de un taller de la agencia de noticias IPS sobre periodismo, como ejemplo de lugar en que se cruzan varios desafíos del desarrollo: la pobreza y la exclusión social, los problemas ambientales y la voracidad inmobiliaria.
En un principio habitado por las elites, el barrio fue poco a poco ocupado por las clases populares y de bajos ingresos. En San Felipe conviven ahora la sede del gobierno y algunos ministerios, con viviendas insalubres y ocupadas por familias muy pobres.
En virtud del proyecto de restauración, el metro cuadrado se cotiza ahora a 1.500 dólares, devolviendo a la zona su carácter exclusivo.
Pese a que la mayoría de las 940 fincas de que consta están en manos privadas, el Estado conserva un centenar, de la cuales 40 son de uso residencial. En estos inmuebles, una vez restaurados, continuarán viviendo familias del barrio pagando alquileres subsidiados que rondan los 75 dólares.
Sin embargo, otros esperan sin saber qué pasara con ellos. Susana Rodríguez es madre soltera y vive con su bebé. No trabaja, y su padre, jubilado, mantiene a la familia con su pensión de 300 dólares.
Rodríguez no paga ningún tipo de alquiler por la desvencijada casa que ocupa, pero asegura estar dispuesta a hacerlo si su casa también es restaurada por la Oficina del Casco Antiguo. Pero hasta la fecha, nadie se ha dirigido a ella para explicarle el proyecto.
La cantidad de residentes no está clara, pero ronda los 8.000, según Ángel Espino, director de la Oficina, quien también reconoció que miles de personas habían dejado el barrio en los últimos años.
Este descenso de población, junto con una mayor presencia policial, ha contribuido a mejorar la situación de seguridad, aunque los programas sociales han sido los determinantes.
Y es que los edificios no son lo único que se está rehabilitando en San Felipe. John Dean, de 27 años, trabaja en las labores de restauración y ha estudiado un curso de soldador. Es uno de los 50 jóvenes que abandonar las pandillas para trabajar y estudiar gracias al proyecto social de la Oficina.
«Eso no era vida, esto sí: estudiar, trabajar y echar para adelante», explica John. «Ahora puedo caminar por cualquier calle con libertad», añade. Antes, bandas conocidas como «Hot Boys», «Hijo Pródigo», «Chacales» y «Ciudad de Dios» marcaban su territorio y delinquían en el casco viejo.
«Somos un ejemplo para el resto de jóvenes», afirma Herber Onodera, de 20 años. Él era un adolescente «tranquilo que siempre estaba jugando al fútbol», hasta que un día «otros empezaron a molestar, a querer medir sus fuerzas y me puse duro». Tan duro que con 15 años ya portaba una pistola.
«Entonces no había oportunidades de trabajo ni de educación», afirma Onodera. Sin embargo, ahora estudia, trabaja y está decidido a convertirse en arquitecto.
Algunos vecinos se han organizado para influir en las decisiones que el gobierno está tomando sobre su barrio. El 27 de julio, la Asociación de Vecinos en Defensa del Barrio de San Felipe celebró una cena para recaudar fondos y exponer sus ideas, a la que acudió el alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro, y representantes del ejecutivo central.
Estos vecinos abogan porque todos los residentes se puedan quedar en el barrio, por frenar la especulación inmobiliaria y desarrollar casas residenciales subsidiadas de interés social.
Adán Cerrud Sánchez, coordinador de la asociación vecinal, dijo a IPS que «el criterio de los edificios se ha puesto por encima de las personas», pero señaló que «han encontrado buena voluntad en el gobierno para tratar de rectificar y que no se tenga que desplazar a más residentes». (FIN/2006)